Dos periódicos latinoamericanos, «El Tiempo», de Bogotá y «La Prensa Gráfica» de San Salvador, el pasado 8 de noviembre convocaron a diferentes expertos a debatir en el foro «América habla: Unidos para informarnos mejor», organizado en la capital salvadoreña, sobre el «Modelo Bukele» para enfrentar la criminalidad.

Por Hugo Machín Fajardo

Foto: X, @presidenciaSV

El Salvador tenía en 2015 una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes. Era uno de los países más violentos del orbe. La tasa de homicidios promedio en el mundo se sitúa en el 6,2 por 100.000 habitantes. Desde 2022, en el «Pulgarcito» de América Central — 21 mil Km2— la tasa de homicidios descendió a 9,7. El Salvador cuenta con 6,3 millones de habitantes, con una densidad poblacional de 300 habitantes por Km2.

La criminalidad es el flagelo que más afecta a Latinoamérica. La tercera parte de los homicidios que ocurren en el mundo tienen lugar en la región. La corrupción en alto grado, y la marginación de millones de latinoamericanos, especialmente de jóvenes, son el caldo de cultivo para el crimen organizado que diariamente recluta adolescentes y jóvenes para sus estructuras criminales, en opinión del periodista colombiano Ernesto Cortés, moderador del primer panel: «Estrategias para enfrentar la violencia. Lo que ocurre en El Salvador».

Países que no se contaban entre los que sufrían secuestros extorsivos, crímenes cada vez más violentos, sicariato y masacres, como Argentina, Chile —donde el gobernador de Santiago, el oficialista Claudio Orrego pidió esta semana decretar estado de excepción constitucional,— Costa Rica, Ecuador y Paraguay, hoy enfrentan crecientes desafíos a su institucionalidad. El contexto se ve alentado por las economías ilegales que abarcan el microtráfico; explotación sexual, incluida la infantil; utilización de migrantes como mano de obra esclava; y obviamente diversas modalidades de robos y homicidios.

La venta de protección barrial en ciudades cuyos sectores populares pueden estar divididos territorialmente entre combos que no permiten vender otros productos que no sean los que ellos manejan, es una vertiente importante de las economías ilegales urbanas. En las zonas rurales, la actividad delictiva prioriza la minería ilegal, la producción y trasporte de droga hacia el Primer Mundo.

El mexicano Carlos Xavier Muñoz Burgos del Banco Mundial, sostuvo en noviembre 2022 en Medellín que «Latinoamérica necesita un nuevo pacto social que permita acortar la brecha social”.

Muñoz agregó que las tasas más altas de homicidios de 2020 se registraron en 20 países con más desempleo: Brasil, Honduras, México, El Salvador, Ecuador, Colombia, entre ellos. Según informe del BID del 2020, 3.5 del PIB de la región se pierden por la violencia: 16,5 billones de USD. Solo en Brasil suman 9.2 billones.

La administración de Nayib Bukele (2019-2024) ha encarcelado 70.000 personas y construido mega-cárceles donde recluir a los detenidos. Fruto de los cuestionamientos —provenientes de ONGs y de la administración Biden, por las acciones contrarias al Estado de derecho, así como a violaciones a los Derechos Humanos— el Gobierno ha decretado la libertad de unos 7.000 detenidos. El resto aguarda para ser procesado.

¿Mano dura? ¿Mano blanda? ¿Mano eficaz? En esa contraposición se generó el conversatorio entre Ignacio Cano (Unam-México), fundador del Laboratorio de Análisis de la violencia.; Tahnya Pastor, ex auxiliar del fiscal general de El Salvador; Carlos Carcach, académico salvadoreño; y Edwin Segura, periodista salvadoreño.

La abogada Pastor sostiene que en su país existe «un sistema legal instaurado para generar corrupción y promover la impunidad. Tuvimos una guerra con pandillas que no surtió efectos. Por el 2002, se intenta castigar a las maras, pero la Sala Constitucional declaró inconstitucional la ley propuesta».

Pastor agrega que «lo positivo del estado de excepción, [vigente desde hace 20 meses] es lo que se había logrado en materia de reducir la criminalidad. Lo negativo es que había capturas inocentes», pero así se logró derrotar «al autoritarismo violento de las pandillas» que sometía a la ciudadanía. A juicio de la abogada salvadoreña, la ciudadanía está dispuesta «a negociar cierto grado de libertad en aras de seguridad».

Pastor ve positivo que su país se haya trasladado «de un derecho penal hiper garantista, que invisibilizaba a las víctimas, a una situación en que ahora se visibiliza a las víctimas (…)  No estamos orgullosos como país, pero hay que aceptarlo como necesario y [los miles de reclusos] van a estar ahí el tiempo que las leyes digan que deben estar ahí. El costo que significa es mucho menor si lo contabilizamos en vidas». Sobre los cuestionamientos existentes a los desbordes inconstitucionales de Bukele, así como al abuso del estado de excepción dijo que «la ciudadanía no come del Estado de Derecho».

Bukele tiene una popularidad del 90% según el último informe de Latinbarómetro, agosto 2023, que abarca 17 países de la región. Una reciente encuesta de TResearch International en El Salvador, le asigna el 94,1 % de los votantes, frente a un 4% del izquierdista FLFM, —partido donde surgió Bukele— y un 2% del derechista Arena.

También el periodista Segura reconoció que la población «está satisfecha con los resultados del régimen de excepción, pero advirtió que «muchos de los capturados son inocentes». El periodista salvadoreño agregó que «la reducción de los homicidios no ha sido inmediatamente después ni vinculada con el régimen de excepción. Del porcentaje de homicidios que hubo en 2015, entre 2015 y 2018 se pasó a 52 por cada 100.000 habitantes; y a un tercio, entre 2018 a 2021. Sin régimen de excepción. Luego viene la última etapa desde 2022. con 9.7 porcada 100.000 habitantes».

Los cuestionamientos más severos a Bukele provinieron del mexicano Ignacio Cano (UNAM-México), exACNUR, fundador del Laboratorio de análisis de la violencia: «el costo de este modelo es una tasa de encarcelamiento superior al dos por ciento de la población. Existen múltiples acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos. Muertes sin autopsia. Racionamiento de comida en las prisiones. Y el fin de lo que sería el Estado de derecho pues no hay presunción de inocencia. En el pasado las políticas de mano dura han fortalecido al crimen organizado, —tanto en Brasil como en México— porque concentra a los criminales en las cárceles».

«El proyecto Bukele actual —prosiguió— es la fantasía de muchos gobiernos autoritarios de la región que siempre soñaron con no tener imites legales a su actuación».

«Todo el mundo que podría ser marero marcha a la cárcel. Si triunfa esto, tendremos un retroceso democrático y en El Salvador tenemos un retroceso democrático muy serio con sustitución de jueces; represión a la prensa; uso selectivo del código penal: ambientalistas que fueron procesados por ser opositores, no mareros».

Según Cano es equivoco plantearse si «mano dura o mano blanda: es mano eficaz. Si hubiera pruebas concluyentes de la culpabilidad de estos setenta mil, nadie criticaría la política de Bukele». El especialista mexicano se preguntó luego «¿quiénes son los presos?: los tatuados y los pobres. Eso puede generar un resentimiento. Lo que hay que hacer es mejorar la investigación, a través de delación premiada, (y) reinserción social».

Recordó que «en el gobierno (de izquierda) de Funes, los mareros seguían extorsionando y no hubo una política que los sacara del crimen. Porque es un problema estructural. Bukele también negoció antes con las maras para intentar reducir la violencia».

El viernes 17 de noviembre se confirmó desde Estados Unidos que entre 2019 y 2021 el gobierno de Bukele negoció con lideres de la Mara Salvatrucha (MS-13).

El académico Carcarach afirmó que a la instalación de las primeras pandillas no se le dio oportuna respuesta en 1992, inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz: «el crimen comenzó a concentrarse fuera de las zonas urbanas, migró para las zonas rurales, donde bandas de criminales se nutrieron con muchos desmovilizados de las fuerzas armadas y de la guerrilla que lo único que sabían hacer era disparar un arma y responder con violencia».

«Las pandillas no creo hayan perdido su poder. Deben sobrevivir como organización criminal. Probablemente redujeron áreas de interés para ejercer control territorial y eso les beneficie, pues no pueden controlar territorio más amplio», agregó el académico.

En el segundo panel —«Experiencias de reducción de violencia en América latina»— se rechazó el «Modelo Bukele» contraponiéndole experiencias positivas de reducción de la criminalidad.

El alcalde Oscar Escobar García, de la ciudad colombiana de Palmitas, entiende que «no es un problema de izquierda o derecha, sino de entender que la reducción de la violencia urbana no es solo un problema policial, o de pedirle al presidente más policías, sino de abordar las causas estructurales del conflicto y poner en marcha estrategias integrales que actúen sobre esas causas». Expuso el programa PAZOS (Paz y Oportunidades) aplicada en su ciudad del Valle del Cauca):  se trata de priorizar la oferta social y económica en jóvenes de 14 a 29 años y en barrios con mayor vulnerabilidad, de acuerdo con un análisis estadístico.

Alberto Kropittke es el director ejecutivo del programa brasileño Ciudades Seguras. Informó sobre el trabajo en Niteroi, en el Nordeste brasileño, «con estrategias basadas en evidencia, en prevención con aplicación de la ley. Combínanos con el liderazgo del alcalde. Construimos con las policías locales, nacionales, la fiscalía, el sistema judicial, estrategias utilizando la disuasión focalizada».

«También en la ciudad de Pelotas— en el sureste de Brasil— donde la cifra de homicidios descendió un 92 por ciento de homicidios y en un 80 por ciento los robos, a partir de implementar el mismo programa».

Agregó que en 27 provincias de Brasil se están reduciendo homicidios desde hace más de 15 años. Y que eso se logra con análisis de datos, con investigación, con liderazgo del gobernador, con coordinación con las policías. «Es entonces cuando ese modelo funciona. Está ocurriendo hoy en Brasil fuera del discurso polarizado del país».

Se trata de un plan integral con urbanización y con servicios públicos. «La gran cuestión es que necesitamos planes de política pública como en la salud o en la educación. Y cuando no se quiere hacer eso se hacen cosas que no sirven. En los noventa en Sao Paulo se hizo algo parecido a lo que se está haciendo hoy en El Salvador y el resultado fue horrible».

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.