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13-07-2012Las limitadas opciones de Peña Nieto frente al narco
(InfoBAE) Desafortunadamente para el presidente mexicano, independiente de la decisión que tome, no va a resolver el problema fundamental, que es la existencia del mercado global de drogas ilegales. El consenso internacional de declarar algunas sustancias como ilegales tiene el efecto no deseado de crear un mercado negro que enriquece a criminales y criminaliza al consumidor. Este mercado tiene poder suficiente para superar los esfuerzos de todos los gobiernos de la región -incluyendo el de los Estados Unidos- de controlarlo.Por Craig Deare
(InfoBAE) Las elecciones del 1º de julio en México confirmaron plenamente el cansancio del electorado mexicano de 12 años de poder ejecutivo del PAN (Partido de Acción Nacional). Tan fuerte fue el rechazo de la realidad actual mexicana que optaron por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), a pesar del reconocimiento de que esa opción corre el riesgo de representar una vuelta a todos los abusos de las siete décadas de su reinado.
A pesar de peticiones de Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática), de recontar los votos, alegando irregularidades, lo más probable es que los procedimientos para calificar y legalizar la elección confirmarán que Enrique Peña Nieto ganó de manera legítima.
La realidad más preocupante para Peña Nieto tiene que ver con la gama de desafíos que enfrentará la nueva administración del PRI a partir del 1º de diciembre. Desafíos económicos, políticos, administrativos y, sobre todo, aquellos relacionados a cuestiones de seguridad no serán fáciles de resolver. El espacio no nos permite profundizar en todos estos retos, pero el más preocupante y relevante para los ciudadanos mexicanos tiene que ver con la seguridad...o mejor dicho, la inseguridad.
Encuesta tras encuesta indican que, por primera vez, las preocupaciones por la seguridad prevalecen sobre las relacionadas a la economía. Esto a pesar de que el narcotráfico, el motor de la violencia, ha fluido a través de la realidad mexicana por décadas. La diferencia con el pasado es, desde 2008, el gran aumento en la violencia asociada con las actividades de los narcotraficantes y el crimen organizado.
En el pasado, el PRI mantuvo un pacto de no agresión no escrito con los carteles mexicanos; el pacto existía a nivel local, estatal, y federal, e incluía a políticos, policías, y de vez en cuando hasta a militares. Este arreglo aseguró un cierto grado de estabilidad y previsibilidad para todos los involucrados.
El presidente Felipe Calderón decidió enfrentar el creciente poder del narco con las fuerzas armadas mexicanas. El resultado ni previsto ni deseado de esa decisión fue una explosión dramática en homicidios relacionados a la disputa de las plazas, rutas, y soberanía efectiva sobre el espacio nacional entre el gobierno y los narcos. El número actual, aunque las cifras no son exactas y hay desacuerdos en las metodologías para calcularlas, supera a 60.000 en menos de seis años. Es precisamente esta realidad -estos niveles elevados de violencia, no vistos desde los tiempos de la Revolución- la que preocupa a la población. Las encuestas sugieren que si tuvieran que escoger entre una continuación de la violencia, o alguna otra alternativa en la cual la violencia disminuyera, una cantidad significativa optarían por la alternativa que produjera menos violencia. Una interpretación de la votación del 1º de julio es que parte de la población prefiere un retorno al pacto a una continuación de la violencia que no parece tener una resolución.
La situación para el nuevo presidente mexicano, sea quien sea, se complica cuando se le suma la relación compleja con el vecino del norte. Si bien es cierto que hay algunas ventajas en tener al lado el mercado más grande del mundo, ese mismo mercado para consumir drogas ha causado, y seguirá causando, complicaciones mayores para el gobierno mexicano. Todo el mundo reconoce que la demanda estadounidense para consumir una cantidad enorme de drogas ilegales representa el oxígeno para las llamas del narcotráfico. Presidentes anteriores de México, incluyendo a Vicente Fox y Ernesto Zedillo, reconocen esta realidad; será interesante ver cuánto tiempo le tomará a Peña Nieto decir lo mismo.
En el mientras tanto, las opciones políticas para Peña Nieto son limitadas, sobre todo porque no tiene la libertad de escoger la que quizás más le convenga a México. Tiene que tomar en cuenta las opiniones del vecino del norte. Es algo curioso que a pesar de tener un presidente que admite haber utilizado drogas ilegales, la administración de Barak Obama no exhibe ningún interés en considerar la descriminalización ni la legalización de las drogas. Por esa razón, la alternativa de discutir las ventajas posibles de esas ideas ni siquiera se pondrán sobre la mesa. Eso le deja, desafortunadamente, otras dos alternativas, y ninguna de las dos es atractiva.
La primera, la más convencional, y la que indicaciones preliminares señalan que va a escoger, es una versión del statu quo. Es decir, a pesar de haber criticado las políticas de Calderón con respecto a la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir a los carteles, pareciera que va por ese camino. Peña Nieto designó al general Óscar Naranjo, ex-director de la Policía Nacional de Colombia, para que sea su asesor de seguridad. Dado su experiencia y trayectoria en Colombia, es una conclusión lógica que optará por continuar la lucha frontal con los narcotraficantes. Sin menospreciar los logros colombianos en sus esfuerzos con el narcotráfico, es algo curioso que recluten un ex policía colombiano para asesorar a la presidencia mexicana. Si algo hemos escuchado de todos los funcionarios y analistas mexicanos por años es esto: México no es Colombia. Y eso es completamente cierto, sobre todo en cuestiones relacionadas a policías, dado que en Colombia existe una policial nacional que es competente, profesional y respetada por el pueblo colombiano. Esa realidad colombiana es un sueño mexicano, donde hay miles de unidades de policía a nivel metropolitano, estatal, y federal, y donde la gran mayoría de la población no tiene ningún nivel de confianza en su lealtad o profesionalismo. Según los reportes, Peña Nieto tiene planes para eliminar las policías metropolitanas y fortalecer las estatales, y utilizar éstas para confrontar al crimen organizado. Esto no será fácil -hay retos políticos a superar- y tardaría años en implementarse en el mejor de los casos.
Otra diferencia enorme es la relación Colombia-Estados Unidos, la cual no sufre de una cantidad de intervenciones del vecino del norte sin invitación. La cooperación entre las Fuerzas Armadas y la policía nacional de Colombia es muy alta, y padece la falta de confianza que existe, y seguirá existiendo, entre las instituciones mexicanas y las estadounidenses.
La segunda alternativa, y la que no se conversa mucho en voz alta, es la que fue sugerida por el ex Canciller mexicano, Jorge Castañeda -la idea de "re-pactar". Según Castañeda, México está pagando un precio enorme por combatir en una guerra que no va a ningún lado; que no se está ganando; no se puede ganar; y una que los Estados Unidos no quieren conducir en su propio territorio, sino que prefieren que otros la peleen en otras partes. Ahora bien, la realidad mexicana de 2012 no es la de 1995; muchos cambios han ocurrido. El dominio absoluto del PRI a lo largo y ancho de México se ha terminado.
Sin embargo, si las fuerzas armadas empezaran un repliegue gradual de las zonas más conflictivas, y si se les comunicara a los capos de los carteles que pueden seguir traficando la droga siempre y cuando se reduzcan los niveles de violencia... es por lo menos concebible una realidad distinta a la actual. Habría un costo con los vecinos del norte, quienes no estarían muy contentos con esta decisión. Pero, entre una población altamente preocupada con sus conciudadanos muriéndose a tasas no vistas desde la Revolución, porque los vecinos quieren seguir consumiendo drogas a pesar de todas las campañas en contra del consumo, y unos vecinos enojados, ¿usted qué escogería?
Desafortunadamente para el presidente mexicano, independiente de la decisión que tome, no va a resolver el problema fundamental, que es la existencia del mercado global de drogas ilegales. El consenso internacional de declarar algunas sustancias como ilegales tiene el efecto no deseado de crear un mercado negro que enriquece a criminales y criminaliza al consumidor. Este mercado tiene poder suficiente para superar los esfuerzos de todos los gobiernos de la región -incluyendo el de los Estados Unidos- de controlarlo. La lucha internacional en contra de la producción, transporte, venta, y consumo de estas sustancias, que tiene más de 50 años en su conducta, lejos de haber logrado el objetivo de eliminar la demanda o la oferta de las drogas, es responsable de una situación peor. El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso ha dicho que las políticas relacionadas a la guerra contra las drogas tienen el efecto de corromper a las policías y a la justicia, la creación de violencia relacionada al tráfico de drogas, y consecuencias negativas para el desarrollo económico y la seguridad política de los países productores. Mientras el gobierno de los Estados Unidos insista en criminalizar este mercado, el gobierno de México tendrá pocas opciones viables.
Fuente: Infobae (Buenos Aires, Argentina)
Craig Deare
(InfoBAE) Las elecciones del 1º de julio en México confirmaron plenamente el cansancio del electorado mexicano de 12 años de poder ejecutivo del PAN (Partido de Acción Nacional). Tan fuerte fue el rechazo de la realidad actual mexicana que optaron por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), a pesar del reconocimiento de que esa opción corre el riesgo de representar una vuelta a todos los abusos de las siete décadas de su reinado.
A pesar de peticiones de Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática), de recontar los votos, alegando irregularidades, lo más probable es que los procedimientos para calificar y legalizar la elección confirmarán que Enrique Peña Nieto ganó de manera legítima.
La realidad más preocupante para Peña Nieto tiene que ver con la gama de desafíos que enfrentará la nueva administración del PRI a partir del 1º de diciembre. Desafíos económicos, políticos, administrativos y, sobre todo, aquellos relacionados a cuestiones de seguridad no serán fáciles de resolver. El espacio no nos permite profundizar en todos estos retos, pero el más preocupante y relevante para los ciudadanos mexicanos tiene que ver con la seguridad...o mejor dicho, la inseguridad.
Encuesta tras encuesta indican que, por primera vez, las preocupaciones por la seguridad prevalecen sobre las relacionadas a la economía. Esto a pesar de que el narcotráfico, el motor de la violencia, ha fluido a través de la realidad mexicana por décadas. La diferencia con el pasado es, desde 2008, el gran aumento en la violencia asociada con las actividades de los narcotraficantes y el crimen organizado.
En el pasado, el PRI mantuvo un pacto de no agresión no escrito con los carteles mexicanos; el pacto existía a nivel local, estatal, y federal, e incluía a políticos, policías, y de vez en cuando hasta a militares. Este arreglo aseguró un cierto grado de estabilidad y previsibilidad para todos los involucrados.
El presidente Felipe Calderón decidió enfrentar el creciente poder del narco con las fuerzas armadas mexicanas. El resultado ni previsto ni deseado de esa decisión fue una explosión dramática en homicidios relacionados a la disputa de las plazas, rutas, y soberanía efectiva sobre el espacio nacional entre el gobierno y los narcos. El número actual, aunque las cifras no son exactas y hay desacuerdos en las metodologías para calcularlas, supera a 60.000 en menos de seis años. Es precisamente esta realidad -estos niveles elevados de violencia, no vistos desde los tiempos de la Revolución- la que preocupa a la población. Las encuestas sugieren que si tuvieran que escoger entre una continuación de la violencia, o alguna otra alternativa en la cual la violencia disminuyera, una cantidad significativa optarían por la alternativa que produjera menos violencia. Una interpretación de la votación del 1º de julio es que parte de la población prefiere un retorno al pacto a una continuación de la violencia que no parece tener una resolución.
La situación para el nuevo presidente mexicano, sea quien sea, se complica cuando se le suma la relación compleja con el vecino del norte. Si bien es cierto que hay algunas ventajas en tener al lado el mercado más grande del mundo, ese mismo mercado para consumir drogas ha causado, y seguirá causando, complicaciones mayores para el gobierno mexicano. Todo el mundo reconoce que la demanda estadounidense para consumir una cantidad enorme de drogas ilegales representa el oxígeno para las llamas del narcotráfico. Presidentes anteriores de México, incluyendo a Vicente Fox y Ernesto Zedillo, reconocen esta realidad; será interesante ver cuánto tiempo le tomará a Peña Nieto decir lo mismo.
En el mientras tanto, las opciones políticas para Peña Nieto son limitadas, sobre todo porque no tiene la libertad de escoger la que quizás más le convenga a México. Tiene que tomar en cuenta las opiniones del vecino del norte. Es algo curioso que a pesar de tener un presidente que admite haber utilizado drogas ilegales, la administración de Barak Obama no exhibe ningún interés en considerar la descriminalización ni la legalización de las drogas. Por esa razón, la alternativa de discutir las ventajas posibles de esas ideas ni siquiera se pondrán sobre la mesa. Eso le deja, desafortunadamente, otras dos alternativas, y ninguna de las dos es atractiva.
La primera, la más convencional, y la que indicaciones preliminares señalan que va a escoger, es una versión del statu quo. Es decir, a pesar de haber criticado las políticas de Calderón con respecto a la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir a los carteles, pareciera que va por ese camino. Peña Nieto designó al general Óscar Naranjo, ex-director de la Policía Nacional de Colombia, para que sea su asesor de seguridad. Dado su experiencia y trayectoria en Colombia, es una conclusión lógica que optará por continuar la lucha frontal con los narcotraficantes. Sin menospreciar los logros colombianos en sus esfuerzos con el narcotráfico, es algo curioso que recluten un ex policía colombiano para asesorar a la presidencia mexicana. Si algo hemos escuchado de todos los funcionarios y analistas mexicanos por años es esto: México no es Colombia. Y eso es completamente cierto, sobre todo en cuestiones relacionadas a policías, dado que en Colombia existe una policial nacional que es competente, profesional y respetada por el pueblo colombiano. Esa realidad colombiana es un sueño mexicano, donde hay miles de unidades de policía a nivel metropolitano, estatal, y federal, y donde la gran mayoría de la población no tiene ningún nivel de confianza en su lealtad o profesionalismo. Según los reportes, Peña Nieto tiene planes para eliminar las policías metropolitanas y fortalecer las estatales, y utilizar éstas para confrontar al crimen organizado. Esto no será fácil -hay retos políticos a superar- y tardaría años en implementarse en el mejor de los casos.
Otra diferencia enorme es la relación Colombia-Estados Unidos, la cual no sufre de una cantidad de intervenciones del vecino del norte sin invitación. La cooperación entre las Fuerzas Armadas y la policía nacional de Colombia es muy alta, y padece la falta de confianza que existe, y seguirá existiendo, entre las instituciones mexicanas y las estadounidenses.
La segunda alternativa, y la que no se conversa mucho en voz alta, es la que fue sugerida por el ex Canciller mexicano, Jorge Castañeda -la idea de "re-pactar". Según Castañeda, México está pagando un precio enorme por combatir en una guerra que no va a ningún lado; que no se está ganando; no se puede ganar; y una que los Estados Unidos no quieren conducir en su propio territorio, sino que prefieren que otros la peleen en otras partes. Ahora bien, la realidad mexicana de 2012 no es la de 1995; muchos cambios han ocurrido. El dominio absoluto del PRI a lo largo y ancho de México se ha terminado.
Sin embargo, si las fuerzas armadas empezaran un repliegue gradual de las zonas más conflictivas, y si se les comunicara a los capos de los carteles que pueden seguir traficando la droga siempre y cuando se reduzcan los niveles de violencia... es por lo menos concebible una realidad distinta a la actual. Habría un costo con los vecinos del norte, quienes no estarían muy contentos con esta decisión. Pero, entre una población altamente preocupada con sus conciudadanos muriéndose a tasas no vistas desde la Revolución, porque los vecinos quieren seguir consumiendo drogas a pesar de todas las campañas en contra del consumo, y unos vecinos enojados, ¿usted qué escogería?
Desafortunadamente para el presidente mexicano, independiente de la decisión que tome, no va a resolver el problema fundamental, que es la existencia del mercado global de drogas ilegales. El consenso internacional de declarar algunas sustancias como ilegales tiene el efecto no deseado de crear un mercado negro que enriquece a criminales y criminaliza al consumidor. Este mercado tiene poder suficiente para superar los esfuerzos de todos los gobiernos de la región -incluyendo el de los Estados Unidos- de controlarlo. La lucha internacional en contra de la producción, transporte, venta, y consumo de estas sustancias, que tiene más de 50 años en su conducta, lejos de haber logrado el objetivo de eliminar la demanda o la oferta de las drogas, es responsable de una situación peor. El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso ha dicho que las políticas relacionadas a la guerra contra las drogas tienen el efecto de corromper a las policías y a la justicia, la creación de violencia relacionada al tráfico de drogas, y consecuencias negativas para el desarrollo económico y la seguridad política de los países productores. Mientras el gobierno de los Estados Unidos insista en criminalizar este mercado, el gobierno de México tendrá pocas opciones viables.
Fuente: Infobae (Buenos Aires, Argentina)
