Prensa
¿Reformar la política o politizar la reforma?
Fuente: El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
Adrián Lucardi Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL) ()
El proyecto de reforma política que el Gobierno envió al Congreso el 28 de octubre pasado está pensado para favorecer al kirchnerismo en las presidenciales de 2011. Pero dada la impopularidad del Gobierno, es muy difícil que éste pueda triunfar en dichas elecciones. El proyecto de reforma propone modificaciones en tres áreas.
En primer lugar, endurece los requisitos necesarios para constituir un partido, y se eleva el piso requerido para presentar candidaturas nacionales.
En segundo lugar, se prohiben los aportes empresarios a las campañas electorales, y se establece que solamente el Estado podrá contratar publicidad en radio y TV para luego distribuirla entre los partidos.
En tercer lugar, se moderniza el Código Electoral, digitalizando los padrones y unificando las mesas de hombres y mujeres. Estas reformas son necesarias, pero muy limitadas, ya que no se hace nada por promover la adopción del voto electrónico o la boleta única.
Ello no es nada sorprendente si tenemos en cuenta que el objetivo no declarado del proyecto es favorecer a los candidatos oficialistas en 2011. Básicamente, el Gobierno pretende que los límites al financiamiento privado de las campañas aumenten la importancia electoral del aparato del Estado, y que las PASO obliguen a los peronistas disidentes a competir dentro del partido y ser derrotados por el aparato que responde al kirchnerismo, o bien pagar el (ahora elevado) costo de armar un nuevo partido.
Sin embargo, el principal problema que enfrenta el Gobierno en 2011 no pasa por la legislación electoral, sino por sus bajos niveles de popularidad, sobre todo entre los sectores de clase media. Y en ese sentido, la ley de reforma política podría resultar contraproducente. Primero, el peronismo disidente podría competir por dentro del partido, y derrotar al kirchnerismo aprovechando que las primarias abiertas y obligatorias son más competitivas que las cerradas. Y segundo, el principal problema que enfrenta la oposición no peronista es la desconfianza mutua entre sus referentes, lo que les impide acordar un candidato presidencial común. Pero el sistema de PASO les resolvería el problema, permitiendo elegir a un candidato presidencial que capte los votos del electorado no peronista.
En suma, el Gobierno enfrenta una situación difícil, tanto si la ley es aprobada como si no. Pero justamente el no tener mucho que ganar ni que perder más allá de 2011 lo podría haber motivado a impulsar una reforma política que realmente contribuya a transparentar las prácticas electorales, mediante tres mecanismos: a) Obligar a renunciar a los funcionarios electos que quieran postularse para otro cargo, lo que acabaría con las candidaturas testimoniales; b) Implementar la boleta única y/o el voto electrónico; y c) Colocar a las cuestiones electorales bajo la jurisdicción de un organismo independiente del poder político.
Una propuesta focalizada en estos puntos hubiera encontrado un amplio apoyo entre sectores opositores de todos los colores políticos, lo que le hubiera conferido una amplia legitimidad. Dado que el Gobierno no ha querido avanzar en esa dirección, esperemos que la oposición se haga cargo y tome la posta.
Fuente El Cronista (Buenos Aires)
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
Adrián Lucardi Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL) ()
El proyecto de reforma política que el Gobierno envió al Congreso el 28 de octubre pasado está pensado para favorecer al kirchnerismo en las presidenciales de 2011. Pero dada la impopularidad del Gobierno, es muy difícil que éste pueda triunfar en dichas elecciones. El proyecto de reforma propone modificaciones en tres áreas.
En primer lugar, endurece los requisitos necesarios para constituir un partido, y se eleva el piso requerido para presentar candidaturas nacionales.
En segundo lugar, se prohiben los aportes empresarios a las campañas electorales, y se establece que solamente el Estado podrá contratar publicidad en radio y TV para luego distribuirla entre los partidos.
En tercer lugar, se moderniza el Código Electoral, digitalizando los padrones y unificando las mesas de hombres y mujeres. Estas reformas son necesarias, pero muy limitadas, ya que no se hace nada por promover la adopción del voto electrónico o la boleta única.
Ello no es nada sorprendente si tenemos en cuenta que el objetivo no declarado del proyecto es favorecer a los candidatos oficialistas en 2011. Básicamente, el Gobierno pretende que los límites al financiamiento privado de las campañas aumenten la importancia electoral del aparato del Estado, y que las PASO obliguen a los peronistas disidentes a competir dentro del partido y ser derrotados por el aparato que responde al kirchnerismo, o bien pagar el (ahora elevado) costo de armar un nuevo partido.
Sin embargo, el principal problema que enfrenta el Gobierno en 2011 no pasa por la legislación electoral, sino por sus bajos niveles de popularidad, sobre todo entre los sectores de clase media. Y en ese sentido, la ley de reforma política podría resultar contraproducente. Primero, el peronismo disidente podría competir por dentro del partido, y derrotar al kirchnerismo aprovechando que las primarias abiertas y obligatorias son más competitivas que las cerradas. Y segundo, el principal problema que enfrenta la oposición no peronista es la desconfianza mutua entre sus referentes, lo que les impide acordar un candidato presidencial común. Pero el sistema de PASO les resolvería el problema, permitiendo elegir a un candidato presidencial que capte los votos del electorado no peronista.
En suma, el Gobierno enfrenta una situación difícil, tanto si la ley es aprobada como si no. Pero justamente el no tener mucho que ganar ni que perder más allá de 2011 lo podría haber motivado a impulsar una reforma política que realmente contribuya a transparentar las prácticas electorales, mediante tres mecanismos: a) Obligar a renunciar a los funcionarios electos que quieran postularse para otro cargo, lo que acabaría con las candidaturas testimoniales; b) Implementar la boleta única y/o el voto electrónico; y c) Colocar a las cuestiones electorales bajo la jurisdicción de un organismo independiente del poder político.
Una propuesta focalizada en estos puntos hubiera encontrado un amplio apoyo entre sectores opositores de todos los colores políticos, lo que le hubiera conferido una amplia legitimidad. Dado que el Gobierno no ha querido avanzar en esa dirección, esperemos que la oposición se haga cargo y tome la posta.
Fuente El Cronista (Buenos Aires)
