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08-11-2012Un tratado con doble filo para Uruguay
Entre los argumentos esgrimidos por la oposición en el debate parlamentario para oponerse al tratado, se señaló la actitud negativa hacia Uruguay del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, el incumplimiento de otros acuerdos y el hecho de que pueda ser usado con fines de persecución política por parte de su administración.Por Alvaro Giz
Únicamente con los votos de los representantes del gobierno del presidente José Mujica y una cerrada negativa de la oposición, el Senado uruguayo aprobó la ratificación del polémico tratado de intercambio de información tributaria con Argentina.
El acuerdo en relación a la firma de este entendimiento había sido suscrito por Mujica y Cristina Fernández durante una reunión que mantuvieron en Colonia el 23 de abril de este año, pero una insatisfactoria relación diplomática había llevado al mandatario uruguayo a anunciar que lo había puesto en un cajón de su escritorio y que no tenía apuro en promover su ratificación parlamentaria en tanto no se solucionaran algunos de los temas pendientes con el país vecino.
Pero la firma de este tratado, así como otro similar con Brasil, fueron las llaves que permitieron a Uruguay salir de la lista de "paraísos fiscales" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un tema que el gobierno uruguayo aspiraba concretar desde hace ya tiempo, para cerrar el paso a la posibilidad de que desde el organismo multilateral se le comenzaran a aplicar sanciones comerciales.
El parlamento de Argentina había ratificado el tratado en agosto en tanto que en Uruguay todavía falta la instancia de la Cámara de Diputados, pero es un asunto de trámite ya que se tratará en las próximas semanas y allí el oficialismo cuenta con los votos necesarios como para sacarlo adelante.
Como salvaguarda, el acuerdo estipula que para que Uruguay proceda al intercambio de información, el organismo de recaudación tributaria argentino (AFIP) deberá demostrar la existencia de una investigación o fiscalización en curso relacionada con el objeto de la solicitud, que la información es necesaria a tales efectos y que previamente se han agotado las fuentes regulares previstas por su legislación.
A su vez, siguiendo el modelo de la OCDE, el tratado firmado con el país vecino dispone que el secreto bancario no pueda oponerse como excusa para el intercambio de información.
Entre los argumentos esgrimidos por la oposición en el debate parlamentario para oponerse al tratado, se señaló la actitud negativa hacia Uruguay del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, el incumplimiento de otros acuerdos y el hecho de que pueda ser usado con fines de persecución política por parte de su administración.
En cambio, desde el oficialismo se advirtió que no firmar este tratado significaría que la OCDE colocara a Uruguay en el grupo de los países "no cooperantes".
En las etapas previas a la consideración del tratado en el plenario del Senado, reputados representantes del sector inmobiliario local –uno de los más beneficiados por la llegada de capitales argentinos a estas costas-, habían lanzado una advertencia sobre diversas consecuencias que traería la aplicación del acuerdo, en particular la retracción significativa de las inversiones en el país.
Sin dudas que es una advertencia que debe ser atendida ya que a nadie escapa que el que va a sacar verdadero provecho del tratado es el gobierno de Argentina, porque va a tener la posibilidad de cobrar impuestos que no cobraba a aquellos ciudadanos que han venido a invertir en Uruguay, escapando de las tenazas de la AFIP y de otros organismos de recaudación.
Ante ello, Uruguay tiene el desafío de hacer que el tratado se cumpla literalmente y que efectivamente no haya doble tributación, como está estipulado.
Sólo de esa manera se evitará ahuyentar a inversores que hasta ahora tenían plena confianza en nuestra plaza en función de que Uruguay es considerado como un país cumplidor tanto en materia legal como en lo que hace a sus obligaciones financieras. Ese es un capital que se debe atesorar porque la confianza cuesta mucho construirla pero se destruye en poco tiempo.
Alvaro Giz
Únicamente con los votos de los representantes del gobierno del presidente José Mujica y una cerrada negativa de la oposición, el Senado uruguayo aprobó la ratificación del polémico tratado de intercambio de información tributaria con Argentina.
El acuerdo en relación a la firma de este entendimiento había sido suscrito por Mujica y Cristina Fernández durante una reunión que mantuvieron en Colonia el 23 de abril de este año, pero una insatisfactoria relación diplomática había llevado al mandatario uruguayo a anunciar que lo había puesto en un cajón de su escritorio y que no tenía apuro en promover su ratificación parlamentaria en tanto no se solucionaran algunos de los temas pendientes con el país vecino.
Pero la firma de este tratado, así como otro similar con Brasil, fueron las llaves que permitieron a Uruguay salir de la lista de "paraísos fiscales" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un tema que el gobierno uruguayo aspiraba concretar desde hace ya tiempo, para cerrar el paso a la posibilidad de que desde el organismo multilateral se le comenzaran a aplicar sanciones comerciales.
El parlamento de Argentina había ratificado el tratado en agosto en tanto que en Uruguay todavía falta la instancia de la Cámara de Diputados, pero es un asunto de trámite ya que se tratará en las próximas semanas y allí el oficialismo cuenta con los votos necesarios como para sacarlo adelante.
Como salvaguarda, el acuerdo estipula que para que Uruguay proceda al intercambio de información, el organismo de recaudación tributaria argentino (AFIP) deberá demostrar la existencia de una investigación o fiscalización en curso relacionada con el objeto de la solicitud, que la información es necesaria a tales efectos y que previamente se han agotado las fuentes regulares previstas por su legislación.
A su vez, siguiendo el modelo de la OCDE, el tratado firmado con el país vecino dispone que el secreto bancario no pueda oponerse como excusa para el intercambio de información.
Entre los argumentos esgrimidos por la oposición en el debate parlamentario para oponerse al tratado, se señaló la actitud negativa hacia Uruguay del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, el incumplimiento de otros acuerdos y el hecho de que pueda ser usado con fines de persecución política por parte de su administración.
En cambio, desde el oficialismo se advirtió que no firmar este tratado significaría que la OCDE colocara a Uruguay en el grupo de los países "no cooperantes".
En las etapas previas a la consideración del tratado en el plenario del Senado, reputados representantes del sector inmobiliario local –uno de los más beneficiados por la llegada de capitales argentinos a estas costas-, habían lanzado una advertencia sobre diversas consecuencias que traería la aplicación del acuerdo, en particular la retracción significativa de las inversiones en el país.
Sin dudas que es una advertencia que debe ser atendida ya que a nadie escapa que el que va a sacar verdadero provecho del tratado es el gobierno de Argentina, porque va a tener la posibilidad de cobrar impuestos que no cobraba a aquellos ciudadanos que han venido a invertir en Uruguay, escapando de las tenazas de la AFIP y de otros organismos de recaudación.
Ante ello, Uruguay tiene el desafío de hacer que el tratado se cumpla literalmente y que efectivamente no haya doble tributación, como está estipulado.
Sólo de esa manera se evitará ahuyentar a inversores que hasta ahora tenían plena confianza en nuestra plaza en función de que Uruguay es considerado como un país cumplidor tanto en materia legal como en lo que hace a sus obligaciones financieras. Ese es un capital que se debe atesorar porque la confianza cuesta mucho construirla pero se destruye en poco tiempo.
