CIVICUS conversa acerca con Brian Schapira, Director de Relaciones Institucionales del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una fundación basada en Argentina. que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos. Con foco en el apoyo a quienes sufren restricciones severas a sus libertades civiles y políticas, CADAL promueve la solidaridad democrática internacional en colaboración con activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo.
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) suele contar entre sus miembros a violadores seriales de los derechos humanos. ¿A qué se debe esta inconsistencia, y cuáles son sus consecuencias?
El CDH en un foro intergubernamental, lo cual desde el vamos presenta la posibilidad de que no todos sus integrantes tengan un buen historial de derechos humanos, y de que algunos incluso los violen severamente. El CDH está integrado por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU y hay una determinada cantidad de bancas reservada para cada región. Dado que la mayoría de los países de la ONU no son democracias, y que en varias regiones la gran mayoría son autocracias o dictaduras, termina habiendo en el CDH muchos estados con una conducta pobrísima en materia de derechos humanos. A ello se suma el hecho de que muchos gobiernos dictatoriales priorizan en su política exterior la pertenencia al CDH a efectos propagandísticos, para proclamar internamente su respeto por los derechos humanos.
La membresía de esos estados representa una contradicción indignante. La Resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, que establece el CHD y norma su composición y funcionamiento del CDH, establece, en primer lugar, que “al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto”; y, en segundo lugar, que sus integrantes “deben aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”.
La misma Resolución 60/251 establece formalmente un mecanismo mediante el cual con el voto de los dos tercios del Consejo es posible suspender a un estado que cometa “violaciones graves y sistemáticas” de los derechos humanos. Lamentablemente, y por tratarse de un órgano compuesto por estados, terminan predominando los intereses por sobre los valores, y en la práctica solamente una vez, hubo un país que fue suspendido del CDH: Libia, en 2011.
La composición del CDH puede ser un obstáculo para el cumplimiento cabal de sus funciones. El problema de la politización es herencia del órgano que antecedió al CDH, la Comisión de Derechos Humanos, y de hecho fue una de las razones por las cuales la antigua Comisión fue reemplazada por el actual Consejo. Pero en ese punto no se ha avanzado demasiado. Sigue habiendo situaciones gravísimas que ni siquiera son tratadas en el CDH y otras que reciben una atención desproporcionada en cuanto a cantidad de resoluciones aprobadas o como ítems permanentes en la agenda del CDH.
¿Es pensable algún mecanismo para asegurar que el CDH mantenga cierto nivel en lo que se refiere al historial de derechos humanos de sus integrantes?
El único mecanismo existente, el de suspensión del CDH previsto en la Resolución 60, es claramente inoperante: solo se ha utilizado una vez, y si se vuelve a utilizar será cuando los intereses de diversos países se alineen frente a una situación excepcionalmente grave. Tal como lo ha propuesto la sociedad civil, este mecanismo podría revisarse y reemplazarse con otro más efectivo, pero me parece extremadamente improbable que ello ocurra.
Sin embargo, otras medidas también podrían ayudar. En primer lugar, los votos de los países en el CDH deberían ser públicos. Ya quisiera ver cómo enfrentan a la opinión pública de sus propios países aquellos gobiernos democráticos que deciden votar por dictaduras en la elección para el CDH. Con la publicidad también ganaríamos en transparencia, sabríamos quién vota a quién y los gobiernos tendrán que hacerse cargo de lo que votan.
También podría establecerse la condición de que todo país que desee ingresar al CDH debe extender una invitación abierta a los titulares de los Procedimientos Especiales para que visiten el país. Asimismo, podría incorporarse alguna sanción automática de suspensión para todo estado miembro del CDH que, tras recibir cierta cantidad de pedidos de visitas de los Procedimientos Especiales, siga ignorándolas o denegándolas. Por tratarse de una causal objetiva de incumplimiento sería sencilla de aplicar, no requeriría de debate en el CDH.
Adicionalmente, podría exigirse que los estados que desean integrar el CDH tengan ratificados los nueve grandes tratados que cuentan con Órganos de Tratado. Tal vez esto sería demasiado ambicioso – aunque todo lo anterior también lo es – porque también excluiría de la posibilidad de integrar el CDH a algunas democracias que tampoco han ratificado todos esos tratados.
Propuestas hay muchas, pero todo cambio real dependerá de la decisión de los estados. Precisamente por eso es importante visualizar estos problemas y llevarlos al debate público para que las propias sociedades, o al menos los sectores más comprometidos e informados de las sociedades abiertas, presionen a sus gobiernos para lograr avances. Pienso que quienes hemos sufrido dictaduras y actualmente vivimos en democracia tenemos el imperativo moral de ser solidarios con quienes hoy sufren la opresión y alzar nuestra voz por quienes no pueden hacerlo. Debemos presionar a nuestros gobiernos para que practiquen el principio de solidaridad democrática internacional, acuñado por el líder checo Václav Havel.
El CDH es un foro clave para la sociedad civil. ¿Hay algo que la sociedad civil pueda hacer en relación con el compromiso de sus miembros con los derechos humanos?
Desde un punto de vista realista, debemos asumir que en las relaciones internacionales los derechos humanos son apenas un tema más (y no precisamente el más importante) en un marco complejo de intereses geopolíticos, estratégicos y económicos. Incluso los países que son democracias avanzadas toman sus decisiones en función de sus intereses más que de sus valores. En este contexto, el desafío para la sociedad civil es lograr que los derechos humanos adquieran la mayor importancia posible y que se conviertan en un criterio importante para la toma de decisiones de los estados democráticos.
En tanto que sociedad civil, debemos incidir intensamente sobre los países con elevados estándares democráticos y de respeto de los derechos humanos, para que ejerzan al máximo posible una diplomacia comprometida con este tema, sea frente a las elecciones para el CDH, que se renueva por tercios todos los años, en la discusión de las resoluciones sobre situaciones de países en el seno del CDH, en el marco del Examen Periódico Universal, o eventualmente a la hora de suspender la membresía de algún país en el CDH.
Por el tema de la distribución geográfica de las bancas, y sobre todo a causa de las alianzas que se dan en la ONU - donde muchos países hacen la vista gorda, aplican dobles raseros o se protegen los unos a los otros - es difícil evitar que dictaduras ingresen al CDH o suspenderlas cuando cometen violaciones graves. Pero trabajar sobre el compromiso de los países democráticos puede ayudar a visibilizar estas situaciones y a presionar a los países con peores historiales de derechos humanos. Los países democráticos podrían hacer pública su oposición a determinadas candidaturas. También podrían votar en blanco y llamar a otros países a hacerlo, en caso de que todos los candidatos de una zona geográfica sean irrespetuosos de los derechos humanos. Este avergonzamiento público puede llegar a traer algún alivio a quienes sufren internamente los abusos y ayudará a generar algunos cambios; en el mejor de los casos, podría ayudar a desgastar y eventualmente a derribar regímenes dictatoriales.
La sociedad civil puede aprovechar la visibilidad que trae la pertenencia al CDH para señalar, avergonzar y visibilizar las violaciones cometidas por sus miembros, exponiendo la contradicción. Y podemos hacerlo tanto al momento en que postulan su candidatura como una vez que ingresan al órgano. Podemos hacer público nuestro cuestionamiento exigiéndole que cumpla con la Resolución 60 y honre los compromisos voluntarios que realizó al candidatearse, respete los tratados que firmó, se adhiera a los tratados en los que aún no es parte, otorgue una invitación abierta a los Procedimientos Especiales de la ONU, acepte los pedidos de visita de los Relatores, establezca mecanismos serios de cumplimiento de recomendaciones y colabore con el sistema de protección de los derechos humanos.
Un gran instrumento con que contamos para empujar a los países a cumplir con los estándares de derechos humanos son los Procedimientos Especiales, cuyos titulares son elegidos por el CDH pero están compuestos por personas expertas independientes. Pese a sus aspectos debatibles y mejorables, estos procedimientos constituyen el lado más virtuoso del sistema de protección universal - “la joya de la Corona”, a decir del ex Secretario General Koffi Annan. Es allí donde como sociedad civil solemos encontrar las condiciones más receptivas a nuestros planteos y denuncias. Para preservar este espacio, también debemos estar muy atentos para que los intereses de los países menos democráticos del CDH no interfieran en la elección y el funcionamiento de los Procedimientos Especiales. De hecho, existe actualmente gran preocupación en relación con el avance de China en estos espacios, que podría debilitar a estos mecanismos independientes.
En 2020, ante la elección de una nueva cohorte de integrantes para el CDH, CADAL llamó la atención sobre la elección o reelección de varios estados autoritarios. ¿Qué hicieron al respecto?
En los meses previos a la elección para el CDH, CADAL llamó la atención sobre la postulación de varias autocracias. En función de nuestras capacidades, decidimos enfocarnos en unos pocos casos, y nos concentramos en las candidaturas de Arabia Saudita, China, Cuba y Rusia, publicando trabajos de investigación donde analizamos el desempeño y el compromiso de cada uno de estos países con el sistema de protección universal. Allí mostramos los señalamientos que les hicieron los distintos mecanismos, su falta de compromiso con el sistema y el sentido de sus votos en los debates en el CDH.
Por tratarse de un caso latinoamericano, nos ocupamos particularmente del caso de Cuba, que desde la creación del CDH en 2006 ha ocupado una banca por 12 años. Cuba tiene la particularidad de ser una dictadura añeja – el régimen establecido por Fidel Castro acaba de cumplir 62 años – en un continente que, al menos formalmente, es mayormente democrático, y de que su régimen suscita abundantes reacciones de simpatía e incluso de reivindicación, incluso de parte de importantes OSC del continente. Este punto merecería un análisis más profundo; considero que es una lamentable contradicción producto, en el mejor de los casos, de la ceguera ideológica, y en el peor, de una gran hipocresía.
Por todo esto emprendimos acciones de incidencia y organizamos actividades públicas sobre el tema. Preparamos dos informes de investigación: uno sobre la relación de Cuba con el sistema universal de protección, y otro sobre su historial de votaciones en el seno del CDH. Este último muestra que Cuba ha apoyado consistentemente a regímenes dictatoriales de diversas características en todo el mundo, desde la teocracia iraní hasta la autocracia de Lukashenko en Bielorrusia y la dictadura de Maduro en Venezuela, pasando por los gobiernos iliberales y autoritarios de Duterte en Filipinas y Ortega en Nicaragua. Ha negado sistemáticamente crisis humanitarias como las de Myanmar y Siria y ha rechazado todo tipo de condena o medida (como la creación de relatorías de país o comisiones de investigación) frente a las más graves violaciones de derechos humanos en el mundo.
Sobre la base de estos informes organizamos actividades públicas de debate, hicimos notas de prensa y enviamos comunicaciones a embajadas de países democráticos pidiéndoles que aumenten el escrutinio y la presión sobre Cuba. En el contexto de la pandemia, tuvimos llegada vía Zoom a otros países y a distintos tipos de audiencias, cosa que no habíamos previsto.
En todo momento tuvimos claro que Cuba iba a ser electa, tanto por la prioridad que otorga a su pertenencia al CDH como por el apoyo con que cuenta en el aún existente grupo de países no alineados. Además, el Grupo Latinoamérica y Caribe elegía tres bancas y había solo tres candidatos: Bolivia, Cuba y México. Igualmente aprovechamos la oportunidad para visibilizar las violaciones de derechos humanos y señalar y avergonzar a la dictadura cubana. Dicho sea de paso, también fuimos críticos de la candidatura de Bolivia por haber sido presentada por el gobierno interino y fuertemente cuestionado de Jeanine Añez.
Una vez electa Cuba para integrar el CDH, reunimos el apoyo de numerosas OSC internacionales, regionales, nacionales e incluso locales, y enviamos una solicitud a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que exija a Cuba que asuma el compromiso que le corresponde por pertenecer al CDH, respete los estándares, ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cosa que viene prometiendo y sigue sin cumplir desde hace 12 o 13 años, y acepte la visita de una serie de Procedimientos Especiales que tratan temas que son de particular preocupación para nosotros, como la libertad de asociación, la libertad de expresión, los derechos culturales, las detenciones arbitrarias y la independencia judicial, entre otros.
¿Piensas que, a pesar de todos sus defectos, la acción de los mecanismos de la ONU puede hacer la diferencia?
En el caso de Cuba, la exposición continua de las violaciones de derechos y la activación de todos los mecanismos de ONU pueden hacer que el régimen se sienta más observado, aliviane sus atropellos y mejore la situación de personas defensoras, activistas por la democracia, periodistas y artistas que actualmente sufren acoso y persecución.
No debemos perder de vista que, a pesar de sus defectos, estos foros intergubernamentales son fundamentales. Son espacios donde es posible exponer los temas, presionar e incidir, y que hace apenas unas décadas ni siquiera existían. Antes de la creación de la ONU ni siquiera estaba consolidado el concepto de derechos humanos, y por lo tanto no era siquiera pensable un órgano como el CDH.
Son los violadores seriales de derechos humanos los que desearían que estos foros no existieran, y de hecho trabajan incansablemente para debilitarlos. Quienes defendemos los derechos humanos criticamos y exponemos sus contradicciones, pero no pateamos el tablero. No se me ocurre actitud más dañina que la del expresidente Trump de renunciar a la banca de Estados Unidos en el CDH pretextando problemas reales tales como la membresía de dictaduras y el trato desproporcionado que reciben algunas situaciones. Por eso es tan saludable la decisión del presidente Biden de reincorporarse inmediatamente como miembro observador y presentar la candidatura de Estados Unidos para el próximo periodo. Frente a los avances autoritarios, al sistema existente hay que criticarlo, pero sin dejar de defenderlo.
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