Derechos Humanos y
Solidaridad Democrática Internacional

Prensa

08-10-2010

El proyecto Recalde

Fuente: Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro, Argentina)

PABLO GUIDO (*)

Qué es lo que determina que la capacidad de compra promedio de un argentino sea la mitad que la de un neozelandés o la cuarta parte de un noruego? ¿Qué es lo que hace que el ingreso promedio de un residente en Argentina sea el doble que el de un chino o cuatro veces mayor que el de un indio? Cuando alguien percibe un ingreso, lo relevante es saber qué cantidad de bienes y servicios puede adquirir con el mismo, es decir: el ingreso en términos reales. En tanto, el empresario está dispuesto a pagarle un salario a una persona porque "tiene sentido" hacerlo; porque supone que con ese pago obtendrá un ingreso por ventas que, a su vez, le estará generando una rentabilidad mayor al costo del capital.

Si se le abona un salario de $ 1.000 mensuales a Juan es porque se cree que lo producido por Juan generará un ingreso que, deducidos los costos de producción, implica una rentabilidad de, por ejemplo, 10%, que deberá ser superior a la mejor alternativa de inversión que tendría el empresario para asignar recursos de capital, el llamado costo de oportunidad.

Por otro lado, cuanto mayor es la productividad lograda por Juan (sobre la base de mejores maquinarias, equipos, tecnología y/o capacitación), mayor será la rentabilidad obtenida por la empresa. Si el mercado es competitivo (ninguna o pocas barreras legales para que nuevos competidores ingresen al mercado atraídos por la mayor rentabilidad del negocio), entonces los salarios deberán subir al incrementarse la demanda de servicios laborales provocada por los nuevos oferentes.

Una vez comprendido cómo se determinan los salarios en la economía, puede deducirse que el proyecto de ley sobre ganancias empresarias presentado por el diputado Héctor Recalde afectará el nivel real salarial de la población.

La iniciativa del legislador oficialista y abogado de la CGT consiste en distribuir 10% de las utilidades de todas las empresas del país entre sus trabajadores, lo cual, en un primer momento, puede ser "música" divina para los oídos de las personas que trabajan en relación de dependencia para las empresas. Pero ya se sabe que no todo es oro lo que reluce. Si se supone que la empresa X tiene una rentabilidad de 10% y, como consecuencia de la ley, se le reduce a 8%, ¿qué podría suceder? Varias cosas. En primer término, que la empresa evalúe que esa tasa de rentabilidad no compensa el riesgo de operar en la Argentina y que despida a los trabajadores y los deje sin ingresos.

Segundo, que intente compensar dicha rebaja de rentabilidad mediante otra ley, trasladándole este mayor costo a otro sector de la economía a través de un arancel que proteja el mercado, un crédito subsidiado del gobierno, menor carga tributaria, etcétera, que alguien en el sector privado tendrá que pagar, con lo que se reduce el ingreso de ese "alguien" en el mismo sector privado.

En tercer lugar, podría ocurrir que decida reducir la inversión presente dado el menor nivel de rentabilidad, afectando las ganancias futuras de la empresa y generando cada vez menos bienes, con lo cual se afecta a los consumidores.

Como cuarto escollo, quizás se intente compensar esta menor rentabilidad mediante el recorte de beneficios salariales y no salariales a los trabajadores que vayan siendo contratados en el futuro.

El proyecto Recalde obliga a las empresas a presentar información de las mismas a los sindicatos, para que, de esa manera, puedan ser controladas y que no presenten balances contables con cifras diferentes a las reales. En síntesis, el proyecto es una norma más encuadrada en la línea populista, para beneficiar en el corto plazo a algún grupo con la consecuencia, en el mediano y largo plazo, de una menor capitalización de la economía y, por lo tanto, de menores niveles de productividad que terminarán afectando los ingresos de aquellos a los que se decía beneficiar, los mismos trabajadores.

La Argentina en las últimas siete u ocho décadas ha venido, en términos generales, generando un marco institucional poco amigable para el establecimiento de inversiones de riesgo y, dada la inseguridad jurídica que enfrentan todos aquellos que quieran arriesgar su capital en el país, las tasas de rentabilidad que compensan dicho riesgo tienen que ser cada vez más elevadas. Esas altas tasas de rentabilidad sólo pueden ser obtenidas si el calor del gobierno es más cercano, es decir si se obtienen privilegios que permitan "tener la vaca atada".

Por ese motivo, se observan por doquier mercados cerrados para los empresarios nacionales, protegidos por altísimas barreras arancelarias o políticas de tipo de cambio alto; regulaciones a favor de sectores de la economía específicos que obligan a los consumidores a adquirirles a algunos empresarios determinados bienes o servicios; la búsqueda incesante por parte de los empresarios de créditos subsidiados para mejorar sus costos financieros o la presión de lobby de muchos otros para que su sector o empresa esté exenta del pago de determinados tributos. Si se compara el período 2006-2009 con el lapso entre 1996-2000 se observa que en Latinoamérica la Inversión Extranjera Directa (IED) aumentó 50%, pero para la Argentina, según la Cepal, retrocedió 42% en el mismo período. La inversión extranjera per cápita en la Argentina durante los años que van desde el 2004 al 2008 fue de 145 dólares y, para el mismo período, países con tamaños de sus economías mucho menores recibían montos mayores: Costa Rica (u$s 323), Chile (636), Colombia (173).

Las políticas de redistribución de ingresos y patrimonios, como la que impulsa Recalde y es apoyada en líneas generales por el amplio espectro político del país, no hacen otra cosa que reducir la probabilidad de lograr bajar la pobreza en el país y mejorar los salarios reales.

Finalmente, este tipo de proyectos ocultan un objetivo confiscatorio sobre aquellos individuos que todos los días se levantan en el país para intentar generar riqueza, a pesar de las dificultades propias de la vida.

(*) Analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)

Diario Río Negro (Río Negro, Argentina)

 

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