Prensa
El futuro de la ley de comunicación K se definirá en un Senado crítico
Fuente: El Nacional (Venezuela)
ARGENTINA El proyecto será discutido este viernes en la Cámara Alta
El futuro de la ley de comunicación K se definirá en un Senado crítico
La propuesta de Kirchner se someterá a una dura prueba por las reservas de sus propios legisladores
JESÚS UZCÁTEGUI SUPERLANO
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados y de pasar las audiencias efectuadas en cuatro comisiones del Senado esta semana, el polémico proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, será discutido en la Cámara Alta este viernes, donde el Gobierno se juega su última carta para lograr la aprobación de un instrumento legal que ha sido calificado por la oposición y los medios como autoritario y restrictivo de la libertad de expresión.
La ley de medios K, con la cual la mandataria se suma a la ofensiva reguladora que viene siendo denunciada en Venezuela, Bolivia y Ecuador, recibió media sanción de la Cámara Baja el 17 de septiembre. La aprobación se produjo con 146 votos de los 153 legisladores presentes, luego de que otros 104 integrantes de la plenaria, contrarios al proyecto, abandonaran la sesión de 14 horas.
La oposición denunció entonces que el oficialismo se valió de su mayoría para apurar los plazos en los trámites legislativos, y así cumplir su cometido antes del 10 de diciembre, cuando los nuevos legisladores salidos de las elecciones del 27 de junio --en su mayoría contrarios al Ejecutivo-- asuman las curules en el Congreso. Para esa fecha, el kirchnerismo gobernará en franca debilidad.
Pero ahora que el proyecto pasó a la Cámara Alta, se vaticinan dificultades para que el oficialismo logre su propósito.
Kirchner enfrenta, además del rechazo de la oposición, el escepticismo de varios senadores afines a su corriente, que se inclinan por modificar algunos artículos que son considerados puntos de honor para las pretensiones del matrimonio presidencial.
Polémica. A juicio de Adrián Lucardi, investigador del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, la ley genera rechazo porque establece restricciones a las empresas que poseen múltiples licencias de transmisión; y además, en caso de que el proyecto se convierta en ley sólo otorga un plazo de 12 meses para que los empresarios se desprendan del "exceso" de espectros que administran hoy.
"Este punto es muy resistido porque afecta el derecho de propiedad: los empresarios tendrían que vender a precio vil canales y emisoras. Segundo, la intención del Gobierno es que estos medios sean comprados por empresarios amigos, que publiquen noticias favorables a su gestión", explicó.
Entre los grupos mediáticos que resultan más afectados, Lucardi mencionó al Grupo Clarín (propietario del canal por suscripción Todo Noticias); el Grupo UNO (televisora América y otros medios); y el grupo español Prisa (dueño de radio Continental).
Kirchner justificó su propuesta porque "apunta a terminar con el monopolio de los medios, actualmente concentrado en pocas manos".
También por la necesidad de reemplazar el instrumento vigente, que consideran anacrónico, aprobado en la década de los ochenta durante el régimen militar, aunque ha sufrido diversas modificaciones.
Las universidades públicas apoyan el proyecto. Consideran indispensable "garantizar la igualdad de acceso a los medios". También lo respaldan más de 330 artistas.
Sectores mediáticos, no obstante, consideran que detrás de la legislación propuesta se busca ampliar el control estatal sobre contenidos y frecuencias de radio y televisión.
Aprobación. En principio, el kirchnerismo tiene prácticamente asegurada una primera aprobación en general del proyecto que se votará el 9 de octubre. Sin embargo, Lucardi cree posible que en la votación artículo por artículo, algunos sean modificados.
El escenario más probable es la devolución a la Cámara de Diputados para que ratifique los cambios del Senado, lo cual derivaría en un desenlace desfavorable: el tiempo corre en contra del Ejecutivo, que trabaja a marcha forzada para lograr sus cuestionados objetivos.
Diario El Nacional (Venezuela), domingo 4 de Octubre de 2009
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El futuro de la ley de comunicación K se definirá en un Senado crítico
La propuesta de Kirchner se someterá a una dura prueba por las reservas de sus propios legisladores
JESÚS UZCÁTEGUI SUPERLANO
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados y de pasar las audiencias efectuadas en cuatro comisiones del Senado esta semana, el polémico proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, será discutido en la Cámara Alta este viernes, donde el Gobierno se juega su última carta para lograr la aprobación de un instrumento legal que ha sido calificado por la oposición y los medios como autoritario y restrictivo de la libertad de expresión.
La ley de medios K, con la cual la mandataria se suma a la ofensiva reguladora que viene siendo denunciada en Venezuela, Bolivia y Ecuador, recibió media sanción de la Cámara Baja el 17 de septiembre. La aprobación se produjo con 146 votos de los 153 legisladores presentes, luego de que otros 104 integrantes de la plenaria, contrarios al proyecto, abandonaran la sesión de 14 horas.
La oposición denunció entonces que el oficialismo se valió de su mayoría para apurar los plazos en los trámites legislativos, y así cumplir su cometido antes del 10 de diciembre, cuando los nuevos legisladores salidos de las elecciones del 27 de junio --en su mayoría contrarios al Ejecutivo-- asuman las curules en el Congreso. Para esa fecha, el kirchnerismo gobernará en franca debilidad.
Pero ahora que el proyecto pasó a la Cámara Alta, se vaticinan dificultades para que el oficialismo logre su propósito.
Kirchner enfrenta, además del rechazo de la oposición, el escepticismo de varios senadores afines a su corriente, que se inclinan por modificar algunos artículos que son considerados puntos de honor para las pretensiones del matrimonio presidencial.
Polémica. A juicio de Adrián Lucardi, investigador del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, la ley genera rechazo porque establece restricciones a las empresas que poseen múltiples licencias de transmisión; y además, en caso de que el proyecto se convierta en ley sólo otorga un plazo de 12 meses para que los empresarios se desprendan del "exceso" de espectros que administran hoy.
"Este punto es muy resistido porque afecta el derecho de propiedad: los empresarios tendrían que vender a precio vil canales y emisoras. Segundo, la intención del Gobierno es que estos medios sean comprados por empresarios amigos, que publiquen noticias favorables a su gestión", explicó.
Entre los grupos mediáticos que resultan más afectados, Lucardi mencionó al Grupo Clarín (propietario del canal por suscripción Todo Noticias); el Grupo UNO (televisora América y otros medios); y el grupo español Prisa (dueño de radio Continental).
Kirchner justificó su propuesta porque "apunta a terminar con el monopolio de los medios, actualmente concentrado en pocas manos".
También por la necesidad de reemplazar el instrumento vigente, que consideran anacrónico, aprobado en la década de los ochenta durante el régimen militar, aunque ha sufrido diversas modificaciones.
Las universidades públicas apoyan el proyecto. Consideran indispensable "garantizar la igualdad de acceso a los medios". También lo respaldan más de 330 artistas.
Sectores mediáticos, no obstante, consideran que detrás de la legislación propuesta se busca ampliar el control estatal sobre contenidos y frecuencias de radio y televisión.
Aprobación. En principio, el kirchnerismo tiene prácticamente asegurada una primera aprobación en general del proyecto que se votará el 9 de octubre. Sin embargo, Lucardi cree posible que en la votación artículo por artículo, algunos sean modificados.
El escenario más probable es la devolución a la Cámara de Diputados para que ratifique los cambios del Senado, lo cual derivaría en un desenlace desfavorable: el tiempo corre en contra del Ejecutivo, que trabaja a marcha forzada para lograr sus cuestionados objetivos.
Diario El Nacional (Venezuela), domingo 4 de Octubre de 2009
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