Prensa
Un fallo a favor de la democracia
El fallo de la Corte Suprema determinando la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura es claramente republicano y liberal, ya que consagra la división de poderes e invoca el control de constitucionalidad como herramienta de defensa de los derechos individuales. Pero también es plenamente democrático, en tanto limita el poder de las autoridades electas sobre sus votantes.
Fuente: El Cronista (Argentina)
Adrián Lucardi Investigador Asociado Ctro. para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
El fallo de la Corte Suprema determinando la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura es claramente republicano y liberal, ya que consagra la división de poderes e invoca el control de constitucionalidad como herramienta de defensa de los derechos individuales. Pero también es plenamente democrático, en tanto limita el poder de las autoridades electas sobre sus votantes.
Como era previsible, el oficialismo salió a cuestionar el fallo por su carácter contramayoritario. Pero contramayoritario no es lo mismo que antidemocrático. Limitar la definición de democracia al gobierno de la mayoría es una concepción puramente formal y electoralista, que olvida que el fin último de la democracia consiste en la sujeción de los gobernantes a los gobernados. Al pretender aumentar el poder de las autoridades electas sobre sus votantes, la pretendida ‘democratización’ de la justicia constituye, en realidad, un intento de des-democratización.
El ex presidente peruano Oscar Benavides solía repetir, “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”. Es difícil encontrar una frase que res uma mejor la esencia de un gobierno antidemocrático: la ley no como norma general para regular la interacción entre las personas, sino como mecanismo de distribución selectiva de premios y castigos, como herramienta para asegurar el control de los gobernantes sobre los gobernados. Los argentinos no necesitamos que nos expliquen lo que eso significa: conformismo, autocensura, ‘no te metás’, en los casos más suaves; torturas, desapariciones, asesinatos en masa, en los más graves.
Por supuesto, las elecciones son indispensables para la democracia, porque obligan a los gobernantes a mantener un elevado nivel de aceptación para mantenerse en el cargo. La diferencia entre las democracias, aún las más deficientes, y los autoritarismos, no es menor. Pero ello no quita que los gobiernos elegidos democráticamente traten, muchas veces con éxito, de manipular la ley para controlar a sus votantes, antes que someterse al control de éstos.
Pensemos lo siguiente: los regímenes democráticos suelen combinar la libertad de expresión con el voto secreto. A primera vista suena raro: ¿Por qué, si la gente tiene permiso para decir lo que le dé la gana –incluyendo cómo piensa votar–, es necesario que el voto sea secreto? La respuesta es que el secreto del sufragio es una manera de limitar el poder de los gobernantes, no el de los gobernados. El voto secreto restringe la capacidad de las autoridades electas de construir poder otorgando premios y castigos de manera selectiva, y en cambio las obliga a convencer a los votantes de que representan la mejor alternativa electoral.
Desde ya, ello no garantiza la implementación de buenas políticas, ni previene serios errores de cálculo, ni evita que la política caiga en los lugares comunes o la banalidad. Pero sí asegura que el control vaya de los gobernados a los gobernantes, y no a la inversa. Cuando los gobernantes deben implementar políticas relativamente generales, son los ciudadanos los que tienen el control.
En ese sentido, el record del kirchnerismo en materia de democratización es particularmente negativo. El caso más emblemático es el de la AFIP, que el gobierno usa como herramienta de apriete de sus adversarios políticos. Que algunos de esos adversarios no hayan cumplido religiosamente con sus obligaciones impositivas es irrelevante, toda vez que los partidarios del gobierno pueden hacer lo mismo y sentirse completamente a salvo. Y lo mismo vale para la ley de medios: todo lo bueno que pueda decirse sobre la misma en términos generales queda desvirtuando una vez que el gobierno la emplea para favorecer a los grupos mediáticos amigos a expensas de los críticos.
El intento de "democratizar" la justicia va en el mismo sentido. Muchos lo interpretan como una manera de asegurarse impunidad en el futuro, pero las intenciones del gobierno van mucho más allá. El verdadero objetivo es usar al poder judicial para construir poder político distribuyendo premios y castigos entre empresarios, políticos, dirigentes de la sociedad civil, periodistas y académicos. Además de inconstitucional, la reforma del Consejo de la Magistratura era antidemocrática porque procuraba afianzar el control de los gobernantes sobre los gobernados.
El fallo de la Corte Suprema contribuye a afianzar la democracia no menos que la constitución.
Fuente: (El Cronista Comercial)
El Cronista (Argentina)
Adrián Lucardi Investigador Asociado Ctro. para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
El fallo de la Corte Suprema determinando la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura es claramente republicano y liberal, ya que consagra la división de poderes e invoca el control de constitucionalidad como herramienta de defensa de los derechos individuales. Pero también es plenamente democrático, en tanto limita el poder de las autoridades electas sobre sus votantes.
Como era previsible, el oficialismo salió a cuestionar el fallo por su carácter contramayoritario. Pero contramayoritario no es lo mismo que antidemocrático. Limitar la definición de democracia al gobierno de la mayoría es una concepción puramente formal y electoralista, que olvida que el fin último de la democracia consiste en la sujeción de los gobernantes a los gobernados. Al pretender aumentar el poder de las autoridades electas sobre sus votantes, la pretendida ‘democratización’ de la justicia constituye, en realidad, un intento de des-democratización.
El ex presidente peruano Oscar Benavides solía repetir, “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”. Es difícil encontrar una frase que res uma mejor la esencia de un gobierno antidemocrático: la ley no como norma general para regular la interacción entre las personas, sino como mecanismo de distribución selectiva de premios y castigos, como herramienta para asegurar el control de los gobernantes sobre los gobernados. Los argentinos no necesitamos que nos expliquen lo que eso significa: conformismo, autocensura, ‘no te metás’, en los casos más suaves; torturas, desapariciones, asesinatos en masa, en los más graves.
Por supuesto, las elecciones son indispensables para la democracia, porque obligan a los gobernantes a mantener un elevado nivel de aceptación para mantenerse en el cargo. La diferencia entre las democracias, aún las más deficientes, y los autoritarismos, no es menor. Pero ello no quita que los gobiernos elegidos democráticamente traten, muchas veces con éxito, de manipular la ley para controlar a sus votantes, antes que someterse al control de éstos.
Pensemos lo siguiente: los regímenes democráticos suelen combinar la libertad de expresión con el voto secreto. A primera vista suena raro: ¿Por qué, si la gente tiene permiso para decir lo que le dé la gana –incluyendo cómo piensa votar–, es necesario que el voto sea secreto? La respuesta es que el secreto del sufragio es una manera de limitar el poder de los gobernantes, no el de los gobernados. El voto secreto restringe la capacidad de las autoridades electas de construir poder otorgando premios y castigos de manera selectiva, y en cambio las obliga a convencer a los votantes de que representan la mejor alternativa electoral.
Desde ya, ello no garantiza la implementación de buenas políticas, ni previene serios errores de cálculo, ni evita que la política caiga en los lugares comunes o la banalidad. Pero sí asegura que el control vaya de los gobernados a los gobernantes, y no a la inversa. Cuando los gobernantes deben implementar políticas relativamente generales, son los ciudadanos los que tienen el control.
En ese sentido, el record del kirchnerismo en materia de democratización es particularmente negativo. El caso más emblemático es el de la AFIP, que el gobierno usa como herramienta de apriete de sus adversarios políticos. Que algunos de esos adversarios no hayan cumplido religiosamente con sus obligaciones impositivas es irrelevante, toda vez que los partidarios del gobierno pueden hacer lo mismo y sentirse completamente a salvo. Y lo mismo vale para la ley de medios: todo lo bueno que pueda decirse sobre la misma en términos generales queda desvirtuando una vez que el gobierno la emplea para favorecer a los grupos mediáticos amigos a expensas de los críticos.
El intento de "democratizar" la justicia va en el mismo sentido. Muchos lo interpretan como una manera de asegurarse impunidad en el futuro, pero las intenciones del gobierno van mucho más allá. El verdadero objetivo es usar al poder judicial para construir poder político distribuyendo premios y castigos entre empresarios, políticos, dirigentes de la sociedad civil, periodistas y académicos. Además de inconstitucional, la reforma del Consejo de la Magistratura era antidemocrática porque procuraba afianzar el control de los gobernantes sobre los gobernados.
El fallo de la Corte Suprema contribuye a afianzar la democracia no menos que la constitución.
Fuente: (El Cronista Comercial)
