Prensa
Un probable dolor de cabeza
El fundamento de algún eventual pase de factura será sin dudas el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce en su inciso 1 que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y en su inciso 2, que expresa en forma categórica que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
Fuente: Ecos Diarios (Necochea, Argentina)
Debido a jubilados el kirchnerismo sería observado en la ONU
Por Gabriel C.Salvia - Agencia DYN
Al someterse en octubre próximo al Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner podría recibir duras observaciones por haber violado en 2008 el derecho de propiedad de casi veinte por ciento de su población.
No debería extrañar que algunos países golpeen la mesa en ese Foro en tal sentido para hacer notar su enfado, en una materia que al kirchnerismo le importa mucho, ya que actuales residentes en la Argentina, que aportaron en su país y que reciben aquí sus jubilaciones o pensiones, ya no cobran en la moneda de origen, son obligatoriamente cambiados a pesos y de esa forma devaluados.
El fundamento de algún eventual pase de factura será sin dudas el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce en su inciso 1 que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y en su inciso 2, que expresa en forma categórica que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
Al respecto, hay que recordar que en octubre de ese año, unas 9,5 millones de personas con cuentas individuales en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFPJ) fueron obligados a abandonarlas y a transferir esos recursos al sistema estatal.
De todos esos ahorristas, 80% había optado por mantenerse en el sistema privado cuando fueron consultados si querían seguir aportando al sistema previsional de capitalización privada.
En contra de la voluntad de los aportantes a las AFJP, el gobierno de CFK estatizó los cerca de cien mil millones de aportes individuales y lo hizo mediante un trámite legislativo que duró menos de un mes, violentando el procedimiento constitucional de formación y sanción de las leyes, en especial, lo que se denomina el “período de publicidad”. Contrariamente, la reforma previsional que estableció el sistema mixto a principio de los noventa, tuvo una discusión que llevó trece meses.
Es cierto que el Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU –al cual deben someterse todos los estados que integran el Organismo- despierta mayor atención ante los casos de países con gobiernos dictatoriales o donde el Estado no logra garantizar los derechos fundamentales.
Pero, está claro que la propiedad es un Derecho Humano y que, en el caso de los fondos de las AFJP, se trata de muchas personas que fueron afectadas.
Para quienes no están familiarizados con esta instancia internacional, existe un momento del Examen Periódico Universal que se denomina “Diálogo interactivo”, que puede incluir preguntas y recomendaciones. En ese momento del Examen y teniendo en cuenta el listado de gobiernos enfadados con las arbitrariedades K, no llamaría la atención que en Ginebra se alce la voz contra el gobierno argentino.
(*) Director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Fuente: Ecos Diarios (Necochea, Argentina) 9 de Agosto de 2012
Ecos Diarios (Necochea, Argentina)
Debido a jubilados el kirchnerismo sería observado en la ONU
Por Gabriel C.Salvia - Agencia DYN
Al someterse en octubre próximo al Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner podría recibir duras observaciones por haber violado en 2008 el derecho de propiedad de casi veinte por ciento de su población.
No debería extrañar que algunos países golpeen la mesa en ese Foro en tal sentido para hacer notar su enfado, en una materia que al kirchnerismo le importa mucho, ya que actuales residentes en la Argentina, que aportaron en su país y que reciben aquí sus jubilaciones o pensiones, ya no cobran en la moneda de origen, son obligatoriamente cambiados a pesos y de esa forma devaluados.
El fundamento de algún eventual pase de factura será sin dudas el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce en su inciso 1 que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y en su inciso 2, que expresa en forma categórica que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
Al respecto, hay que recordar que en octubre de ese año, unas 9,5 millones de personas con cuentas individuales en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFPJ) fueron obligados a abandonarlas y a transferir esos recursos al sistema estatal.
De todos esos ahorristas, 80% había optado por mantenerse en el sistema privado cuando fueron consultados si querían seguir aportando al sistema previsional de capitalización privada.
En contra de la voluntad de los aportantes a las AFJP, el gobierno de CFK estatizó los cerca de cien mil millones de aportes individuales y lo hizo mediante un trámite legislativo que duró menos de un mes, violentando el procedimiento constitucional de formación y sanción de las leyes, en especial, lo que se denomina el “período de publicidad”. Contrariamente, la reforma previsional que estableció el sistema mixto a principio de los noventa, tuvo una discusión que llevó trece meses.
Es cierto que el Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU –al cual deben someterse todos los estados que integran el Organismo- despierta mayor atención ante los casos de países con gobiernos dictatoriales o donde el Estado no logra garantizar los derechos fundamentales.
Pero, está claro que la propiedad es un Derecho Humano y que, en el caso de los fondos de las AFJP, se trata de muchas personas que fueron afectadas.
Para quienes no están familiarizados con esta instancia internacional, existe un momento del Examen Periódico Universal que se denomina “Diálogo interactivo”, que puede incluir preguntas y recomendaciones. En ese momento del Examen y teniendo en cuenta el listado de gobiernos enfadados con las arbitrariedades K, no llamaría la atención que en Ginebra se alce la voz contra el gobierno argentino.
(*) Director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
Fuente: Ecos Diarios (Necochea, Argentina) 9 de Agosto de 2012