Prensa
Palabras que se lleva el viento
Fuente: La Nación (Argentina)
Gabriel C. Salvia
Para LA NACION
Jueves 2 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa
Con mayor o menor énfasis, las declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas han sostenido recurrentemente el compromiso con la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos, a pesar de cobijar desde su inicio a una dictadura tan obscena como la cubana. Pero llamativamente, las declaraciones de las cumbres más recientes ya no hacen referencia a cuestiones relevantes sobre el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, que se fueron erosionando en la región junto al creciente protagonismo político de Hugo Chávez, el comandante-presidente de Venezuela.
Sin embargo, en vísperas de la Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata, a realizarse el viernes y el sábado próximos, sería conveniente reafirmar conceptos que hacen a la democracia y los derechos humanos, como los expresados en las dos declaraciones más categóricas en la materia: la de Viña del Mar de 1996 y la de Margarita en 1997.
La primera incluyó un párrafo que parecía dirigido directamente al régimen cubano: "La noción de que ningún ciudadano puede verse afectado en sus derechos fundamentales en nombre de una visión dogmática acerca de la sociedad, del Estado o de la economía, debe afianzarse hondamente en la cultura democrática de nuestros pueblos".
En línea con la declaración de Viña del Mar, la de Margarita, expresaba: "Declaramos estar convencidos que la democracia es no sólo un sistema de gobierno, sino también una forma de vida a la que los valores éticos dan consistencia y perdurabilidad. La tolerancia, la capacidad de valorar y aceptar el pluralismo; el derecho a la libre expresión y al debate público; el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos (...); la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública son principios jurídicos y valores éticos de la práctica democrática que debemos fortalecer y promover dentro de efectivos programas y estrategias nacionales de formación ciudadana".
Sin embargo, Cuba no produjo ningún avance de apertura política en estos veinte años de Cumbres Iberoamericanas y, contrariamente, incrementó la represión en distintos momentos, especialmente en 1999, con la ley 88, conocida como mordaza, y en 2003, llevándola a la práctica y condenando a largas penas de prisión tras juicios sumarísimos a 75 opositores pacíficos. Curiosamente, los delitos por los cuales se los acusó son los derechos y las libertades que las declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas ratifican y dicen promover, pero que en Cuba son consideradas actividades ilegales.
Poco le importó al régimen cubano haber suscripto, en declaraciones anteriores de las Cumbres Iberoamericanas: "En Iberoamérica existe la convicción de que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobernantes, constituyen elementos esenciales de la democracia" (1996); "Por constituir requisito indispensable de la democracia, reafirmamos los derechos a la libertad de expresión, de información y de opinión, fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información libre y veraz, sin censura ni restricciones. Sostenemos que esas libertades requieren de la presencia y funcionamiento de una pluralidad de medios de comunicación libres" (1997); "Los jefes de estado y de gobierno condenamos enérgicamente los ataques y cualquier otra forma de violencia o coacción contra los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores. Estos actos constituyen atentados a la actividad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión" (1997).
Pero además de la inmovilidad política en Cuba, donde se mantiene un régimen dictatorial de partido único, es sugestivo -luego de leer estos concluyentes pasajes de declaraciones suscriptas en los años 90- el retroceso en materia de institucionalidad democrática que se viene produciendo en varios países de la región. Quizás el no haber incidido oportunamente desde la comunidad democrática iberoamericana en la apertura política de Cuba demostró el carácter meramente voluntarista de estas declaraciones y sirvió de mal precedente para que posteriores gobiernos en otros países actuaran en contra de lo expresado en las mismas.
Por cierto, que el gobierno argentino no invite a la Cumbre en Mar del Plata al presidente de Honduras por cuestionar su legitimidad democrática y al mismo tiempo acepte la participación de la dictadura cubana demuestra su hipocresía y la de la propia Organización de Estados Iberoamericanos. © La Nacion
El autor es presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
La Nación (Argentina)
Gabriel C. Salvia
Para LA NACION
Jueves 2 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa
Con mayor o menor énfasis, las declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas han sostenido recurrentemente el compromiso con la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos, a pesar de cobijar desde su inicio a una dictadura tan obscena como la cubana. Pero llamativamente, las declaraciones de las cumbres más recientes ya no hacen referencia a cuestiones relevantes sobre el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, que se fueron erosionando en la región junto al creciente protagonismo político de Hugo Chávez, el comandante-presidente de Venezuela.
Sin embargo, en vísperas de la Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata, a realizarse el viernes y el sábado próximos, sería conveniente reafirmar conceptos que hacen a la democracia y los derechos humanos, como los expresados en las dos declaraciones más categóricas en la materia: la de Viña del Mar de 1996 y la de Margarita en 1997.
La primera incluyó un párrafo que parecía dirigido directamente al régimen cubano: "La noción de que ningún ciudadano puede verse afectado en sus derechos fundamentales en nombre de una visión dogmática acerca de la sociedad, del Estado o de la economía, debe afianzarse hondamente en la cultura democrática de nuestros pueblos".
En línea con la declaración de Viña del Mar, la de Margarita, expresaba: "Declaramos estar convencidos que la democracia es no sólo un sistema de gobierno, sino también una forma de vida a la que los valores éticos dan consistencia y perdurabilidad. La tolerancia, la capacidad de valorar y aceptar el pluralismo; el derecho a la libre expresión y al debate público; el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos (...); la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública son principios jurídicos y valores éticos de la práctica democrática que debemos fortalecer y promover dentro de efectivos programas y estrategias nacionales de formación ciudadana".
Sin embargo, Cuba no produjo ningún avance de apertura política en estos veinte años de Cumbres Iberoamericanas y, contrariamente, incrementó la represión en distintos momentos, especialmente en 1999, con la ley 88, conocida como mordaza, y en 2003, llevándola a la práctica y condenando a largas penas de prisión tras juicios sumarísimos a 75 opositores pacíficos. Curiosamente, los delitos por los cuales se los acusó son los derechos y las libertades que las declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas ratifican y dicen promover, pero que en Cuba son consideradas actividades ilegales.
Poco le importó al régimen cubano haber suscripto, en declaraciones anteriores de las Cumbres Iberoamericanas: "En Iberoamérica existe la convicción de que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobernantes, constituyen elementos esenciales de la democracia" (1996); "Por constituir requisito indispensable de la democracia, reafirmamos los derechos a la libertad de expresión, de información y de opinión, fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información libre y veraz, sin censura ni restricciones. Sostenemos que esas libertades requieren de la presencia y funcionamiento de una pluralidad de medios de comunicación libres" (1997); "Los jefes de estado y de gobierno condenamos enérgicamente los ataques y cualquier otra forma de violencia o coacción contra los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores. Estos actos constituyen atentados a la actividad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión" (1997).
Pero además de la inmovilidad política en Cuba, donde se mantiene un régimen dictatorial de partido único, es sugestivo -luego de leer estos concluyentes pasajes de declaraciones suscriptas en los años 90- el retroceso en materia de institucionalidad democrática que se viene produciendo en varios países de la región. Quizás el no haber incidido oportunamente desde la comunidad democrática iberoamericana en la apertura política de Cuba demostró el carácter meramente voluntarista de estas declaraciones y sirvió de mal precedente para que posteriores gobiernos en otros países actuaran en contra de lo expresado en las mismas.
Por cierto, que el gobierno argentino no invite a la Cumbre en Mar del Plata al presidente de Honduras por cuestionar su legitimidad democrática y al mismo tiempo acepte la participación de la dictadura cubana demuestra su hipocresía y la de la propia Organización de Estados Iberoamericanos. © La Nacion
El autor es presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
