De acuerdo al índice “Freedom on the Net”, publicado por Freedom House, las tácticas para restringir el uso de Internet -tanto si son provocadas por actores extra-estatales, como por actores domésticos- se pueden resumir en tres categorías: del tipo informacional, del tipo técnicas y del tipo legal. Las más comunes son las primeras y comprenden el uso de “bots”, comentadores pagos por el partido político de turno, o también el uso de webs que diseminan información falsa.

Por Victoria Ariagno y Alejandro Di Franco

Es un hecho evidente cómo la aparición de internet ha revolucionado la vida cotidiana y ha tenido consecuencias sociales y políticas. Como se vio en la primavera árabe, internet y las redes sociales se pueden convertir en una herramienta de comunicación para transmitir la situación desde dentro de un país. En América Latina, estas redes también han tenido un rol esencial en protestas, como lo muestra el caso de Venezuela. Ante estas posibilidades que ofrece la red, existen organizaciones que buscan monitorear la protección de los derechos de los usuarios en este nuevo ámbito. Ante este contexto, ONGs como Freedom House suman nuevos índices como lo es el de “Freedom on the Net” que mide, justamente, la libertad en el espacio cibernético.

Este índice, al igual que el de Libertad en el Mundo, se publica de manera anual, y está dividido en distintos indicadores, que en este caso son tres: 1) los obstáculos al acceso; 2) los límites al contenido; y 3) las violaciones de los derechos de los usuarios. No obstante, se trata de un informe relativamente nuevo y que todavía no cubre varios países del mundo (en su última edición llegaba a cubrir 65 de ellos). Más allá de esto, pueden observarse algunas tendencias de su estado en regiones como América Latina.

Varios de estos países tienen un puntaje global en Internet menor al que tienen en el Índice de Libertad en el Mundo; y países que son catalogados como libres en este último, caen entre los “parcialmente libres” en el más novedoso índice, como es el caso de Brasil. Otros, como Argentina y Ecuador, si bien mantienen la categoría, también tienen un puntaje inferior.

Específicamente en América del Sur, dentro de los países medidos, el que se destaca bastante es Argentina, que es el único de ellos considerado “Libre” en términos de internet (cabe aclarar que el informe no cubre países como Chile o Uruguay). Además, Argentina tiene un puntaje (72/100) no demasiado lejano de algunos países del “primer mundo”, como son Italia (75/100), Australia, Estados Unidos o el Reino Unido (todos ellos con un 77/100).

Brasil, por su parte, tiene una puntuación más modesta (un 64/100). Algunos de los problemas que presenta giran en torno a que, si bien el acceso a internet ha aumentado en los últimos años, persisten las desigualdades pronunciadas entre las zonas urbanas y rurales y entre las regiones al sur con respecto a las del norte. Otra de las situaciones sobre las que advierte el informe (y por las que el país recibió una puntuación de cero) se refiere a la violencia hacia individuos por actividades online, debido a amenazas e intimidaciones hacia periodistas y blogueros.

Más allá de eso, el informe destaca como positivo la proclamación del “Marco Civil da Internet”, una suerte de Constitución de la internet, que regula la libertad de expresión, el debido proceso y la censura. También, el hecho de que desde hace unos años no se bloquean servicios como WhatsApp, luego de una serie de casos en 2015-16.

Colombia también enfrenta desafíos en cuanto al acceso a internet, con precios altos y bajos niveles de alfabetismo digital. Además, algunos actos violentos que atentan contra la libertad de expresión quedan impunes. Uno de los problemas que resalta el informe es el de la vigilancia ilegal sobre los datos privados de los usuarios por parte de agencias de inteligencia. Respecto de este tema menciona el caso del general Humberto Guatibonza que junto a un hacker y tres ex miembros de las fuerzas armadas fue acusado de violación de datos personales e interceptaciones ilegales.

En el informe sobre Ecuador, uno de los acontecimientos que se reconoce es la reforma a la ley de comunicaciones en 2019, que redujo las restricciones a la prensa y “se alejó del sistema punitivo establecido durante la administración de Rafael Correa, que estaba altamente politizado y dejaba espacio para abusos”. Sin embargo, por otra parte, es criticada la ley de telecomunicaciones del 2015, que creó la agencia de regulación ARCOTEL. Esta agencia es acusada de que la redistribución de frecuencias radioeléctricas está politizada y carece de transparencia.

Por último, Venezuela es probablemente el caso más extremo. Tiene el segundo peor puntaje en libertad de internet del continente después de Cuba. Además de la crisis económica, que complica el acceso a internet a muchos ciudadanos, hay censura hacia medios opositores y detenciones de periodistas que comparten contenido crítico en las redes.

Más allá de las particularidades de cada país, hay ciertas fortalezas y debilidades que son comunes a la región sudamericana. Generalmente se observan desafíos en cuanto al acceso a internet, por su elevado costo en algunas regiones, y por las disparidades en distintos sectores socioeconómicos. También, se advierte sobre organismos reguladores sobre esta área que no son independientes del poder ejecutivo. Hay, sin embargo, fortalezas compartidas: excepto el de Venezuela, no se observan casos generalizados de autoridades borrando contenido crítico, ni bloqueando el acceso a redes sociales, ni cortando el acceso a internet durante periodos de protestas. En Sudamérica en general las redes permiten la formación de plataformas de movilización política y pensamiento crítico. 

De manera similar, el análisis de la región de Centroamérica y el Caribe demuestra deficiencias similares a los de sus vecinos del sur, aunque es posible afirmar que se dan de manera más agravada y notoria. Las redes sociales se presentan como armas de doble filo en tanto su uso depende, en parte, del régimen político que las regula. Si bien pueden proporcionar un canal a través del que se provean oportunidades para el desarrollo humano, también pueden implicar una amenaza a la preservación de los derechos humanos. En muchos casos, las debilitadas democracias latinoamericanas resultan ser contextos en donde el Internet llega incluso a ser usado como un instrumento de control social y manipulación electoral.

Además, estas plataformas posibilitan el anonimato de los mensajes que se escriben, por lo que en muchas ocasiones es difícil dilucidar los verdaderos creadores de determinados tipos de contenidos web. Así es como surgen los famosos “trolls” u otras formas de manipulación mediante cuentas fraudulentas. Si bien el poder del internet en si es inmenso, en tanto además de actuar como vidriera de algunas problemáticas sociales, también las viraliza a gran escala y en poco tiempo, lo cual permite a ciertas demandas sociales adquirir una fuerza motora cada vez más importante y reconocida en el ámbito decisional también (es decir, que son cada vez más escuchadas por todo tipo de autoridades). El mismo Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su discurso en la Reunión Anual de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2019, expresó la necesidad de tener en cuenta el rol de las redes sociales en un contexto mundial que exige cada vez más interconexión y en sociedades que reclaman cada vez más participación ciudadana y acceso a la información pública.

Los gobiernos más represivos tienden a utilizar Internet y las redes como medios para emplear la inteligencia artificial para identificar amenazas percibidas y silenciar expresiones indeseadas. Interferencias de actores extra estatales, y de actores domésticos.

Generalmente, las tácticas para restringir el uso de Internet -tanto si son provocadas por actores extra-estatales, como por actores domésticos- se pueden resumir en tres categorías: del tipo informacional, del tipo técnicas y del tipo legal. Las más comunes son las primeras y comprenden el uso de “bots”, comentadores pagos por el partido político de turno, o también el uso de webs que diseminan información falsa, para moldear, hasta cierto punto, la percepción de la realidad social a todo quien acceda a una plataforma online.

Las tácticas técnicas comprenden tanto restricciones a la conectividad como también bloqueos a páginas web o plataformas de redes sociales. Los ciberataques son muy comunes dentro de este tipo de táctica también, como se evidenció en las elecciones presidenciales de julio 2018 en México, uno de estos ataques derribó el website del opositor Partido de Acción Nacional el mismo día que fueron publicados unos documentos críticos de un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de interferencia electoral afecta en mayor proporción a usuarios de internet que viven en países “Parcialmente Libres”: en Latinoamérica se encuentran bajo esta categoría Brasil, Ecuador, Colombia y México. Por su parte, Cuba y Venezuela son “No Libres” y, en el otro extremo, Argentina califica como ‘Libre” (se recuerda tener en cuenta que hay países de la región que no se analizan en el presente estudio).

Además, México presenta una importante debilidad en la provisión de internet: la amplia brecha entre las poblaciones rural y urbana, y la cantidad de periodistas intimidados y asesinados es de las más altas en todo el continente. Según estudios, se ha detectado un software de espionaje llamado “Pegasus” utilizado desde 2016 y, presuntamente, hasta 2019.

Particularmente el régimen cubano, Estado comunista de partido único, restringe todo tipo de pluralismo y disidencia. A pesar de que el gobierno haya mejorado la infraestructura técnica (como la introducción del servicio 3G), el acceso a internet sigue siendo muy limitado en tanto persisten la censura, la baja conectividad y los elevados costos. La demanda ha superado por mucho la capacidad de abastecer a la población con un servicio de calidad (tanto veloz, como no costoso y libre). Para lo cual, la empresa de telecomunicaciones controlada por el Estado cubano, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (ETECSA), maneja monopólicamente el uso de estas redes de conectividad en el país. Más aun, la misma empresa fue la que en febrero de 2019 bloqueó los mensajes de texto de ciudadanos que anhelaban participar votando en contra de la aprobación de la reforma constitucional.

“La estructura principal de Internet en Cuba está completamente controlada por el Estado, y las autoridades tienen la capacidad y el mandato legal de restringir la conectividad a voluntad. La disidencia política se castiga con una amplia gama de leyes y, como resultado, la autocensura es generalizada entre los periodistas en línea y los usuarios comunes de Internet”, remarca la organización Freedom House.

No obstante, en el país surgen cada vez más medios digitales independientes. Además, la población logra esquivar, en parte, la censura del gobierno utilizando mecanismos como el Paquete Semanal y sus derivados, distribuidos principalmente a través de unidades flash USB. En junio de 2018 el gobierno otorgó mayor autonomía a la labor de los periodistas en general, buscando con esto crear un mayor nivel de competencia para hacer frente a estos proveedores de información independientes.

También, el gobierno de Cuba profundizó un acuerdo con la empresa Google, a modo de establecer conectividad sin costos vía fibra óptica. El mismo Diaz Canel comenzó a usar Twitter a partir de Octubre de 2018, como una plataforma para difundir el mensaje de la Revolución y para comunicar las políticas de su administración.

A modo de conclusión, son muchos y diversos los derechos humanos que se ven erosionados por estás prácticas de control de las redes sociales. La obstrucción política del uso de las redes atenta contra la libertad de asociación y de expresión, amenaza los derechos de los migrantes y habilita discriminaciones basadas en posturas políticas, sociales o religiosas expresadas en las redes sociales. Incluso puede llegar a inmiscuirse en los intereses que las personas no necesariamente expresan dentro un ámbito conocidamente público, como sus creencias espiritual, preferencias sexuales, etc.

Todo lo cual representa un enorme peligro: hay una fina línea entre el uso coherente de las herramientas que representan las redes sociales y su uso perjudicial al liberalismo, como denota la amplísima cantidad de fake-news que se comparten diariamente. Resulta necesaria la actualización de normas legales en torno al financiamiento y la transparencia de este ámbito de juego político (principalmente) para garantizar su uso en términos acordes a los de una democracia liberal.

Victoria Ariagno y Alejandro Di Franco

Asistentes de Investigaciones