En el cuarto examen periódico universal, 117 delegaciones formularon declaraciones y recomendaciones sobre el país árabe. El equipo de la ONU, junto con varios países, ha subrayado inquietudes de gran relevancia relacionadas con el derecho a la vida, la libertad y la seguridad individual, así como la participación en la esfera pública y política, incluyendo el papel de las mujeres.

Por Camila Cabral y Micaela Sassone

El 8 de mayo de 2023 el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevó a cabo en Ginebra el Examen Periódico Universal (EPU) de los Emiratos Árabes Unidos en su cuarto ciclo, es decir, por cuarta vez. Como lo aclara el mismo CDH, el EPU “es un proceso especial que supone una revisión periódica del historial de derechos humanos de todos los 193 Estados Miembro de las Naciones Unidas. El EPU es una innovación importante del Consejo de Derechos Humanos el cual se basa en una igualdad de trato para todos los países. Ofrece una oportunidad para que todos los Estados declaren qué medidas han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para superar las dificultades para el disfrute de los derechos humanos”.

Pena de muerte, ejecuciones y condenas

El informe señala que bajo el Código Penal, ciertos delitos que resultan en la muerte de la víctima son castigados con la pena de muerte, sin posibilidad de una sanción sustitutiva. Además, la Ley 7 establece la pena de muerte para delitos relacionados con el terrorismo, algunos de los cuales están redactados de manera imprecisa, sin definiciones pertinentes. 

Aunque no hay una moratoria sobre las ejecuciones, el informe destaca que no se han llevado a cabo ejecuciones en el período abarcado. Sin embargo, hasta junio de 2022, hay diez personas condenadas a muerte en el país.

El Comité contra la Tortura ha expresado su pesar por la persistencia de la pena de muerte y la preocupación por el tiempo prolongado que las personas condenadas pueden pasar en el corredor de la muerte. Invitó al Estado a establecer una moratoria de la pena de muerte y tomar medidas para conmutar estas condenas por otras penas más humanitarias. Además, instó a mejorar las condiciones de reclusión de los presos condenados a muerte.

Teniendo en cuenta estas violaciones, los Estados formularon las siguientes recomendaciones a EAU. Albania, Estonia, Alemania, Ucrania, Portugal y España han instado al país a abolir la pena de muerte y a que ratifique para alcanzar ese fin el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, Francia y Australia le sugirieron que establezca una moratoria en las ejecuciones.

Tortura, malos tratos y derechos de personas detenidas

Otras preocupaciones del mismo Comité se centran en informes de tortura y malos tratos infligidos por agentes de seguridad y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se menciona la posibilidad de tortura como represalia por la cooperación con las Naciones Unidas y sus mecanismos en derechos humanos. Además, expresó su inquietud por casos de tortura y maltratos a defensores de derechos humanos y personas acusadas de delitos contra la seguridad del Estado. Se señaló que aquellos acusados de cargos de seguridad o terrorismo enfrentaban un régimen jurídico con garantías procesales más limitadas.

El Comité hizo recomendaciones cruciales, incluida la necesidad de que altos funcionarios del Estado reafirmen la prohibición absoluta de la tortura, condenando públicamente todas las prácticas de tortura. Además, instó a que aquellos que cometan actos de tortura sean considerados personalmente responsables ante la ley y sujetos a enjuiciamiento y sanciones adecuadas. Asimismo, instó al país a que cree un entorno propicio para que los defensores de derechos humanos, incluyendo aquellos que colaboran con la ONU, puedan trabajar de manera segura y efectiva en el Estado, garantizando así su labor de promoción y protección de los derechos humanos.

En el ámbito de los derechos de las personas detenidas, el Comité recomendó garantizar salvaguardias legales desde el inicio de la privación de libertad, incluyendo asistencia jurídica, notificación de derechos y cargos, y acceso a un médico independiente. También sugirió la adaptación de las condiciones de reclusión a estándares internacionales, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

Ante este escenario, España ha instado a la creación de mecanismos destinados a garantizar la seguridad de los defensores y a llevar a cabo investigaciones adecuadas en casos de tortura, tratos degradantes, detenciones arbitrarias y arrestos. Por su parte, Bélgica aboga por la creación de un entorno propicio que permita a los defensores de los derechos humanos, incluso aquellos que colaboran con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, trabajar con seguridad y eficacia. Noruega ha propuesto crear un entorno seguro que favorezca la labor de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil en general.

Promoción de la igualdad de género

Otro punto que se evaluó fue la situación de las mujeres en EAU. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al país a continuar sus esfuerzos para aumentar la representación de las mujeres en diversos ámbitos, incluyendo el poder legislativo y el servicio exterior. Recomendó la implementación de medidas especiales, como cuotas y procesos de selección específicos, para facilitar el acceso de las mujeres a cargos ministeriales, funciones de embajadora y otros roles directivos en la administración pública.

Además, se sugirió proporcionar financiamiento para campañas y programas que fortalezcan las habilidades de liderazgo de las mujeres y fomentar su participación en campañas políticas. También se hizo hincapié en adoptar medidas específicas, como la contratación preferente, para aumentar la presencia de mujeres en el poder judicial y en los servicios de seguridad.

Considerando este contexto, Islandia, Noruega, Dinamarca y Finlandia le sugirieron a EAU que retire todas las reservas formuladas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Estas recomendaciones reflejan el llamado a EAU para que fortalezca su compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos.

Conclusiones y perspectivas futuras

La evaluación crítica de los derechos humanos en los EAU destaca desafíos significativos, como la persistencia de la pena de muerte y casos de tortura. La llamada internacional a abolir la pena capital, crear entornos seguros para defensores de derechos humanos y promover la igualdad de género subraya la necesidad de abordar estos problemas de manera integral. Este país se encuentra en una encrucijada crítica que demanda un compromiso más firme con los estándares internacionales de derechos humanos con el objetivo de construir una sociedad justa y equitativa.

Camila Cabral y Micaela Sassone

Voluntarias en CADAL