Prensa
Argentina y Cuba unidas en la guerra sucia
Fuente: El Nuevo Herald (Estados Unidos)
KEZIA McKEAGUE
Especial para El Nuevo Herald
El voto cubano contra la condena de la Asamblea General de la ONU hacia la invasión distanció al régimen de la mayoría de los miembros no alineados y expuso la presión soviética sobre las políticas cubanas.
Para Argentina, la intervención soviética en Afganistán llevó a una mejor relación comercial y política con la superpotencia. Cuando el gobierno argentino se negó a adherirse al embargo de granos decretado por la administración de Jimmy Carter, las exportaciones de la URSS se incrementaron drásticamente, solidificando la posición de Argentina como principal aliado comercial de Moscú en la región.
Si bien en la Asamblea General la junta votó condenando la invasión soviética y accedió al boicot de los Juegos Olímpicos en Moscú, los contactos bilaterales aumentaron en frecuencia y cordialidad. Estos nuevos niveles de cooperación pronto se hicieron evidentes en la sesión de 1980 de la Comisión. En sus esfuerzos por impedir una resolución en apoyo al disidente ruso Andrei Sajarov, Argentina se unió a Cuba como los únicos países latinoamericanos en apoyar a la Unión Soviética.
Respecto a la cuestión de las desapariciones, el grupo preliminar de cinco delegados de la Comisión a cargo de revisar el informe de la Subcomisión pidió que la delegación argentina respondiera siete preguntas acerca del registro de derechos humanos del país. Cuando esta recomendación se discutió en privado en la Comisión completa, Brasil intercedió en nombre de Argentina.
La resolución final fue suavizada, sencillamente pidiendo información acerca de personas desaparecidas. El embajador argentino en Ginebra, Gabriel Martínez, parecía reivindicado en su estrategia de utilizar el procedimiento privado 1503, pero comenzó a aumentar el clima para una investigación temática sobre las desapariciones.
Pugna de bloques
El bloque occidental decidió tomar la iniciativa de presentar una resolución efectiva, aunque necesitaba algo de apoyo de países en desarrollo para poder contrarrestar la débil propuesta argentina, que esencialmente posponía cualquier acción por al menos un año.
Finalmente, el bloque de no alineados aceptó la necesidad de crear un grupo de trabajo para investigar las desapariciones, pero no estaba preparado para apoyar el mecanismo fuerte y abierto que exigía el borrador occidental. Como resultado, el bloque occidental decidió ceder su liderazgo en la cuestión.
La delegación iraquí preparó una nueva propuesta que se convirtió en el foco de la discusión a lo largo de la cuarta semana.
Durante las desesperadas negociaciones que siguieron acerca del vocabulario de la resolución, Jerome Shestack, jefe de la delegación de Estados Unidos, se reunió con delegados cubanos para solicitar su apoyo. Shestack señaló la contradicción de la defensa cubana y soviética a la junta militar anticomunista, sin embargo la respuesta cubana, según Shestack, fueron ``malas excusas''.
''Intenté ponerlos de nuestro lado, pero no, apoyaron a Argentina'', recordó Shestack.
Entre los países no alineados, algunos reaccionaron a favor de la propuesta iraquí y otros lo hicieron neutral o desfavorablemente, pero la mayoría se interesó en obtener un consenso. El gobierno cubano, en particular, estaba ansioso de impedir un quiebre en el bloque dada su posición como líder del movimiento y la constante crítica a su apoyo a la invasión soviética de Afganistán.
Para poder preservar una apariencia de unanimidad, Irak promovió que su resolución fuera adoptada sin un voto de relanzamiento del debate público, para que ``esos países que podrían abstenerse o votar no en una votación general no dejaran su posición registrada si la medida se aprobaba sin voto''.
A pesar de los esfuerzos argentinos de introducir enmiendas para debilitar la resolución, se llegó a un acuerdo débil, que resultó en la aprobación de la propuesta iraquí sin votación.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones se estableció así para examinar las desapariciones forzosas o involuntarias. Consistía de cinco miembros de la Comisión que actuaban en sus propias capacidades, por un año. La delegación argentina fue obligada a consentir la creación de una investigación pública, aunque la investigación no se centró exclusivamente en Argentina.
El informe del Grupo, presentado en enero de 1981, confirmó desapariciones en 15 países. La Comisión extendió el Grupo de Trabajo por otros tres años, aunque Martínez ganó una concesión en la sesión de 1981 con una resolución solicitando que todas las comunicaciones individuales fueran entregadas en privado.
La Subcomisión mantuvo el examen 1503 del caso argentino hasta agosto de 1983, cuando sacó a Argentina de la lista confidencial frente a la venidera transición democrática.
Motivos del apoyo cubano
Cuba y Argentina cooperaron en la Comisión de Derechos Humanos a pesar de sus conspicuas diferencias ideológicas. ¿Por qué un régimen comunista apoyó a una junta militar fervientemente anticomunista cuyo principal objetivo era eliminar la subversión de izquierda?
La explicación más obvia es que ambos gobiernos violaban los derechos de sus ciudadanos y por ende buscaban resistir cualquier expansión de los mecanismos de aplicación de la ONU.
Este interés compartido fue una condición necesaria para la colaboración, pero no fue, en sí misma, suficiente. Durante este período, de hecho, el gobierno cubano corría poco riesgo de ser investigado dado su equilibrio de poder favorable dentro de la Comisión, que impidió el debate sobre Cuba hasta 1987.
Las múltiples fuentes de cooperación cubano-argentina pueden comprenderse mejor examinando el contraste con la política cubana hacia Chile. El régimen militar chileno se convirtió en paria de las Naciones Unidas, sujeto a investigaciones específicas del país y a varias condenas públicas. Cuba, junto con el resto del bloque socialista y de la mayoría de los países no alineados, votó consistentemente a favor de esas resoluciones condenatorias. La diferencia con Argentina no se relacionaba con los derechos humanos de los dos países, dado que la represión en Argentina fue incluso de mayor alcance (aunque más oculta) que en Chile.
Sin embargo, otras diferencias entre los dos regímenes militares explican la inconsistencia, demostrando que el apoyo cubano a Argentina se debía a más que al interés común en defender el principio de no intervención en cuestiones de derechos humanos.
Primero, los antecesores del gobierno militar en cada país eran considerablemente diferentes. El golpe de 1973 en Chile derrocó a un gobierno marxista que había desarrollado estrechas relaciones con Cuba, mientras que el golpe de 1976 en Argentina expulsó a un gobierno donde sectores de derecha habían iniciado una represión contra los grupos de izquierda.
Para Fidel Castro, claramente había más motivos de hostilidad hacia los sucesores de Salvador Allende que hacia los que siguieron a Isabel Perón. El Partido Comunista argentino, que mantenía lazos cercanos con el gobierno cubano, hasta llegó a justificar la intervención de las fuerzas armadas como una respuesta necesaria a las caóticas condiciones políticas y económicas del momento.
Segundo, los regímenes de Argentina y de Chile adoptaron políticas muy diferentes hacia Cuba. Al tomar el poder, Pinochet rápidamente rompió relaciones diplomáticas con La Habana y prohibió el Partido Comunista chileno. La junta argentina, por su parte, evitó la confrontación, prefiriendo las relaciones políticas correctas y un comercio limitado con la isla.
También les ahorró a los líderes comunistas argentinos la persecución y permitió que el partido mantuviera sus oficinas y funcionara en el mismo estado de semilegitimidad que el resto de los partidos de derecha y centro. En respuesta, Cuba puso fin al apoyo a los grupos guerrilleros en Argentina pero continuó apoyando el derrocamiento del régimen de Pinochet.
Las relaciones con la Unión Soviética constituyeron una tercera diferencia entre los regímenes chileno y argentino. La URSS nunca fue un mercado importante para Chile, y los dos países se negaron a establecer relaciones diplomáticas. Argentina, sin embargo, mantuvo un alto volumen de comercio con la Unión Soviética, que se convirtió en su cliente más importante en 1980.
La demanda soviética de importaciones agrícolas también sentó las bases para algún tipo de colaboración en la esfera política, tal como lo ilustran los intercambios militares y la cooperación en cuestiones de poder nuclear.
Estas diferencias claves entre los regímenes chileno y argentino explican la divergencia en la política cubana hacia los dos países en la Comisión de Derechos Humanos. La perspectiva conciliatoria de Argentina probablemente fue el factor más importante dado el objetivo de Cuba de normalizar las relaciones estado-estado con el hemisferio.
Mientras que la tercera variable puede haber influenciado en la toma de decisión de Cuba, resulta poco probable que el apoyo cubano hacia Argentina resultara directamente de la presión soviética. Académicos especialistas en Cuba generalmente rechazan la visión de que el Kremlin dictaba políticas hacia La Habana; a pesar de su dependencia de la ayuda económica soviética, el gobierno cubano actuaba más como un actor autónomo que como un satélite soviético.
Sin embargo, es bastante probable que los dos regímenes coordinaran sus políticas hacia Argentina, en particular durante fines de la década de 1970, cuando la estrategia cubana necesitaba de un alineamiento más estrecho con Moscú.
Desde la perspectiva argentina, habría tenido poco sentido político abstenerse del apoyo cubano. De hecho, el régimen militar buscó activamente aliados como Cuba para evitar el aislamiento internacional experimentado por Chile.
Inversión de alianzas
De cara a las críticas de los gobiernos europeos y de la administración Carter, las alianzas típicas se invertían en Ginebra, con una junta anticomunista, pro Occidente acudiendo a países socialistas y en desarrollo para protegerse de las cuestiones de derechos humanos.
La membresía simultánea de Cuba en el bloque latinoamericano, el campo socialista y el Movimiento de No Alineados la ponía en una posición particularmente influyente para los intereses de Argentina.
Si bien los dos regímenes ocupaban extremos opuestos del espectro ideológico, la personalidad del embajador argentino en Ginebra puede haber ayudado a mitigar esta restricción en la relación. Martínez, que se describe a sí mismo como un tecnócrata y especialista en comercio sin filiación política, había desarrollado contactos amistosos con Cuba mientras trabajaba en la negociación del préstamo de Argentina a La Habana en 1973.
Luego de su designación en Naciones Unidas realizada por Perón, Martínez cultivó una estrecha relación personal con Carlos Lechuga Hevia, el embajador cubano. De hecho, para el nacionalista Martínez, la protección de los intereses argentinos importaba mucho más que las distinciones ideológicas.
Tras el golpe de 1976, según el ex ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Camilión, a Martínez se le brindó bastante discreción para solicitar apoyo donde fuera que pudiera encontrarlo en defensa del régimen.
Entonces, la respuesta afirmativa de la delegación cubana a la búsqueda de Martínez fue, después de todo, no tan sorprendente. Una convergencia básica de intereses hizo que Cuba estuviera dispuesta a condonar las violaciones de derechos humanos de Argentina, aunque otras motivaciones pragmáticas que tenían poco que ver con los derechos humanos determinaron el trato dispar hacia Argentina y Chile.
Estos incentivos se analizaron aquí en forma separada, pero en los cálculos de la política exterior cubana se fundieron para producir una extraña alianza en la Comisión de Derechos humanos de la ONU.
Kezia McKeague es una investigadora asociada del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Buenos Aires. Este documento está basado en un capítulo de un futuro libro sobre las relaciones argentino-cubanas.
El Nuevo Herald (Estados Unidos)
KEZIA McKEAGUE
Especial para El Nuevo Herald
El voto cubano contra la condena de la Asamblea General de la ONU hacia la invasión distanció al régimen de la mayoría de los miembros no alineados y expuso la presión soviética sobre las políticas cubanas.
Para Argentina, la intervención soviética en Afganistán llevó a una mejor relación comercial y política con la superpotencia. Cuando el gobierno argentino se negó a adherirse al embargo de granos decretado por la administración de Jimmy Carter, las exportaciones de la URSS se incrementaron drásticamente, solidificando la posición de Argentina como principal aliado comercial de Moscú en la región.
Si bien en la Asamblea General la junta votó condenando la invasión soviética y accedió al boicot de los Juegos Olímpicos en Moscú, los contactos bilaterales aumentaron en frecuencia y cordialidad. Estos nuevos niveles de cooperación pronto se hicieron evidentes en la sesión de 1980 de la Comisión. En sus esfuerzos por impedir una resolución en apoyo al disidente ruso Andrei Sajarov, Argentina se unió a Cuba como los únicos países latinoamericanos en apoyar a la Unión Soviética.
Respecto a la cuestión de las desapariciones, el grupo preliminar de cinco delegados de la Comisión a cargo de revisar el informe de la Subcomisión pidió que la delegación argentina respondiera siete preguntas acerca del registro de derechos humanos del país. Cuando esta recomendación se discutió en privado en la Comisión completa, Brasil intercedió en nombre de Argentina.
La resolución final fue suavizada, sencillamente pidiendo información acerca de personas desaparecidas. El embajador argentino en Ginebra, Gabriel Martínez, parecía reivindicado en su estrategia de utilizar el procedimiento privado 1503, pero comenzó a aumentar el clima para una investigación temática sobre las desapariciones.
Pugna de bloques
El bloque occidental decidió tomar la iniciativa de presentar una resolución efectiva, aunque necesitaba algo de apoyo de países en desarrollo para poder contrarrestar la débil propuesta argentina, que esencialmente posponía cualquier acción por al menos un año.
Finalmente, el bloque de no alineados aceptó la necesidad de crear un grupo de trabajo para investigar las desapariciones, pero no estaba preparado para apoyar el mecanismo fuerte y abierto que exigía el borrador occidental. Como resultado, el bloque occidental decidió ceder su liderazgo en la cuestión.
La delegación iraquí preparó una nueva propuesta que se convirtió en el foco de la discusión a lo largo de la cuarta semana.
Durante las desesperadas negociaciones que siguieron acerca del vocabulario de la resolución, Jerome Shestack, jefe de la delegación de Estados Unidos, se reunió con delegados cubanos para solicitar su apoyo. Shestack señaló la contradicción de la defensa cubana y soviética a la junta militar anticomunista, sin embargo la respuesta cubana, según Shestack, fueron ``malas excusas''.
''Intenté ponerlos de nuestro lado, pero no, apoyaron a Argentina'', recordó Shestack.
Entre los países no alineados, algunos reaccionaron a favor de la propuesta iraquí y otros lo hicieron neutral o desfavorablemente, pero la mayoría se interesó en obtener un consenso. El gobierno cubano, en particular, estaba ansioso de impedir un quiebre en el bloque dada su posición como líder del movimiento y la constante crítica a su apoyo a la invasión soviética de Afganistán.
Para poder preservar una apariencia de unanimidad, Irak promovió que su resolución fuera adoptada sin un voto de relanzamiento del debate público, para que ``esos países que podrían abstenerse o votar no en una votación general no dejaran su posición registrada si la medida se aprobaba sin voto''.
A pesar de los esfuerzos argentinos de introducir enmiendas para debilitar la resolución, se llegó a un acuerdo débil, que resultó en la aprobación de la propuesta iraquí sin votación.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones se estableció así para examinar las desapariciones forzosas o involuntarias. Consistía de cinco miembros de la Comisión que actuaban en sus propias capacidades, por un año. La delegación argentina fue obligada a consentir la creación de una investigación pública, aunque la investigación no se centró exclusivamente en Argentina.
El informe del Grupo, presentado en enero de 1981, confirmó desapariciones en 15 países. La Comisión extendió el Grupo de Trabajo por otros tres años, aunque Martínez ganó una concesión en la sesión de 1981 con una resolución solicitando que todas las comunicaciones individuales fueran entregadas en privado.
La Subcomisión mantuvo el examen 1503 del caso argentino hasta agosto de 1983, cuando sacó a Argentina de la lista confidencial frente a la venidera transición democrática.
Motivos del apoyo cubano
Cuba y Argentina cooperaron en la Comisión de Derechos Humanos a pesar de sus conspicuas diferencias ideológicas. ¿Por qué un régimen comunista apoyó a una junta militar fervientemente anticomunista cuyo principal objetivo era eliminar la subversión de izquierda?
La explicación más obvia es que ambos gobiernos violaban los derechos de sus ciudadanos y por ende buscaban resistir cualquier expansión de los mecanismos de aplicación de la ONU.
Este interés compartido fue una condición necesaria para la colaboración, pero no fue, en sí misma, suficiente. Durante este período, de hecho, el gobierno cubano corría poco riesgo de ser investigado dado su equilibrio de poder favorable dentro de la Comisión, que impidió el debate sobre Cuba hasta 1987.
Las múltiples fuentes de cooperación cubano-argentina pueden comprenderse mejor examinando el contraste con la política cubana hacia Chile. El régimen militar chileno se convirtió en paria de las Naciones Unidas, sujeto a investigaciones específicas del país y a varias condenas públicas. Cuba, junto con el resto del bloque socialista y de la mayoría de los países no alineados, votó consistentemente a favor de esas resoluciones condenatorias. La diferencia con Argentina no se relacionaba con los derechos humanos de los dos países, dado que la represión en Argentina fue incluso de mayor alcance (aunque más oculta) que en Chile.
Sin embargo, otras diferencias entre los dos regímenes militares explican la inconsistencia, demostrando que el apoyo cubano a Argentina se debía a más que al interés común en defender el principio de no intervención en cuestiones de derechos humanos.
Primero, los antecesores del gobierno militar en cada país eran considerablemente diferentes. El golpe de 1973 en Chile derrocó a un gobierno marxista que había desarrollado estrechas relaciones con Cuba, mientras que el golpe de 1976 en Argentina expulsó a un gobierno donde sectores de derecha habían iniciado una represión contra los grupos de izquierda.
Para Fidel Castro, claramente había más motivos de hostilidad hacia los sucesores de Salvador Allende que hacia los que siguieron a Isabel Perón. El Partido Comunista argentino, que mantenía lazos cercanos con el gobierno cubano, hasta llegó a justificar la intervención de las fuerzas armadas como una respuesta necesaria a las caóticas condiciones políticas y económicas del momento.
Segundo, los regímenes de Argentina y de Chile adoptaron políticas muy diferentes hacia Cuba. Al tomar el poder, Pinochet rápidamente rompió relaciones diplomáticas con La Habana y prohibió el Partido Comunista chileno. La junta argentina, por su parte, evitó la confrontación, prefiriendo las relaciones políticas correctas y un comercio limitado con la isla.
También les ahorró a los líderes comunistas argentinos la persecución y permitió que el partido mantuviera sus oficinas y funcionara en el mismo estado de semilegitimidad que el resto de los partidos de derecha y centro. En respuesta, Cuba puso fin al apoyo a los grupos guerrilleros en Argentina pero continuó apoyando el derrocamiento del régimen de Pinochet.
Las relaciones con la Unión Soviética constituyeron una tercera diferencia entre los regímenes chileno y argentino. La URSS nunca fue un mercado importante para Chile, y los dos países se negaron a establecer relaciones diplomáticas. Argentina, sin embargo, mantuvo un alto volumen de comercio con la Unión Soviética, que se convirtió en su cliente más importante en 1980.
La demanda soviética de importaciones agrícolas también sentó las bases para algún tipo de colaboración en la esfera política, tal como lo ilustran los intercambios militares y la cooperación en cuestiones de poder nuclear.
Estas diferencias claves entre los regímenes chileno y argentino explican la divergencia en la política cubana hacia los dos países en la Comisión de Derechos Humanos. La perspectiva conciliatoria de Argentina probablemente fue el factor más importante dado el objetivo de Cuba de normalizar las relaciones estado-estado con el hemisferio.
Mientras que la tercera variable puede haber influenciado en la toma de decisión de Cuba, resulta poco probable que el apoyo cubano hacia Argentina resultara directamente de la presión soviética. Académicos especialistas en Cuba generalmente rechazan la visión de que el Kremlin dictaba políticas hacia La Habana; a pesar de su dependencia de la ayuda económica soviética, el gobierno cubano actuaba más como un actor autónomo que como un satélite soviético.
Sin embargo, es bastante probable que los dos regímenes coordinaran sus políticas hacia Argentina, en particular durante fines de la década de 1970, cuando la estrategia cubana necesitaba de un alineamiento más estrecho con Moscú.
Desde la perspectiva argentina, habría tenido poco sentido político abstenerse del apoyo cubano. De hecho, el régimen militar buscó activamente aliados como Cuba para evitar el aislamiento internacional experimentado por Chile.
Inversión de alianzas
De cara a las críticas de los gobiernos europeos y de la administración Carter, las alianzas típicas se invertían en Ginebra, con una junta anticomunista, pro Occidente acudiendo a países socialistas y en desarrollo para protegerse de las cuestiones de derechos humanos.
La membresía simultánea de Cuba en el bloque latinoamericano, el campo socialista y el Movimiento de No Alineados la ponía en una posición particularmente influyente para los intereses de Argentina.
Si bien los dos regímenes ocupaban extremos opuestos del espectro ideológico, la personalidad del embajador argentino en Ginebra puede haber ayudado a mitigar esta restricción en la relación. Martínez, que se describe a sí mismo como un tecnócrata y especialista en comercio sin filiación política, había desarrollado contactos amistosos con Cuba mientras trabajaba en la negociación del préstamo de Argentina a La Habana en 1973.
Luego de su designación en Naciones Unidas realizada por Perón, Martínez cultivó una estrecha relación personal con Carlos Lechuga Hevia, el embajador cubano. De hecho, para el nacionalista Martínez, la protección de los intereses argentinos importaba mucho más que las distinciones ideológicas.
Tras el golpe de 1976, según el ex ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Camilión, a Martínez se le brindó bastante discreción para solicitar apoyo donde fuera que pudiera encontrarlo en defensa del régimen.
Entonces, la respuesta afirmativa de la delegación cubana a la búsqueda de Martínez fue, después de todo, no tan sorprendente. Una convergencia básica de intereses hizo que Cuba estuviera dispuesta a condonar las violaciones de derechos humanos de Argentina, aunque otras motivaciones pragmáticas que tenían poco que ver con los derechos humanos determinaron el trato dispar hacia Argentina y Chile.
Estos incentivos se analizaron aquí en forma separada, pero en los cálculos de la política exterior cubana se fundieron para producir una extraña alianza en la Comisión de Derechos humanos de la ONU.
Kezia McKeague es una investigadora asociada del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Buenos Aires. Este documento está basado en un capítulo de un futuro libro sobre las relaciones argentino-cubanas.
