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26-10-2012Honduras: Un fallo controvertido
(La Tribuna) ¿Es difícil diferenciar la formalidad de la ley de su contenido material? ¿Es tan difícil comprender que la Corte no se ha pronunciado a favor o en contra de las ciudades modelo, sino sobre si el decreto que las creaba era formalmente compatible o no con la Constitución?Por Benjamín Santos
(La Tribuna) Una vez más la Corte Suprema de Justicia levanta reacciones airadas por un fallo, en este caso por haber declarado inconstitucional el decreto legislativo que creaba las Regiones Especiales de Desarrollo, inicialmente llamadas ciudades modelo. Algunos comentarios fueron moderados como los emitidos por el Presidente del Congreso quien como promotor de la iniciativa desde el principio, debió haberse sentido personalmente frustrado en sus aspiraciones. Las palabras más virulentas fueron las de un asesor del Congreso Nacional de cuyo nombre no quiero acordarme.
Dijo el asesor que el partido LIBRE había presionado a la Corte para que fallara a favor de la inconstitucionalidad. Los dirigentes de esta nueva organización partidaria han de estar muy agradecidos por semejante piropo, puesto que les están dando un poder del cual indudablemente carecen. Además de ser una falta de respeto a uno de los poderes del Estado, la apreciación es inexacta, porque nos presenta a un grupo de magistrados nacionalistas y liberales sometiéndose a los dictados de un partido que ni siquiera es el suyo. Pero dijo más el asesor: Dijo que 13 magistrados anularon un decreto que había sido aprobado por 126 diputados como si no hubiera una diferencia abismal entre un órgano de representación política como el Congreso con una integración, atribuciones y procedimientos propios y la Corte cuya integración, funciones y procedimientos son de otra naturaleza y obedecen a otros propósitos. Debería serles prohibido a los asesores y consultores convertirse en voceros de la institución donde trabajan, porque esa función corresponde a los titulares de la misma ya que cuando lo hacen comprometen la imagen pública de la institución a quienes pretenden defender.
El Presidente Lobo tuvo también una reacción emotiva. Dijo que la Corte le había hecho un gran daño al país y que ahora los desempleados deben pedirle trabajo a la Corte. ¿Cómo explicarle al Presidente, que no es abogado, la función de control constitucional que la Constitución le asigna a la Corte Suprema? Cuando la Corte en pleno o solamente por medio de la Sala de lo Constitucional si consigue la unanimidad de sus miembros, estudia y falla un recurso de inconstitucionalidad no entra a hacer consideraciones sobre si la ley de que se trata es buena o mala, provechosa o dañina para el país. Esas son consideraciones de tipo ético-político o económico que corresponden al órgano Legislativo y Ejecutivo que crearon la ley. Parece absurdo, pero así es. La Corte se concreta a un procedimiento de pura formalidad jurídica: Confronta la ley cuya inconstitucionalidad se le ha solicitado con los principios y normas del texto constitucional. Si formalmente el texto legal no contradice ni tergiversa las disposiciones constitucionales, el recurso no procede, aunque la ley impugnada no sea tan buena para el país. Y al contrario, si choca con disposiciones constitucionales, la Corte fallará declarando inconstitucional la referida ley aunque su contenido económico o social sea excelente, incluso si por decreto manda a todos los hondureños al cielo.
Corresponde al poder Legislativo y Ejecutivo que crean y sancionan la ley, respectivamente, asegurarse que el contenido de la misma sea bueno y provechoso para Honduras y, además, que su articulado en su letra y espíritu esté en perfecta concordancia con la Constitución. Las bondades de una ley no la excusan de respetar la jerarquía del orden jurídico en el cual la validez del nivel inferior depende de que sea coherente con el nivel superior: la ley no puede contradecir la Constitución y los reglamentos no deben contradecir el contenido de la ley. ¿Es difícil diferenciar la formalidad de la ley de su contenido material? ¿Es tan difícil comprender que la Corte no se ha pronunciado a favor o en contra de las ciudades modelo, sino sobre si el decreto que las creaba era formalmente compatible o no con la Constitución? ¿Quién es más de culpar como dice Sor Juana Inés en su famoso poema, quien comete el error al crear una ley inconstitucional o quien lo descubre y lo señala para que se corrija? ¿Cómo es que hay un asesor del Congreso, que suponemos es abogado, que no puede entender la diferencia que hemos señalado? ¿O es que el Congreso sigue considerándose soberano, es decir por encima de la Constitución?
Benjamín Santos
(La Tribuna) Una vez más la Corte Suprema de Justicia levanta reacciones airadas por un fallo, en este caso por haber declarado inconstitucional el decreto legislativo que creaba las Regiones Especiales de Desarrollo, inicialmente llamadas ciudades modelo. Algunos comentarios fueron moderados como los emitidos por el Presidente del Congreso quien como promotor de la iniciativa desde el principio, debió haberse sentido personalmente frustrado en sus aspiraciones. Las palabras más virulentas fueron las de un asesor del Congreso Nacional de cuyo nombre no quiero acordarme.
Dijo el asesor que el partido LIBRE había presionado a la Corte para que fallara a favor de la inconstitucionalidad. Los dirigentes de esta nueva organización partidaria han de estar muy agradecidos por semejante piropo, puesto que les están dando un poder del cual indudablemente carecen. Además de ser una falta de respeto a uno de los poderes del Estado, la apreciación es inexacta, porque nos presenta a un grupo de magistrados nacionalistas y liberales sometiéndose a los dictados de un partido que ni siquiera es el suyo. Pero dijo más el asesor: Dijo que 13 magistrados anularon un decreto que había sido aprobado por 126 diputados como si no hubiera una diferencia abismal entre un órgano de representación política como el Congreso con una integración, atribuciones y procedimientos propios y la Corte cuya integración, funciones y procedimientos son de otra naturaleza y obedecen a otros propósitos. Debería serles prohibido a los asesores y consultores convertirse en voceros de la institución donde trabajan, porque esa función corresponde a los titulares de la misma ya que cuando lo hacen comprometen la imagen pública de la institución a quienes pretenden defender.
El Presidente Lobo tuvo también una reacción emotiva. Dijo que la Corte le había hecho un gran daño al país y que ahora los desempleados deben pedirle trabajo a la Corte. ¿Cómo explicarle al Presidente, que no es abogado, la función de control constitucional que la Constitución le asigna a la Corte Suprema? Cuando la Corte en pleno o solamente por medio de la Sala de lo Constitucional si consigue la unanimidad de sus miembros, estudia y falla un recurso de inconstitucionalidad no entra a hacer consideraciones sobre si la ley de que se trata es buena o mala, provechosa o dañina para el país. Esas son consideraciones de tipo ético-político o económico que corresponden al órgano Legislativo y Ejecutivo que crearon la ley. Parece absurdo, pero así es. La Corte se concreta a un procedimiento de pura formalidad jurídica: Confronta la ley cuya inconstitucionalidad se le ha solicitado con los principios y normas del texto constitucional. Si formalmente el texto legal no contradice ni tergiversa las disposiciones constitucionales, el recurso no procede, aunque la ley impugnada no sea tan buena para el país. Y al contrario, si choca con disposiciones constitucionales, la Corte fallará declarando inconstitucional la referida ley aunque su contenido económico o social sea excelente, incluso si por decreto manda a todos los hondureños al cielo.
Corresponde al poder Legislativo y Ejecutivo que crean y sancionan la ley, respectivamente, asegurarse que el contenido de la misma sea bueno y provechoso para Honduras y, además, que su articulado en su letra y espíritu esté en perfecta concordancia con la Constitución. Las bondades de una ley no la excusan de respetar la jerarquía del orden jurídico en el cual la validez del nivel inferior depende de que sea coherente con el nivel superior: la ley no puede contradecir la Constitución y los reglamentos no deben contradecir el contenido de la ley. ¿Es difícil diferenciar la formalidad de la ley de su contenido material? ¿Es tan difícil comprender que la Corte no se ha pronunciado a favor o en contra de las ciudades modelo, sino sobre si el decreto que las creaba era formalmente compatible o no con la Constitución? ¿Quién es más de culpar como dice Sor Juana Inés en su famoso poema, quien comete el error al crear una ley inconstitucional o quien lo descubre y lo señala para que se corrija? ¿Cómo es que hay un asesor del Congreso, que suponemos es abogado, que no puede entender la diferencia que hemos señalado? ¿O es que el Congreso sigue considerándose soberano, es decir por encima de la Constitución?
