El 13 de mayo de 2019 Guinea Ecuatorial se sometió por tercera vez al mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina hizo tres recomendaciones al gobierno de Guinea Ecuatorial: entre ellas adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte de la legislación ecuatoguineana; la toma de medidas adecuadas, como la investigación y prosecución de los responsables por detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones y otras violaciones a los DD.HH.; y, finalmente, la adopción de pasos necesarios para garantizar la libertad de expresión a los defensores de DD.HH. y periodistas. Esta última, sin embargo, fue observada por Guinea Ecuatorial, pero no aceptada.

Por Gerónimo Vera

La República de Guinea Ecuatorial, país ubicado en el centro del continente africano sobre la costa atlántica, constituido como república presidencialista en 1968 al declarar su independencia de España, nunca tuvo una experiencia plenamente democrática: su primer presidencia devino en dictatorial y fue depuesta con un golpe de Estado en 1979. Desde entonces, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo es la cabeza del gobierno ecuatoguineano y, su hijo, Teodorín Nguema Obiang, el potencial sucesor al poder.

Como explica la organización Amnesty International, en febrero de 2019, el defensor de los derechos humanos y activista político Joaquín Elo Ayeto fue detenido y posteriormente torturado por la policía. Finalmente, fue juzgado el 27 de noviembre por difamar y amenazar al presidente. Asimismo, Alfredo Okenve, vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID), fue detenido el 15 de marzo tras habérsele prohibido acudir a la entrega del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos.

Con este tipo de antecedentes, el 13 de mayo de 2019 Guinea Ecuatorial se sometió por tercera vez al mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La “troika”, o delegaciones de relatores encargadas de realizar el EPU, estuvo compuesta por Burkina Faso, Islandia y Ucrania, quienes se reunieron en el Palacio de las Naciones, Ginebra, en la 33° sesión de dicho organismo.

Las organizaciones especialistas hacen eco de lo que ocurre en el país africano. Por un lado, el “Bertelsmann Transformation Index 2020” caracteriza a los países dependiendo de tres variables centrales con un valor de 1 a 10: Transformación Política, en la cual Guinea Ecuatorial obtiene el valor de 2.82, siendo una “autocracia de línea dura”; Transformación Económica, cuyo valor para el país en cuestión es de 3.21, siendo “muy limitada”; y, finalmente, el Índice de Gobernanza con un valor de 3.41, o “débil”. La transformación política del país, según este índice, sólo puede darse con un golpe de Estado, ya que “no existe oposición ni organización criminal” con la fuerza suficiente para enfrentarse al gobierno. Por el otro lado, el “Índice de Democracia 2020” de The Economist observa otros factores, como el Proceso Electoral y Pluralismo, en el cual Guinea Ecuatorial se encuentra con un valor nulo (0.00); el Funcionamiento del Gobierno, con un valor de 0.43; la Participación Política, con un valor de 3.33; la Cultura Política, llegando al 4.38; y las Libertades Civiles con 1.47. Así, este índice también caracteriza a Guinea Ecuatorial como un régimen Autoritario.

Asimismo, en el informe “Freedom in the World 2020”, elaborado por Freedom House, se encuentran similitudes con los dos índices previamente mencionados. Este, en particular, caracteriza a los países con puntajes de cero a 100, en el cual Guinea Ecuatorial se encuentra con un valor de 6/100, siendo así “No libre”, debido a que, por ejemplo, las personas del colectivo LGBTQ+ no gozan de derecho político alguno que les permita participar en la vida política del país.

Por su parte, Human Rights Watch en su “World Report 2020” elabora un informe detallado en el cual tienen en cuenta los derechos económicos y sociales; la libertad de expresión y el debido proceso; represión política; y actores internacionales clave. Este reporte desarrolla que el país es uno de los que menos garantiza la educación infantil o el acceso a vacunas y que la sociedad civil se encuentra constantemente amenazada por el régimen autoritario. También expresa que no hay lugar para la libertad de asociación, ni de reunión ni de prensa y que la represión política se da hasta dentro del plano judicial, siendo comunes los procesos jurídicos sin acceso al debido proceso. En cuanto a los actores internacionales clave, explica que la Unión Africana se mantiene al margen de lo que sucede en Guinea Ecuatorial, mientras que países como Suiza o Estados Unidos llevan a cabo investigaciones y procesos judiciales en contra de la hiper-corrupción llevada a cabo por las cabezas del gobierno ecuatoguineano.

Profundizando en este tercer ciclo del EPU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuanto a la igualdad y no discriminación, pidió al Gobierno ecuatoguineano que proporcionara información sobre la aplicación práctica de la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación, mientras que la Comisión Económica para África (CEPA) indicó que aún existía la desigualdad entre los géneros en la esfera política y en el acceso a la tierra.

Relacionado al desarrollo, medio ambiente y las empresas, la Oficina de Evaluación Independiente del PNUD señaló que a la población debía serle garantizado el derecho a participar políticamente y que el Estado debía atender a los compromisos internacionales en pos de los DD.HH. y la lucha contra la corrupción. Así como también explicó que el país se enfrentaba a desafíos relacionados con el cambio climático.

Al evaluarse los Derechos Civiles y Políticos dentro del país, el Comité de DD.HH. preguntó al Estado sobre las medidas adoptadas para prevenir la tortura y aplicar de manera efectiva la Ley en los centros de detención, tanto comisarías como prisiones. Asimismo, el Secretario General observó la continuación de persecuciones políticas, detenciones arbitrarias y maltrato (como las mencionadas anteriormente) y el Consejo de Derechos Humanos (CDH) preguntó acerca de las denuncias sobre las inadecuadas condiciones de dichos centros de detención.

El CDH también solicitó información sobre las medidas adoptadas para lograr una mayor independencia del poder judicial respecto del presidente Obiang, llamando a que se ajusten al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mientras que la UNESCO indicó que “el número de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley había aumentado desde el auge económico gracias a la falta de educación y de oportunidades de empleo”.

Como se menciona anteriormente, la libertad de prensa en el país es controlada por el gobierno, siendo la difamación penada en el Código Penal del país; esto fue señalado por la UNESCO, que también alentó al Estado a promulgar una ley de libertad de información que se ajuste a las normas internacionales para así avanzar respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Finalmente, el CDH señaló que las medidas adoptadas para luchar contra la esclavitud y el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas continuaban siendo esporádicas, mientras el fenómeno seguía aumentando.

En esta ronda de sesiones se dieron un total de 221 recomendaciones, de las cuales Guinea Ecuatorial aceptó 202, dejando 19 de las más centrales e importantes sin aprobar, tales como la solicitud de ratificar la Carta Africana sobre la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza

Dentro de la ronda de recomendaciones, las “democracias plenas” no se han quedado al margen. Canadá, por ejemplo, solicitó que el país garantice la libertad de expresión a activistas, periodistas y opositores políticos, incluyendo el derecho a participar en elecciones libres y transparentes.

Uruguay, una democracia plena latinoamericana, pidió al Gobierno que considerara acceder al Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, recomendación que Guinea Ecuatorial no aprobó. Mientras que Chile, otra de las pocas democracias plenas en Latinoamérica, solicitó que aceleraran la redacción y adopción de una ley de igualdad de género que prohíba explícitamente la discriminación contra mujeres, y que la misma se respete adecuadamente.

Siguiendo esta línea, Costa Rica recomendó el establecimiento de una institución de Derechos Humanos de acuerdo con los Principios de París, la cual debería ser independiente al Gobierno y tener una financiación adecuada para su funcionamiento.

Esto abre una ventana, permitiéndonos ver algunos de los temas más importantes a solucionar dentro del país, como la falta de igualdad, la corrupción llevada a cabo por parte del Gobierno y la falta de libertades políticas.

Mientras tanto, el representante por la República Argentina hizo tres recomendaciones al gobierno de Guinea Ecuatorial: entre ellas adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte de la legislación ecuatoguineana; la toma de medidas adecuadas, como la investigación y prosecución de los responsables por detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones y otras violaciones a los DD.HH.; y, finalmente, la adopción de pasos necesarios para garantizar la libertad de expresión a los defensores de DD.HH. y periodistas. Esta última, sin embargo, fue observada por Guinea Ecuatorial, pero no aceptada.

Existe una desalineación visible entre la agenda internacional argentina y la nacional, siendo que dos de las tres recomendaciones no se cumplen plenamente dentro del país latinoamericano, en tanto se realizan detenciones arbitrarias y luego no se investiga apropiadamente los sucesos, y la libertad de expresión es una mera pantalla cuando los medios de comunicación deben seguir la pauta oficial del gobierno para poder publicar sus escritos y telecomunicaciones.

En conclusión, es observable el largo camino que tiene Guinea Ecuatorial por recorrer para lograr la democratización y garantizar los Derechos Humanos. 

Gerónimo Vera

Voluntario de CADAL