Derechos Humanos y
Solidaridad Democrática Internacional

Artículos

23-02-2002

Violencia que atenta contra la democracia

Si se analiza la actual situación política de Colombia, uno de los temas que no puede excluirse es el de los conflictos con las guerrillas y los grupos paramilitares. Ante este flagelo, es posible una vía de salida pacífica, mediante el compromiso de la sociedad colombiana y del gobierno para iniciar un camino hacia la consolidación de la democracia.
Por Marina L. Espósito

Existen diversas formas de encarar la situación política actual de Colombia. Sin embargo, cualquiera de las maneras elegidas para profundizar en el tema, seguramente no dejará de tratar los conflictos que persisten con las guerrillas y los grupos paramilitares.

Antes de comenzar a abordar los antecedentes de este problema, es conveniente conocer cuál es la realidad presente en referencia a este tema. En primer lugar, debe considerarse que los conflictos con la guerrilla no pueden aislarse del resto de la situación global del país.

De acuerdo al análisis efectuado por The Heritage Foundation, en Colombia, durante la administración del presidente Andrés Pastrana, "las instituciones públicas fueron perdiendo gradualmente la lucha contra el desorden, la corrupción oficial, el narcotráfico y la violencia de la guerrilla."
Por otra parte, se expone que Colombia continúa siendo "el más grande productor de cocaína en el mundo y de una considerable cantidad de heroína." Incluso, se agrega que la protección de este tráfico ilegal "ha revitalizado una insurgencia que data de 40 años". Es aquí donde se hace referencia a las guerrillas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), quiénes se oponen al gobierno democrático colombiano.

En referencia al proceso de paz iniciado con las FARC, se explicita que el mismo no ha tenido resultados satisfactorios. Por otro lado, se hace alusión a la gran cantidad de territorio que se les ha cedido a estos grupos guerrilleros (FARC y el ELN). Esto implica que estas guerrillas operan en un 70% del país, aproximadamente.
Otro dato de importancia que provee el análisis de The Heritage Foundation se refiere a que estas guerrillas ganarían alrededor de $500 millones o más por año debido a la protección de los traficantes de drogas, los secuestros y la extorsión. Por lo tanto, estos elevados ingresos les permiten estar mejor armados que las propias fuerzas de seguridad colombianas.
Además de toda esta información con respecto al contexto político colombiano, sobre todo acerca del conflicto con las guerrillas, es de gran importancia conocer cuál es el contexto económico del país. Con referencia a este tema, también es interesante saber cómo ha sido clasificado este país según el Índice de Libertad Económica del 2001, presentado por The Heritage Foundation. Si se tienen en cuenta algunos datos provistos por el mismo, es posible reconocer que el grado de libertad económica colombiana no es elevado, sino que ocupa el lugar número 68 dentro de un total de 160 países analizados, con un puntaje de 2,95. Esta cifra indica que, en este aspecto, la situación colombiana es compleja, ya que este índice va desde el 1 al 5, siendo el 1 el que significa la mayor libertad económica, mientras que el 5 indica la menor libertad económica.

Incluso, de acuerdo a un estudio realizado por The Freedom House el año pasado, en donde se clasifican a los países como libres, parcialmente libres y no libres, Colombia se ubica dentro de la segunda categoría. Si se profundiza en el análisis que efectúa este instituto acerca de los motivos por los cuales Colombia está en esa categoría, es de gran relevancia el centrarse en un determinado aspecto. The Freedom House, al igual que The Heritage Foundation, señala que uno de los principales flagelos que atraviesa este país es la violencia política. Además, se añade que la mayor parte de las víctimas son civiles y que los crímenes que aún no han sido resueltos superan el 90%.
A estos datos deben agregarse los que aparecen en uno de los últimos informes de Amnistía Internacional, en el cual se menciona que "la crisis de derechos humanos siguió agravándose en medio de un conflicto cada vez más sangriento." Por otra parte, se añade que "las partes que intervienen en el conflicto intensificaron sus acciones en todo el país mediante campañas caracterizadas por las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario."

UN PASADO QUE PERDURA. Uno de los principales problemas radica en que la población colombiana es altamente vulnerable a los ataques de grupos paramilitares y de las guerrillas. Esto se explica por el alto grado de presencia de los mismos y sus continuos ataques.
Unos de los centros importantes dentro del territorio de 42.000 km2 que se encuentra militarizado por las FARC, es San Vicente del Caguán. Sin embargo, la guerrilla habría logrado extender esta área de influencia hasta 138.307 km2, aproximadamente.
La presencia de las FARC en Colombia data de 1966 y su jefe es Manuel Marulanda, alias "Tirofijo". Esta es una de las guerrillas de mayor poder y antigüedad en América Latina. También es el principal grupo guerrillero de Colombia, ya que cuenta con 17.000 combatientes.
Ante esta compleja situación, es de gran relevancia el tener presente cuál es la postura de los 40 millones de personas que conforman la sociedad colombiana. Según lo expuesto por Diana Duque Gómez* en su artículo Zona de Despeje: Germen de Estado Totalitario, el pueblo no le otorga respaldo a estas guerrillas, sino que, por el contrario, siente hacia ellas un profundo rechazo. En ese mismo informe, Duque Gómez cita algunas encuestas, entre ellas una realizada por Gallup entre el 5 y el 8 de agosto de 1999, en la cual un 68% de los colombianos opinó que el gobierno no debe aceptar las exigencias de las FARC; un 66% no está de acuerdo con el manejo pacifista del gobierno; y un 55% aprueba la presencia de tropas extranjeras en Colombia.
Un tema que no puede quedar al margen -que se vincula con lo que fue planteado anteriormente- es el Plan Colombia. Si bien el gobierno colombiano recibió fondos de EE.UU. para este plan, no se han logrado resultados positivos en lo que respecta a la reducción de la violencia y del narcotráfico.

UN CAMINO POSIBLE. El actual conflicto con la guerrilla parece no tener una salida fácil. Por ello, es probable que sean necesarias nuevas formas de encarar el problema para lograr buenos resultados en el proceso de paz. Quizás, uno de los principales pasos a seguir sea el centrarse en la búsqueda del cese de la violencia.
Otro punto que no debe quedar afuera es tener en cuenta que en Colombia también son necesarias ciertas reformas políticas, tener instituciones más sólidas y una mejora en el sistema electoral para permitir el desarrollo de un camino favorable hacia la consolidación de la democracia. Sobre este tema, debe tenerse presente que este tipo de cambios deberían iniciarse lo antes posible, para poder lograr una diferencia visible en las próximas elecciones generales que se realizarán en el país durante el 2002.
Además, es importante retomar la dura realidad que debe afrontar día a día la sociedad colombiana. Por ello, es de gran relevancia que el cambio llegue y la población pueda llevar una vida pacífica y segura en Colombia. Pero, para que este cambio pueda efectuarse, es muy importante que la iniciativa no parta sólo del gobierno, sino también de toda la sociedad. De esta manera, la población estaría asumiendo un compromiso y estaría mostrándose firme en la lucha por recuperar la paz mediante el empleo de la vía pacífica.

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*Duque Gómez, Diana: "Zona de Despeje: Germen de Estado Totalitario", Bogotá, 23/2/01. La autora nació en Bogotá en 1957. Se graduó en Ciencias Políticas y Administrativas en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Obtuvo el título de Magistra en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Desde 1991, ha publicado una columna de opinión en El Tiempo, La Prensa y El Nuevo Siglo, respectivamente.

Marina L. Espósito es Asistente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.

Marina L. Espósito
 
 
 

 
 
 
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