Agenda Económica e Institucional en la Argentina 2010-2011

• Visión sobre la economía argentina
• Valoración de la estabilidad económica
• Aumentos de precios
• Tarifas de servicios públicos
• Desempleo
• Finanzas públicas
• Prioridades del gasto
• Impuestos
• Política ante el sector agropecuario
• Excedentes de recaudación
• Reformas de los años ’90
• Empresas estatales
• Organismos estatales
• Transporte aerocomercial
• Comercio internacional
• Productos electrónicos
• Regulaciones al comercio
• Burocracia
• País de referencia en América latina

Resumen Ejecutivo

Más de siete de cada diez legisladores que integran varias comisiones de carácter económico, fiscal y productivo de ambas Cámaras del Congreso señalaron a la inflación (73,3%) como el principal problema que enfrentará la economía argentina en los próximos dos años, mientras que algunos menos (65,9%) identificaron al impuesto inflacionario como uno de los peores de la economía. En tanto, como alternativa para combatir la suba de los precios, una mayoría abrumadora de 97,7% desechó el artificio de publicar índices oficiales que registren aumentos menores a los efectivamente ocurridos.

En la Visión de la Economía Argentina que aportaron los 35 diputados y 10 senadores nacionales de todas las fuerzas políticas que fueron consultados, la segunda gran preocupación mostrada por los legisladores resultó ser la Pobreza Estructural (57,8%) y con un porcentaje algo menor la Inseguridad Jurídica (55,6%), mientras que entre menos de la mitad de los consultados se registró cierta inquietud por el escaso Nivel de Inversiones (48,9%) presente en la economía.

Los datos surgieron de un relevamiento de 20 puntos, planteados a modo de “Barómetro Legislativo”, como respuestas destinadas a orientar el diseño de la “Agenda Económica e Institucional 2010-2011” que el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) relevó entre legisladores de diferentes bloques del Congreso Nacional.

La mayoritaria intranquilidad observada por el desborde de los precios se enlaza con que, de modo contundente, 95,5% de los consultados señalaron que reconocen que la inversión privada precisa de un clima de negocios que debería ser generado por el Estado, a partir de políticas económicas predecibles.

En cuanto al modo de frenar el aumento de los bienes de consumo masivo, 60,5% de los legisladores opinó que la mejor opción sería “reducir el IVA de los bienes de la canasta básica”, mientras que algo más de la mitad señaló que se debería “controlar la emisión de dinero” (51,2%). Como tercera alternativa, los legisladores opinaron que se debería “dejar que el mercado opere libremente y ayudar a los pobres bajo la forma de transferencias monetarias directas” (25,6%).

Para salir de la maraña de subsidios en materia de tarifas de servicios públicos, el consenso mayoritario (54,8%) expresó que se debería “negociar una suba escalonada que comprenda a todos los usuarios”, mientras que 38,1% de la muestra señaló como preferencia adicional que habría que “establecer mecanismos de ajuste hacia el futuro”. En tanto, las opciones “actualizar tarifas automáticamente según la inflación” y “otorgar subsidios para que las tarifas no aumenten” no recibieron ninguna respuesta afirmativa.

En relación a la desocupación y a los mecanismos para combatirla, la opción mayoritariamente elegida (51,2%) fue la de establecer un seguro de desempleo uniforme que no beneficie únicamente a los trabajadores de las grandes empresas.

Entre otras cosas, los diputados y senadores también se manifestaron a favor de tener presupuestos equilibrados (31,8%), priorizaron a la salud (68,2%) y a la obra pública (59,1%) como las opciones más relevantes de aplicación del gasto público, consideraron que el tributo más distorsivo es el impuesto al cheque (72,7%) y en relación al sector agropecuario plantearon reducir y/o eliminar las retenciones y las trabas burocráticas y aduaneras (31,8%), al tiempo que valorizaron el rol del Congreso a la hora de legislar sobre los productos alcanzados por los impuestos a la exportación (88,1%) y autorizar a pleno los incrementos de gastos (62,8%).

En cuanto a la búsqueda de consensos económicos e institucionales, 90,9% de los legisladores señaló que las principales fuerzas políticas deberían trabajar en ellos para darle estabilidad y previsibilidad a las reglas de juego, con independencia del partido o la persona que ocupe el Gobierno en determinado momento. En materia de acción del Estado, no se verificó un rechazo contundente a las reformas de los años 90, ya que 77,8% las justificó, con mayor o menor grado de reparos.

Además, los legisladores opinaron por mitades que las empresas estatales se hacen necesarias sólo donde los privados se hayan mostrado deficientes, mientras que otros las consideraron una regla en sectores clave, como las áreas de defensa, servicios públicos, etc. (31,8% en cada caso) y se mostraron “generalmente de acuerdo” con la liberalización del mercado aerocomercial (59,5%).

Los políticos consultados se manifestaron también a favor de la apertura comercial siempre que sea recíproca (54,5%), justificaron las barreras para-arancelarias de manera excepcional (34,9%) o las desecharon con el argumento que la imposición de aranceles tiene mayor transparencia (37,2%).

En cuanto a las regulaciones al comercio local, por mayoría (61,5%) los legisladores dijeron estar de acuerdo con la obligación de vender únicamente medicamentos en las farmacias y diarios en los kioskos.

Como dato adicional, los legisladores consultados manifestaron tener como principales países de referencia en América latina a Brasil (83,7%), Chile (72,1%) y Uruguay (65,1%), mientras que Bolivia (4,7%), Venezuela (2,3%) y Cuba (2,3%) no recogieron casi adhesiones.