Prensa
¿Por qué la urgencia de otra ley de hidrocarburos?
La ley de hidrocarburos de 1967, con alguna leve adaptación a la Constitución de 1994 (ley corta), ha probado ser una muy buena ley. El problema energético actual lo han creado las malas políticas que se han venido aplicando desde el 2002, que ignoraron y contrariaron la ley de hidrocarburos y otras normas del sector.
Fuente: Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro, Argentina)
HORACIO FERNÁNDEZ (*)
El Poder Ejecutivo tiene buenas razones para querer modificar la ley de hidrocarburos. Sin embargo, existen otras mejores que hacen desaconsejable una modificación urgente.
Los buenos motivos son, en primer lugar, terminar con la incertidumbre regulatoria e impositiva que han generado las provincias en los últimos años con la sanción de leyes propias, creando empresas provinciales y elevando así la presión tributaria sobre la industria; estas inseguridades desalientan la inversión en un sector en crisis como el energético. En segundo lugar, hay que adaptar la norma para permitir la explotación de hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta), que ofrecen un promisorio horizonte productivo a la Argentina.
Pero, a su vez, el gobierno nacional -amparado en la ley de Emergencia del 2002, que aún mantiene vigente- ha creado otras dudas más graves que las provinciales: retenciones variables a las exportaciones (al estilo de la resolución 125 para el campo), precios, tarifas y subsidios fijados en forma arbitraria y cambiante, la expropiación de YPF, etcétera.
Estas distorsiones macroeconómicas, ajenas a la ley que tratamos, subsisten actualmente y con pocas probabilidades de ser removidas, por lo que modificarla sin corregirlas sería como querer construir una casa empezando por el techo. Aquí no terminan los inconvenientes, sino que hay más razones para que no sea aconsejable la modificación: 1) el gobierno no debate con nadie sus proyectos de ley, los impone; 2) las provincias, propietarias de los recursos, están en contra de la modificación y 3) este signo de gobierno termina en poco más de un año, por lo cual tampoco estará para ver los eventuales frutos de las modificaciones que quiere realizar.
Pero, además, ni la Nación, ni YPF ni las provincias tienen fondos suficientes para invertir y poner a producir en escala significativa la formación de Vaca Muerta, de allí que uno de los puntos clave del debate es quién tendrá el poder de contratar con los inversores privados: ¿YPF o las empresas provinciales? Ni el Poder Ejecutivo Nacional ni la petrolera de mayoría estatal han explicado satisfactoriamente por qué las empresas provinciales "perjudican" la inversión privada ni por qué ésta llegará si se le da un cuasimonopolio a YPF.
En verdad, no se necesita ninguna empresa del Estado nacional ni provincial para atraer las inversiones necesarias, tal como lo probó el buen funcionamiento de la actual ley de hidrocarburos en los años anteriores a la emergencia, cuando se alcanzaron los récords históricos de producción de gas y petróleo de la Argentina.
Otro punto del debate entre la Nación y las provincias vinculado con lo anterior es cómo distribuir la renta petrolera actual y futura. Este tema excede a una ley de este tipo y exige un debate amplio entre los actores que debería comenzar con el tan atrasado régimen de coparticipación federal, que está en mora desde 1994 y que ningún gobierno se atreve a debatir.
Conclusión: el de hidrocarburos es uno de los cinco cuerpos legales más importantes que tiene el país, es parte del Código de Minería y de la legislación de fondo que la Constitución le atribuye al Congreso de la Nación junto a los códigos Civil, Penal, de Comercio y Laboral. Además, considerando que más del 85% de la energía primaria en la Argentina proviene de los hidrocarburos, su importancia se acrecienta.
La ley de hidrocarburos de 1967, con alguna leve adaptación a la Constitución de 1994 (ley corta), ha probado ser una muy buena ley. El problema energético actual lo han creado las malas políticas que se han venido aplicando desde el 2002, que ignoraron y contrariaron la ley de hidrocarburos y otras normas del sector.
Habrá que continuar, entonces, arrastrándose en la dirección correcta hasta que estén dadas las condiciones macroeconómicas para una modificación de la ley en cuestión que, mediante un debate adecuado, genere los acuerdos necesarios para implementar una verdadera política de Estado en materia energética.
(*) Coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)
Diario Río Negro (Gral. Roca, Argentina), 25 de julio de 2014
Diario Río Negro (General Roca, Pcia. de Río Negro, Argentina)
HORACIO FERNÁNDEZ (*)
El Poder Ejecutivo tiene buenas razones para querer modificar la ley de hidrocarburos. Sin embargo, existen otras mejores que hacen desaconsejable una modificación urgente.
Los buenos motivos son, en primer lugar, terminar con la incertidumbre regulatoria e impositiva que han generado las provincias en los últimos años con la sanción de leyes propias, creando empresas provinciales y elevando así la presión tributaria sobre la industria; estas inseguridades desalientan la inversión en un sector en crisis como el energético. En segundo lugar, hay que adaptar la norma para permitir la explotación de hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta), que ofrecen un promisorio horizonte productivo a la Argentina.
Pero, a su vez, el gobierno nacional -amparado en la ley de Emergencia del 2002, que aún mantiene vigente- ha creado otras dudas más graves que las provinciales: retenciones variables a las exportaciones (al estilo de la resolución 125 para el campo), precios, tarifas y subsidios fijados en forma arbitraria y cambiante, la expropiación de YPF, etcétera.
Estas distorsiones macroeconómicas, ajenas a la ley que tratamos, subsisten actualmente y con pocas probabilidades de ser removidas, por lo que modificarla sin corregirlas sería como querer construir una casa empezando por el techo. Aquí no terminan los inconvenientes, sino que hay más razones para que no sea aconsejable la modificación: 1) el gobierno no debate con nadie sus proyectos de ley, los impone; 2) las provincias, propietarias de los recursos, están en contra de la modificación y 3) este signo de gobierno termina en poco más de un año, por lo cual tampoco estará para ver los eventuales frutos de las modificaciones que quiere realizar.
Pero, además, ni la Nación, ni YPF ni las provincias tienen fondos suficientes para invertir y poner a producir en escala significativa la formación de Vaca Muerta, de allí que uno de los puntos clave del debate es quién tendrá el poder de contratar con los inversores privados: ¿YPF o las empresas provinciales? Ni el Poder Ejecutivo Nacional ni la petrolera de mayoría estatal han explicado satisfactoriamente por qué las empresas provinciales "perjudican" la inversión privada ni por qué ésta llegará si se le da un cuasimonopolio a YPF.
En verdad, no se necesita ninguna empresa del Estado nacional ni provincial para atraer las inversiones necesarias, tal como lo probó el buen funcionamiento de la actual ley de hidrocarburos en los años anteriores a la emergencia, cuando se alcanzaron los récords históricos de producción de gas y petróleo de la Argentina.
Otro punto del debate entre la Nación y las provincias vinculado con lo anterior es cómo distribuir la renta petrolera actual y futura. Este tema excede a una ley de este tipo y exige un debate amplio entre los actores que debería comenzar con el tan atrasado régimen de coparticipación federal, que está en mora desde 1994 y que ningún gobierno se atreve a debatir.
Conclusión: el de hidrocarburos es uno de los cinco cuerpos legales más importantes que tiene el país, es parte del Código de Minería y de la legislación de fondo que la Constitución le atribuye al Congreso de la Nación junto a los códigos Civil, Penal, de Comercio y Laboral. Además, considerando que más del 85% de la energía primaria en la Argentina proviene de los hidrocarburos, su importancia se acrecienta.
La ley de hidrocarburos de 1967, con alguna leve adaptación a la Constitución de 1994 (ley corta), ha probado ser una muy buena ley. El problema energético actual lo han creado las malas políticas que se han venido aplicando desde el 2002, que ignoraron y contrariaron la ley de hidrocarburos y otras normas del sector.
Habrá que continuar, entonces, arrastrándose en la dirección correcta hasta que estén dadas las condiciones macroeconómicas para una modificación de la ley en cuestión que, mediante un debate adecuado, genere los acuerdos necesarios para implementar una verdadera política de Estado en materia energética.
(*) Coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)
Diario Río Negro (Gral. Roca, Argentina), 25 de julio de 2014
