La lista apoyada por el gobernador de turno se impuso en 17 provincias, pero con un 11% menos de votos que en las elecciones ejecutivas de hace dos años. Estos números prenden una señal de alerta, y por esos los gobernadores justicialistas ya comenzaron a pedir más incidencia en la toma de decisiones a nivel nacional.

Por Adrián Lucardi

Néstor Kirchner habrá sido el gran derrotado en las elecciones del 28 de junio, pero la situación de la mayoría de los gobernadores provinciales -tanto oficialistas como opositores- está lejos de ser completamente satisfactoria. La lista apoyada por el gobernador de turno se impuso en 17 provincias, pero con un 11% menos de votos que en las elecciones ejecutivas de hace dos años. Estos números prenden una señal de alerta, y por esos los gobernadores justicialistas ya comenzaron a pedir más incidencia en la toma de decisiones a nivel nacional y, sobre todo, a exigir que el gobierno nacional aumente la masa de recursos coparticipables. Los fondos nacionales son fundamentales para la supervivencia política de los gobernadores.

Efectivamente, desde 1983, en las provincias está vigente un "modelo" basado en el gasto y el empleo públicos como motores de la actividad económica, y que se financia en su mayor parte con los recursos coparticipables que recauda la nación y/o lo producido por las regalías petrolíferas y mineras. Dado que el cobro de impuestos está a cargo de la nación, o (como en el caso de las regalías) recae sobre un minúsculo sector del electorado, este esquema hace que en épocas de bonanza los gobernadores gasten excesivamente, y en tiempos de crisis puedan pedir auxilio financiero a la nación en lugar de reducir gastos o aumentar impuestos. Esto es especialmente marcado en el caso de las provincias más chicas (es decir, las menos pobladas), por tres razones. Primero, las provincias grandes dependen en mayor medida de recursos tributarios propios, por lo que deben cubrir los déficits con aumentos de impuestos. Segundo, la coparticipación discrimina fuertemente en favor de las provincias chicas, que reciben muchos más recursos de los que se recaudan en ellas. Y tercero, las provincias más chicas tienen un enorme peso político: los doce distritos menos poblados reúnen el 13% de la población, pero cuentan con el 24% de los diputados y la mitad de los senadores.

Esto hace que los gobernadores provinciales compitan entre sí para obtener fondos nacionales con los que financiar sus gastos. En los ochenta esto fue una de las causas de la hiperinflación, ya que las transferencias discrecionales a las provincias eran muy significativas y se financiaron con emisión. Menem revirtió en parte esta lógica porque forzó el cierre de muchos bancos provinciales, y además el crecimiento económico del período 1991-98 permitió que el gobierno nacional aumentara las transferencias a las provincias sin generar excesivos problemas fiscales. Pero con la recesión iniciada en 1998, las provincias comenzaron a recibir menos fondos; en 2001 muchos gobernadores emitieron bonos par apagar salarios, y con la crisis de 2002 no tuvieron más remedio que recortar gastos y personal, lo que desató serios problemas políticos en varios distritos: Ruckauf renunció a la gobernación de Buenos Aires, Avelín fue destituido en San Juan, y Montiel escapó por poco a un destino similar en Entre Ríos.

Reducir gastos siempre es políticamente costoso, pero en las provincias chicas dicho costo se potencia, porque se trata de distritos donde una parte sustancial de la población depende, directa o indirectamente, del gasto público. En esas condiciones, un recorte de gastos, salarios o empleos puede impulsar huelgas y manifestaciones que a la larga pueden terminar en la renuncia o destitución del gobernador. Los gobernadores son conscientes de ello, y por eso aprovechan la debilidad política del gobierno nacional para exigir recursos a cambio de apoyo político: el 1º de julio, el diario La Nación informó que ya habían comenzado los primeros reclamos para aumentar la masa de recursos coparticipables, y no debería sorprender que en el futuro estos reclamos se vuelvan habituales (y no sólo de parte de los gobernadores justicialistas). Lo que resta saber, de todas maneras, es si la crisis permitirá que el gobierno nacional disponga de recursos suficientes para satisfacer a todos.

Adrián Lucardi es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

 

Adrián Lucardi

Consejero Académico

Es profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política del ITAM (México). Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés (Buenos Aires) y doctor en Ciencia Política por la Washington University in St. Louis (Estados Unidos). Su trabajo fue publicado en The Journal of Politics, British Journal of Political Science, Comparative Political Studies y Legislative Studies Quarterly, entre otros.