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12-09-2012¿Por qué insistir en reformas que fueron rechazadas?
(La Hora / Guatemala) El 7 de diciembre de 1996 en Estocolmo, Suecia, representantes del Gobierno se reunieron con las personas cuyos pseudónimos eran Carlos González, Rolando Morán, Pablo Monsanto y Jorge Rosal y llegaron a un acuerdo sobre reformas constitucionales, lo que ya de por sí constituía un delito, porque la Constitución Política de la República de Guatemala no puede ser objeto de negociación.Por Carlos Molina Mencos
(La Hora / Guatemala) Haciendo memoria, el gobierno de la República de Guatemala con el fin de lograr el cese de fuego del conflicto armado interno decidió negociar con una guerrilla que había proclamado públicamente su intención de romper el orden constitucional para establecer un estado marxista en Guatemala, cuando en esa época se encontraba militarmente casi derrotada.
El 7 de diciembre de 1996 en Estocolmo, Suecia, el gobierno representado por Gustavo Porras Castejón, Otto Pérez Molina, Raquel Zelaya Rosales y Richard Aitkenhead Castillo se reunieron con las personas cuyos pseudónimos eran Carlos González, Rolando Morán, Pablo Monsanto y Jorge Rosal y llegaron a un acuerdo sobre reformas constitucionales, lo que ya de por sí constituía un delito, porque la Constitución Política de la República de Guatemala no puede ser objeto de negociación, menos aun cuando una de las “partes” carecía de personalidad jurídica, llegando al extremo de usar nombres supuestos.
Con esa aberración jurídica, en la que la violencia se convierte en fuente de derecho, el Gobierno de Guatemala y la URNG “acordaron” que el primero promovería ante el Congreso de la República un proyecto de reformas constitucionales en las que se debía: “reconocer constitucionalmente la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca, y desde tal perspectiva, la necesidad de definir y caracterizar al Estado guatemalteco como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe.” Que debía determinarse la lista de idiomas existentes en la República, la que el Estado estaría obligado a reconocer, respetar y promover, mediante su inclusión en el artículo 143 de la Constitución Política. También acordaron que se promovería la oficialización de los idiomas indígenas y la reforma del artículo 66 de la Constitución.
El resto de acuerdos fueron reformar el Artículo 157 de la Constitución Política de la República, con el objeto de mantener fijo el número de diputados al Congreso de la República; la reforma de los artículos 208 y 209 de la Constitución Política y que en ellos se hiciera referencia a la Ley de la Carrera Judicial; la creación de un artículo de la Constitución que definiera las funciones y características de la Policía Nacional Civil; la reforma al Artículo 244 para limitar las funciones del Ejército a la defensa de la soberanía y la seguridad exterior; que el Ministro de la Defensa no necesariamente tendría que ser militar y promover las reformas al artículo 246 de la Constitución Política de la República. El Organismo Ejecutivo haciendo uso de su facultad de iniciativa de ley presentó la propuesta de reformas constitucionales al Congreso, organismo que después de estudiarlas las aceptó agregándole algunos artículos más.
El 16 de mayo de 1999 se convocó al pueblo para que aprobara o improbara las reformas propuestas mediante la Consulta Popular y el electorado dijo NO y hoy, trece años después, los mismos actores con pequeñas variantes, vuelven a enviar al Congreso una propuesta para modificar los mismos artículos, a pesar que ya fueron rechazados en su oportunidad por su obvia inoperancia.
Es oportuno imaginar las consecuencias de una nación con más de 30 idiomas oficiales, algo así como una Guatebabel; al país cuya seguridad interna vive amenazada por el crimen y el narcotráfico que pretende limitar la función de Ejército con una simple facultad potestativa de apoyo a las fuerzas de seguridad civil. ¡Todo un absurdo! Como también lo es la única nueva propuesta que pretende legalizar el fideicomiso. Todo ello nos llevará a un gasto innecesario de una consulta popular que, de nuevo, va a ser rechazada con un NO rotundo.
Fuente: La Hora (Guatemala)
Carlos Molina Mencos
(La Hora / Guatemala) Haciendo memoria, el gobierno de la República de Guatemala con el fin de lograr el cese de fuego del conflicto armado interno decidió negociar con una guerrilla que había proclamado públicamente su intención de romper el orden constitucional para establecer un estado marxista en Guatemala, cuando en esa época se encontraba militarmente casi derrotada.
El 7 de diciembre de 1996 en Estocolmo, Suecia, el gobierno representado por Gustavo Porras Castejón, Otto Pérez Molina, Raquel Zelaya Rosales y Richard Aitkenhead Castillo se reunieron con las personas cuyos pseudónimos eran Carlos González, Rolando Morán, Pablo Monsanto y Jorge Rosal y llegaron a un acuerdo sobre reformas constitucionales, lo que ya de por sí constituía un delito, porque la Constitución Política de la República de Guatemala no puede ser objeto de negociación, menos aun cuando una de las “partes” carecía de personalidad jurídica, llegando al extremo de usar nombres supuestos.
Con esa aberración jurídica, en la que la violencia se convierte en fuente de derecho, el Gobierno de Guatemala y la URNG “acordaron” que el primero promovería ante el Congreso de la República un proyecto de reformas constitucionales en las que se debía: “reconocer constitucionalmente la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca, y desde tal perspectiva, la necesidad de definir y caracterizar al Estado guatemalteco como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe.” Que debía determinarse la lista de idiomas existentes en la República, la que el Estado estaría obligado a reconocer, respetar y promover, mediante su inclusión en el artículo 143 de la Constitución Política. También acordaron que se promovería la oficialización de los idiomas indígenas y la reforma del artículo 66 de la Constitución.
El resto de acuerdos fueron reformar el Artículo 157 de la Constitución Política de la República, con el objeto de mantener fijo el número de diputados al Congreso de la República; la reforma de los artículos 208 y 209 de la Constitución Política y que en ellos se hiciera referencia a la Ley de la Carrera Judicial; la creación de un artículo de la Constitución que definiera las funciones y características de la Policía Nacional Civil; la reforma al Artículo 244 para limitar las funciones del Ejército a la defensa de la soberanía y la seguridad exterior; que el Ministro de la Defensa no necesariamente tendría que ser militar y promover las reformas al artículo 246 de la Constitución Política de la República. El Organismo Ejecutivo haciendo uso de su facultad de iniciativa de ley presentó la propuesta de reformas constitucionales al Congreso, organismo que después de estudiarlas las aceptó agregándole algunos artículos más.
El 16 de mayo de 1999 se convocó al pueblo para que aprobara o improbara las reformas propuestas mediante la Consulta Popular y el electorado dijo NO y hoy, trece años después, los mismos actores con pequeñas variantes, vuelven a enviar al Congreso una propuesta para modificar los mismos artículos, a pesar que ya fueron rechazados en su oportunidad por su obvia inoperancia.
Es oportuno imaginar las consecuencias de una nación con más de 30 idiomas oficiales, algo así como una Guatebabel; al país cuya seguridad interna vive amenazada por el crimen y el narcotráfico que pretende limitar la función de Ejército con una simple facultad potestativa de apoyo a las fuerzas de seguridad civil. ¡Todo un absurdo! Como también lo es la única nueva propuesta que pretende legalizar el fideicomiso. Todo ello nos llevará a un gasto innecesario de una consulta popular que, de nuevo, va a ser rechazada con un NO rotundo.
Fuente: La Hora (Guatemala)
