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23-06-2012Lobo debe imitar a Calderón
(Prensa y Expresión) Por muchos años el presidente Felipe Calderón tuvo oportunidades para luchar a favor de la protección de la libertad de prensa y dejó pasar esas oportunidades. Ahora, tal vez gracias al período electoral y las urgencias por cumplir compromisos y realizar obras a tiempo, el presidente mexicano tomó el toro por las astas. Ahora le falta al presidente hondureño, Porfirio Lobo, a quien le venimos pidiendo diferentes medidas para acabar con la impunidad que envuelve a más de una docena de casos de asesinatos de periodistas en el país, y para detener la violencia en contra de la prensa en general y el derecho del público a la información.Por Ricardo Trotti
(Prensa y Expresión) Por muchos años el presidente Felipe Calderón tuvo oportunidades para luchar a favor de la protección de la libertad de prensa y dejó pasar esas oportunidades. Ahora, tal vez gracias al período electoral y las urgencias por cumplir compromisos y realizar obras a tiempo, el presidente mexicano tomó el toro por las astas.
En menos de un par de meses resolvió dos cosas importantes que desde la SIP veníamos solicitando a diferentes gobiernos mexicanos desde hace más de una década, que los crímenes contra periodistas sean de jurisdicción federal, lo que daría más chances para que haya mayor transparencia, capacidad de administrar justicia que los estados no pueden resolver debido a la infiltración del crimen organizado, y que haya un sistema de protección, al estilo del colombiano, que permita al Estado garantizar lo que establece su Constitución.
La reforma constitucional sobre federalización ya fue aprobada por la mayoría de los estados mexicanos lo que le da fuerza de ley y solo ahora faltan las leyes secundarias para su reglamentación. Y ayer, en un giro trascendente para la prensa mexicana, el presidente Calderón firmó la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que consta de 67 artículos. Establece, entre otras medidas de protección, la evacuación, reubicación temporal, asignación de escoltas y autos blindados para las víctimas de violencia; así como la entrega de equipo tecnológico y chalecos antibalas. También permite la aplicación de sanciones contra funcionarios públicos que de forma deliberada pongan en riesgo o causen daño a activistas de los derechos humanos y periodistas.
Lo más importante de estas dos medidas, que obviamente nadie considera que serán los instrumentos automáticos por los que se disuadirá a los violentos, es que demuestran que en materia de la protección de los derechos humanos y de la libertad de expresión, se necesita voluntad política férrea.
Esta es la condición que todavía le falta al presidente hondureño, Porfirio Lobo, a quien le venimos pidiendo diferentes medidas para acabar con la impunidad que envuelve a más de una docena de casos de asesinatos de periodistas en el país, y para detener la violencia en contra de la prensa en general y el derecho del público a la información.
Con la SIP estamos organizando una conferencia en este sentido para el 9 y 10 de agosto próximo, involucrando a todos los sectores, incluido el gobierno, para buscar una solución e incentivar la necesaria voluntad política para que la ciudadanía sepa que sin una prensa libre y saludable, no se puede construir verdadera democracia.
Ricardo TrottiConsejero ConsultivoDirector ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, donde trabaja desde 1993 habiéndose desempeñado como director del Instituto de Prensa y de Libertad de Prensa. Es periodista de origen argentino, nacionalizado estadounidense, especialista en libertad de prensa y ética periodística. Fue asistente del director de El Nuevo Herald, Miami y jefe de Redacción de El Liberal en Santiago del Estero, Argentina; fue redactor y fotógrafo en publicaciones de Washington y columnista sindicado sobre libertades de prensa y expresión en numerosos medios de América Latina y EE.UU. Es autor de varios libros y recibió premios nacionales e internacionales por su labor profesional. Fue fellow en Harvard University del Centro Weatherhead sobre Asuntos Internacionales en 2013-2014. Dicta conferencias y seminarios sobre ética periodística y libertad de prensa, temas que refleja en su actividad como artista plástico.
(Prensa y Expresión) Por muchos años el presidente Felipe Calderón tuvo oportunidades para luchar a favor de la protección de la libertad de prensa y dejó pasar esas oportunidades. Ahora, tal vez gracias al período electoral y las urgencias por cumplir compromisos y realizar obras a tiempo, el presidente mexicano tomó el toro por las astas.
En menos de un par de meses resolvió dos cosas importantes que desde la SIP veníamos solicitando a diferentes gobiernos mexicanos desde hace más de una década, que los crímenes contra periodistas sean de jurisdicción federal, lo que daría más chances para que haya mayor transparencia, capacidad de administrar justicia que los estados no pueden resolver debido a la infiltración del crimen organizado, y que haya un sistema de protección, al estilo del colombiano, que permita al Estado garantizar lo que establece su Constitución.
La reforma constitucional sobre federalización ya fue aprobada por la mayoría de los estados mexicanos lo que le da fuerza de ley y solo ahora faltan las leyes secundarias para su reglamentación. Y ayer, en un giro trascendente para la prensa mexicana, el presidente Calderón firmó la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que consta de 67 artículos. Establece, entre otras medidas de protección, la evacuación, reubicación temporal, asignación de escoltas y autos blindados para las víctimas de violencia; así como la entrega de equipo tecnológico y chalecos antibalas. También permite la aplicación de sanciones contra funcionarios públicos que de forma deliberada pongan en riesgo o causen daño a activistas de los derechos humanos y periodistas.
Lo más importante de estas dos medidas, que obviamente nadie considera que serán los instrumentos automáticos por los que se disuadirá a los violentos, es que demuestran que en materia de la protección de los derechos humanos y de la libertad de expresión, se necesita voluntad política férrea.
Esta es la condición que todavía le falta al presidente hondureño, Porfirio Lobo, a quien le venimos pidiendo diferentes medidas para acabar con la impunidad que envuelve a más de una docena de casos de asesinatos de periodistas en el país, y para detener la violencia en contra de la prensa en general y el derecho del público a la información.
Con la SIP estamos organizando una conferencia en este sentido para el 9 y 10 de agosto próximo, involucrando a todos los sectores, incluido el gobierno, para buscar una solución e incentivar la necesaria voluntad política para que la ciudadanía sepa que sin una prensa libre y saludable, no se puede construir verdadera democracia.
