Durante el gobierno de Evo Morales la renta petrolera boliviana pasó de USD 673 millones a USD 5.459 millones. La pobreza moderada pasó de 60,6 % al 45% y la pobreza extrema se redujo del 38,2 % al 21,6% entre 2005 y 2013, lo que devino en un crecimiento de la clase media a partir de los 2 millones de bolivianos que salieron de la pobreza. El artífice de esta gestión fue el hoy presidente electo Luis Arce.

Por Hugo Machín Fajardo

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), el economista y ex ministro Luis Arce (57) obtuvo un categórico triunfo con el 54.50 %, o más, de los votos escrutados en las elecciones del 18 de octubre en Bolivia, contra un 29,21 % de su principal contendor, el ex presidente Carlos Mesa.

En 2005, Evo Morales ganó con el 52% de los votos, iniciando un ciclo de hegemonía de izquierda que cambió el país, y se vio interrumpido en 2019 por unas elecciones que fueron cuestionadas dentro y fuera del país mediterráneo y generaron un gobierno interino cuya principal responsabilidad era la de convocar a nuevas elecciones con todas las garantías.

Morales — dirigente sindical cocalero y de ascendencia indígena— había ganado en 2005, tras una crisis fogoneada por la denominada guerra del gas, en la que se reclamaba la nacionalización del recurso, que se llevó puestos a dos presidentes: Gonzalo Sánchez de Lozada y al centrista Mesa.

El contexto regional de 2005 era favorable al advenimiento de un nuevo tiempo en Bolivia: Hugo Chávez había propuesto, en enero de ese año en el Foro Social de Porto Alegre, la creación del socialismo del siglo XXI; en abril, el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez era derrocado por una rebelión; en noviembre, la Cumbre de las Américas dijo “No” al ALCA impulsado por Estados Unidos; y días después, Manuel Zelaya llegó a la presidencia en Honduras.

Morales asumió en marzo de 2006, en las ruinas de Tiahuanaco, ciudad precolombina construida a orillas del lago Titicaca, prometiendo una revolución que rápidamente lo alineó en el eje Chávez-Rafael Correa-Fidel Castro.

Su campaña de alfabetización contó con maestros cubanos y venezolanos, Bolivia fue un miembro entusiasta de la Alternativa Bolivariana para América (ALBA) y los términos de “Democracia intercultural”, el “Buen Vivir”, “Socialismo Comunitario” y “Estado Plurinacional”, comenzaron a ser familiares en un país con mayorías históricamente postergadas.

En ocho años de gobierno del MAS, el PBI boliviano pasó de 9,5 millones de dólares a unos 36 millones. El PBI creció en un promedio de 5% entre 2005 y 2013. El superávit fue de un 2% en promedio “un logro enorme frente a cuarenta años de déficit crónico de la economía boliviana” de acuerdo al economista Jorge Viaña, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, de la que egresó Arce, para luego realizar una maestría en la universidad británica de Warwick.

Las reservas internacionales de Bolivia llegaron a ser el 50% del PBI en 2012, cuando en 2005 representaban un 13% de un PBI, “cuatro veces menor”.

En esos primeros ocho años la renta petrolera boliviana pasó de USD 673 millones a USD 5.459 millones. La pobreza moderada pasó de 60,6 % al 45% y la pobreza extrema se redujo del 38,2 % al 21,6% entre 2005 y 2013, lo que devino en un crecimiento de la clase media a partir de los 2 millones de bolivianos que salieron de la pobreza. El artífice de esta gestión fue el hoy presidente electo Arce.

Esos votos se sumaron al 30% de base dura del MAS, según el analista Daniel Zovatto, director regional del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA), con sede en Suecia.

El resultado electoral también se explica— en opinión de Zovatto, entrevistado por la periodista mexicana Carmen Aristegui — por “la pésima gestión del gobierno interino que incurrió en errores de gestión, corrupción, y un discurso de odio, racista y violento”.

La presidenta interina Jeanine Áñez, quien había accedido al cargo en noviembre de 2019 por ser la vicepresidenta del Senado, ingresó a la sede de gobierno enarbolando la biblia en un gesto contrario a los ancestros de sectores indígenas que apoyaban al MAS.

Los meses siguientes plenos de desbordes y hechos de represión militar/policial, como los de Senkata y Sacaba de noviembre 2019, fueron condenados por la ONU y el miércoles 21 de octubre 2020, generaron la aprobación por la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga lo ocurrido entonces de dos procesos penales contra el ministro de Defensa Luis Fernando López y la presidenta Áñez. Se reportaron 36 muertos en esos días. Sobre estos hechos el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, advirtió el martes 20 a los funcionarios del Servicio Nacional de Migración, fiscalías departamentales y Policía Boliviana, con iniciarles procesos penales si alguna autoridad del gobierno transitorio y legisladores logra salir del país contraviniendo la Ley del Arraigo.

Esta Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del nivel central del Estado y de Entidades Autónomas, ha sido cuestionada por la Misión en Bolivia de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, que advirtió sobre la transgresión que esa ley supone a los estándares internacionales de los derechos humanos. En su opinión, favorable a la rendición de cuentas del gobierno interino, “su realización no debe violentar la presunción de inocencia y el debido proceso, ni colocar una restricción indebida al derecho a la libertad de circulación que incluye la potestad de toda persona a salir libremente de su país”.

No sobre este tema puntual, pero sí sobre los juicios existentes en Bolivia que involucran a Evo Morales— 30 reconocidos por el ex presidente— a otros dirigentes del MAS y a él mismo, Arce ha dicho que “lo único que tenemos que hacer es defendernos en las instancias legales.” Se refirió al “debido proceso” y “que no existan excesos en la fiscalía como ya hubo”.

Bolivia no aparece bien puntuada en lo que refiere a la independencia del Poder Judicial.  En el WJP Índice de Estado de Derecho® 2020, ocupa el lugar 121 en 126 países estudiados. Y en 2014 no estaba mucho mejor: ocupó el puesto 102 en los 148 países analizados en el Ranking de Justica Independiente  del Reporte Global de Competitividad 2013 -2014, que realiza el Foro Económico Mundial (World Economic Forum).

Los radicalismos de izquierda y derecha cuestionan el proceso boliviano. El revanchismo post Evo Morales, alentó el activismo y postulación presidencial del líder derechista Luis Fernando Camacho — reconocido por justificar sus acciones siempre basado en Dios y la biblia — quien obtuvo un 14,19% del electorado, que sumado a los votos del expresidente Mesa no llegan a la mitad de los sufragios emitidos, pero marcan una ciudadanía dividida en dos grandes porciones. Por otra parte, la inconformidad con lo hecho durante la administración de Evo Morales también existe en la izquierda, tanto boliviana como regional. Un ejemplo es la opinión del politólogo argentino Atilio Borón quien analizando la administración del MAS sostiene que “las políticas de promoción de sectores de la propiedad social y cooperativa a cargo de los movimientos sociales terminaron en gran medida en un fracaso (...) Es que no basta la transferencia de las empresas al control popular para que aquellas funcionen eficientemente, y por eso la mayoría de ellas tuvieron que ser re-estatizadas par salvarlas de la quiebra”.

El 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) boliviana está en informalidad, lo que en época de pandemia constituye un desafío crucial para el nuevo presidente.

Entrevistado por BBC NewsMundo Arce fue enfático en declarar: “No soy Evo Morales” y respecto al retorno a Bolivia del exiliado ex presidente: “Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el gobierno. Será mi gobierno. Si quiere volver a Bolivia y ayudarnos, no hay ningún problema”.

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.