(Análisis Latino) A casi cuatro meses de clausurada la aerolínea, las cosas están igual que cuando todo empezó y la incertidumbre es la misma que al comienzo. Los aviones siguen estacionados a un costado de la pista del aeropuerto de Carrasco mientras la interna del gobierno y del oficialismo se sigue sacudiendo y la oposición –como lo haría el Frente Amplio en su lugar-, afila sus espadas para tratar de sacar el mayor rédito político posible.

Por Alvaro Giz

(Análisis Latino) El cierre de la aerolínea semi-estatal Pluna se ha convertido en un problema de incierta resolución para el gobierno del presidente José Mujica. Tras el cierre de la empresa, el gobierno uruguayo no ha podido encontrar una salida que deje satisfechos a los numerosos actores que están involucrados en el asunto.

Las siete aeronaves subastadas el 1º de octubre y que eran propiedad de Pluna fueron adquiridas en la suma de 137 millones de dólares por la empresa de capitales españoles Cosmo, pero el miércoles 24 la operadora comunicó su decisión de no concretar la compra.

A su vez, al día siguiente, se conoció que esta empresa evalúa demandar al Estado uruguayo ya que entiende que no se le dieron las garantías suficientes tras la subasta.

Según publicó el diario El Observador, la empresa española entendió que se generó "mal ambiente" luego del proceso realizado el 1° de octubre. Como es obvio, esto genera preocupación en filas del gobierno ya que, si se concreta el litigio, se frenaría la utilización de los siete aviones subastados, lo que impediría que se pueda crear una nueva aerolínea a corto plazo.

Muchos se preguntan cómo es posible que esta empresa haya logrado un aval del Banco de la República, solicitado por un señor que se llama de una manera pero se identifica de otra; que dice ser vicepresidente de una empresa (Cosmo) creada hace un año y de la que hasta ahora no se tenía ninguna referencia; que no se sabe cuáles son los poderes que tenía para representarla; que los propietarios del 50% de ella no lo conocen ni sabían de su existencia y que no pagó la comisión del rematador en el acto de la subasta. 

Pero no ha sido este el único capítulo de una novela que tiene en vilo a las principales figuras del gobierno uruguayo. En las últimas semanas, el empresario Juan Carlos López Mena —uno de los interesados en los aviones y propietario de la naviera Buquebus y de la aerolínea BQB—, decidió alejarse de la negociación por la forma en que varias figuras del partido de gobierno y el propio sindicato de trabajadores de la empresa clausurada calificaron su participación en la discusión.

López Mena había sido sindicado como el elegido por el gobierno para quedarse al final del camino con el negocio de volar con bandera uruguaya, pero esa salida ahora parece estar definitivamente cerrada.

En las últimas horas se sumó a la novela un nuevo actor, el empresario argentino Carlos Molinari, quien propuso crear una aerolínea de bandera con los aviones de la flota de Pluna, sus funcionarios y las frecuencias. En el plan, no se contempla la compra del boleto de reserva adquirido por Cosmo.

Molinari dijo que propuso al gobierno la posibilidad de un lanzamiento “rápido” de una aerolínea de bandera uruguaya pero también solicitó que el combustible que utilice le sea vendido a “precios internacionales”.

Su plan se ejecutaría con los otros seis aviones de la flota de Pluna -adquiridos bajo la forma de leasing (arrendamiento con derecho a compra)-, si es que no puede hacerse de los otros siete Bombardier de los cuales el Estado es garante de su pago ante el Scotiabank.

El grupo que encabeza Molinari planteó también un “plan de emergencia” para tratar de asegurar la conectividad en el verano, un aspecto que es de especial preocupación para el gobierno de Mujica en función de la importancia que tiene el turismo en la economía nacional.

Esta preocupación ha llegado a un punto tal que el gobierno ha expresado que analiza la posibilidad de impulsar una política de cielos abiertos, aunque únicamente lo haría a través de acuerdos bilaterales con otros países.

Lo cierto es que, a casi cuatro meses de clausurada la aerolínea, las cosas están igual que cuando todo empezó y la incertidumbre es la misma que al comienzo. Los aviones siguen estacionados a un costado de la pista del aeropuerto de Carrasco mientras la interna del gobierno y del oficialismo se sigue sacudiendo y la oposición –como lo haría el Frente Amplio en su lugar-, afila sus espadas para tratar de sacar el mayor rédito político posible a esta compleja telaraña en la que se ha enredado la administración del presidente Mujica.

Alvaro Giz