En materia social la propiedad privada es uno de los motores, quizás el principal, de progreso económico. La Argentina está calificada, en el índice de libertad económica que confecciona anualmente Heritage Foundation, con un 20% en términos de derechos de propiedad (en una escala de 0 a 100%).

Por Pablo E. Guido

Los hechos recientes de Villa Soldati y la ocupación ilegal de terrenos que estamos observando los últimos días nos deben llamar a la reflexión. La violación de la propiedad no es gratuita en relación a los incentivos que los individuos tenemos para actuar.

Las personas tienen más incentivos a ahorrar, invertir, educarse e innovar en sus respectivos ámbitos laborales donde las garantías sobre los derechos de propiedad son mayores. Donde no existe una certidumbre alta de que lo mío será respetado tanto por el gobierno como por otros particulares entonces sobrevienen las consecuencias: la gente tiende a destinar menos recursos en dicha sociedad y, por lo tanto, los niveles de productividad comienzan a ser afectados. La creación de riqueza comienza a ser menor, más lenta, con menor frecuencia.

John Locke, en el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690), establecía que el principal objetivo del Estado era la preservación de la propiedad. Y en la misma línea, Thomas Hobbes mencionaba en su Leviatán (1651) las consecuencias de no existir un Estado que protegiera la vida, libertades y propiedad de los individuos: "En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables […] y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombres es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve".

La propiedad puede ser violada de diversas formas. Por ejemplo, cuando el Estado se pasa de la raya castigando con una presión tributaria excesiva; cuando el banco central provoca un proceso inflacionario que mina día tras día el poder de compra de los trabajadores; cuando se imponen regulaciones que prohíben la realización de actividades u otorgan monopolios legales a ciertos empresarios; cuando se establecen precios máximos o mínimos que no permiten realizar libres transacciones entre las partes; etc.

Pero también los particulares violan o restringen la propiedad privada, ya sea mediante un simple robo en la calle de la cartera de una dama o la ocupación de un terreno privado por miles de personas. El problema de no reconocer la importancia de la propiedad privada tiene las mismas consecuencias negativas que no reconocer la ley de gravedad.

En materia social la propiedad privada es uno de los motores, quizás el principal, de progreso económico. La Argentina está calificada, en el índice de libertad económica que confecciona anualmente Heritage Foundation, con un 20% en términos de derechos de propiedad (en una escala de 0 a 100%). Esto significa, según Heritage, que la propiedad privada está débilmente protegida, que los derechos de propiedad son difíciles de hacer cumplir, que la corrupción está generalizada en el poder judicial y que la expropiación es algo común.

Solamente tienen peores calificaciones que Argentina en el continente americano, en lo que respecta a los derechos de propiedad, Bolivia, Cuba, Haití y Venezuela. En el mundo aquellos países que gozan de un PIB per cápita (ajustado por la Paridad en el poder de compra) superior a los U$S 35,000 anuales tienen calificaciones iguales o mayores al 80%. Solamente un país como Guinea Ecuatorial tiene la misma calificación que Argentina (20%) y un PIB per cápita mayor, fruto de su capacidad productora de petróleo (cuyos precios se ubican por encima de los promedios históricos).

Desde que Heritage califica, entre otras variables, los derechos de propiedad, la Argentina ha venido cayendo: desde un 70% en 1995 al 20% actual. Aún los ingresos promedios por habitante en Argentina son mayores que en otros países donde los derechos de propiedad también están débilmente garantizados: Angola (U$S 5.900), Azeirbaján (U$S 8.800) o Ecuador (U$S 8.000).

De seguir manteniendo esta misma línea de indefensión de los derechos de propiedad en algún momento afectará gravemente las inversiones en el país. Y eso significará menor crecimiento económico, peores salarios y mayor pobreza.

Pablo E. Guido es analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

 

Pablo E. Guido

Pablo E. Guido es Profesor full time de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Es Licenciado en Ciencia Política y en Economía (Universidad del Salvador – Argentina) y MBA (ESEADE – Argentina). Anteriormente fue Profesor de Finanzas Públicas y Economía (UCA – Rosario. Argentina), Profesor de Política Económica y Economía Superior (ESEADE – Argentina).