La “casta legislativa”

En unas consultas realizadas el 1° de diciembre de 2023 y el 5 de febrero de 2024, antes y después del cambio de gobierno, surge que en el Senado de la Nación se redujeron 451 contratos, pero 81 empleados pasaron a integrar la planta permanente de la Cámara alta, que actualmente alcanza a 2769 agentes de un total de 4458.

Por su parte, la cámara de diputados se mantuvo igual, con 4701 empleados totales, de los cuales 2239 son permanentes y 2462 temporarios. Pero la Cámara de Diputados de la Nación sigue sin brindar la información pública como lo hace el Senado.

En efecto, el sitio web de la Cámara Alta permite desde hace varios años acceder a la nómina de personal permanente, temporario y contratado. En los primeros dos casos, que son la mayor parte, incluye la información de la categoría/remuneración y dependencia del personal. La dependencia permite conocer el lugar donde está asignado un empleado y de esa manera la cantidad que trabajan en una dirección, comisión, bloque partidario, senador/a nacional, etc.

Si bien cabe destacar la transparencia de la información del Senado, la misma revela un nivel de burocracia indignante que además está asociado a un criterio de empleo público con designaciones políticas. Esto también sucede en el resto de los organismos que integran el Poder Legislativo Nacional.

En perspectiva comparada, el Congreso de la Nación Argentina tiene la mitad de parlamentarios y el doble de empleados que el Bundestag de la República Federal de Alemania.

En materia de austeridad legislativa, los libertarios podrían inspirarse en los parlamentarios socialistas argentinos de principios del siglo XX. Por ejemplo, el 3 de febrero de 1915, el primer senador socialista de América, Enrique del Valle Iberlucea, intervenía en un debate legislativo sobre el presupuesto nacional, afirmando que “si abrigamos el firme y sincero propósito de introducir apreciables economías en este Presupuesto, debemos dar el ejemplo, reduciendo considerablemente el anexo del Congreso”.

Al respecto, tanto Martín Menem en Diputados como Victoria Villarruel en el Senado de la Nación, pueden iniciar una reforma político-administrativa en el Poder Legislativo Nacional que considere lo siguiente: a) Congelar las vacantes de la planta de personal permanente del PLN y, al igual que sucede en Chile, establecer que en lo sucesivo todos los puestos de este tipo se cubran por concurso en base a un perfil objetivo; b) Siguiendo el ejemplo australiano, el PLN debería establecer una disposición que impida el nepotismo; c) Poner fin a la beneficencia con dinero del contribuyente y eliminar los subsidios, becas de estudio y pensiones graciables; d) Considerar la eliminación la imprenta, en la era de la digitalización y los cuestionamientos ambientales; y e) Lo mismo con el cuerpo de taquígrafos, pensado para otra época.

Hace más de un siglo, el parlamentario socialista Nicolás Repetto justificaba la necesidad de realizar despidos en el Poder Legislativo, afirmando: “Yo creo que esos hombres dignos que quedaron cesantes van a encontrar ahora la oportunidad de aplicar sus aptitudes, si las tienen, o de desarrollar nuevas, en ocupaciones mucho más nobles que esta”.

Gabriel Salvia es Director General de CADAL (www.cadal.org).