La remoción de Juan José Zúñiga, de su cargo de comandante general del ejército, fue el último eslabón de una cadena compuesta por múltiples causas que llevaron al fallido golpe de Estado efectuado el miércoles 26 de junio pasado.

Por Carla Lorenzo

Foto: lavoz.com.ar

En el último informe sobre la región de Latinoamérica y el Caribe del Índice de Transformación Bertelsmann, se destacó que muchos de los países de la región no han logrado corregir las debilidades que presentan las instituciones y la polarización en la sociedad continúa siendo un hecho. La pérdida de legitimidad de las instituciones, la crisis participativa, el surgimiento de populismos y autoritarismos son una realidad que provocan una gran dificultad para que la democracia logre alcanzar la estabilidad.

En Bolivia, la remoción de Juan José Zúñiga, de su cargo de comandante general del ejército, fue el último eslabón de una cadena compuesta por múltiples causas que llevaron al fallido golpe de Estado efectuado el miércoles 26 de junio pasado.

Para poder entender el contexto es necesario atender a los factores que influyeron en este último episodio. Entre los más relevantes se pueden mencionar: las causas políticas por las tensiones dentro del partido político “Movimiento al Socialismo” (MAS) y las protestas sociales que denotan el descontento popular frente al debilitamiento económico del país.

El partido MAS fue creado en 1997 por Evo Morales, quien en 2006 fue elegido como el primer presidente indígena del país. El actual Presidente de Bolivia, José Luis Arce, se encuentra en una disputa por el poder del partido contra Morales, lo que llevó a su división. La grieta interna quedó expuesta cuando, en 2023, Morales desafió a Arce proponiendo su candidatura para las elecciones correspondientes al 2025. Dos días antes del intento de golpe de Estado, Zúñiga declaró en un medio televisivo nacional contra Evo Morales: “(...) no puede volver a ser más Presidente de este país. Legalmente está inhabilitado. (...) Las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer cumplir la Constitución Política del Estado”. Ante estas declaraciones, el Presidente decidió separar a José Zúñiga del cargo el día martes. El momento de máxima tensión se vivió el día miércoles 26 de junio por la tarde cuando los soldados entraron al Palacio Quemado. El sociólogo francés Jean Pierre Lavaud, pone en primer plano a la lucha interna en el MAS como el principal creador del problema actual.

Por otro lado, al considerar el gran avance económico que el Estado Plurinacional de Bolivia tuvo durante parte de la presidencia de Evo Morales, es posible entender el descontento popular expresado por la sociedad frente a la nueva realidad. El Banco Mundial resalta que luego de las bonanzas aparejadas a las materias primas en 2014, la situación del país comenzó a verse afectada tanto por cuestiones domésticas como internacionales. La desaceleración de la economía global, los cambios continuos en los precios de las materias primas, el cambio climático, las consecuencias de la pandemia de COVID-19, son solo algunos de los factores que afectan a la estabilidad del país. A pesar de las mejoras experimentadas luego de la pandemia, éstas se ven opacadas por cuestiones internas que aún afectan a la sociedad boliviana. La dificultad para acceder al combustible, a los medicamentos, la disponibilidad cada vez menor de dólares, la caída en el nivel de producción de energía, han profundizado el descontento de la gente, lo que llevó a su reacción.

A pesar de que Bolivia es el país con más intentos de golpe de estado desde 1950 hasta la actualidad, el último episodio llama la atención de algunos analistas internacionales, quienes pensaban que este tipo de derrocamiento de gobierno era una cuestión del pasado. Entre ellos se encuentra Clayton Thyne, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Kentucky, quien expresa que “la OEA y una norma más antigolpista en general se han afianzado en América Latina, haciendo que cualquier golpe en la región sea bastante chocante. Bolivia ha sido una democracia desde 1982 y parecía haber pasado la agitación electoral más reciente de 2019-20”.

Al respecto, en la 54° Asamblea General de la OEA, que se desarrollaba en Asunción, se aprobó por unanimidad una resolución mediante la cual se condenó categóricamente el acto  llevado a cabo por el ejército de Bolivia. Además, se rechazó el uso de las Fuerzas Armadas para debilitar las instituciones democráticas constituyéndolo como una amenaza al régimen constitucional del país.

A pesar del anuncio de reformas económicas, y los intentos por parte del gobierno de controlar la situación, ésta continúa plagada de incertidumbres donde la única certeza es la inestabilidad. La multicrisis cala profundo en la sociedad boliviana y solo el transcurso de los acontecimientos podrán dar respuesta a las cuestiones sin resolver.

Carla Lorenzo

Abogada por la Universidad Austral (Argentina) y voluntaria de CADAL.