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Dos años de dificultades consolidan el liderazgo de Dilma Rousseff
(InfoLatAm) Pese a todos sus problemas la popularidad de Rousseff se mantiene en niveles récord, pues un sondeo reciente de Datafolha señala que el Gobierno es calificado como “excelente” o “bueno” por un 62% de los encuestados, apenas dos puntos porcentuales menos que en abril.Por Rogelio Núñez
(Informe especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Dilma Rousseff
no está siendo una presidenta a la que la suerte le acompañe. Su primer
año de gobierno, 2011, estuvo marcado por los escándalos de corrupción que se
llevaron por delante a 7 ministros. Pese a ello, consolidó su figura como
la de una gobernante fuerte que supo eludir los síntomas de inestabilidad gubernamental.
2012 no ha sido un año mejor: la desaceleración económica se ha hecho
presente, algunos hablan del final del milagro brasileño y, por último, ahora
Dilma Rousseff afronta las más importantes protestas
sociales y sindicales desde 2003.
2013 tampoco se plantea como un año fácil. La sombra de las elecciones
presidenciales de 2014 perseguirá a Dilma Rousseff que deberá
además sortear la presión que supone tener todo preparado para el Mundial
de fútbol de ese año, verdadero escaparate y prueba de fuerza para el país.
2011, el año de las 7 dimisiones
El gobierno de Rousseff se inauguró con las dudas sobre
cómo una mujer tan bien preparada, pero ajena a la pequeña política, podría
afrontar la gestión diaria y cuál sería su relación con su antecesor y padrino,
Lula da Silva.
Fue un primer año, 2011-12, lleno de dificultades: hasta siete ministros
cayeron víctimas de escándalos de corrupción heredados de la anterior gestión
del PT con Lula en la Presidencia. En febrero de
2012 cayó último ministro, Mario Negromonte, quien
decidió dejar el Gobierno ante sospechas de irregularidades ventiladas por la
prensa local.
Negromonte se convirtió así en el séptimo ministro que
perdía el cargo debido a acusaciones de corrupción desde que Rousseff
asumió el poder, el 1 de enero de 2011. Solo entre junio y
diciembre de 2011, Rousseff destituyó o aceptó las renuncias de
los titulares de Presidencia, Transportes, Agricultura, Turismo, Deporte, y
Trabajo, todos por supuestas corruptelas que fueron denunciadas por la prensa
local.
Dilma Rousseff perdió en ese tiempo a hombres claves
como el ministro de la Presidencia, Antonio Palocci y el
ministro de la Defensa, Nelson Jobim,así como a los de
Transportes, Alfredo Nascimento; Agricultura, Wagner
Rossi, y Turismo, Pedro Novais.
En 2012 la corrupción parece ser una cosa del año pasado aunque el inicio del
juicio por el escándalo del “mensalao” ha reabierto heridas y polémicas.
Esto ha llevado a Dilma Rousseff a pedir a
sus ministros que “no se distraigan” con el juicio contra los 38 acusados de
supuesta corrupción que en 2005 pusieron en graves dificultades a su
antecesor, Lula da Silva.
“La orden es que nadie pierda un minuto de su trabajo viendo
o acompañando el proceso”, ha pedido el ministro de la Secretaría de la
Presidencia, Gilberto Carvalho.
2012, ¿el fin del milagro brasileño?
Una vez acabado el vendaval de dimisiones, en 2012 llegaron los efectos de la
crisis europea y la desaceleración de EEUU y China.
Brasil probablemente crecerá menos de un 2% este año, en su peor desempeño
anual desde el 2009 y la inflación llegaría a superar el 6%. Todo esto ha
provocado que el gobierno lance un nuevo plan de reactivación y un nuevo
plan de infraestructuras, que en 25 años contempla inversiones públicas y
privadas por 133.000 millones de reales (unos 66.500 millones de dólares) en
redes de carreteras y ferrocarriles.
Después de varios paquetes de estímulo para fomentar el consumo y mantener el
ritmo de crecimiento que no dieron resultado, el gobierno brasileño decidió
lanzar un importante y voluminoso programa de inversiones, en el que la
participación privada será muy importante.
Pero el ejecutivo no solo ve como se ensombrece el panorama económico sino
también el social.
Una oleada de huelgas de empleados públicos que ya suma más de
350 mil personas, está desafiando a la presidenta que está mantiendo una
postura fuerte en las negociaciones y ante el reto sindical.
Los 30
sindicatos de sectores de la administración pública que desde hace dos meses
están en huelga y rechazan el aumento del 15% ofrecido por la administración
Rousseff, pues reclaman una nueva escala salarial con avances de haberes de
hasta el 40%.
La huelga abarca 36 categorías de empleados públicos, tales como la policía
de investigaciones y de carreteras, los fiscales de renta y los profesores
universitarios, que protestan hace tres meses.
Las paralizaciones han afectado las clases en las universidades, el control
de los aeropuertos y la entrada y salida de cargas del puerto de Santos, el más
importante de Sudamérica.
El gobierno de Rousseff también se ha negado a ceder a
los reclamos de aumento salarial de los empleados públicos en huelga,
e incluso ha propuesto sanciones a los huelguistas, como descuentos y
la sustitución de quien estuviese parado. De hecho, ya se descontó a más de
11.000 trabajadores del Estado los días de huelga realizados.
La ruptura con el mundo sindical es un hecho. Por
ejemplo, Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de
los Trabajadores, sostiene que “debería tener un mejor trato con los huelguistas
que están ejerciendo su derecho; son trabajadores que sustentaron este gobierno
y confiaron en que le daría continuidad al proceso de transformación social
iniciado por Lula. La presidenta necesita una base social fuerte y los
trabajadores son su principal elemento”.
Y por su lado Dilma Rousseff, que tiene el apoyo de
Luiz Inácio Lula da Silva, criticó a la Central Unica de los
Trabajadores (CUT) por actuar con “intransigencia” mientras que la CUT ha
pedido a Lula que interceda ante la mandataria.
Las relaciones entre el gobierno y los sindicatos comenzaron a
deteriorarse cuando el ejecutivo anunció el descuento de los días de paro y se
agravaron después de un decreto, en julio, que permite reemplazar a los
empleados federales en paro por otros de las provincias.
Pese a todos estos problemas la popularidad de Rousseff se
mantiene en niveles récord, pues un sondeo reciente de Datafolha
señala que el Gobierno es calificado como “excelente” o “bueno”
por un 62% de los encuestados, apenas dos puntos porcentuales menos que en
abril.
Si la economía repunta, como se espera en 2013, y el Mundial de fútbol tiene
un efecto balsámico, el triunfo del oficialismo, con Dilma o
Lula, sería mucho más factible ante una oposición que aún no ha
definido sus cartas, aunque en lontananza se delinea una figura que puede llegar
a ser temible para los petistas, Aécio Neves.
Rogelio NúñezRogelio Núñez es Periodista, Doctor en Historia de América Latina Contemporánea y Profesor en la Facultad de Comunicación Universidad de los Andes (Chile).
(Informe especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Dilma Rousseff no está siendo una presidenta a la que la suerte le acompañe. Su primer año de gobierno, 2011, estuvo marcado por los escándalos de corrupción que se llevaron por delante a 7 ministros. Pese a ello, consolidó su figura como la de una gobernante fuerte que supo eludir los síntomas de inestabilidad gubernamental.
2012 no ha sido un año mejor: la desaceleración económica se ha hecho presente, algunos hablan del final del milagro brasileño y, por último, ahora Dilma Rousseff afronta las más importantes protestas sociales y sindicales desde 2003.
2013 tampoco se plantea como un año fácil. La sombra de las elecciones presidenciales de 2014 perseguirá a Dilma Rousseff que deberá además sortear la presión que supone tener todo preparado para el Mundial de fútbol de ese año, verdadero escaparate y prueba de fuerza para el país.
2011, el año de las 7 dimisiones
El gobierno de Rousseff se inauguró con las dudas sobre cómo una mujer tan bien preparada, pero ajena a la pequeña política, podría afrontar la gestión diaria y cuál sería su relación con su antecesor y padrino, Lula da Silva.
Fue un primer año, 2011-12, lleno de dificultades: hasta siete ministros cayeron víctimas de escándalos de corrupción heredados de la anterior gestión del PT con Lula en la Presidencia. En febrero de 2012 cayó último ministro, Mario Negromonte, quien decidió dejar el Gobierno ante sospechas de irregularidades ventiladas por la prensa local.
Negromonte se convirtió así en el séptimo ministro que perdía el cargo debido a acusaciones de corrupción desde que Rousseff asumió el poder, el 1 de enero de 2011. Solo entre junio y diciembre de 2011, Rousseff destituyó o aceptó las renuncias de los titulares de Presidencia, Transportes, Agricultura, Turismo, Deporte, y Trabajo, todos por supuestas corruptelas que fueron denunciadas por la prensa local.
Dilma Rousseff perdió en ese tiempo a hombres claves como el ministro de la Presidencia, Antonio Palocci y el ministro de la Defensa, Nelson Jobim,así como a los de Transportes, Alfredo Nascimento; Agricultura, Wagner Rossi, y Turismo, Pedro Novais.
En 2012 la corrupción parece ser una cosa del año pasado aunque el inicio del juicio por el escándalo del “mensalao” ha reabierto heridas y polémicas.
Esto ha llevado a Dilma Rousseff a pedir a sus ministros que “no se distraigan” con el juicio contra los 38 acusados de supuesta corrupción que en 2005 pusieron en graves dificultades a su antecesor, Lula da Silva.
“La orden es que nadie pierda un minuto de su trabajo viendo o acompañando el proceso”, ha pedido el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Gilberto Carvalho.
2012, ¿el fin del milagro brasileño?
Una vez acabado el vendaval de dimisiones, en 2012 llegaron los efectos de la crisis europea y la desaceleración de EEUU y China.
Brasil probablemente crecerá menos de un 2% este año, en su peor desempeño anual desde el 2009 y la inflación llegaría a superar el 6%. Todo esto ha provocado que el gobierno lance un nuevo plan de reactivación y un nuevo plan de infraestructuras, que en 25 años contempla inversiones públicas y privadas por 133.000 millones de reales (unos 66.500 millones de dólares) en redes de carreteras y ferrocarriles.
Después de varios paquetes de estímulo para fomentar el consumo y mantener el ritmo de crecimiento que no dieron resultado, el gobierno brasileño decidió lanzar un importante y voluminoso programa de inversiones, en el que la participación privada será muy importante.
Pero el ejecutivo no solo ve como se ensombrece el panorama económico sino también el social.
Una oleada de huelgas de empleados públicos que ya suma más de 350 mil personas, está desafiando a la presidenta que está mantiendo una postura fuerte en las negociaciones y ante el reto sindical.
Los 30 sindicatos de sectores de la administración pública que desde hace dos meses están en huelga y rechazan el aumento del 15% ofrecido por la administración Rousseff, pues reclaman una nueva escala salarial con avances de haberes de hasta el 40%.
La huelga abarca 36 categorías de empleados públicos, tales como la policía de investigaciones y de carreteras, los fiscales de renta y los profesores universitarios, que protestan hace tres meses.
Las paralizaciones han afectado las clases en las universidades, el control de los aeropuertos y la entrada y salida de cargas del puerto de Santos, el más importante de Sudamérica.
El gobierno de Rousseff también se ha negado a ceder a los reclamos de aumento salarial de los empleados públicos en huelga, e incluso ha propuesto sanciones a los huelguistas, como descuentos y la sustitución de quien estuviese parado. De hecho, ya se descontó a más de 11.000 trabajadores del Estado los días de huelga realizados.
La ruptura con el mundo sindical es un hecho. Por ejemplo, Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de los Trabajadores, sostiene que “debería tener un mejor trato con los huelguistas que están ejerciendo su derecho; son trabajadores que sustentaron este gobierno y confiaron en que le daría continuidad al proceso de transformación social iniciado por Lula. La presidenta necesita una base social fuerte y los trabajadores son su principal elemento”.
Y por su lado Dilma Rousseff, que tiene el apoyo de Luiz Inácio Lula da Silva, criticó a la Central Unica de los Trabajadores (CUT) por actuar con “intransigencia” mientras que la CUT ha pedido a Lula que interceda ante la mandataria.
Las relaciones entre el gobierno y los sindicatos comenzaron a deteriorarse cuando el ejecutivo anunció el descuento de los días de paro y se agravaron después de un decreto, en julio, que permite reemplazar a los empleados federales en paro por otros de las provincias.
Pese a todos estos problemas la popularidad de Rousseff se mantiene en niveles récord, pues un sondeo reciente de Datafolha señala que el Gobierno es calificado como “excelente” o “bueno” por un 62% de los encuestados, apenas dos puntos porcentuales menos que en abril.
Si la economía repunta, como se espera en 2013, y el Mundial de fútbol tiene un efecto balsámico, el triunfo del oficialismo, con Dilma o Lula, sería mucho más factible ante una oposición que aún no ha definido sus cartas, aunque en lontananza se delinea una figura que puede llegar a ser temible para los petistas, Aécio Neves.
