(La Prensa) La inversión extranjera directa es una de las principales fuentes de desarrollo y reducción de la pobreza especialmente para países en vías de desarrollo, pero en Bolivia no existe aún una Ley de Inversiones que reglamente los derechos y obligaciones tanto de los inversores como del Estado boliviano.

Por Fernanda San Martín Carrasco

(La Prensa) La inversión extranjera directa es una de las principales fuentes de desarrollo y reducción de la pobreza especialmente para países en vías de desarrollo. Las ventajas de la inversión extranjera directa son varias, entre ellas cabe destacar la transmisión de tecnología y, a consecuencia de ello, fomenta la calificación profesional y técnica de la mano de obra, aumentando los niveles de formación de la población. Otra ventaja importante es la de insertar al país en un mercado internacional que proporciona una mayor cantidad de consumidores para los bienes y servicios que se producen en el país. La inversión extranjera directa posibilita la generación de fuentes de empleo directas e indirectas que dinamizan la economía y crean mejores condiciones de vida para los habitantes.

Por supuesto, una apertura a las inversiones extranjeras requiere que las reglas del juego y la seguridad jurídica sean confiables no solamente para los inversores, sino también para los beneficios e intereses del país receptor.

En los últimos 20 años se ha observado una tendencia plana en cuanto a la captación de recursos mediante la inversión extranjera directa, incluso se puede calificar como una tendencia negativa si comparamos la cantidad de dinero invertida en otros países de la región. Los ingresos por inversión extranjera directa en América Latina, para el año 2011, han sido, de acuerdo a la CEPAL, de 121.318 millones de dólares americanos. De ese monto, en Bolivia ha ingresado 859 millones de dólares, mientras que en Perú el monto de ingresos por ese concepto ha sido de 7.659 millones de dólares y en Uruguay 2.528 millones de dólares. En una de las coyunturas más favorables de los últimos años en cuanto a la inversión, Bolivia es uno de los países con menor captación de inversiones en el continente, desaprovechando la oportunidad de generar un mayor crecimiento económico.

En Bolivia no existe aún una Ley de Inversiones que reglamente los derechos y obligaciones tanto de los inversores como del Estado boliviano. Muchas voces ya se han pronunciado, tanto en el exterior como en Bolivia, en el sentido de exigir la pronta aprobación de esta ley fundamental para atraer inversiones sobretodo en el sector de los hidrocarburos y la minería, en los que los montos para prospección, extracción o industrialización son astronómicos e imposibles de ser realizados con inversión privada doméstica o inversión pública. En el ránking de las ciudades latinoamericanas más atractivas para la inversión extranjera (realizado por la Universidad de Rosario, en 2012), las ciudades de La Paz y Santa Cruz obtienen el puesto 45 y 46, respectivamente, entre 48 urbes, siendo consideradas como metrópolis con el clima de negocios renuente. En lugar de constituirnos en un país con un clima de negocios, al menos aceptable, cada día más empresas se van del país para migrar a regiones en donde las condiciones son más favorables.

“La libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del cambio social” (John Kennedy).

Fuente: (La Prensa, Bolivia)

Fernanda San Martín Carrasco