Tendencias Latinoamericanas

La crisis venezolana

A partir del 12 de febrero comenzó a exteriorizarse la protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Factores económicos, como el agudo desabastecimiento, la inflación y la carencia de dólares, se sumaron a un creciente rechazo hacia lo que es en realidad una dictadura que, para colmo, ostenta una cada vez más débil legitimación. El clima de inseguridad del país, uno de los más violentos del mundo, ha pesado también en el ánimo de unos ciudadanos que han visto descender dramáticamente su calidad de vida durante los quince años que el chavismo lleva en el poder.

Las manifestaciones, que comenzaron siendo primordialmente estudiantiles, fueron creciendo en intensidad y amplitud, y tuvieron que soportar la represión brutal del régimen y de las bandas armadas –lo que en ese país llaman “colectivos”- que recorrían las ciudades disparando a mansalva. Hubo gigantescas marchas y acciones creativas, protestas relámpago de ciudadanos de toda condición social, en Caracas y más de una decena de ciudades del interior. El saldo ha sido de más de 40 víctimas fatales, centenares de heridos y más de 2.000 detenidos, la mayoría liberados en pocos días pero muchos de ellos –se estiman en casi 100- brutalmente torturados.

El gobierno procedió rápidamente a descabezar lo que podría ser su principal amenaza política: el liderazgo de algunas figuras que, como Leopoldo López o María Corina Machado, sostienen que “tomar la calle” es el principal camino para derribar al régimen. El primero fue encarcelado desde febrero y a ella, quien es diputada, le quitaron la inmunidad parlamentaria y la están hostigando judicialmente. Debemos aclarar que la mayoría de la oposición, nucleada en el MUD, confía excesivamente en las elecciones y se ha prestado a conversaciones con el régimen que, en estos momentos, no pueden dar resultado concreto alguno. Las protestas, más esporádicas ahora, continúan sin embargo, creando una profunda debilidad para el gobierno que tiene que lidiar con una crisis económica severa.

La carencia de divisas extranjeras, producto de un manejo completamente irresponsable de los inmensos ingresos petroleros que recibe el país, junto con el control de cambios que impuso el chavismo desde 2003, han creado un severo desabastecimiento en Venezuela. Ante la falta de dólares el gobierno ha procedido a crear un sistema de cambios múltiples, que va desde 6.30 bolívares por dólar hasta más de 50, pero el valor real del dólar, tal como se transa en intercambios libres, continúa siendo mayor, de unos 75 bolívares. La devaluación de hecho que esto significa ha impulsado los precios hasta cotas que hacen imposible, para el venezolano, la compra de infinidad de productos. La gente debe hacer largas colas para hacer compras que, en todas partes del mundo, son cosa de rutina, estar atenta para saber cuándo llegan las mercaderías a los supermercados, y recorrer varios comercios hasta encontrar productos tan elementales como azúcar, carne o harina de maíz. Hasta es difícil encontrar féretros, baterías para automóviles o repuestos para aparatos domésticos.

Recientemente el vicepresidente Jorge Giordani, uno de los artífices de la disparatada política económica que se ha seguido, fue apartado de su cargo. Él respondió con una carta en que critica, precisamente, las decisiones del gobierno en materia económica y financiera. El incidente hace pensar en que se han profundizado las fisuras que existen en el seno del chavismo, que de verdad no tienen respuestas para afrontar la crisis.

La situación, al cierre de esta edición, se mantiene tensa pero sin cambios importantes. El gobierno de Maduro se debilita pero la oposición no parece encontrar la fórmula para arrojarlo del poder y vacila ante el temor de que cunda la violencia. La crisis, sin embargo, no se podrá resolver con las equivocadas políticas gubernamentales, por lo que prevemos un escenario de continuada confrontación, con una posible división del elenco chavista gobernante y la pasividad casi absoluta de los gobernantes de la región, que no apuestan a ningún tipo de intervención en esta complicada situación venezolana. Un golpe militar, si la crisis continúa sin resolverse, no puede para nada descartarse.

Debilitamiento de la economía regional

Los datos del crecimiento económico proporcionados por la CEPAL muestran que América Latina ha disminuido ligeramente su crecimiento. La causa está en el precio de las materias primas que la región exporta pues, después de un tiempo de auge, estos muestran ahora un decrecimiento casi general; la menor expansión de la economía china es uno de los principales factores de este descenso de los precios.

Las cifras que se han proporcionado son las siguientes:

Los datos muestran que el mayor impacto de este descenso del crecimiento se aprecia sobre todo en los países más intervencionistas en materia económica, Argentina y Venezuela, que son coincidentemente los que exhiben tasas mucho más altas de inflación. El crecimiento, en general, resulta insuficiente para sacar a nuestras naciones de la pobreza, aunque no puede negarse que algunos países, como Perú y Panamá, por ejemplo, están sosteniendo una buena marcha para su economía.

Los continuados errores en la política económica argentina están, como es inevitable,  cobrando su precio: Colombia ha superado a Argentina y se ha colocado como la tercera economía más importante de Latinoamérica en 2013, según la consultora con sede en Londres Capital Economics. Esa compañía estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de Colombia alcanzó el año pasado 347.000 millones de dólares, mientras el de Argentina fue de 337.000 millones de dólares. La diferencia, según los estimados del cuadro anterior, tenderá a aumentar en 2014. Después de la crisis de 2001 Argentina ha continuado con un gasto público insostenible y se ha cerrado en parte a los mercados mundiales durante los mandatos de los esposos Kirchner (2003-2015). El resultado inmediato fue un notable crecimiento pero ahora, diez años después, la economía ha vuelto a estancarse, mostrando la excesiva presión fiscal, el demagógico gasto en programas sociales politizados y la dependencia de un producto de exportación (la soja), que como es lógico presenta siempre vaivenes en su precio. Ahora, después de un fallo adverso, la administración de Cristina Fernández de Kirchner se encuentra enfrentada a nuevos reclamos por la deuda que no renegoció en el pasado, mientras el vicepresidente Amado Boudou enfrenta a la justicia por un caso penal de tráfico de influencias. El país sureño parece atrapado en una crisis recurrente, que estalla más o menos cada década, y que lo ha hecho retroceder casi sin pausas en el concierto mundial.

Agreguemos, para cerrar esta sección, que la Alianza del Pacífico, en su VIII Cumbre realizada en febrero en Cartagena, decidió eliminar los aranceles del 92% de los bienes y servicios que se comercian entre las partes. La Alianza incluye a países de buen desempeño económico que tienen una población, en conjunto, de 212 millones de habitantes: México, Colombia, Perú y Chile. La presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, que todavía ejercía el cargo en ese momento, firmó su adhesión formal al bloque en dicha cumbre.

Elecciones

Cuatro países de la región tuvieron durante el semestre elecciones presidenciales. Las reseñamos a continuación, junto con algunos otros procesos que se desarrollaron durante este mismo período.

El Salvador: realizó el 2 de febrero la primera vuelta de su proceso electoral en la que se impuso, con el 49%, Salvador Sánchez Cerén, un exguerrillero perteneciente al  gobernante FMLN, la formación de izquierda que en otro tiempo lideró la lucha armada. En segundo lugar quedó Norman Quijano, alcalde de San Salvador, perteneciente a la derechista ARENA, con el 39%; el expresidente Elías Antonio Saca, de la coalición Movimiento Unidad –de derecha, pero de corte populista- obtuvo el 11%. En la segunda vuelta, realizada el 9 de marzo, Sánchez Cerén apenas si logro aumentar su caudal de votos, alcanzando el 50.1%, aunque con este pequeño margen alcanzo la presidencia. El electorado de esa nación centroamericana se encuentra así dividido en dos mitades casi exactas por lo que Sánchez Cerén, posiblemente, se ha inclinado por la moderación en sus discursos. El Salvador no ha logrado el despegue económico del que parecía estar a las puertas hace un lustro, por lo que el nuevo presidente deberá enfrentar este serio problema, que se suma a la inseguridad ante la delincuencia que padece esta pequeña nación centroamericana.

También en Costa Rica, el mismo día 2 de febrero, se realizó la primera vuelta de las presidenciales. El resultado mostró una gran división en las preferencias del electorado pues la primera posición correspondió a Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, una formación nueva de centro izquierda que obtuvo el 31% de los votos, seguido de cerca por Johnny Araya, un ex alcalde, que representó al socialdemócrata Partido de Liberación Nacional (PLN), que logró el 30% del total. Más atrás quedaron José María Villalta, del izquierdista Frente Amplio, con el 17%; Otto Guevara, del Movimiento Libertario, que no pudo superar el 11% y el tradicional PSUC –socialcristiano- que con Rodolfo Piza sacó apenas el 6%, mostrando que probablemente se encamina hacia su desaparición. Los resultados confirmaron la quiebra definitiva del bipartidismo, que agonizaba desde 2006, y el decaimiento del PLN que con Laura Chinchilla fue perdiendo poco a poco el apoyo popular que tuviera en otros tiempos. Convencido de no poder hacer un buen papel en la segunda vuelta Johnny Araya renunció a participar en ese evento, por lo que Luis Guillermo Solís fue proclamado como presidente. El planteamiento político de este candidato no se aparta demasiado de la orientación histórica que ha seguido el PLN: mantener en lo posible el estado de bienestar mientras se trata de modernizar y abrir la economía. Araya, que tiene ahora amplio respaldo en la opinión pública, deberá demostrar que –de algún modo- representa un cambio significativo con la política seguida hasta el presente. No le resultará fácil.

En Ecuador, en las elecciones municipales realizadas en febrero, Alianza País, el movimiento del presidente Rafael Correa, perdió las alcaldías de Quito y de Cuenca –la tercera ciudad del país- y no pudo arrebatar a la oposición su bastión de Guayaquil. Las elecciones fueron, sin duda, un revés para el caudillo, pues tiene el control, ahora de solo una de las alcaldías de las diez más importantes ciudades del país y muy pocas de las prefecturas o gobernaciones. Correa, sin embargo, marcha aparentemente sin problemas hacia la reelección indefinida, como los otros presidentes de lo que podríamos llamar el “grupo chavista” de gobernantes de la región: Evo Morales, en Bolivia y Daniel Ortega, en Nicaragua.

En Panamá se realizaron también, el 4 de mayo, elecciones generales. La situación económica del país es excelente, pues crece a un extraordinario ritmo, aunque han surgido complicaciones con las empresas que están trabajando en la ampliación del canal, lo que obligará a mayores desembolsos por parte del estado y a una postergación de la inauguración de la gigantesca obra. Cambio Democrático (CD), el partido del presidente saliente, Ricardo Martinelli, presentó a José Domingo Arias como candidato, frente a la izquierda nucleada en el Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), quien concurrió con Juan Carlos Navarro, y otra formación de derecha, el Partido Panameñista (PP) cuyo abanderado fue Juan Carlos Varela. Los resultados fueron, hasta cierto punto, bastante sorprendentes: Varela ganó con el 39% de los sufragios, dejando atrás a Arias, que obtuvo 32% y a Navarro, que logró un 27%. Las 71 bancas de la Asamblea Nacional se repartieron de la siguiente manera: para CD 27, para el PRD 25 y para el PP apenas 11, quedando las ocho curules restante en manos de grupos minoritarios.

El análisis de los resultados muestra que el electorado, aunque mayormente de derecha y satisfecho con el rumbo que sigue el país, quiso expresar su censura ante el estilo personalista y autoritario de Martinelli, a quien muchos atribuían deseos de perpetuarse en el poder y gobernar sin control alguno. Los resultados parlamentarios, por otra parte, han colocado al nuevo presidente en una situación difícil, pues le resultará muy complicado obtener la aprobación de las medidas que proponga. El electorado panameño parece haber advertido los riesgos del autoritarismo y ha logrado, con sus sufragios, dividir efectivamente el poder.

Colombia vivió un semestre electoral de particular significación. El 16 de marzo hubo elecciones legislativas que favorecieron a la coalición de gobierno, dando al presidente Juan Manuel Santos una mayoría en los 268 escaños que tiene la cámara de diputados, aunque perdiendo terreno frente a sus opositores, los seguidores del expresidente Álvaro Uribe, quienes así se convirtieron en la primera fuerza política de la oposición. A las presidenciales del 25 de mayo concurrieron cinco candidatos: El actual presidente Juan Manuel Santos, de Unidad Nacional, que levantó la bandera de las conversaciones de paz que actualmente se están desarrollando en La Habana con la guerrilla de las FARC, presentándose como el promotor de la pacificación del país. Santos, sin embargo, quedó en segundo lugar en esta primera vuelta, obteniendo apenas el 25.6% de los votos y fue superado por el representante de la derecha que respalda al ex presidente Álvaro Uribe, Oscar Iván Zuluaga, que con su coalición Centro Democrático logró el 29.3% de los sufragios. En tercer lugar quedó ubicada Marta Lucía Ramírez, del tradicional Partido Conservador, con 15.6%, seguida por Clara López, del izquierdista Polo Democrático, con15,3% y Enrique Peñalosa, del Partido Alianza Verde, con 8,3%. En la segunda vuelta, efectuada el 15 de junio, el presidente Santos logró la reelección con el 50.9% de los votos, superando a Zuluaga, que llegó al 45.0% del total.

La oposición de los uribistas está preocupada por el contenido de los acuerdos que finalmente se firmen con la guerrilla, pues teme que el gobierno les otorgue demasiadas concesiones a los insurgentes. El país, en ese sentido, se encuentra dividido: todos quieren la paz pero son muy disímiles las propuestas concretas que existen al respecto, pues la mitad del país, prácticamente, desea que haya efectivas sanciones contra los alzados y teme que el gobierno se comprometa en cambios sociales y económicos a espaldas de los deseos mayoritarios. Las conversaciones, en todo caso, avanzan muy lentamente, aunque no se hayan estancado por completo. Es posible que ahora, ya reelecto como presidente y ante las presiones de la opinión pública, Juan Manuel Santos endurezca algo su posición frente a los guerrilleros.

Para concluir esta sección apuntaremos que el día 5 de octubre de este año Bolivia y Brasil efectuarán elecciones generales, lo mismo que Uruguay, que lo hará algo después, el 26 de diciembre. El panorama se presenta favorable al boliviano Evo Morales, que ya ha impuesto un régimen autoritario en su país, y algo más complicado para la presidente de Brasil, que sigue perdiendo popularidad aunque todavía marcha al frente de las encuestas por bastante margen. El Frente Amplio uruguayo, entretanto, podría perder el poder según los sondeos que conocemos, aunque todavía falta tiempo para que las fuerzas políticas terminen de lanzar sus propuestas.

Otras noticias políticas

El Gobierno de México dio un paso importante hacia la resolución del problema de los grupos armados irregulares que han proliferado en el estado de Michoacán para combatir al crimen organizado, con la firma de un convenio orientado a integrarlos a la legalidad. El acuerdo, firmado en el municipio michoacano de Tepalcatepec, prevé que los “grupos de autodefensa” se incorporen a los Cuerpos de Defensa Rurales, previstos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El acuerdo, sin embargo, no será de fácil cumplimiento, pues persisten diversas tensiones en un entorno de acusada violencia.

En Chile, la nueva presidente Michelle Bachelet inició su segundo mandato con la propuesta de una seria reforma fiscal según la cual las empresas deberían pagar ahora un 25% de sus ganancias, contra un máximo de 20% en la actualidad, aunque bajando la tasa máxima del impuesto sobre la renta a las personas del 40 al 35%. La medida está siendo adversada por la oposición y por círculos empresariales mientras, del lado de la izquierda, se han comenzado a producir protestas por el lento o parcial cumplimiento del programa electoral.

Guatemala ha saltado a las noticias internacionales después de que un tribunal de Nueva York condenó a 70 meses de prisión al expresidente Alfonso Portillo (2001-2005) por lavado del dinero que la República de Taiwán le entregara. Portillo, un populista, ya estaba en la cárcel desde hacía algunos años, de modo que podrá reintegrarse a la política local el año que viene; todavía cuenta con algunos apoyos en el país, de modo que podrá favorecer a alguna de las principales fuerzas políticas de esa nación centroamericana.

También en Guatemala se ha dado un cambio político, menos espectacular pero sin duda más significativo. Después de un largo proceso de selección ha quedado fuera de la fiscalía general Claudia Paz y Paz, inspiradora del juicio contra el general Efraín Ríos Montt al que atribuía el delito de genocidio. El presidente ha nombrado a una nueva fiscal, Thelma Aldana, aparentemente menos interesada en hurgar en el pasado y revivir las tragedias del conflicto armado interno que inició la guerrilla marxista y se prolongó durante décadas. En el mismo sentido el congreso aprobó un punto resolutivo afirmando que no hubo genocidio en el país, con lo que se ha sumado a la posición de muchos intelectuales e historiadores –y quizás la mayoría de la opinión pública- que piensa que el juicio contra Ríos Montt tiene motivaciones puramente políticas y que fue justamente anulado por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca.

Desde Tendencias, y habiendo este autor examinado a fondo la historia reciente del país en su libro Guatemala, la Historia Silenciada, coincidimos con esta evaluación del problema: una cosa es reconocer que existieron graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, como es casi inevitable en una lucha contra insurgentes irregulares, y otra muy diferente afirmar que existió algo tan grave como el genocidio, que es un crimen encaminado a hacer desaparecer grupos étnicos o religiosos específicos. Peor aún, como sucedía en los últimos años, es atribuir tales crímenes solo a un bando –el ejército- pasando por alto que la guerrilla realizó también actos similares contra la población civil. El cambio del clima de opinión que hoy experimenta Guatemala es un indicio claro de que se está abandonando la política, muy extendida en Latinoamérica, de enfocar la lucha por los derechos humanos respaldando, implícitamente, a los grupos marxistas que intentaron adueñarse del poder entre 1959 y 1990. Creemos que ese cambio es saludable porque relega al pasado histórico lo sucedido, permitiendo así una efectiva reconciliación, y evita que se tomen como válidos los fines de las guerrillas, que coincidían en su búsqueda de establecer un estado socialista autoritario en nuestras naciones.

Argentina: El Partido Justicialista (peronista) realizó su Congreso Nacional y eligió al gobernador de la norteña provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, como su nuevo presidente. Fellner es de orientación kirchnerista, favorable a quienes hoy detentan el poder, pero no reúne tras de sí a todo ese importante y multifacético movimiento. Para las elecciones del año próximo ya han comenzado a discutirse y evaluarse las alianzas políticas. Una de ellas es el también peronista  Frente Renovador, que aglutina a figuras regionales que adversan a la actual presidente, que podría o no coaligarse con el PRO (Propuesta Republicana) del centro derechista Mauricio Macri, o con la centro izquierda unida ahora aparentemente en el Frente Amplio-UNEN, que incluye a la tradicional, pero muy disminuida hoy, Unión Cívica Radical. Todavía es muy temprano para que se definan las líneas principales de la próxima contienda electoral por la presidencia, que Cristina Fernández de Kirchner tendrá que abandonar en todo caso, pero no resulta arriesgado prever que su movimiento habrá de quedar fuera del poder a partir de 2015.