Prensa
Caso TGN: cuando el estado interviene y las motivaciones no estan demasiado claras
Fuente: Agencia Diarios y Noticias (Argentina)
Por Adrián Lucardi (*)
BUENOS AIRES, mar 02 (DyN).- La presidenta de la Nación acaba de defender en el Congreso la intervención del Estado y ha prometido que ésta será mayor.
El caso de Transportadora de Gas del Norte S. A. (TGN), empresa ya intervenida y "coadministrada" desde diciembre último, constituye un claro ejemplo de la voluntad del gobierno nacional de inmiscuirse en la economía de la peor manera: obligando a las empresas a hacer lo que no quieren.©
La de TGN se trata de una intervención que no está justificada porque su default no amenazaba la provisión del servicio público y la posible comisión de un delito por parte de sus directivos podría haber sido investigada por la Justicia sin necesidad de nombrar un "coadministrador".
Y aunque la verdadera razón de la intervención no está del todo clara, ninguna de las alternativas que se barajan resulta satisfactoria, de cara al marco institucional del país ni al clima de negocios imperante en el mismo.
El 23 de diciembre de 2008, TGN, concesionaria de alrededor de 5.700 kilómetros de gasoductos troncales en el país, anunció que no pagaría un vencimiento de deuda de U$$ 22,5 millones.
De acuerdo con la empresa, el congelamiento de tarifas residenciales vigente desde 1999, las restricciones para exportar gas a Chile y Brasil dispuestas en 2004 y el incremento de sus costos en pesos y dólares, no le dejaban otra alternativa si quería mantener el servicio y respetar el principio de igualdad de trato para sus acreedores.
Unos días más tarde, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo que depende de Julio De Vido, decidió su intervención, argumentando la necesidad de asegurar la normal provisión del servicio público y poco después presentó una denuncia penal contra los directivos de la compañía por haber declarado el default de manera irregular, es decir sin respetar los pasos formales requeridos para ello.
Lo que el default de TGN muestra son las limitaciones de una política económica que pretende mantener estables los precios políticamente sensibles en un contexto de inflación y elevados precios internacionales de las commodities: aunque en el corto plazo los resultados sean exitosos, el congelamiento de tarifas y la restricción de exportaciones desalientan la inversión privada, a la vez que la demanda aumenta debido a los precios artificialmente bajos.
En el mediano plazo ello genera un desfase entre oferta y demanda que sólo se puede cubrir mediante subsidios, racionamientos o un brusco incremento de precios.
Oficialmente, la intervención se debió a la preocupación por evitar que la cesación de pagos impactara en la provisión de gas a los usuarios, y/o en el suministro a las generadoras eléctricas.
El argumento es poco convincente ya que, desde 2002, varias compañías de servicios públicos entraron en default, sin que ello afectara sus operaciones. Además, la primera preocupación del interventor consistió en buscar pruebas de que los directivos de TGN declararon el default de manera irregular.
Pero si lo que realmente preocupa al Gobierno es la posible comisión de un delito, la intervención resulta totalmente superflua, ya que la Ley 24.076 faculta al Enargas para examinar los libros de actas de la compañía y, en todo caso, la decisión final debe quedar en manos de la Justicia, no del Poder Ejecutivo.
En suma, el nombramiento de un interventor facultado para "coadministrar" la compañía no obedece a razones técnicas, sino políticas: el gobierno pretende dirigir las operaciones de TGN, o al menos tener la capacidad de vetar aquellas decisiones que no sean de su agrado, lo que es preocupante por varios motivos.
En primer lugar, por la ineficiencia que muestran las compañías que actúan de acuerdo al criterio de la conveniencia política y no de la obtención de beneficios en el mercado.
En segundo, por el mensaje que se envía a las demás empresas: tener buena relación con los funcionarios del Gobierno pasa a ser más importante que mejorar la calidad y el precio de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores.
Y en tercer término, porque ninguna de las explicaciones que barajan sobre los verdaderos motivos por los que el gobierno intervino TGN (evitar otros defaults, bajarle el precio a la compañía para que la compre algún amigo o vengarse por el caso Skanska) resultan alentadores para el clima de negocios predominante en la Argentina actual.
Las explicaciones más plausibles acerca de la intervención son, o que el Gobierno quiere falsear los "indicadores de default" de las empresas privadas o que pretende que las grandes compañías se manejen no de acuerdo con las reglas de la oferta y la demanda que rigen la economía, sino según las directivas de los funcionarios gubernamentales.
(*) ADRIAN LUCARDI es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Agencia Diarios y Noticias (Argentina)
Por Adrián Lucardi (*)
BUENOS AIRES, mar 02 (DyN).- La presidenta de la Nación acaba de defender en el Congreso la intervención del Estado y ha prometido que ésta será mayor.
El caso de Transportadora de Gas del Norte S. A. (TGN), empresa ya intervenida y "coadministrada" desde diciembre último, constituye un claro ejemplo de la voluntad del gobierno nacional de inmiscuirse en la economía de la peor manera: obligando a las empresas a hacer lo que no quieren.©
La de TGN se trata de una intervención que no está justificada porque su default no amenazaba la provisión del servicio público y la posible comisión de un delito por parte de sus directivos podría haber sido investigada por la Justicia sin necesidad de nombrar un "coadministrador".
Y aunque la verdadera razón de la intervención no está del todo clara, ninguna de las alternativas que se barajan resulta satisfactoria, de cara al marco institucional del país ni al clima de negocios imperante en el mismo.
El 23 de diciembre de 2008, TGN, concesionaria de alrededor de 5.700 kilómetros de gasoductos troncales en el país, anunció que no pagaría un vencimiento de deuda de U$$ 22,5 millones.
De acuerdo con la empresa, el congelamiento de tarifas residenciales vigente desde 1999, las restricciones para exportar gas a Chile y Brasil dispuestas en 2004 y el incremento de sus costos en pesos y dólares, no le dejaban otra alternativa si quería mantener el servicio y respetar el principio de igualdad de trato para sus acreedores.
Unos días más tarde, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo que depende de Julio De Vido, decidió su intervención, argumentando la necesidad de asegurar la normal provisión del servicio público y poco después presentó una denuncia penal contra los directivos de la compañía por haber declarado el default de manera irregular, es decir sin respetar los pasos formales requeridos para ello.
Lo que el default de TGN muestra son las limitaciones de una política económica que pretende mantener estables los precios políticamente sensibles en un contexto de inflación y elevados precios internacionales de las commodities: aunque en el corto plazo los resultados sean exitosos, el congelamiento de tarifas y la restricción de exportaciones desalientan la inversión privada, a la vez que la demanda aumenta debido a los precios artificialmente bajos.
En el mediano plazo ello genera un desfase entre oferta y demanda que sólo se puede cubrir mediante subsidios, racionamientos o un brusco incremento de precios.
Oficialmente, la intervención se debió a la preocupación por evitar que la cesación de pagos impactara en la provisión de gas a los usuarios, y/o en el suministro a las generadoras eléctricas.
El argumento es poco convincente ya que, desde 2002, varias compañías de servicios públicos entraron en default, sin que ello afectara sus operaciones. Además, la primera preocupación del interventor consistió en buscar pruebas de que los directivos de TGN declararon el default de manera irregular.
Pero si lo que realmente preocupa al Gobierno es la posible comisión de un delito, la intervención resulta totalmente superflua, ya que la Ley 24.076 faculta al Enargas para examinar los libros de actas de la compañía y, en todo caso, la decisión final debe quedar en manos de la Justicia, no del Poder Ejecutivo.
En suma, el nombramiento de un interventor facultado para "coadministrar" la compañía no obedece a razones técnicas, sino políticas: el gobierno pretende dirigir las operaciones de TGN, o al menos tener la capacidad de vetar aquellas decisiones que no sean de su agrado, lo que es preocupante por varios motivos.
En primer lugar, por la ineficiencia que muestran las compañías que actúan de acuerdo al criterio de la conveniencia política y no de la obtención de beneficios en el mercado.
En segundo, por el mensaje que se envía a las demás empresas: tener buena relación con los funcionarios del Gobierno pasa a ser más importante que mejorar la calidad y el precio de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores.
Y en tercer término, porque ninguna de las explicaciones que barajan sobre los verdaderos motivos por los que el gobierno intervino TGN (evitar otros defaults, bajarle el precio a la compañía para que la compre algún amigo o vengarse por el caso Skanska) resultan alentadores para el clima de negocios predominante en la Argentina actual.
Las explicaciones más plausibles acerca de la intervención son, o que el Gobierno quiere falsear los "indicadores de default" de las empresas privadas o que pretende que las grandes compañías se manejen no de acuerdo con las reglas de la oferta y la demanda que rigen la economía, sino según las directivas de los funcionarios gubernamentales.
(*) ADRIAN LUCARDI es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
