Prensa
Fulbito para la tribuna
Fuente: La Capital (Mar del Plata, Argentina)
“Hay plata para un mafioso como Grondona y no para los pobres”. La frase de Elisa Carrió resume perfectamente por qué el gobierno no debería haber estatizado las transmisiones de fútbol: se trata de dinero que podría haberse destinado a fines más útiles.
Es cierto que $600 millones anuales no alcanzan para financiar un programa de ingreso universal como el propuesto por Carrió. También, que $600 millones parecen apenas una gota de agua en un océano de $273.130 millones, como el proyecto de presupuesto 2010 que el gobierno envió recientemente al Congreso. Sin embargo, lo que se destina al fútbol no es tan poco, en términos relativos, como parecería a simple vista. Veamos.
El gasto de la Administración Pública Nacional se divide en 19 jurisdicciones, 11 de las cuales concentran el 95% del total. El 5% restante se destina a dependencias cuyos presupuestos no son tan superiores a lo que se gastará en fútbol: la Jefatura de Gabinete ($2.392 millones; el gasto en fútbol representa el 25%), el Ministerio de Ciencia y Tecnología ($2.116 millones, 28%), el Ministerio de Relaciones Exteriores ($1.986 millones, 30%), la Presidencia de la Nación ($1.694 millones, 35%), el Poder Legislativo Nacional ($1.532 millones, 39%), el Ministerio de Economía ($1.376 millones, 44%); el Ministerio del Interior ($1.045 millones, 57%) o el Ministerio Público ($863 millones, 70%) (p. 99).
Sin negar que algunos de estos montos son excesivos (como los mil quinientos millones de pesos previstos para el Poder Legislativo), queda claro que el gasto en fútbol es elevado incluso en términos relativos, y que podría ser destinado a fines más útiles, como la promoción de la ciencia, la tecnología y la educación: en fútbol se gasta el 28% del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y más o menos lo mismo que el gobierno nacional destina a universidades del tamaño de las de La Plata ($697 millones), Rosario ($547 millones) o Tucumán ($531 millones) (p. 331).
Podrá objetarse que el gasto en educación ya llega al 6% del PBI, y que los problemas educativos se deben más a la falta de incentivos para hacer las cosas bien que a la escasez de fondos. Probablemente sea así. Pero seguiría siendo cierto que esos fondos podrían destinarse a fines más útiles:
a) Gasto social. El proyecto de presupuesto prevé una partida de $747 millones para financiar un “seguro de desempleo” (p. 129). Si el gobierno quisiera ayudar a la gente, hubiera doblado este monto antes que transmitir el fútbol de manera gratuita.
b) Mejorar el “Control de la Gestión Pública”, es decir el control de ese Estado al que tanto se elogia pero que tan mal funciona. El gobierno sólo prevé gastar $207 millones en este rubro durante 2010 (p. 100).
c) Reducir a la mitad la alícuota de un tributo de dudosa constitucionalidad como el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que grava “ganancias” que no necesariamente se efectivizaron (sic). Aunque buena parte de lo pagado por este gravamen puede ser deducido de Ganancias, en el proyecto de presupuesto 2010 se prevé que ese impuesto recaude $1.273 millones (p. 30).
Los futbolistas técnicamente dotados pueden ser de dos tipos: los que ponen su habilidad al servicio de los resultados, y los que simplemente quieren lucirse ante la tribuna. En 1986, Diego Maradona usó su zurda excepcional para convertir los goles que pusieron a la Argentina en la final del mundial. Cuatro años más tarde, el arquero colombiano René Higuita quiso pavonearse saliendo con la pelota más allá de su área, pero un jugador camerunés se la quitó y marcó el gol que eliminó a Colombia de la copa.
A mediados de 2003, cuando el mandato de Néstor Kirchner recién comenzaba, algunos analistas lo acusaban de hacer “fulbito para la tribuna”. Lamentablemente, el paso del tiempo les ha dado la razón. El actual gobierno argentino se parece más al Higuita de 1990 que al Maradona de 1986: le encanta florearse ante la tribuna, pero descuida las decisiones que realmente pueden conducir a mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Adrián Lucardi es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Fuente: La Capital (Mar del Plata)
La Capital (Mar del Plata, Argentina)
“Hay plata para un mafioso como Grondona y no para los pobres”. La frase de Elisa Carrió resume perfectamente por qué el gobierno no debería haber estatizado las transmisiones de fútbol: se trata de dinero que podría haberse destinado a fines más útiles.
Es cierto que $600 millones anuales no alcanzan para financiar un programa de ingreso universal como el propuesto por Carrió. También, que $600 millones parecen apenas una gota de agua en un océano de $273.130 millones, como el proyecto de presupuesto 2010 que el gobierno envió recientemente al Congreso. Sin embargo, lo que se destina al fútbol no es tan poco, en términos relativos, como parecería a simple vista. Veamos.
El gasto de la Administración Pública Nacional se divide en 19 jurisdicciones, 11 de las cuales concentran el 95% del total. El 5% restante se destina a dependencias cuyos presupuestos no son tan superiores a lo que se gastará en fútbol: la Jefatura de Gabinete ($2.392 millones; el gasto en fútbol representa el 25%), el Ministerio de Ciencia y Tecnología ($2.116 millones, 28%), el Ministerio de Relaciones Exteriores ($1.986 millones, 30%), la Presidencia de la Nación ($1.694 millones, 35%), el Poder Legislativo Nacional ($1.532 millones, 39%), el Ministerio de Economía ($1.376 millones, 44%); el Ministerio del Interior ($1.045 millones, 57%) o el Ministerio Público ($863 millones, 70%) (p. 99).
Sin negar que algunos de estos montos son excesivos (como los mil quinientos millones de pesos previstos para el Poder Legislativo), queda claro que el gasto en fútbol es elevado incluso en términos relativos, y que podría ser destinado a fines más útiles, como la promoción de la ciencia, la tecnología y la educación: en fútbol se gasta el 28% del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y más o menos lo mismo que el gobierno nacional destina a universidades del tamaño de las de La Plata ($697 millones), Rosario ($547 millones) o Tucumán ($531 millones) (p. 331).
Podrá objetarse que el gasto en educación ya llega al 6% del PBI, y que los problemas educativos se deben más a la falta de incentivos para hacer las cosas bien que a la escasez de fondos. Probablemente sea así. Pero seguiría siendo cierto que esos fondos podrían destinarse a fines más útiles:
a) Gasto social. El proyecto de presupuesto prevé una partida de $747 millones para financiar un “seguro de desempleo” (p. 129). Si el gobierno quisiera ayudar a la gente, hubiera doblado este monto antes que transmitir el fútbol de manera gratuita.
b) Mejorar el “Control de la Gestión Pública”, es decir el control de ese Estado al que tanto se elogia pero que tan mal funciona. El gobierno sólo prevé gastar $207 millones en este rubro durante 2010 (p. 100).
c) Reducir a la mitad la alícuota de un tributo de dudosa constitucionalidad como el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que grava “ganancias” que no necesariamente se efectivizaron (sic). Aunque buena parte de lo pagado por este gravamen puede ser deducido de Ganancias, en el proyecto de presupuesto 2010 se prevé que ese impuesto recaude $1.273 millones (p. 30).
Los futbolistas técnicamente dotados pueden ser de dos tipos: los que ponen su habilidad al servicio de los resultados, y los que simplemente quieren lucirse ante la tribuna. En 1986, Diego Maradona usó su zurda excepcional para convertir los goles que pusieron a la Argentina en la final del mundial. Cuatro años más tarde, el arquero colombiano René Higuita quiso pavonearse saliendo con la pelota más allá de su área, pero un jugador camerunés se la quitó y marcó el gol que eliminó a Colombia de la copa.
A mediados de 2003, cuando el mandato de Néstor Kirchner recién comenzaba, algunos analistas lo acusaban de hacer “fulbito para la tribuna”. Lamentablemente, el paso del tiempo les ha dado la razón. El actual gobierno argentino se parece más al Higuita de 1990 que al Maradona de 1986: le encanta florearse ante la tribuna, pero descuida las decisiones que realmente pueden conducir a mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Adrián Lucardi es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Fuente: La Capital (Mar del Plata)
