Ahora, miles y miles de transacciones en la economía argentina dependerán del estado de ánimo de la pareja gobernante y no de reglas que, bien que mal, estaban escritas en las normas que regulaban las decisiones de inversión de las AFJP. En otras palabras, se ha incrementado la concentración del poder político y económico y han disminuido una vez más los derechos de propiedad y libertades en la Argentina.

Por Pablo E. Guido

Karl Marx y Frederic Engels escribieron a mediados del siglo XIX el Manifiesto Comunista en el cual ofrecían un decálogo de medidas que debían implementarse para cumplir el objetivo de barrer con la burguesía capitalista e implantar el comunismo en el mundo. La intención de estas diez medidas era ir “despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de producción” y así llegar luego al deseado paraíso comunista terrenal. Una de las medidas propuestas en dicho Manifiesto establecía: “Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio”.

En la Argentina, las personas que ocupan las bancas del “honorable Senado del Congreso de la Nación”, aprobaron por mayoría (46 vs 18) la estatización definitiva de los fondos de pensión que eran administrados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones pero que pertenecían a sus aportantes individuales (3,6 millones de personas). A partir de ahora es el Estado argentino el que administrará estos recursos que hasta ayer alcanzaban un stock ahorrado de 77 mil millones de pesos (aproximadamente unos 24 mil millones de dólares). Además, el Estado recibirá un flujo mensual de unos 350 millones de dólares en concepto de aportes jubilatorios (de aquellos 3,6 millones de personas que hasta ayer aportaban a las AFJP).

Dichos fondos estaban invertidos mayoritariamente (55%) en créditos al Estado o bonos públicos (de los niveles nacional, provincial y municipal) por un monto cercano a los 14 mil millones de dólares. El resto de las inversiones se distribuían: un 10% en plazos fijos depositados en bancos locales (2.200 millones de dólares), 9% en acciones de 39 empresas privadas argentinas (2.120 millones de dólares), un 3% en 29 fondos de inversión abiertos (casi 700 millones de dólares) y casi un 5,50% en fideicomisos financieros (1.250 millones de dólares). Tan sólo estaban invertidos en el exterior unos 1.300 millones de dólares (fondos comunes de inversión y acciones de empresas extranjeras). Había en efectivo o valores líquidos unos mil millones de dólares (4,3%).

En consecuencia el Estado argentino no sólo pasa a ser socio de decenas de empresas locales privadas en diversos rubros de las cuales ahora tiene acciones (empresas de electricidad, petroleras, gasíferas, bancos, desarrolladores inmobiliarios, alimenticias, telecomunicaciones, etc.) sino que también, en caso de destinar estos millonarios recursos financieros hacia otras áreas consideradas “prioritarias” por los burócratas de turno, dejará sin financiamiento a cientos de empresas que utilizaban los fondos ahorrados de los futuros pensionados para el otorgamiento de créditos al consumo o para ser destinados a inversiones privadas. De los bancos saldrán cientos de millones de dólares que ya no financiarán más proyectos privados sino que irán a caer en las manos del gobierno nacional para alimentar a la siempre hambrienta estructura clientelar y prebendaria formada por los cientos de miles de empleados públicos, militantes políticos del partido gobernante y aliados, “fuerzas de choque” del gobierno (piqueteros), empresarios amigos del gobierno, el eterno sindicalismo monolítico y monopólico y un largo y famélico etcétera. Inclusive, dado que en esta gran “bolsa” de fondos ahorrados también vienen acciones de empresas extranjeras, el Estado argentino pasaría a ser también dueño de una parte de empresas como Avon, American Express, Walt Disney, General Electric, Coca Cola y otras tantas ampliamente reconocidas por el público mundial. Felices ellos de tener como socios al Estado argentino.

Marx y Engels se deberían estar felicitando donde se encuentren ahora por haber convencido a los miembros del poder ejecutivo argentino y también, vale remarcarlo para que quede grabado en nuestra memoria, a decenas de los ocupantes de los sillones del Congreso Nacional de seguir su plan (me resisto a llamarlos diputados y senadores nacionales dado que han renunciado a la independencia de poderes que supone una república, salvo honrosas excepciones). Ahora, gran parte del ahorro de los argentinos estará concentrado en las manos del Estado nacional y, por lo tanto, también lo está el crédito. El gobierno dictatorial militar conducido por el presidente Farrel en mayo de 1946 y luego el tercer gobierno de Perón en la década de los setenta hicieron lo mismo, si bien con otros instrumentos: estatizaron los depósitos de los bancos comerciales privados que pasaron a estar contabilizados en los activos del banco central, el cual pasó a decidir arbitrariamente el monto y el destino de dichos ahorros. Ahora, miles y miles de transacciones en la economía argentina dependerán del estado de ánimo de la pareja gobernante (Néstor y Cristina) y no de reglas que, bien que mal, estaban escritas en las normas que regulaban las decisiones de inversión de las AFJP. En otras palabras, se ha incrementado la concentración del poder político y económico y han disminuido una vez más los derechos de propiedad y libertades en la Argentina.

En las pasadas elecciones de octubre de 2007 se deberían haber transparentado más las propuestas del oficialismo. Quizás si el oficialismo hubiera manifestado abierta y claramente su inclinación al programa expuesto por Marx y Engels mucha gente no habría votado por dicha propuesta. O sí, nunca se sabe en un país como la Argentina tan afecto a las aventuras que se probaron ya fracasadas en el resto del mundo civilizado y que progresa. Es que no existe un solo país en el planeta que violando derechos de propiedad se haya desarrollado y elevado el nivel de vida de sus habitantes. La pareja presidencial, acompañado por los “amigos eternos del poder”, buscan entrar al libro de los récords Guiness arremetiendo contra los principios republicanos, el Estado de Derecho y la economía de mercado. Lamentablemente alguien debe decirles que fracasarán, arrastrando al resto de la población argentina hacia subsuelos más profundos y oscuros. Niveles de los cuales podrían dar fe poblaciones como las de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Birmania y tantas otras atrapadas por gobiernos omnipotentes e ilimitados.

Ludwig von Mises decía en su obra La acción humana (1949): “Un sistema duradero de gobierno debe basarse siempre en una ideología que la mayoría acepte”. El problema, en el fondo, somos nosotros, los ciudadanos que aceptamos o dejamos de aceptar las propuestas de saqueo, redistribución de la riqueza e ingresos y violación de la propiedad privada y libertades que un grupo minoritario organizado en partidos políticos nos ofrece desde hace más de setenta años.

Pablo Guido es politólogo y economista, profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala).

 

Pablo E. Guido

Pablo E. Guido es Profesor full time de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Es Licenciado en Ciencia Política y en Economía (Universidad del Salvador – Argentina) y MBA (ESEADE – Argentina). Anteriormente fue Profesor de Finanzas Públicas y Economía (UCA – Rosario. Argentina), Profesor de Política Económica y Economía Superior (ESEADE – Argentina).