Al pedirle la renuncia a Redrado como si fuera un simple funcionario político, o al decir que “sólo la Presidenta toma decisiones en materia de política económica”, el gobierno también está anunciando que toda vez que encuentre una regla que no le guste o no le convenga, hará todo lo que esté a su alcance por cambiarla.

Por Adrián Lucardi

El conflicto entre el gobierno nacional y el presidente del Banco Central, Martín Redrado, acaba de comenzar y además tiene numerosas aristas legales y políticas, por lo que resulta imposible predecir sus derivaciones futuras. Pero más allá del resultado final del conflicto, el mismo resulta significativo porque deja al descubierto las serias limitaciones de la política económica que el kirchnerismo viene aplicando desde 2003.

Dichas limitaciones se manifiestan en dos dimensiones. La primera es institucional: un gobierno incapaz de asegurar un mínimo de seguridad jurídica, es decir, de dar estabilidad y previsibilidad a las normas legales. La forma en que el gobierno se está conduciendo en el conflicto con el Central revela categóricamente, y con hechos, que la seguridad jurídica no está entre sus preocupaciones.

En efecto, al pedirle la renuncia a Redrado como si fuera un simple funcionario político, o al decir que “sólo la Presidenta toma decisiones en materia de política económica”, el gobierno no sólo está ignorando la existencia de una ley que garantiza la autonomía del Banco Central, o el hecho de que el Congreso tiene la misma legitimidad democrática que la Presidenta para tomar decisiones en materia de política económica; también está anunciando que toda vez que encuentre una regla que no le guste o no le convenga, hará todo lo que esté a su alcance por cambiarla.

La segunda dimensión es propiamente económica. Desde 2003, el gobierno viene aplicando una política procíclica basada en el uso (por no decir abuso) del gasto público como estímulo a la demanda privada, con el objetivo de ganar apoyos políticos. Como esta política se limita a redistribuir riqueza y no a crearla, sólo es sustentable en la medida en que la economía crezca a tasas elevadas por factores exógenos (elevada capacidad ociosa, alto precio internacional de los commodities agrícolas). Cuando el escenario cambia, como sucedió en 2008, es necesario reducir el gasto o buscar nuevas fuentes de ingresos. Lo primero implicaría poner fin al modelo, por lo que el gobierno apenas intentó una suba de tarifas, y dio marcha atrás ante el descontento de la gente. En cuanto a lo segundo, un mayor endeudamiento es imposible porque nadie quiere prestarle a la Argentina, y el intento de aumentar los impuestos condujo al conflicto con el campo, por lo que el gobierno optó por las confiscaciones: a fines de 2008 fueron las AFJP, y ahora les toca a las reservas del Central.

En efecto, el presupuesto 2010 ya contempla suficientes recursos para hacer frente a los vencimientos de deuda que el país enfrentará este año, por lo que no puede decirse que el Fondo del Bicentenario sea necesario para garantizar el pago de la deuda. Más bien, el objetivo del gobierno consiste en liberar las partidas del presupuesto que están destinadas al servicio de deuda, y usarlas para estimular la demanda. De ahí que el 5 de enero pasado, el viceministro de economía, Roberto Feletti, haya emitido un comunicado defendiendo al Fondo del Bicentenario porque “libera recursos para sostener los estímulos de a la demanda”, y acusando a los críticos del mismo de pretender “retomar a la época de ajustes”.

El mensaje no puede ser más claro: el gobierno va a seguir pateando la pelota para adelante, dejando que el que venga pague los platos rotos y denunciando intentos de “ajuste” cada vez que algún opositor plantee dudas sobre la sustentabilidad futura del modelo y pretenda reducir o morigerar el gasto. En las elecciones de junio la oposición ganó el control del Congreso, y eso le permitirá limitar los peores abusos institucionales del gobierno, pero lamentablemente no será suficiente para cambiar hacia una política económica basada en la inversión que permita crear riqueza, y no en la mera redistribución de activos ya existentes.

Adrián Lucardi es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

 

Adrián Lucardi

Consejero Académico

Es profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política del ITAM (México). Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés (Buenos Aires) y doctor en Ciencia Política por la Washington University in St. Louis (Estados Unidos). Su trabajo fue publicado en The Journal of Politics, British Journal of Political Science, Comparative Political Studies y Legislative Studies Quarterly, entre otros.