Esta iniciativa se mantiene como una de las prioridades en la agenda binacional china-argentina, y Pekín buscará impulsarla, o ponerla sobre la mesa de la negociación diplomática, sea cual sea la fuerza política que gobierne en el país sudamericano a futuro.

Por Marcos Gava

Se cumple este mes una década del discurso de Xi Jinping en Kazajistán en el que anunció la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, en su acrónimo en inglés), también conocida como la Nueva Ruta de la Seda. Un plan, con instituciones financieras generosamente dotadas y dirigidas desde Pekín, para construir corredores comerciales y tecnológicos, terrestres y marítimos, por medio mundo: desde Asia Central y Europa hasta África y América Latina.

El proyecto estrella de la diplomacia china ofrece, supuestamente, oportunidades para todos. Pero su vocación encubierta es otra: cambiar el orden internacional vigente. A semejante propuesta se han unido más de 150 países. Entre ellos, Argentina, que se adhirió a principios de 2022 durante la visita del presidente Alberto Fernández a la inauguración de los Juegos Olímpicos invernales.

Internamente, se levantaron voces en contra de que Argentina se alineara tan estrechamente con Pekín. Argentina ya era «socio estratégico integral» de China, pero caer en la órbita geopolítica de Pekín aumenta los riesgos: el BRI ha sido concebido y diseñado unilateralmente por Pekín. Ello implica que los países que se unen a la iniciativa pasan a cumplir un rol predeterminado en el proyecto de desarrollo de China, en general como proveedores de materias primas, lo cual condena a la primarización a las economías involucradas.

También se criticó que la firma de acuerdos «gobierno a gobierno» para la construcción de grandes obras de infraestructura, como las que se proponen dentro de los diálogos de la Franja y la Ruta y que se acoplan a planes locales como el corredor bioceánico, puede ir en detrimento de la libre competencia por la ausencia de licitaciones internacionales. Comúnmente, se considera que estas prácticas terminan por minar la calidad institucional (incluida la falta de transparencia) y la seguridad jurídica del proceso de inversión privada internacional, dejando a otros países fuera del proceso.

Incluso en la situación económica acuciante en la que se encuentra Argentina, no es fácil evaluar cuál ha sido, o podría ser, en términos tangibles, el beneficio de sumarse al BRI. Lo que sí es claro es que se han generado en los últimos años dependencias financieras y pleitesías políticas. El gobierno argentino busca en Pekín un salvavidas financiero, pero no únicamente para promover las infraestructuras o para importar insumos chinos destinados a la producción, como ha sucedido con proyectos de energía hidráulica, solar o ferroviarios desarrollados en territorio argentino, sino para pagar con yuanes deuda contraída con el FMI, tal como ocurrió recientemente.

Con un agravante añadido: que no se han dado a conocer los parámetros del préstamo. La financiación que China ofrece son un oxígeno financiero vital para Argentina, pero también son cuerda para ahorcarse. Argentina depende cada vez más de Pekín para obtener financiación, cuyo uso se destina incluso para cubrir sus necesidades básicas, lo que puede poner en riesgo su soberanía y su capacidad de tomar decisiones políticas y económicas independientes.

Se expone, por ejemplo, a que China imponga condiciones difíciles de asumir a cambio de los préstamos otorgados, como la apertura de sectores de la economía a la inversión china, la priorización de proyectos chinos en territorio argentino, la expansión del uso de yuanes o el mejoramiento de las actuales condiciones migratorias para los ciudadanos chinos. La debilidad argentina iría así en detrimento de sus propios intereses nacionales.

 

Si hablamos de infraestructuras, no puede obviarse el pobre devenir de los proyectos de infraestructura acordados por ambos países, como las represas en la provincia de Santa Cruz, que arrastran problemas técnicos, financieros o sindicales desde hace dos décadas. O la planta de energía nuclear Atucha III, que aunque no inició su construcción cuenta ya con contratos firmados y compromisos tomados con China National Nuclear Corporation. El alto costo (ronda los 10.000 millones de dólares) y factores geopolíticos, como la alarma de Estados Unidos expresada ante el potencial desarrollo de tecnología nuclear china en la región, explican que su construcción no se haya iniciado.

Sin embargo, esta iniciativa se mantiene como una de las prioridades en la agenda binacional china-argentina, y Pekín buscará impulsarla, o ponerla sobre la mesa de la negociación diplomática, sea cual sea la fuerza política que gobierne en el país sudamericano a futuro. Por su parte, la estación espacial de Neuquén, gestionada para su programa espacial por el Ejército chino en suelo argentino, es buen ejemplo de la capacidad de Pekín de capitalizar su posición de fuerza en Argentina.

Y es que su adhesión al BRI ocurre en un escenario desfavorable para Argentina: con un déficit comercial bilateral galopante (cercano a los 9.500 millones de dólares en 2022), con la incesante presencia de flotas chinas faenando ilegalmente dentro de las aguas territoriales argentinas y con una dependencia financiera que eclipsa cualquier otra consideración. En este contexto, el BRI en Argentina se intuye más como un espejismo que como una realidad.

Marcos Gava

Licenciado en Periodismo (Universidad del Salvador, Buenos Aires), cofundador y director general de ReporteAsia, el primer sitio web de noticias sobre Asia en español. Máster en Comunicación Internacional (Universidad de Chengchi, Taipei). Miembro del grupo China del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) e investigador del Centro de Estudios del Cinturón y la Ruta de la Universidad Católica, primer centro académico interdisciplinario sobre China en la provincia de Córdoba, Argentina. Actual Director Comercial de la Cámara de Comercio MERCOSUR-ASEAN (MACC). Consultor privado para el desarrollo de negocios y relaciones con Asia. Involucrado en el desarrollo y difusión del proyecto bioceánico chileno-argentino "Atacalar".