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Análisis Sínico
01-03-2019China: una amenaza frente a la exportación de violaciones de derechos humanos
El sistema de partido único en China suprime el desarrollo de cualquier oposición política organizada y cualquier ciudadano o activista que busque promoverlo es severamente castigado. En su afán de silenciar las opiniones contrarias, China continúa con sus persecuciones contra los defensores de los derechos humanos y las minorías étnicas y religiosas.Por Luna Bustamante
Según el último informe publicado por The Fredom House, China continúa posicionándose como un estado autoritario: procesos electorales nulos, persecuciones religiosas, abusos contra las minorías étnicas junto con una censura y vigilancia extrema hacia la sociedad civil independiente, son moneda corriente en el actual gobierno chino.
El último escandalo proviene luego de los últimos cambios llevados a cabo por el Congreso Nacional del Pueblo (NPC) mediante el cual Xi Jinping acrecentó aún más su poder, eliminando el límite de dos mandatos para la presidencia y estableciendo el “Pensamiento Xi Jinping” en la constitución del país. A su vez, se estableció la creación de una Comisión Nacional de Supervisión para fomentar los esfuerzos anticorrupción. Esta comisión se encuentra facultada para detener a cualquier persona que ejerza cargos públicos por un período superior a seis meses, eliminando toda posibilidad de un juicio justo y con la capacidad de mantenerlos incomunicados por meses, un sistema conocido como “liuzhi”.
Un caso conocido es el de Meng Hongwei, ex presidente de Interpol y viceministro de Seguridad Pública, el cual desapareció en octubre del 2018, luego de regresar a China bajo el sistema liuzhi.
Las elecciones en China distan de ser democráticas. No hay elecciones directas para los líderes ejecutivos nacionales, sino que son llevadas a cabo por el NPC, el cual elige al próximo presidente por un periodo de cinco años. En marzo del 2018 se abolió el límite de dos mandatos, estableciendo a Xi Jinping una vez más como secretario general del Comité Permanente del Politburó (PSC), presidente estatal, jefe máximo militar y del Partido Comunista de China (PCCH). Solo los cargos políticos de menor rango son elegidos directamente, no sin antes pasar por una examinación del PCCH.
Según Freedom House las posibilidades para que se logre instalar una oposición son cuasi nulas. El sistema de partido único en China suprime el desarrollo de cualquier oposición política organizada y cualquier ciudadano o activista que busque promoverlo es severamente castigado.
En su afán de silenciar las opiniones contrarias, China continúa con sus persecuciones contra los defensores de los derechos humanos y las minorías étnicas y religiosas.
Según el informe publicado por Human Rights Watch, las represiones incluyen encarcelamientos y desapariciones forzadas. Un caso emblemático es el del abogado de derechos humanos Wang Quanzhang. La policía lo detuvo en el año 2015, luego de una represión nacional contra abogados y activistas de los derechos humanos. Según informes, durante su detención fue torturado con descargas eléctricas y obligado a tomar medicamentos. El gobierno de China le impuso cargos por “subversión del poder del estado”. Finalmente, el 28 de enero fue hallado culpable y sentenciado a 4 años y medio en prisión.
Durante el 2018, aumentaron considerablemente los abusos contra las minorías étnicas y religiosas, especialmente hacia los seguidores de Falung Gong, los tibetanos y uigures. Las autoridades incrementaron la represión y los abusos contra los 13 millones de musulmanes turcos, incluidos los uigures y los kazajos étnicos en la región de Xinjiang, noroeste de China, llevando a cabo detenciones arbitrarias en masa, tortura y malos tratos en diversos centros de detención. Esto queda demostrado en las cifras oficiales publicadas en 2018, donde la cantidad de arrestos en Xinjiang en 2017 representó más del 21 por ciento del total nacional, aunque la población de la región representa menos del 2 por ciento del total de China.
Esta situación ya había sido expuesta en el marco del Primer Examen Periódico Universal de China (EPU) llevado a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2009. En el informe se puede observar como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “tomo nota con preocupación de informaciones a propósito del derecho al libre ejercicio de la religión como derecho a participar libremente en la vida cultural, y sobre el uso y la enseñanza de los idiomas, la historia y la cultura de las minorías en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur y la Región Autónoma del Tíbet”.
La situación vuelve a pronunciarse en el marco del segundo EPU, realizado en el año 2013. Frente al aumento de protestas en la región del Tíbet, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial “recomendó a China que estudiara detenidamente las causas de esos sucesos, en particular la violencia interétnica, y los motivos por los cuales la situación se había agravado; y revisara las políticas o los incentivos ofrecidos que pudieran dar lugar a una modificación considerable de la composición demográfica de las zonas autónomas de las minorías”.
A su vez, en el informe previo de la ONU presentado ante el tercer EPU de China, llevado a cabo en el año 2018, se observa que la discriminación contra las minorías étnicas y religiosas no ha disminuido. El Comité contra la Tortura explicó que “había recibido numerosas denuncias de fuentes dignas de crédito que documentaban en detalle casos de torturas, muertes en situación de privación de libertad, detenciones arbitrarias y desapariciones de tibetanos. También se habían recibido denuncias de actos cometidos específicamente contra uigures y mongoles”.
En el diálogo interactivo del EPU de China en 2013 pueden observarse una serie de recomendaciones realizadas por el Cono Sur. Las mas importantes son las pertenecientes a Chile y Brasil: recomendaron “ratificar el ICCPR (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” y la de Argentina, que recomendó “examinar la posibilidad de abolir la pena de muerte en su ordenamiento jurídico”
Finalmente, según Human Rights Watch, debido a su creciente poder global, China se convirtió en una amenaza frente a la exportación de violaciones de derechos humanos, luego de que en marzo logró avanzar con éxito una resolución del Consejo de Derechos Humanos (HRC) sobre un enfoque que llama cooperación "ganar-ganar" o "mutuamente beneficiosa". De esta forma, los estados no persiguen la rendición de cuentas frente a violaciones de derechos graves, sino que solo se comprometen a un “diálogo” o cooperación intergubernamental, dejando sin ninguna consecuencia a los países que se nieguen a cooperar.
En conclusión, China en su lucha por mantener una ideología unipartidista no duda en luchar contra todos aquellos “males” que atenten contra su modelo de gobierno, limitando aún más los derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad de expresión y opinión de sus propios ciudadanos.
Luna Bustamante
Según el último informe publicado por The Fredom House, China continúa posicionándose como un estado autoritario: procesos electorales nulos, persecuciones religiosas, abusos contra las minorías étnicas junto con una censura y vigilancia extrema hacia la sociedad civil independiente, son moneda corriente en el actual gobierno chino.
El último escandalo proviene luego de los últimos cambios llevados a cabo por el Congreso Nacional del Pueblo (NPC) mediante el cual Xi Jinping acrecentó aún más su poder, eliminando el límite de dos mandatos para la presidencia y estableciendo el “Pensamiento Xi Jinping” en la constitución del país. A su vez, se estableció la creación de una Comisión Nacional de Supervisión para fomentar los esfuerzos anticorrupción. Esta comisión se encuentra facultada para detener a cualquier persona que ejerza cargos públicos por un período superior a seis meses, eliminando toda posibilidad de un juicio justo y con la capacidad de mantenerlos incomunicados por meses, un sistema conocido como “liuzhi”.
Un caso conocido es el de Meng Hongwei, ex presidente de Interpol y viceministro de Seguridad Pública, el cual desapareció en octubre del 2018, luego de regresar a China bajo el sistema liuzhi.
Las elecciones en China distan de ser democráticas. No hay elecciones directas para los líderes ejecutivos nacionales, sino que son llevadas a cabo por el NPC, el cual elige al próximo presidente por un periodo de cinco años. En marzo del 2018 se abolió el límite de dos mandatos, estableciendo a Xi Jinping una vez más como secretario general del Comité Permanente del Politburó (PSC), presidente estatal, jefe máximo militar y del Partido Comunista de China (PCCH). Solo los cargos políticos de menor rango son elegidos directamente, no sin antes pasar por una examinación del PCCH.
Según Freedom House las posibilidades para que se logre instalar una oposición son cuasi nulas. El sistema de partido único en China suprime el desarrollo de cualquier oposición política organizada y cualquier ciudadano o activista que busque promoverlo es severamente castigado.
En su afán de silenciar las opiniones contrarias, China continúa con sus persecuciones contra los defensores de los derechos humanos y las minorías étnicas y religiosas.
Según el informe publicado por Human Rights Watch, las represiones incluyen encarcelamientos y desapariciones forzadas. Un caso emblemático es el del abogado de derechos humanos Wang Quanzhang. La policía lo detuvo en el año 2015, luego de una represión nacional contra abogados y activistas de los derechos humanos. Según informes, durante su detención fue torturado con descargas eléctricas y obligado a tomar medicamentos. El gobierno de China le impuso cargos por “subversión del poder del estado”. Finalmente, el 28 de enero fue hallado culpable y sentenciado a 4 años y medio en prisión.
Durante el 2018, aumentaron considerablemente los abusos contra las minorías étnicas y religiosas, especialmente hacia los seguidores de Falung Gong, los tibetanos y uigures. Las autoridades incrementaron la represión y los abusos contra los 13 millones de musulmanes turcos, incluidos los uigures y los kazajos étnicos en la región de Xinjiang, noroeste de China, llevando a cabo detenciones arbitrarias en masa, tortura y malos tratos en diversos centros de detención. Esto queda demostrado en las cifras oficiales publicadas en 2018, donde la cantidad de arrestos en Xinjiang en 2017 representó más del 21 por ciento del total nacional, aunque la población de la región representa menos del 2 por ciento del total de China.
Esta situación ya había sido expuesta en el marco del Primer Examen Periódico Universal de China (EPU) llevado a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2009. En el informe se puede observar como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “tomo nota con preocupación de informaciones a propósito del derecho al libre ejercicio de la religión como derecho a participar libremente en la vida cultural, y sobre el uso y la enseñanza de los idiomas, la historia y la cultura de las minorías en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur y la Región Autónoma del Tíbet”.
La situación vuelve a pronunciarse en el marco del segundo EPU, realizado en el año 2013. Frente al aumento de protestas en la región del Tíbet, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial “recomendó a China que estudiara detenidamente las causas de esos sucesos, en particular la violencia interétnica, y los motivos por los cuales la situación se había agravado; y revisara las políticas o los incentivos ofrecidos que pudieran dar lugar a una modificación considerable de la composición demográfica de las zonas autónomas de las minorías”.
A su vez, en el informe previo de la ONU presentado ante el tercer EPU de China, llevado a cabo en el año 2018, se observa que la discriminación contra las minorías étnicas y religiosas no ha disminuido. El Comité contra la Tortura explicó que “había recibido numerosas denuncias de fuentes dignas de crédito que documentaban en detalle casos de torturas, muertes en situación de privación de libertad, detenciones arbitrarias y desapariciones de tibetanos. También se habían recibido denuncias de actos cometidos específicamente contra uigures y mongoles”.
En el diálogo interactivo del EPU de China en 2013 pueden observarse una serie de recomendaciones realizadas por el Cono Sur. Las mas importantes son las pertenecientes a Chile y Brasil: recomendaron “ratificar el ICCPR (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” y la de Argentina, que recomendó “examinar la posibilidad de abolir la pena de muerte en su ordenamiento jurídico”
Finalmente, según Human Rights Watch, debido a su creciente poder global, China se convirtió en una amenaza frente a la exportación de violaciones de derechos humanos, luego de que en marzo logró avanzar con éxito una resolución del Consejo de Derechos Humanos (HRC) sobre un enfoque que llama cooperación "ganar-ganar" o "mutuamente beneficiosa". De esta forma, los estados no persiguen la rendición de cuentas frente a violaciones de derechos graves, sino que solo se comprometen a un “diálogo” o cooperación intergubernamental, dejando sin ninguna consecuencia a los países que se nieguen a cooperar.
En conclusión, China en su lucha por mantener una ideología unipartidista no duda en luchar contra todos aquellos “males” que atenten contra su modelo de gobierno, limitando aún más los derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad de expresión y opinión de sus propios ciudadanos.
