Prensa
A diez años de la firma de la Carta Democrática Interamericana
Fuente: El Cronista (Argentina)
María Laura Depetris
Analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
El 11 de septiembre próximo se celebrará en Chile una reunión especial en la que la Organización de Estados Americanos conmemorará los 10 años de la creación de la Carta Democrática Interamericana. Una ocasión propicia para reflexionar sobre los alcances del instrumento interamericano, y para abordar su reforma, en aras de dotarla de efectividad para la preservación de la democracia.
La OEA ha definido como sus dos grandes metas el fortalecimiento de la paz y la seguridad, y la consolidación y promoción de la democracia representativa. La Carta encarna la segunda meta, y constituyó a todas luces un logro trascendental en el compromiso con la democracia en la región. Los Estados Americanos esgrimieron en su artículo 1º que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, agregando que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
La importancia de esta Carta reside en un mecanismo práctico de preservación de la institucionalidad democrática, disponiéndose que “cuando un gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
No obstante, a la hora de evaluar su efectividad en el contexto actual, se impone precisar que el instrumento fue concebido en función de un escenario en el que el mayor peligro para la democracia lo constituían esencialmente los golpes de Estado clásicos. Hoy, a pesar del golpe hondureño, la mayor amenaza a la democracia en la región proviene de líderes que, una vez electos democráticamente, van socavando la democracia desde adentro.
Actualmente la democracia se encuentra sitiada en los países miembros del “ALBA”, y lo cierto es que se trata de un escenario no previsto al momento de aprobar la Carta. En tales países, el atropello a las instituciones democráticas y a los derechos humanos es insoslayable, pero el Sistema Democrático Interamericano se muestra incapaz de brindar una protección efectiva al conjunto de los ciudadanos, autoridades electas e instituciones de la democracia, en razón de que la OEA opera como un club de cabezas de estado, inclinándose por ende a condenar simplemente los ataques antidemocráticos contra los líderes en el poder, haciendo la vista gorda cuando el accionar antidemocrático y contrario a los propios principios de la Carta es orquestado por quienes ocupan la silla del Ejecutivo. Por ello, el contenido de la Carta acaba siendo letra muerta, convirtiéndose en un mero reflejo del balance del poder político en la región.
A pesar de la aprobación de la Carta en 2001, poco se ha hecho para evitar la continua erosión de las elecciones libres, la libertad de prensa y el desmantelamiento de las instituciones democráticas durante el último lustro. Hasta el momento, el instrumento sólo ha sido invocado en respuesta a golpes, como el fallido contra Hugo Chávez, y el efectivo contra Manuel Zelaya. Pero ante la “ley habilitante” venezolana, si bien hasta el normalmente cauteloso Secretario General de la OEA se vio obligado a decir que la misma era completamente contraria a la Carta, lo cierto es que rehusó referir el tratamiento del caso al Consejo Permanente. La reacción del oficialismo en el senado “bolivariano” no fue otra que tratar de “traidores” a los líderes de la oposición que recurrieron a la OEA. Este desafortunado episodio, simboliza la ineficacia de la Carta para hacer regir sus propios principios, y pone de relieve que el accionar del organismo más que actuar en pos de la preservación democrática en la región, puede terminar obrando en su detrimento, viéndose así arrastrado a la irrelevancia.
Existe un consenso en torno a que la aplicación de la Carta constituye una responsabilidad de los estados miembros y no una atribución de los funcionarios de la organización. El quid estriba en que a diez años de la firma del instrumento, entre los estados miembros coexisten concepciones encontradas de la democracia, el contenido de la carta y el papel de la OEA. Países como Chile, Estados Unidos, México y Colombia han buscado dotar de mayores facultades a la OEA para actuar ante eventuales quiebres a la democracia, pero esto ha sido rechazado por las naciones del ALBA.
Resulta imperioso adherir a las voces que ya se alzan para reformar la Carta Democrática y convertirla en un instrumento efectivo para la protección a la democracia, abriendo la OEA para que a la misma puedan recurrir los demás poderes distintos del Ejecutivo, y las organizaciones de la sociedad civil, y echar por tierra la necesidad de contar con los permisos de los gobiernos para presentar informes sobre el Estado de la Democracia en cada país, despolitizando las instancias de demandas por las violaciones, y transfiriendo del Consejo Permanente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las facultades de evaluar las violaciones a la Democracia.
Fuente: Diario El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
El Cronista (Argentina)
María Laura Depetris
Analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
El 11 de septiembre próximo se celebrará en Chile una reunión especial en la que la Organización de Estados Americanos conmemorará los 10 años de la creación de la Carta Democrática Interamericana. Una ocasión propicia para reflexionar sobre los alcances del instrumento interamericano, y para abordar su reforma, en aras de dotarla de efectividad para la preservación de la democracia.
La OEA ha definido como sus dos grandes metas el fortalecimiento de la paz y la seguridad, y la consolidación y promoción de la democracia representativa. La Carta encarna la segunda meta, y constituyó a todas luces un logro trascendental en el compromiso con la democracia en la región. Los Estados Americanos esgrimieron en su artículo 1º que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, agregando que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
La importancia de esta Carta reside en un mecanismo práctico de preservación de la institucionalidad democrática, disponiéndose que “cuando un gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
No obstante, a la hora de evaluar su efectividad en el contexto actual, se impone precisar que el instrumento fue concebido en función de un escenario en el que el mayor peligro para la democracia lo constituían esencialmente los golpes de Estado clásicos. Hoy, a pesar del golpe hondureño, la mayor amenaza a la democracia en la región proviene de líderes que, una vez electos democráticamente, van socavando la democracia desde adentro.
Actualmente la democracia se encuentra sitiada en los países miembros del “ALBA”, y lo cierto es que se trata de un escenario no previsto al momento de aprobar la Carta. En tales países, el atropello a las instituciones democráticas y a los derechos humanos es insoslayable, pero el Sistema Democrático Interamericano se muestra incapaz de brindar una protección efectiva al conjunto de los ciudadanos, autoridades electas e instituciones de la democracia, en razón de que la OEA opera como un club de cabezas de estado, inclinándose por ende a condenar simplemente los ataques antidemocráticos contra los líderes en el poder, haciendo la vista gorda cuando el accionar antidemocrático y contrario a los propios principios de la Carta es orquestado por quienes ocupan la silla del Ejecutivo. Por ello, el contenido de la Carta acaba siendo letra muerta, convirtiéndose en un mero reflejo del balance del poder político en la región.
A pesar de la aprobación de la Carta en 2001, poco se ha hecho para evitar la continua erosión de las elecciones libres, la libertad de prensa y el desmantelamiento de las instituciones democráticas durante el último lustro. Hasta el momento, el instrumento sólo ha sido invocado en respuesta a golpes, como el fallido contra Hugo Chávez, y el efectivo contra Manuel Zelaya. Pero ante la “ley habilitante” venezolana, si bien hasta el normalmente cauteloso Secretario General de la OEA se vio obligado a decir que la misma era completamente contraria a la Carta, lo cierto es que rehusó referir el tratamiento del caso al Consejo Permanente. La reacción del oficialismo en el senado “bolivariano” no fue otra que tratar de “traidores” a los líderes de la oposición que recurrieron a la OEA. Este desafortunado episodio, simboliza la ineficacia de la Carta para hacer regir sus propios principios, y pone de relieve que el accionar del organismo más que actuar en pos de la preservación democrática en la región, puede terminar obrando en su detrimento, viéndose así arrastrado a la irrelevancia.
Existe un consenso en torno a que la aplicación de la Carta constituye una responsabilidad de los estados miembros y no una atribución de los funcionarios de la organización. El quid estriba en que a diez años de la firma del instrumento, entre los estados miembros coexisten concepciones encontradas de la democracia, el contenido de la carta y el papel de la OEA. Países como Chile, Estados Unidos, México y Colombia han buscado dotar de mayores facultades a la OEA para actuar ante eventuales quiebres a la democracia, pero esto ha sido rechazado por las naciones del ALBA.
Resulta imperioso adherir a las voces que ya se alzan para reformar la Carta Democrática y convertirla en un instrumento efectivo para la protección a la democracia, abriendo la OEA para que a la misma puedan recurrir los demás poderes distintos del Ejecutivo, y las organizaciones de la sociedad civil, y echar por tierra la necesidad de contar con los permisos de los gobiernos para presentar informes sobre el Estado de la Democracia en cada país, despolitizando las instancias de demandas por las violaciones, y transfiriendo del Consejo Permanente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las facultades de evaluar las violaciones a la Democracia.
Fuente: Diario El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
