Prensa
Sin derechos de propiedad no hay inversiones y hay más pobreza
Fuente: El Popular (Olavarría, Argentina)
Por Pablo E. Guido (*)
La ocupación ilegal de terrenos que se han observado durante los últimos días deben llamar a la reflexión, ya que la violación de la propiedad no es gratuita en relación a los incentivos que los individuos tienen para actuar.
Donde no existe una certidumbre alta de que lo propio será respetado tanto por el Gobierno como por otros particulares, entonces sobrevienen las consecuencias: la gente tiende a destinar menos recursos y, por lo tanto, los niveles de productividad comienzan a ser afectados. La creación de riqueza comienza a ser menor, más lenta y con menor frecuencia.
John Locke (1690) establecía que el principal objetivo del Estado era la preservación de la propiedad y, en la misma línea, Thomas Hobbes mencionaba en su "Leviatán" (1651) las consecuencias de no existir un Estado que protegiera la vida, las libertades y la propiedad de los individuos.
Pero la propiedad puede ser violada de diversas formas. Por ejemplo, cuando el Estado se pasa de la raya castigando con una presión tributaria excesiva; cuando el banco central de un país provoca un proceso inflacionario que mina día tras día el poder de compra de los trabajadores; cuando se imponen regulaciones que prohíben la realización de actividades o se otorgan monopolios legales a ciertos empresarios; cuando se establecen precios máximos o mínimos que no permiten realizar libres transacciones entre las partes; etc.
También los particulares pueden violar o restringir la propiedad privada, ya sea mediante el simple robo en la calle de una cartera o la ocupación de un terreno privado por miles de personas.
El problema de no reconocer la importancia de la propiedad privada tiene las mismas consecuencias negativas que no reconocer la ley de gravedad.
En materia social la propiedad privada es uno de los motores, quizás el principal, de progreso económico. La Argentina está calificada, en el Indice de Libertad Económica que confecciona anualmente la Heritage Foundation, con 20% en términos de derechos de propiedad (en una escala de 0 a 100%).
Esto significa, según Heritage, que la propiedad privada está débilmente protegida, que los derechos de propiedad son difíciles de hacer cumplir, que la corrupción está generalizada en el Poder Judicial y que la expropiación es algo común.
En lo que respecta a los derechos de propiedad, en el continente americano, solamente tienen peores calificaciones que la Argentina, Bolivia, Cuba, Haití y Venezuela.
En el mundo, aquellos países que gozan de un PIB per cápita (ajustado por la paridad en el poder de compra) superior a los U$S 35.000 anuales poseen calificaciones iguales o mayores al 80%.
Solamente, Guinea Ecuatorial tiene la misma calificación que la Argentina (20%) y un PIB per cápita mayor, fruto de su capacidad productora de petróleo (cuyos precios se ubican por encima de los promedios históricos).
Desde que Heritage califica, entre otras variables, los derechos de propiedad, la Argentina ha venido cayendo: desde un 70% en 1995 a 20% actual. Aún los ingresos promedios por habitante en la Argentina son mayores que en otros países donde los derechos de propiedad también están débilmente garantizados: Angola (U$S 5.900), Azeirbaján (U$S 8.800) o Ecuador (U$S 8.000).
De seguir manteniendo esta misma línea de indefensión de los derechos de propiedad, en algún momento, estos desvíos afectarán gravemente las inversiones en el país. Y eso significará menor crecimiento económico, peores salarios y mayor pobreza.
(*) Pablo E. Guido es analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL).
El Popular (Olavarría PBA, Argentina)
El Popular (Olavarría, Argentina)
Por Pablo E. Guido (*)
La ocupación ilegal de terrenos que se han observado durante los últimos días deben llamar a la reflexión, ya que la violación de la propiedad no es gratuita en relación a los incentivos que los individuos tienen para actuar.
Donde no existe una certidumbre alta de que lo propio será respetado tanto por el Gobierno como por otros particulares, entonces sobrevienen las consecuencias: la gente tiende a destinar menos recursos y, por lo tanto, los niveles de productividad comienzan a ser afectados. La creación de riqueza comienza a ser menor, más lenta y con menor frecuencia.
John Locke (1690) establecía que el principal objetivo del Estado era la preservación de la propiedad y, en la misma línea, Thomas Hobbes mencionaba en su "Leviatán" (1651) las consecuencias de no existir un Estado que protegiera la vida, las libertades y la propiedad de los individuos.
Pero la propiedad puede ser violada de diversas formas. Por ejemplo, cuando el Estado se pasa de la raya castigando con una presión tributaria excesiva; cuando el banco central de un país provoca un proceso inflacionario que mina día tras día el poder de compra de los trabajadores; cuando se imponen regulaciones que prohíben la realización de actividades o se otorgan monopolios legales a ciertos empresarios; cuando se establecen precios máximos o mínimos que no permiten realizar libres transacciones entre las partes; etc.
También los particulares pueden violar o restringir la propiedad privada, ya sea mediante el simple robo en la calle de una cartera o la ocupación de un terreno privado por miles de personas.
El problema de no reconocer la importancia de la propiedad privada tiene las mismas consecuencias negativas que no reconocer la ley de gravedad.
En materia social la propiedad privada es uno de los motores, quizás el principal, de progreso económico. La Argentina está calificada, en el Indice de Libertad Económica que confecciona anualmente la Heritage Foundation, con 20% en términos de derechos de propiedad (en una escala de 0 a 100%).
Esto significa, según Heritage, que la propiedad privada está débilmente protegida, que los derechos de propiedad son difíciles de hacer cumplir, que la corrupción está generalizada en el Poder Judicial y que la expropiación es algo común.
En lo que respecta a los derechos de propiedad, en el continente americano, solamente tienen peores calificaciones que la Argentina, Bolivia, Cuba, Haití y Venezuela.
En el mundo, aquellos países que gozan de un PIB per cápita (ajustado por la paridad en el poder de compra) superior a los U$S 35.000 anuales poseen calificaciones iguales o mayores al 80%.
Solamente, Guinea Ecuatorial tiene la misma calificación que la Argentina (20%) y un PIB per cápita mayor, fruto de su capacidad productora de petróleo (cuyos precios se ubican por encima de los promedios históricos).
Desde que Heritage califica, entre otras variables, los derechos de propiedad, la Argentina ha venido cayendo: desde un 70% en 1995 a 20% actual. Aún los ingresos promedios por habitante en la Argentina son mayores que en otros países donde los derechos de propiedad también están débilmente garantizados: Angola (U$S 5.900), Azeirbaján (U$S 8.800) o Ecuador (U$S 8.000).
De seguir manteniendo esta misma línea de indefensión de los derechos de propiedad, en algún momento, estos desvíos afectarán gravemente las inversiones en el país. Y eso significará menor crecimiento económico, peores salarios y mayor pobreza.
(*) Pablo E. Guido es analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL).
El Popular (Olavarría PBA, Argentina)
