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09-11-2012Drogas, violencia y elecciones presidenciales
(Revista Perspectiva) El asunto más urgente en la relación entre Estados Unidos y América Latina – la guerra contra las drogas – ha sido esencialmente ignorado. Tal vez no sea un asunto primordial para los votantes, pero ojalá el ganador del 6 de noviembre entienda su importancia.Por Robert R. Barr
(Revista Perspectiva) Durante el tercer y último debate presidencial que tuvo lugar en Florida, el moderador Bob Schieffer empezó el evento haciendo alusión al quincuagésimo aniversario de la Crisis de los Misiles en Cuba. No obstante, el evento produjo escasísima discusión acerca de Latinoamérica– solo una breve mención del gobernador Romney acerca del potencial comercial de la región-. Una afirmación acertada sería: como en el debate, Latinoamérica no ha tenido ninguna importancia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Lamentablemente, la prominencia política parece no tener ninguna relación con la importancia real. Por ejemplo, el tema del comercio con la región -pese a la mención de Romney- ha recibido escasa atención. Pero el comercio con Latinoamérica puede ser más importante para los Estados Unidos ahora que en cualquier otro momento. A pesar del crecimiento de China, México permanece como el único gran socio comercial de los Estados Unidos, y Latinoamérica en su conjunto provee más importaciones de petróleo que cualquier otra región (más de un tercio del total). Más aún, a raíz del estancamiento de la economía europea, el crecimiento substancial de América Latina y sus tratados comerciales revisten mayor importancia. Las florecientes clases medias en lugares como México y Colombia, las políticas macroeconómicas efectivas y la reducción de la pobreza en muchas partes de la región (con excepción de Venezuela) son razones para estar positivos acerca del rol de Latinoamérica. Pero para que los Estados Unidos saque partido de estas oportunidades, tiene que comprometerse activamente con la región. No podrá acceder a la economía gigante de Brasil apostándole al descuido.
Más allá de la economía, la razón más urgente para involucrarse a fondo con la región es la narcoviolencia. Pese a los mejoramientos recientes en Ciudad Juárez, frontera entre Estados Unidos y México, las violencias relacionadas con las drogas continúan sin cesar y siguen esparciéndose. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 40 están en Latinoamérica, incluyendo el top 20. 5 de las 10 más violentas se ubican en el vecino México. El hecho de que Ciudad Juárez haya perdido su estatus como número 1 ante la ciudad de San Pedro Sula en Honduras, refleja la cambiante naturaleza de las guerras de la droga: cada vez más las organizaciones narcotraficantes están compitiendo por el territorio de América Central. Y el escenario no está restringido a las áreas urbanas. Honduras también tiene el penoso honor de contar con el nivel más alto de homicidios a nivel mundial. A sus vecinos del “triangulo norte”, El Salvador y Guatemala tampoco les va mejor: El Salvador califica segundo en la lista y Guatemala octavo (Costa de Marfil y Zambia son los únicos países no latinoamericanos dentro del top 10). Sus tasas de homicidios son mayores ahora que durante sus guerras civiles. Para poner esto en contexto internacional, la tasa de homicidio en Afganistán es de 2.4 por 100.000; mientras que en Honduras es de 91.6. Desde 2004 hasta 2009, El Salvador registró una tasa de muertes violentas más alta que Iraq en plena guerra. En resumen, las tasas de asesinatos son más altas aquí que en cualquier otro país con conflicto armado.
Tratar la violencia es un reto extremo. Los países centroamericanos han intentado toda suerte de tácticas que van desde desplegar soldados para patrullar las calles y subirse a los buses públicos, hasta proponer -como en el caso de Honduras- la creación de nuevas ciudades con gobierno privado para garantizar la seguridad y la estabilidad con la finalidad de atraer inversión extrajera (la Corte Suprema declaró la idea inconstitucional). El Salvador consiguió una tregua con las pandillas más grandes (MS-13 y Barrio 18, que juntas pueden agrupar casi 50.000 miembros) a cambio de mejorar las condiciones en las prisiones.
La creatividad puede servir de mucho, pero la realidad es que los países centroamericanos – y especialmente los más afectados por la violencia – carecen de las herramientas y la capacidad suficiente con la que cuentan algunos de sus vecinos más grandes. Solo lidiar con las pandillas callejeras ha sido un esfuerzo titánico a través de los años, y ahora éstas se encuentran atadas con las muy poderosas, bien armadas y bien financiadas organizaciones del narcotráfico (ONT) en México, y el reto es aún más grande. México ha luchado intensamente en contra de las ONT por seis años, con el costo de al menos 60.000 vidas y sin señales de una solución próxima. Colombia, considerado por muchos como una gran historia de éxito, ha luchado por décadas en contra de la narcoviolencia (también relacionada con la insurgencia). Mientras la tasa de asesinatos bajó de su punto más alto, el país continúa dentro de los diez países más violentos del mundo, y los grupos traficantes que se habían fragmentado y descentralizado, empiezan a consolidarse y a crecer nuevamente, con el consecuente aumento de la violencia entre carteles. Si los países relativamente de gran capacidad como Colombia y México no pueden lograr victorias decisivas, las expectativas para América Central no son alentadoras.
Como resultado, los líderes políticos de la región han adoptado una nueva actitud hacia los Estados Unidos. De forma creciente, presidentes y exmandatarios hacen llamados a los Estados Unidos para cambiar su fallida política de drogas. Parte de la disposición a enfrentar a los Estados Unidos viene de Chávez y sus aliados cercanos a quienes les gusta jugar la carta antiestadounidense, y quizás una parte refleja una maduración de la relación entre los países del hemisferio. Sin embargo, esta actitud es más una respuesta pragmática al enorme reto que representan las guerras contra las drogas y sus costos relacionados. El mensaje básico es que las recetas estadounidenses no sólo han fallado en frenar el flujo de narcóticos sino que han creado problemas más grandes y tienen que ser revaluadas. Este cambio de actitud empezó en el 2009 cuando los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, de Brasil, Colombia y México, respectivamente, publicaron un informe que describió “las políticas prohibicionistas” como fracasos y pidió nuevas políticas para frenar la demanda. Más recientemente, los presidentes actuales se han adherido al movimiento, e incluso han ido más allá, como cuando el presidente Calderón de México retó a los Estados Unidos a considerar “alternativas de mercado”. Al principio de 2012, los presidentes Chinchilla (Costa Rica) y Funes (El Salvador) hicieron eco a su pedido y el pasado mes de septiembre, en el marco de Naciones Unidas, los presidentes Calderón, Molina y Santos, de México, Guatemala y Colombia, dieron a entender que la legalización es una opción que debe contemplarse, algo que Molina ya había recomendado expresamente. Paralelamente a las críticas de las políticas estadounidenses están los pasos de algunos países latinoamericanos para cambiar sus propias leyes sobre drogas. Un cierto tipo de descriminalización ha conseguido consensos suficientes en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay.
Los presidentes latinoamericanos saben que estos pasos resultan de poca ayuda para frenar la violencia ya que la demanda local continúa representando una parte muy pequeña del rompecabezas, pero el mensaje a los Estados Unidos es claro.
Sin embargo, da la sensación que a nadie en Estados Unidos parece importarle genuinamente. Pese a que durante la Cumbre de las Américas, el presidente Obama declaró su apertura a la discusión de los cambios radicales en la política de drogas de los Estados Unidos, y que su administración ha puesto más énfasis en frenar la demanda, los resultados son aún incipientes. Durante la campaña electoral, sus escasas menciones se concentraron en destacar sus esfuerzos por fortalecer la frontera con México. El gobernador Romney, a su vez, tampoco ha prestado atención a estos temas, y cuando lo ha hecho, el énfasis ha estado en construir una valla en la frontera o en la presencia de Hezbollah. El asunto más urgente en la relación entre Estados Unidos y América Latina – la guerra contra las drogas – ha sido esencialmente ignorado. Tal vez no sea un asunto primordial para los votantes, pero ojalá el ganador del 6 de noviembre entienda su importancia.
Fuente: (Revista Perspectiva)
Robert R. Barr
(Revista Perspectiva) Durante el tercer y último debate presidencial que tuvo lugar en Florida, el moderador Bob Schieffer empezó el evento haciendo alusión al quincuagésimo aniversario de la Crisis de los Misiles en Cuba. No obstante, el evento produjo escasísima discusión acerca de Latinoamérica– solo una breve mención del gobernador Romney acerca del potencial comercial de la región-. Una afirmación acertada sería: como en el debate, Latinoamérica no ha tenido ninguna importancia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Lamentablemente, la prominencia política parece no tener ninguna relación con la importancia real. Por ejemplo, el tema del comercio con la región -pese a la mención de Romney- ha recibido escasa atención. Pero el comercio con Latinoamérica puede ser más importante para los Estados Unidos ahora que en cualquier otro momento. A pesar del crecimiento de China, México permanece como el único gran socio comercial de los Estados Unidos, y Latinoamérica en su conjunto provee más importaciones de petróleo que cualquier otra región (más de un tercio del total). Más aún, a raíz del estancamiento de la economía europea, el crecimiento substancial de América Latina y sus tratados comerciales revisten mayor importancia. Las florecientes clases medias en lugares como México y Colombia, las políticas macroeconómicas efectivas y la reducción de la pobreza en muchas partes de la región (con excepción de Venezuela) son razones para estar positivos acerca del rol de Latinoamérica. Pero para que los Estados Unidos saque partido de estas oportunidades, tiene que comprometerse activamente con la región. No podrá acceder a la economía gigante de Brasil apostándole al descuido.
Más allá de la economía, la razón más urgente para involucrarse a fondo con la región es la narcoviolencia. Pese a los mejoramientos recientes en Ciudad Juárez, frontera entre Estados Unidos y México, las violencias relacionadas con las drogas continúan sin cesar y siguen esparciéndose. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 40 están en Latinoamérica, incluyendo el top 20. 5 de las 10 más violentas se ubican en el vecino México. El hecho de que Ciudad Juárez haya perdido su estatus como número 1 ante la ciudad de San Pedro Sula en Honduras, refleja la cambiante naturaleza de las guerras de la droga: cada vez más las organizaciones narcotraficantes están compitiendo por el territorio de América Central. Y el escenario no está restringido a las áreas urbanas. Honduras también tiene el penoso honor de contar con el nivel más alto de homicidios a nivel mundial. A sus vecinos del “triangulo norte”, El Salvador y Guatemala tampoco les va mejor: El Salvador califica segundo en la lista y Guatemala octavo (Costa de Marfil y Zambia son los únicos países no latinoamericanos dentro del top 10). Sus tasas de homicidios son mayores ahora que durante sus guerras civiles. Para poner esto en contexto internacional, la tasa de homicidio en Afganistán es de 2.4 por 100.000; mientras que en Honduras es de 91.6. Desde 2004 hasta 2009, El Salvador registró una tasa de muertes violentas más alta que Iraq en plena guerra. En resumen, las tasas de asesinatos son más altas aquí que en cualquier otro país con conflicto armado.
Tratar la violencia es un reto extremo. Los países centroamericanos han intentado toda suerte de tácticas que van desde desplegar soldados para patrullar las calles y subirse a los buses públicos, hasta proponer -como en el caso de Honduras- la creación de nuevas ciudades con gobierno privado para garantizar la seguridad y la estabilidad con la finalidad de atraer inversión extrajera (la Corte Suprema declaró la idea inconstitucional). El Salvador consiguió una tregua con las pandillas más grandes (MS-13 y Barrio 18, que juntas pueden agrupar casi 50.000 miembros) a cambio de mejorar las condiciones en las prisiones.
La creatividad puede servir de mucho, pero la realidad es que los países centroamericanos – y especialmente los más afectados por la violencia – carecen de las herramientas y la capacidad suficiente con la que cuentan algunos de sus vecinos más grandes. Solo lidiar con las pandillas callejeras ha sido un esfuerzo titánico a través de los años, y ahora éstas se encuentran atadas con las muy poderosas, bien armadas y bien financiadas organizaciones del narcotráfico (ONT) en México, y el reto es aún más grande. México ha luchado intensamente en contra de las ONT por seis años, con el costo de al menos 60.000 vidas y sin señales de una solución próxima. Colombia, considerado por muchos como una gran historia de éxito, ha luchado por décadas en contra de la narcoviolencia (también relacionada con la insurgencia). Mientras la tasa de asesinatos bajó de su punto más alto, el país continúa dentro de los diez países más violentos del mundo, y los grupos traficantes que se habían fragmentado y descentralizado, empiezan a consolidarse y a crecer nuevamente, con el consecuente aumento de la violencia entre carteles. Si los países relativamente de gran capacidad como Colombia y México no pueden lograr victorias decisivas, las expectativas para América Central no son alentadoras.
Como resultado, los líderes políticos de la región han adoptado una nueva actitud hacia los Estados Unidos. De forma creciente, presidentes y exmandatarios hacen llamados a los Estados Unidos para cambiar su fallida política de drogas. Parte de la disposición a enfrentar a los Estados Unidos viene de Chávez y sus aliados cercanos a quienes les gusta jugar la carta antiestadounidense, y quizás una parte refleja una maduración de la relación entre los países del hemisferio. Sin embargo, esta actitud es más una respuesta pragmática al enorme reto que representan las guerras contra las drogas y sus costos relacionados. El mensaje básico es que las recetas estadounidenses no sólo han fallado en frenar el flujo de narcóticos sino que han creado problemas más grandes y tienen que ser revaluadas. Este cambio de actitud empezó en el 2009 cuando los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, de Brasil, Colombia y México, respectivamente, publicaron un informe que describió “las políticas prohibicionistas” como fracasos y pidió nuevas políticas para frenar la demanda. Más recientemente, los presidentes actuales se han adherido al movimiento, e incluso han ido más allá, como cuando el presidente Calderón de México retó a los Estados Unidos a considerar “alternativas de mercado”. Al principio de 2012, los presidentes Chinchilla (Costa Rica) y Funes (El Salvador) hicieron eco a su pedido y el pasado mes de septiembre, en el marco de Naciones Unidas, los presidentes Calderón, Molina y Santos, de México, Guatemala y Colombia, dieron a entender que la legalización es una opción que debe contemplarse, algo que Molina ya había recomendado expresamente. Paralelamente a las críticas de las políticas estadounidenses están los pasos de algunos países latinoamericanos para cambiar sus propias leyes sobre drogas. Un cierto tipo de descriminalización ha conseguido consensos suficientes en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay.
Los presidentes latinoamericanos saben que estos pasos resultan de poca ayuda para frenar la violencia ya que la demanda local continúa representando una parte muy pequeña del rompecabezas, pero el mensaje a los Estados Unidos es claro.
Sin embargo, da la sensación que a nadie en Estados Unidos parece importarle genuinamente. Pese a que durante la Cumbre de las Américas, el presidente Obama declaró su apertura a la discusión de los cambios radicales en la política de drogas de los Estados Unidos, y que su administración ha puesto más énfasis en frenar la demanda, los resultados son aún incipientes. Durante la campaña electoral, sus escasas menciones se concentraron en destacar sus esfuerzos por fortalecer la frontera con México. El gobernador Romney, a su vez, tampoco ha prestado atención a estos temas, y cuando lo ha hecho, el énfasis ha estado en construir una valla en la frontera o en la presencia de Hezbollah. El asunto más urgente en la relación entre Estados Unidos y América Latina – la guerra contra las drogas – ha sido esencialmente ignorado. Tal vez no sea un asunto primordial para los votantes, pero ojalá el ganador del 6 de noviembre entienda su importancia.
Fuente: (Revista Perspectiva)
