El presidente Gustavo Petro vive la mayor crisis en diez meses de mandato, desatada por dos funcionarios de su gobierno muy próximos a él, ya destituidos: su jefa de Despacho de la Presidencia y mano derecha Laura Sarabia, y uno de sus artífices electorales en la región Caribe, y embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti.

Por Hugo Machín Fajardo

Informes periodísticos con base en declaraciones y filtraciones de chats entre Benedetti y Sarabia, donde figuran acusaciones, amenazas de revelar datos supuestamente comprometedores, presuntos financiamientos electorales de origen desconocidos estimados en unos 34 millones de dólares y no declarados, en un contexto desbordado, y de insultos de Benedetti hacia Sarabia, los audios dados a conocer el 4 de junio por revista Semana dejan en evidencia hechos aparentemente irregulares, o hasta delictivos, que ameritan investigación judicial que ya generaron denuncias ante la comisión de acusaciones del parlamento colombiano.

Luego de difundidos los audios, Benedetti declaró a la revista digital Cambio que estaba en estado de embriaguez cuando dijo lo que dijo, y que no había recibido los 34 millones de dólares durante la campaña, aunque no desvirtuó lo dicho sobre la utilización que hizo de un avión chárter varias veces y para traslados internacionales.

HECHOS. Del domicilio particular de Sarabia desaparecieron en enero del 2023, unos 7.000 dólares, o 340.000 dólares, según otras versiones, circunstancia conocida públicamente recién hace unos días. La persona sospechada por Sarabia de haber tomado el dinero fue una mujer, Marelbys Meza, que trabajó como niñera en el hogar de la funcionaria.

Meza habría sido conducida por la fuerza pública a un sótano del edificio Luis Carlos Galán, frente a la Casa de Nariño, presionada, y sometida a un polígrafo, en lo que podría tipificarse como «abuso de funciones» presuntamente ordenado por Sarabia.

Asimismo, elementos policiales le inventaron a Meza y a otra trabajadora que se desempeñaba con Sarabia, una supuesta vinculación con un grupo delincuencial con lo que obtuvieron una orden judicial para intervenir el teléfono de la niñera. La intervención cesó a los pocos días, habida cuenta de que no existía ninguna vinculación con hechos delictivos. La interceptación telefónica lograda mediante engaño a la justicia configura un delito.

REACCIONES. Petro ha expresado en su cuenta de Twitter que para llegar al gobierno no recibió dinero del narcotráfico, así como que la Fiscalía General de la Nación puede investigarlo a él y a su administración. El fiscal general, Francisco Barbosa, desde tiempo atrás mantiene un fuerte enfrentamiento con el presidente, donde incluso ha sido acusado por el oficialismo de incurrir en «sedición» por alentar al desobedecimiento de la fuerza pública.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez responsabilizó el lunes 5 de junio «a la derecha de querer frenar el cambio iniciado en el país».

Integrantes de la oposición también han vinculado los hechos reseñados más arriba a dos situaciones: durante la campaña electoral Juan Fernando Petro, hermano del actual presidente, visitó en la cárcel de La Picota a jefes del crimen organizado y, de acuerdo a estos opositores, habría prometido la no extradición a Estados Unidos. El otro caso que se vincula a lo que ya se denomina «Benedettigate» en medios colombianos, es el de Nicolás Petro, hijo del presidente, diputado departamental, investigado por la fiscalía tras la denuncia efectuada por su exesposa de recibir sumas de dinero en efectivo que tampoco habrían sido declarados durante la campaña electoral. Los audios divulgados, en opinión de la senadora Fernanda Cabal del opositor Centro Democrático «son una confesión de parte, una auto cabeza de proceso» y exhortó al Fiscal General a llamar a interrogatorio a Benedetti y Sarabia.

El ex alcalde de Medellín y ex candidato presidencial Federico Gutiérrez pidió la «renuncia» del presidente de la República al tiempo que presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lo propio hizo el senador opositor Miguel Uribe ante la comisión similar del Senado y calificó de «ilegitimo» al presidente.

En declaraciones a medios el lunes 5 de junio, Benedetti subió su apuesta y dio a entender que, así como él consume cocaína, también lo haría el presidente Petro, y que los dineros recolectados por Nicolás Petro en la región de la costa Caribe —donde Benedetti tuvo y tendría aún fuerte influencia electoral— podrían provenir de negocios ilícitos. Por su parte el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, ha dicho que «a Benedetti ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice: “yo soy un drogadicto”».

En este contexto confuso y con múltiples aspectos aún por analizar, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Benedetti, quien tiene un hijo residiendo en ese país al que viajaba con frecuencia.

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla dijo a la emisora La W de Bogotá que le corresponderá a la Corte Constitucional entender si los nuevos cargos que le imputen a Benedetti —quien ya ha sido investigado judicialmente por anteriores denuncias— entre los cuales mencionó constreñimiento ilegal e interceptación indebida de comunicaciones. «La Fiscalía tendrá que hacer una investigación minuciosa, muy seria, muy severa», porque a su entender, «el escenario presidencial no puede ofrecer semejantes acusaciones, semejantes vejámenes, y tenemos derecho a saber qué es lo que hay detrás». Si son figuras delictivas, agregó, «que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones, la Corte tiene competencia, o de lo contrario, el caso se va para la justicia penal común a todo ciudadano». Arrubla contravino la opinión de Petro acerca del uso del polígrafo. El presidente había dicho el viernes 2 de junio que fue apropiado el uso del polígrafo con la niñera Meza, mientras que el magistrado sostuvo lo contrario el lunes 5: «totalmente ilegítimo», dijo.

Por lo pronto, en lo que corresponde a la financiación de la campaña proselitista el Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar el 5 de junio y citó a declarar a ambos protagonistas de la crisis para el martes 13 de junio.

 La gobernanza de Colombia sufrió un impacto. Se congela el análisis parlamentario de importantes proyectos de ley atinentes a las reformas de la salud, laboral, y pensional, según anunció el presidente de la cámara de Representantes, David Rasero, del Pacto Histórico, coalición que apoyó a Petro.

Una encuesta de la empresa consultora Datexco conocida el 5 de julio, que no incluye la última semana donde ocurrieron los hechos y derivaciones narrados, ubica la desfavorabilidad de Petro en 60%, el índice favorable en 26% y la medición sobre el viaje de Francia Márquez a África obtiene una desfavorabilidad del 58%.

El presidente Petro entiende que esta crisis que sufre su gobierno es similar a lo ocurrido en diciembre de 2022 en Perú: «buscan el camino que sufrió Pedro Castillo» y advierte que «del pueblo dependerá».

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.