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Análisis Sínico
22-03-2020Tíbet frente a los dos acuerdos de China y Nepal en tiempos del coronavirus
A lo largo de un extenso período, el promedio anual de tibetanos que escapaban a Nepal rondaba entre 2500 y 3500, pero en 2019 descendió a 18. ¿Por qué Nepal decidió dar un giro en su política exterior y dejar de ayudar al pueblo del Tíbet? La explicación radica en la iniciativa china de “One Belt One Road” lanzada en 2017 que acarreó promesas de millones de inversión en infraestructura y proyectos para Nepal. Ante esta oferta, la tentación venció a la solidaridad y la capacidad de contrarrestar la opresión del pueblo tibetano.Por Ludmila González Cerulli
Más allá de la conmoción global por la pandemia, ¿cómo el brote del COVID19 es en simultáneo una oportunidad del gobierno de China para influir? Tras tres meses de la erupción del coronavirus, las autoridades del Partido Comunista Chino (PCCh) no han publicado cifras sobre los casos diagnosticados en el Tíbet. Sin embargo, sí han optimizado el contexto de crisis sanitaria con el propósito de construir narrativas favorables al PCCh.
Los hechos empleados con dicho fin fueron las acciones humanitarias de instituciones budistas tibetanas en el Tíbet y, por otro lado, la muerte del ciudadano tibetano Azi Lhundup el 15 de marzo según declaró la semana pasada la organización International Campaign for Tibet (ICT). El primer suceso implica que, a través de los medios de comunicación estatales de China, se muestran los gestos compasivos por parte de las organizaciones budistas en territorio tibetano con un framing que transmite un mensaje distorsionado. De esta forma, se hace referencia a estas acciones como si fuesen impulsadas por el mismo gobierno, en concordancia con su servicio y promoción de la ideología comunista; cuando su objetivo es controlar totalmente las instituciones monásticas y coartar la libertad de religión en el Tíbet. Mientras, el segundo hecho representa los esfuerzos del PCCh por difundir- sin evidencia de las causas de su fallecimiento- cierto storytelling donde Azi Lhundup sería uno de varios tibetanos que apoyan la labor del gobierno chino hasta el extremo de dar su vida al cabo de luchar una semana con motivo de la campaña contra la propagación del COVID19.
Paralelamente, la situación del Tíbet sigue en riesgo y puede empeorar. Existen dos nuevos acuerdos entre China y Nepal, los cuales fueron firmados en octubre de 2019 durante la visita del presidente Xi Jinping al país vecino. Su implementación atenta a la libertad del pueblo tibetano, tanto para aquellos que intentan huir a Nepal como quienes aún residen en su territorio de origen. ¿Casualidad o causalidad? La visita de Xi Jinping fue la primera de un mandatario chino en más de dos décadas. Sin duda que no es un comportamiento inocente, sino estrategia. Recordemos que el segundo semestre del año pasado tuvo en escena las protestas de Hong Kong junto a sus diversas consecuencias para la región. Este trasfondo y la ratificación de dichos acuerdos constituyen una amenaza simbólica, donde se revela el riesgo al cual se someterían los tibetanos en “su intento” de “separar la gran China”.
La falta de tolerancia a los derechos humanos y la confrontación entre las dos posturas continúan. Tíbet ha sido siempre un país independiente hasta la ocupación china de su territorio en 1959. Desde ese entonces y tal cual sostiene Amnistía Internacional en su último informe, toda instancia de manifestar su libertad, expresar su identidad cultural y religiosa ha sido acusada de una conducta separatista ante la mirada del PCCh. Lo novedoso y preocupante es el viraje abrupto de la política exterior de Nepal hacia el Tíbet. Históricamente ha sido- a la par de India- el hogar esperanzador de los tibetanos exiliados, pero ahora, pasaría de dar protección y refugio a adoptar un comportamiento adverso e, incluso, punitivo.
¿Qué contemplan los acuerdos? Conforme la ICT, uno es el Sistema de Gestión de Límites, cuya finalidad es cerciorarse de los motivos de los cruces transfronterizos e identidades de los detenidos, la posibilidad de devolverlos y ampliar el uso de armas de fuego para estas circunstancias. El otro es el Tratado de Asistencia Legal Mutua en materia penal, el cual engloba la instalación de un software con información digitalizada sobre los refugiados tibetanos en Nepal y la misma cuenta con la asistencia de las autoridades de China. Esta información estará a disposición de la policía nepalí y los funcionarios chinos. Dentro de este marco de medidas, la Central Tibetan Administration cuestiona la soberanía e independencia jurídica de Nepal debido al nivel de injerencia que el gobierno del PCCh despliega allí.
A lo largo de un extenso período, el promedio anual de tibetanos que escapaban a Nepal rondaba entre 2500 y 3500, pero en 2019 descendió a 18. ¿Por qué Nepal decidió dar un giro en su política exterior y dejar de ayudar al pueblo del Tíbet? La explicación radica en la iniciativa china de “One Belt One Road” lanzada en 2017 que acarreó promesas de millones de inversión en infraestructura y proyectos para Nepal. Ante esta oferta, la tentación venció a la solidaridad y la capacidad de contrarrestar la opresión del pueblo tibetano. El nuevo rumbo político se dejó entrever a fines de 2018 con las restricciones a tibetanos en algunos viajes de peregrinación a Nepal e India y, con mayor claridad, la publicación de Radio Free Asia permite comprobar que Nepal ya ha realizado detenciones en septiembre de 2019, precisamente a 6 tibetanos que trataron de abandonar las tierras del Himalaya.
Entre las inquietudes, tenemos que preguntarnos qué ocurrirá con la puesta en ejecución de los acuerdos. Según Free Tibet, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal confirmó oficialmente la firma de un tratado de extradición con China. ¿Se respetará el principio de no devolución de refugiados o se prolongará el caso omiso? Si hay pruebas de que Nepal comenzó a restringir el acceso a los tibetanos que huyen de su tierra natal e, incluso, les ordenó regresar al Tíbet, entonces el presente acto viola el Derecho Internacional que impide la devolución de personas a un lugar donde puedan ser torturadas o perseguidas. Este principio está contemplado en distintos tratados que han sido ratificados por Nepal: la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Comentario General No. 20 del Comité de Derechos Humanos y el No. 6 del Comité de Derechos del Niño.
Tíbet es un país que carece de libertad desde el 10 de marzo de 1959, la fecha trágica cuando se produjeron las revueltas contra la invasión china. Hace tres años consecutivos, Freedom House lo clasifica con un estado nulo de libertades civiles, derechos políticos y derechos humanos. Al margen, se transita la pandemia. La necesidad de asegurar la ayuda humanitaria para aquellos países que anteriormente presentaban conflictos de otras índoles, sean desastres naturales, conflictos o crisis político-sociales (como el pueblo tibetano), ha sido fomentada en el reciente informe elaborado por Human Rights Watch sobre las dimensiones de derechos humanos frente al COVID19. En pleno mes de conmemoración del Día del Levantamiento Nacional Tibetano e inmersos en la cuarentena que muchos Estados afrontan para combatir el coronavirus, tengamos en mente que el Tíbet es doblemente vulnerable y precisa nuestra atención, seguimiento y gestos solidarios.
Ludmila González Cerulli
Más allá de la conmoción global por la pandemia, ¿cómo el brote del COVID19 es en simultáneo una oportunidad del gobierno de China para influir? Tras tres meses de la erupción del coronavirus, las autoridades del Partido Comunista Chino (PCCh) no han publicado cifras sobre los casos diagnosticados en el Tíbet. Sin embargo, sí han optimizado el contexto de crisis sanitaria con el propósito de construir narrativas favorables al PCCh.
Los hechos empleados con dicho fin fueron las acciones humanitarias de instituciones budistas tibetanas en el Tíbet y, por otro lado, la muerte del ciudadano tibetano Azi Lhundup el 15 de marzo según declaró la semana pasada la organización International Campaign for Tibet (ICT). El primer suceso implica que, a través de los medios de comunicación estatales de China, se muestran los gestos compasivos por parte de las organizaciones budistas en territorio tibetano con un framing que transmite un mensaje distorsionado. De esta forma, se hace referencia a estas acciones como si fuesen impulsadas por el mismo gobierno, en concordancia con su servicio y promoción de la ideología comunista; cuando su objetivo es controlar totalmente las instituciones monásticas y coartar la libertad de religión en el Tíbet. Mientras, el segundo hecho representa los esfuerzos del PCCh por difundir- sin evidencia de las causas de su fallecimiento- cierto storytelling donde Azi Lhundup sería uno de varios tibetanos que apoyan la labor del gobierno chino hasta el extremo de dar su vida al cabo de luchar una semana con motivo de la campaña contra la propagación del COVID19.
Paralelamente, la situación del Tíbet sigue en riesgo y puede empeorar. Existen dos nuevos acuerdos entre China y Nepal, los cuales fueron firmados en octubre de 2019 durante la visita del presidente Xi Jinping al país vecino. Su implementación atenta a la libertad del pueblo tibetano, tanto para aquellos que intentan huir a Nepal como quienes aún residen en su territorio de origen. ¿Casualidad o causalidad? La visita de Xi Jinping fue la primera de un mandatario chino en más de dos décadas. Sin duda que no es un comportamiento inocente, sino estrategia. Recordemos que el segundo semestre del año pasado tuvo en escena las protestas de Hong Kong junto a sus diversas consecuencias para la región. Este trasfondo y la ratificación de dichos acuerdos constituyen una amenaza simbólica, donde se revela el riesgo al cual se someterían los tibetanos en “su intento” de “separar la gran China”.
La falta de tolerancia a los derechos humanos y la confrontación entre las dos posturas continúan. Tíbet ha sido siempre un país independiente hasta la ocupación china de su territorio en 1959. Desde ese entonces y tal cual sostiene Amnistía Internacional en su último informe, toda instancia de manifestar su libertad, expresar su identidad cultural y religiosa ha sido acusada de una conducta separatista ante la mirada del PCCh. Lo novedoso y preocupante es el viraje abrupto de la política exterior de Nepal hacia el Tíbet. Históricamente ha sido- a la par de India- el hogar esperanzador de los tibetanos exiliados, pero ahora, pasaría de dar protección y refugio a adoptar un comportamiento adverso e, incluso, punitivo.
¿Qué contemplan los acuerdos? Conforme la ICT, uno es el Sistema de Gestión de Límites, cuya finalidad es cerciorarse de los motivos de los cruces transfronterizos e identidades de los detenidos, la posibilidad de devolverlos y ampliar el uso de armas de fuego para estas circunstancias. El otro es el Tratado de Asistencia Legal Mutua en materia penal, el cual engloba la instalación de un software con información digitalizada sobre los refugiados tibetanos en Nepal y la misma cuenta con la asistencia de las autoridades de China. Esta información estará a disposición de la policía nepalí y los funcionarios chinos. Dentro de este marco de medidas, la Central Tibetan Administration cuestiona la soberanía e independencia jurídica de Nepal debido al nivel de injerencia que el gobierno del PCCh despliega allí.
A lo largo de un extenso período, el promedio anual de tibetanos que escapaban a Nepal rondaba entre 2500 y 3500, pero en 2019 descendió a 18. ¿Por qué Nepal decidió dar un giro en su política exterior y dejar de ayudar al pueblo del Tíbet? La explicación radica en la iniciativa china de “One Belt One Road” lanzada en 2017 que acarreó promesas de millones de inversión en infraestructura y proyectos para Nepal. Ante esta oferta, la tentación venció a la solidaridad y la capacidad de contrarrestar la opresión del pueblo tibetano. El nuevo rumbo político se dejó entrever a fines de 2018 con las restricciones a tibetanos en algunos viajes de peregrinación a Nepal e India y, con mayor claridad, la publicación de Radio Free Asia permite comprobar que Nepal ya ha realizado detenciones en septiembre de 2019, precisamente a 6 tibetanos que trataron de abandonar las tierras del Himalaya.
Entre las inquietudes, tenemos que preguntarnos qué ocurrirá con la puesta en ejecución de los acuerdos. Según Free Tibet, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal confirmó oficialmente la firma de un tratado de extradición con China. ¿Se respetará el principio de no devolución de refugiados o se prolongará el caso omiso? Si hay pruebas de que Nepal comenzó a restringir el acceso a los tibetanos que huyen de su tierra natal e, incluso, les ordenó regresar al Tíbet, entonces el presente acto viola el Derecho Internacional que impide la devolución de personas a un lugar donde puedan ser torturadas o perseguidas. Este principio está contemplado en distintos tratados que han sido ratificados por Nepal: la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Comentario General No. 20 del Comité de Derechos Humanos y el No. 6 del Comité de Derechos del Niño.
Tíbet es un país que carece de libertad desde el 10 de marzo de 1959, la fecha trágica cuando se produjeron las revueltas contra la invasión china. Hace tres años consecutivos, Freedom House lo clasifica con un estado nulo de libertades civiles, derechos políticos y derechos humanos. Al margen, se transita la pandemia. La necesidad de asegurar la ayuda humanitaria para aquellos países que anteriormente presentaban conflictos de otras índoles, sean desastres naturales, conflictos o crisis político-sociales (como el pueblo tibetano), ha sido fomentada en el reciente informe elaborado por Human Rights Watch sobre las dimensiones de derechos humanos frente al COVID19. En pleno mes de conmemoración del Día del Levantamiento Nacional Tibetano e inmersos en la cuarentena que muchos Estados afrontan para combatir el coronavirus, tengamos en mente que el Tíbet es doblemente vulnerable y precisa nuestra atención, seguimiento y gestos solidarios.
