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UN ANÁLISIS DE LA CRISIS DEL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO
La gravedad de la crisis se atribuye a las múltiples aristas que abarcó, no sólo una violenta salida de un sistema económico que llevaba prácticamente diez años, sino que socavó los fundamentos de la sociedad, creando incertidumbre y desconfianza en materia institucional, política y jurídica.
Por Gabriela Rombolá
“El crédito es la disponibilidad del capital;
y el capital es la varilla mágica que debe darnos población,
caminos, canales, industria, educación y libertad."
Juan Bautista Alberdi
El año 2001 transcurrió en Argentina como “Crónica de una Muerte Anunciada”. Desde finales del año 2000 una serie de continuos desaciertos en materia económica (el renombrado Megacanje, el desplazamiento de Pedro Pou del Banco Central, la adopción del vínculo dolar-euro) y la inestabilidad creciente en materia política, terminaron de sellar, tras dos años de recesión, lo que sería después inevitable: una de las crisis más profundas de nuestra historia.
La gravedad de la crisis se atribuye a las múltiples aristas que abarcó, no sólo una violenta salida de un sistema económico que llevaba prácticamente diez años, sino que socavó los fundamentos de la sociedad, creando incertidumbre y desconfianza en materia institucional, política y jurídica.
¿Qué falló?
En una conferencia sobre crisis Argentina, en julio del 2002, Anne Krueger expuso que en visión retrospectiva, se puede sintetizar las causales de la crisis en cuatro aspectos:
· Primero, la política fiscal fue demasiado débil en la fase ascendente del ciclo.
· Segundo, el entorno y las perturbaciones externas fueron desfavorables.
· Tercero, el plan de convertibilidad dio permanencia a la sobrevaloración de la moneda, dada la falta de flexibilidad de la economía interna.
· Cuarto, no se adoptó medida alguna frente a una dinámica de la deuda que resultaba insostenible.
Por su parte, Joseph Stiglitz (premio Nóbel de Economía 2001), ve los orígenes de la crisis en la hiperinflación década del ’80, cuando para reducir la inflación hacía falta un cambio de expectativas, y se adoptó un ancla monetaria. J. Stiglitz realiza una fuerte crítica al FMI, aseverando que el FMI fomentó el uso de este sistema cambiario. Ahora es menos entusiasta, aunque es Argentina quien está pagando el precio, y no el FMI. La fijación por ley de la paridad uno a uno entre el peso y el dólar redujo la inflación, pero no promovió un crecimiento sostenido. Se debió alentar a Argentina para que estableciera un sistema cambiario más flexible o, por lo menos, un tipo de cambio que reflejara más los patrones comerciales del país.
Otro tema objeto de la crítica, sobre el cual considera que las reformas fueron insuficientes, es el referido al sistema financiero, con el ingreso irrestricto de capitales extranjeros.
Para continuar con nuestro análisis, vamos a centrarnos en dos aspectos de la crisis, que combinados resultaron ser explosivos. Por un lado el alto endeudamiento del sector público, no sólo nacional, sino también provincial. Por el otro, el sistema bancario, el cual financió gran parte de este endeudamiento.
Con el paso de los años, la relación entre provincias y bancos se transformó en un círculo vicioso. En los primeros años (‘96/’97) el país se encontraba en una situación que prometía muchas cosas. Para los bancos resultaba un negocio ventajoso, dado que representaba colocar dinero a tasas considerables, con un bajo riesgo (el flujo de amortización era diario), comisiones por otorgamiento y por precancelación que ascendían hasta el 2% del monto de los préstamos y a parte, la normativa del BCRA favorecía en cuanto a Capitales Mínimos y fraccionamiento. Por el lado de las provincias, tenían acceso fácil al financiamiento, lo que unido al momento de crecimiento económico que se estaba viviendo (año ‘96/’97), las incentivó a incrementar sus gastos de manera desmedida. El proceso en que se vieron embarcadas las provincias tenía el lógico final que venimos presenciando. El manejo financiero que llevaron fue pobre: algunas provincias cedieron casi el 100% de sus ingresos por coparticipación (principal fuente de ingreso), tomaron compromisos difíciles de cumplir, a tasas altas y concentrados en el corto plazo, no tuvieron una política de restricción en los gastos, aún cuando desde el año ’98 se les comenzó a advertir del peligro de su política, en tanto que el país comenzaba a sumirse en una profunda recesión.
Por el lado de los bancos, en primer lugar, cabe destacar que no sólo los bancos privados, en su mayoría los extranjeros, sino que también los bancos nacionales y públicos financiaron al sector pùblico provincial. Para los bancos, resultaba más ventajoso distribuir su cartera en una medida considerable en el sector público, debido a tres razones fundamentales: por un lado, no constituían capitales mínimos en el BCRA, abaratando costos y considerándose que el riesgo de incobrabilidad era cero (cabe destacar que a nivel mundial se adopta como criterio que un gobierno no cae en insolvencia, dejando de lado no sólo las quitas de deuda, sino que también el efecto de un posible diferimiento en el cobro; este aspecto, tras las continuas crisis, está siendo revisado), por otro lado, la amortización, si bien era mensual, se realizaba por el sistema de “goteo”, por medio del cual las provincias cedían un porcentaje de la coparticipación, de modo que los bancos recibían dinero diariamente; en tercer lugar, en un contexto recesivo (años ‘99/’00), resulta más “seguro” y era más redituable prestarle dinero al sector público que al sector privado. Así se entró en un círculo vicioso, en el cual el sector público cada vez demandaba más financiamiento, expulsando al sector privado (especialmente PYMES, dado que las grandes empresas tenían la posibilidad de tomar créditos en el mercado internacional). Sin crédito, cada vez era más difícil producir, desacelerándose el crecimiento del PBI, y cayendo la recaudación fiscal.
Para ejemplificar este proceso, en el año 2000 los préstamos del sector bancario dirigido al sector público habían crecido en un 25%, situándose en U$S 15.098 millones, concentrado en un 54% en la banca privada. Los grandes participantes fueron el Banco de Galicia, el Banco Francés y el Banco Río. El ratio préstamo/patrimonio de estos bancos se situaba en 1.73, 1.87 y 1.21, respectivamente, lo cual mostraba la alta exposición de su patrimonio. Entre los bancos públicos, los grandes prestamistas fueron los bancos Nación (con aproximadamente U$S3.700 millones a diciembre del 2000) y Provincia de Buenos Aires (con aproximadamente U$S 2.400 millones a diciembre del 2000).
De cara al futuro
El resto de la historia es bien conocida por todos: corrida bancaria, corralito, corralón, declaración de default, devaluación, pesificación asimétrica.
¿A quién culpar? ¿Al sector financiero, por su desmedido otorgamiento de créditos a un sector público con una performance financiera pobre, o al sector público, por ceder la mayor parte de sus ingresos y tomar créditos en condiciones casi imposibles de cumplir en el contexto del país? Realizando un análisis un poco más profundo, es evidente que la responsabilidad estuvo de ambos lados.
De cara al futuro tenemos que reconocer los errores que hubo, para no repetirlos. Nos tenemos que plantear qué tipo de sistema financiero queremos. Para comenzar, debemos reconocer que existe un fuerte vínculo entre la macroeconomía y el sistema financiero: un sector financiero débil, puede socavar la estabilidad macro de un país, al igual que la mala performance macro puede afectar al más sólido sistema financiero, agravado por el rol esencial que tuvo el sector financiero en Argentina.
Una vez comprendida la prominencia del sector financiero en la economía, veamos el rol que el mismo cumple. Si simplificamos al máximo la función que cumple el sistema bancario, llegamos a que es el encargado de administrar los fondos, de mediar entre el ahorro y la inversión, haciendo no solo que el ahorro sea redituable, sino que también fomentándolo (para esto debe haber mayor información y transparencia), y por otro lado, proveer fondos a las empresas, para generar un desarrollo equilibrado de la economía. Dado que es el encargado de mediar y que administra el dinero de la economía, es importante que brinde confianza y que sea sólido, para lo cual, debe ser rentable, para evitar una crisis de insolvencia que perjudicaría a gran parte de la economía.
Citando nuevamente palabras de Joseph Stiglitz, “el crecimiento requiere de instituciones financieras que brinden créditos a las empresas nacionales”. Así, hay que alentar a los bancos a que dirijan sus créditos al sector productivo, evitando que se concentre en sólo un grupo de empresas y limitando en gran medida el financiamiento al sector público.
Por otro lado, Stefan Ingves, una experta en resolución de crisis bancarias (actuó en la crisis bancaria de Noruega), también resalta la importancia de un sistema bancario supervisado, es decir, la importancia de tener un Banco Central que controle a los bancos, desde el management hasta las políticas y calificación de los créditos. Cabe recalcar, que se hace referencia a supervisión y no intervención del Banco Central, supervisar para evitar crisis, para que los créditos se dirijan también a sectores productivos, para que no haya una concentración de crédito en determinados sectores, que fomenten un crecimiento desigual en la economía.
De este modo, en el actual contexto de la Argentina, es indispensable re-fundar el sistema bancario, darle solidez y transparencia. Evitar que existan carteles, que haya una división entre banca pública versus banca privada, bancos privados versus bancos extranjeros, bancos chicos versus bancos grandes, etc. Todos los bancos deben actuar bajo las mismas normas y tener los mismos fines. Se debe alentar a un más profundo estudio del riesgo inherente en cada crédito y a la administración del mismo.
En cuanto a la banca pública, hay que tener en cuenta que su existencia se encuentra justificada por la consecución de ciertos objetivos de bienestar supuestamente no satisfechos por la actividad privada, tales como el financiamiento de actividades generadoras de empleo, fomento del sector agrícola y provisión de servicios financieros en zonas despobladas del país. Sin embargo, la participación del sector público en el sistema bancario generó políticas económicas erráticas en el tiempo, sosteniendo un conjunto de bancos ineficientes, con una abultada cartera de créditos incobrables, muchos de ellos otorgados sin atender las condiciones básicas de riesgo. Por tanto, hay que sanear la banca pública. Una de las alternativas que se esgrimen a tal respecto es la privatización, especialmente, del Banco de la Nación Argentina. Esta propuesta es alentada por el FMI y empresas calificadoras de riesgo. No obstante existe una fuerte oposición a la misma, sustentado en el hecho de que es el Banco de la Nación quien tiene en su cartera una gran cantidad de terrenos y explotaciones agrarias que sirven como garantía de préstamos y que son apetecibles por inversores privados. Una posición intermedia plantea la cotización en la Bolsa de Comercio de una porción del capital de los bancos, lo cual le otorgaría una mayor transparencia y sería una buena oportunidad para desterrar la “política” de estos bancos y poner un management profesional, demostrando que existe la posibilidad en Argentina de que una institución pública sea eficiente y rentable.
Entre los bancos privados y extranjeros, hay que orientarlos para que comiencen a financiar nuevamente a las PYMES, para generar un mercado de exportación y un mercado interno. Para esto último, debe haber nuevamente financiamiento al consumo, créditos hipotecarios y prendarios.
Para hacer posible todo esto, es fundamental la voluntad desde el gobierno de reorganizar al sistema, comenzando por generar una mayor confianza, estabilidad y previsión, para el sano desarrollo de la economía en su conjunto. Hay que volver a generar una relación entre los bancos, la sociedad y el sector público, tomando medidas concretas: entre los bancos, generar un mayor compromiso con la economía, para lo cual es necesario establecer reglas claras, avaladas legalmente, mientras que a su vez desde el gobierno se adopte también una mayor responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos y un orden en sus cuentas. En cuanto a la sociedad, hay que demostrar que se respetarán los derechos de propiedad a través del establecimiento de leyes de intangibilidad de los depósitos; la liberación del corralito y corralón es un buen comienzo, unido a la voluntad que mostraron algunos bancos de acompañar estas medidas. Hay que dar más a publicidad información sobre los bancos, demostrar que para los bancos también hay reglas que deben cumplir y que se las hacen cumplir. En síntesis, se debe buscar los medios para volver a establecer lazos firmes entre los distintos sectores, dado que la separación y rivalidad impide el desarrollo equilibrado del país y lo deja vulnerable a intereses particulares.
Gabriela Rombolá es economista, está cursando un Master en Estrategia Económica Internacional y fue Oficial de Riesgo de Grandes Empresas, Sector Público y Entidades Financieras entre 1999 y 2002 en un banco privado.
Gabriela Rombolá
“El crédito es la disponibilidad del capital;
y el capital es la varilla mágica que debe darnos población,
caminos, canales, industria, educación y libertad."
Juan Bautista Alberdi
El año 2001 transcurrió en Argentina como “Crónica de una Muerte Anunciada”. Desde finales del año 2000 una serie de continuos desaciertos en materia económica (el renombrado Megacanje, el desplazamiento de Pedro Pou del Banco Central, la adopción del vínculo dolar-euro) y la inestabilidad creciente en materia política, terminaron de sellar, tras dos años de recesión, lo que sería después inevitable: una de las crisis más profundas de nuestra historia.
La gravedad de la crisis se atribuye a las múltiples aristas que abarcó, no sólo una violenta salida de un sistema económico que llevaba prácticamente diez años, sino que socavó los fundamentos de la sociedad, creando incertidumbre y desconfianza en materia institucional, política y jurídica.
¿Qué falló?
En una conferencia sobre crisis Argentina, en julio del 2002, Anne Krueger expuso que en visión retrospectiva, se puede sintetizar las causales de la crisis en cuatro aspectos:
· Primero, la política fiscal fue demasiado débil en la fase ascendente del ciclo.
· Segundo, el entorno y las perturbaciones externas fueron desfavorables.
· Tercero, el plan de convertibilidad dio permanencia a la sobrevaloración de la moneda, dada la falta de flexibilidad de la economía interna.
· Cuarto, no se adoptó medida alguna frente a una dinámica de la deuda que resultaba insostenible.
Por su parte, Joseph Stiglitz (premio Nóbel de Economía 2001), ve los orígenes de la crisis en la hiperinflación década del ’80, cuando para reducir la inflación hacía falta un cambio de expectativas, y se adoptó un ancla monetaria. J. Stiglitz realiza una fuerte crítica al FMI, aseverando que el FMI fomentó el uso de este sistema cambiario. Ahora es menos entusiasta, aunque es Argentina quien está pagando el precio, y no el FMI. La fijación por ley de la paridad uno a uno entre el peso y el dólar redujo la inflación, pero no promovió un crecimiento sostenido. Se debió alentar a Argentina para que estableciera un sistema cambiario más flexible o, por lo menos, un tipo de cambio que reflejara más los patrones comerciales del país.
Otro tema objeto de la crítica, sobre el cual considera que las reformas fueron insuficientes, es el referido al sistema financiero, con el ingreso irrestricto de capitales extranjeros.
Para continuar con nuestro análisis, vamos a centrarnos en dos aspectos de la crisis, que combinados resultaron ser explosivos. Por un lado el alto endeudamiento del sector público, no sólo nacional, sino también provincial. Por el otro, el sistema bancario, el cual financió gran parte de este endeudamiento.
Con el paso de los años, la relación entre provincias y bancos se transformó en un círculo vicioso. En los primeros años (‘96/’97) el país se encontraba en una situación que prometía muchas cosas. Para los bancos resultaba un negocio ventajoso, dado que representaba colocar dinero a tasas considerables, con un bajo riesgo (el flujo de amortización era diario), comisiones por otorgamiento y por precancelación que ascendían hasta el 2% del monto de los préstamos y a parte, la normativa del BCRA favorecía en cuanto a Capitales Mínimos y fraccionamiento. Por el lado de las provincias, tenían acceso fácil al financiamiento, lo que unido al momento de crecimiento económico que se estaba viviendo (año ‘96/’97), las incentivó a incrementar sus gastos de manera desmedida. El proceso en que se vieron embarcadas las provincias tenía el lógico final que venimos presenciando. El manejo financiero que llevaron fue pobre: algunas provincias cedieron casi el 100% de sus ingresos por coparticipación (principal fuente de ingreso), tomaron compromisos difíciles de cumplir, a tasas altas y concentrados en el corto plazo, no tuvieron una política de restricción en los gastos, aún cuando desde el año ’98 se les comenzó a advertir del peligro de su política, en tanto que el país comenzaba a sumirse en una profunda recesión.
Por el lado de los bancos, en primer lugar, cabe destacar que no sólo los bancos privados, en su mayoría los extranjeros, sino que también los bancos nacionales y públicos financiaron al sector pùblico provincial. Para los bancos, resultaba más ventajoso distribuir su cartera en una medida considerable en el sector público, debido a tres razones fundamentales: por un lado, no constituían capitales mínimos en el BCRA, abaratando costos y considerándose que el riesgo de incobrabilidad era cero (cabe destacar que a nivel mundial se adopta como criterio que un gobierno no cae en insolvencia, dejando de lado no sólo las quitas de deuda, sino que también el efecto de un posible diferimiento en el cobro; este aspecto, tras las continuas crisis, está siendo revisado), por otro lado, la amortización, si bien era mensual, se realizaba por el sistema de “goteo”, por medio del cual las provincias cedían un porcentaje de la coparticipación, de modo que los bancos recibían dinero diariamente; en tercer lugar, en un contexto recesivo (años ‘99/’00), resulta más “seguro” y era más redituable prestarle dinero al sector público que al sector privado. Así se entró en un círculo vicioso, en el cual el sector público cada vez demandaba más financiamiento, expulsando al sector privado (especialmente PYMES, dado que las grandes empresas tenían la posibilidad de tomar créditos en el mercado internacional). Sin crédito, cada vez era más difícil producir, desacelerándose el crecimiento del PBI, y cayendo la recaudación fiscal.
Para ejemplificar este proceso, en el año 2000 los préstamos del sector bancario dirigido al sector público habían crecido en un 25%, situándose en U$S 15.098 millones, concentrado en un 54% en la banca privada. Los grandes participantes fueron el Banco de Galicia, el Banco Francés y el Banco Río. El ratio préstamo/patrimonio de estos bancos se situaba en 1.73, 1.87 y 1.21, respectivamente, lo cual mostraba la alta exposición de su patrimonio. Entre los bancos públicos, los grandes prestamistas fueron los bancos Nación (con aproximadamente U$S3.700 millones a diciembre del 2000) y Provincia de Buenos Aires (con aproximadamente U$S 2.400 millones a diciembre del 2000).
De cara al futuro
El resto de la historia es bien conocida por todos: corrida bancaria, corralito, corralón, declaración de default, devaluación, pesificación asimétrica.
¿A quién culpar? ¿Al sector financiero, por su desmedido otorgamiento de créditos a un sector público con una performance financiera pobre, o al sector público, por ceder la mayor parte de sus ingresos y tomar créditos en condiciones casi imposibles de cumplir en el contexto del país? Realizando un análisis un poco más profundo, es evidente que la responsabilidad estuvo de ambos lados.
De cara al futuro tenemos que reconocer los errores que hubo, para no repetirlos. Nos tenemos que plantear qué tipo de sistema financiero queremos. Para comenzar, debemos reconocer que existe un fuerte vínculo entre la macroeconomía y el sistema financiero: un sector financiero débil, puede socavar la estabilidad macro de un país, al igual que la mala performance macro puede afectar al más sólido sistema financiero, agravado por el rol esencial que tuvo el sector financiero en Argentina.
Una vez comprendida la prominencia del sector financiero en la economía, veamos el rol que el mismo cumple. Si simplificamos al máximo la función que cumple el sistema bancario, llegamos a que es el encargado de administrar los fondos, de mediar entre el ahorro y la inversión, haciendo no solo que el ahorro sea redituable, sino que también fomentándolo (para esto debe haber mayor información y transparencia), y por otro lado, proveer fondos a las empresas, para generar un desarrollo equilibrado de la economía. Dado que es el encargado de mediar y que administra el dinero de la economía, es importante que brinde confianza y que sea sólido, para lo cual, debe ser rentable, para evitar una crisis de insolvencia que perjudicaría a gran parte de la economía.
Citando nuevamente palabras de Joseph Stiglitz, “el crecimiento requiere de instituciones financieras que brinden créditos a las empresas nacionales”. Así, hay que alentar a los bancos a que dirijan sus créditos al sector productivo, evitando que se concentre en sólo un grupo de empresas y limitando en gran medida el financiamiento al sector público.
Por otro lado, Stefan Ingves, una experta en resolución de crisis bancarias (actuó en la crisis bancaria de Noruega), también resalta la importancia de un sistema bancario supervisado, es decir, la importancia de tener un Banco Central que controle a los bancos, desde el management hasta las políticas y calificación de los créditos. Cabe recalcar, que se hace referencia a supervisión y no intervención del Banco Central, supervisar para evitar crisis, para que los créditos se dirijan también a sectores productivos, para que no haya una concentración de crédito en determinados sectores, que fomenten un crecimiento desigual en la economía.
De este modo, en el actual contexto de la Argentina, es indispensable re-fundar el sistema bancario, darle solidez y transparencia. Evitar que existan carteles, que haya una división entre banca pública versus banca privada, bancos privados versus bancos extranjeros, bancos chicos versus bancos grandes, etc. Todos los bancos deben actuar bajo las mismas normas y tener los mismos fines. Se debe alentar a un más profundo estudio del riesgo inherente en cada crédito y a la administración del mismo.
En cuanto a la banca pública, hay que tener en cuenta que su existencia se encuentra justificada por la consecución de ciertos objetivos de bienestar supuestamente no satisfechos por la actividad privada, tales como el financiamiento de actividades generadoras de empleo, fomento del sector agrícola y provisión de servicios financieros en zonas despobladas del país. Sin embargo, la participación del sector público en el sistema bancario generó políticas económicas erráticas en el tiempo, sosteniendo un conjunto de bancos ineficientes, con una abultada cartera de créditos incobrables, muchos de ellos otorgados sin atender las condiciones básicas de riesgo. Por tanto, hay que sanear la banca pública. Una de las alternativas que se esgrimen a tal respecto es la privatización, especialmente, del Banco de la Nación Argentina. Esta propuesta es alentada por el FMI y empresas calificadoras de riesgo. No obstante existe una fuerte oposición a la misma, sustentado en el hecho de que es el Banco de la Nación quien tiene en su cartera una gran cantidad de terrenos y explotaciones agrarias que sirven como garantía de préstamos y que son apetecibles por inversores privados. Una posición intermedia plantea la cotización en la Bolsa de Comercio de una porción del capital de los bancos, lo cual le otorgaría una mayor transparencia y sería una buena oportunidad para desterrar la “política” de estos bancos y poner un management profesional, demostrando que existe la posibilidad en Argentina de que una institución pública sea eficiente y rentable.
Entre los bancos privados y extranjeros, hay que orientarlos para que comiencen a financiar nuevamente a las PYMES, para generar un mercado de exportación y un mercado interno. Para esto último, debe haber nuevamente financiamiento al consumo, créditos hipotecarios y prendarios.
Para hacer posible todo esto, es fundamental la voluntad desde el gobierno de reorganizar al sistema, comenzando por generar una mayor confianza, estabilidad y previsión, para el sano desarrollo de la economía en su conjunto. Hay que volver a generar una relación entre los bancos, la sociedad y el sector público, tomando medidas concretas: entre los bancos, generar un mayor compromiso con la economía, para lo cual es necesario establecer reglas claras, avaladas legalmente, mientras que a su vez desde el gobierno se adopte también una mayor responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos y un orden en sus cuentas. En cuanto a la sociedad, hay que demostrar que se respetarán los derechos de propiedad a través del establecimiento de leyes de intangibilidad de los depósitos; la liberación del corralito y corralón es un buen comienzo, unido a la voluntad que mostraron algunos bancos de acompañar estas medidas. Hay que dar más a publicidad información sobre los bancos, demostrar que para los bancos también hay reglas que deben cumplir y que se las hacen cumplir. En síntesis, se debe buscar los medios para volver a establecer lazos firmes entre los distintos sectores, dado que la separación y rivalidad impide el desarrollo equilibrado del país y lo deja vulnerable a intereses particulares.
Gabriela Rombolá es economista, está cursando un Master en Estrategia Económica Internacional y fue Oficial de Riesgo de Grandes Empresas, Sector Público y Entidades Financieras entre 1999 y 2002 en un banco privado.
