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03-08-2012La camaleónica evolución de Ollanta Humala, un año después
(Infolatam) Humala podía quedar atrapado en un viejo dilema político peruano: dado que anteriores gobiernos democráticos derivaron en crisis políticas y estancamiento económico, mientras que los regímenes autoritarios impulsaron el crecimiento y derrotaron a la subversión, amplios sectores de la población caen fácilmente en la tentación de creer que el “progreso” solo puede alcanzarse con la mano dura de un dictador benévolo.Por Luis Esteban González Manrique
(Infolatam) Con la designación como nuevo primer ministro de Juan Jiménez Mayor, un jurista especializado en derechos humanos, en sustitución del militar retirado Óscar Valdés, Ollanta Humala ha enviado una clara señal de que va a intentar recuperar al electorado que lo llevó al poder, en lo que representa el último avatar de su metamorfosis política. Y que probablemente tampoco será la última.
A las puertas de su primer un año en la presidencia, Humala necesitaba un cambio de imagen urgente, aunque no está claro aun si el nuevo gabinete supondrá más un giro en las formas que en el fondo de las políticas del gobierno. El año pasado, Humala recibió el respaldo de sectores izquierdistas y liberales -entre ellos Mario Vargas Llosa y el ex presidente Alejandro Toledo- porque ofreció un manejo responsable de la economía e “inclusión social” de los postergados por el Estado.
Sin embargo, el nombramiento de Valdés en sustitución de Salomón Lerner Ghitis en diciembre del año pasado supuso un giro hacia posiciones comprensivas con los sectores que reclamaban “mano dura” contra quienes protestaban contra los proyectos mineros por su coste medioambiental. Después de 15 muertes causadas por la represión policial, los resultados fueron claramente contraproducentes: la aprobación de Humala cayó al 36% por su creciente desconexión con los sectores sociales que prometió defender en su campaña.
En una celebrada caricatura en el diario La República, Carlín, el mejor humorista gráfico del país, dibujó a Valdés mostrando como prueba de que los pobladores de Cajamarca y Cusco eran “radicales violentos” por el hecho de que el 76% de ellos votó por Humala.
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, contribuyó a la radicalización cuando en un mitin pidió a la población echar al presidente porque “traicionó” sus promesas. En respuesta, la presidencia del Congreso exigió procesar a Santos por “apología a la rebelión”.
Embarcado en ese rumbo, el gobierno corría el riesgo de convertirse en un altavoz de las teorías conspirativas difundidas por los servicios de inteligencia, con sus simplistas explicaciones de “planes y redes subversivas” que supuestamente estarían detrás de todos los movimientos de protesta.
Lo cierto es que las muertes de civiles se habían hecho demasiado frecuentes en las confrontaciones callejeras entre manifestantes y policías. Las reglas de enfrentamiento de las fuerzas de seguridad parecían privilegiar exclusivamente el uso de fusiles de asalto Kalashnikov y Galil. Desde 2006, las balas de la policía han matado a unos 80 manifestantes y heridos a otros 800, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En comparación, según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en ese país desde esa fecha han muerto 28 personas en circunstancia similares.
En 2011, nueve policías chilenos, incluido un general, fueron destituidos por el gobierno debido a la muerte, por herida de bala, de un estudiante de 16 años durante una manifestación en Santiago. En el Perú, ni un solo policía ha sido sancionado por uso indiscriminado de la fuerza ni las víctimas han recibido compensación alguna del Estado.
Si su gobierno mantenía ese rumbo, Humala podía quedar atrapado en un viejo dilema político peruano: dado que anteriores gobiernos democráticos derivaron en crisis políticas y estancamiento económico, mientras que los regímenes autoritarios impulsaron el crecimiento y derrotaron a la subversión, amplios sectores de la población caen fácilmente en la tentación de creer que el “progreso” solo puede alcanzarse con la mano dura de un dictador benévolo.
Como ministro de Justicia, Jiménez ya jugó un papel importante para empezar a destrabar la crisis de Cajamarca al nombrar al obispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, facilitador del diálogo en ese departamento, lo que indica que Humala es consciente de que en la resolución del conflicto se juega su credibilidad política y su presidencia.
Las mayores movilizaciones se han registrado en Cajamarca contra el proyecto de Conga, en el que la minera Yanacocha, propietaria de la norteamericana Newmont y la peruana Buenaventura, planea invertir unos 4.800 millones de dólares. Pero la oficina del Defensor del Pueblo contabiliza 245 conflictos sociales abiertos a lo largo del país, la mayoría debido al temor de los pobladores rurales de que la minería acabe con sus escasos recursos hídricos y contamine su entorno.
La minería representa el 60% de las exportaciones peruanas y produjeron ingresos por valor de 21.700 millones de dólares en 2010. Pero la explotación aurífera legal apenas emplea directamente a unos cuantos miles de trabajadores. Un estudio de peritos internacionales respaldado por el gobierno ha abierto una vía de solución al proponer la construcción de varios reservorios de agua que compensen la desecación de dos lagunas cercana a Conga.
Pero Santos no da su brazo a torcer y asegura que la lucha contra el proyecto seguirá hasta que se logre su cancelación definitiva. Humala ha dicho que Conga seguirá adelante, pero solo con la condición de que el suministro de agua de la zona no se vea afectado. Las explotaciones mineras requieren cantidades ingentes de agua para extraer y procesar los minerales y abastecer a las instalaciones, un factor siempre conflictivo en zonas en las que la principal actividad económica de la población es la agricultura.
El vice presidente de Newmont, Carlos Santa Cruz, ha prometido que la compañía invertirá 49 millones de dólares en un fondo de obras sociales, pero también ha advertido que si no logra pronto un acuerdo, podría llevar la inversión de Conga a otras operaciones similares en Australia, Ghana o Indonesia.
Un problema añadido es la escasa credibilidad de Newmont. En 2000, el gobierno peruano impuso a la compañía una multa por valor de medio millón de dólares por
un derrame de mercurio que produjo miles de casos por envenenamiento en Cajamarca. En Indonesia, la empresa fue enjuiciada por 133 millones de dólares en 2004 por cargos de contaminación. En 2009 en Ghana se la acusó de derramar cianuro accidentalmente y contaminar el agua de varios ríos.
Si Conga no va, puede caerse una inversión minera indispensable en cualquier escenario futuro. Y si continúa, los grupos que se oponen al proyecto utilizarán el avance de las obras para crear una situación de inestabilidad permanente. Las posturas anti-mineras a ultranza no admiten la realidad de un país en crecimiento que debe imponer estándares medioambientales, pero que obtiene la mayor parte de su renta de las industrias extractivas y cuyo potencial agrícola tiene límites que le impiden sustituir a la minería como principal fuente de ingreso, por lo que debe intentar alcanzar un modelo de desarrollo que concilie los intereses de ambos sectores.
Debido a la conflictos sociales, hoy están en riesgo alrededor de 20 proyectos mineros por valor de 24.000 millones de dólares, una cifra que se multiplica varias veces más si se tiene en cuenta la cadena de valor que genera la minería: transporte, metalmecánica, puertos, aduanas, constructoras, hostelería, consultorías… Pero no todo está perdido si el gobierno articula las alianzas necesarias y mejora los planes de desarrollo locales, los controles ambientales y la participación de las comunidades locales en la renta minera.
Los nuevos miembros del gabinete van a intentar sacar adelante importantes políticas públicas que están pendientes desde hace mucho. Al mismo tiempo, la continuidad del ministro de Economía, Miguel Castilla, aleja los temores de los empresarios y los inversores extranjeros. El crecimiento promedio de 6% en la última década ha sido uno de los mayores del mundo. Gracias a la estabilización y la apertura económica, las empresas se volvieron más competitivas y no han dejado de aumentar la inversión, el consumo y los ingresos fiscales.
El Perú moderno, es decir, la parte del país más similar a Chile, avanza rápidamente: las empresas líderes crecen por encima del 10% anual, las oportunidades de empleo y de crédito proliferan mientras que la acelerada construcción de edificios y centros comerciales confirma esa percepción. En cambio, en el Perú rural, la parte más parecida a Bolivia, los ingresos han mejorado pero todavía son modestos, con el agravio añadido de que sus habitantes saben que las explotaciones mineras alimentan el crecimiento de las ciudades.
Según el vicario de la prelatura de Sicuani (Cusco), Eduardo Adelmann, los recientes conflictos sociales reflejan “prejuicios ancestrales de la capital contra las provincias”.
En cualquier caso, el balance del primer año de Humala es positivo. El presidente se ha comportado como un político pragmático que ha subordinado sus preferencias ideológicas, si las tenía, a conservar el poder midiendo los costos y beneficios de sus acciones y buscando evitar acciones que lo pusieran en riesgo. Un ejemplo elocuente de ese pragmatismo ha sido su política exterior, que ha buscado un equilibrio entre la promoción de Unasur y la integración de la Alianza del
Pacífico, que articula a los principales aliados de EE UU en la región: México, Colombia y Chile.
Los analistas en Lima creen que lo más probable es que Humala siga, en términos muy generales, el rumbo de Lula da Silva, manteniendo el modelo macroeconómico pero acompañado por una inversión sostenida en las políticas sociales redistributivas.
Pero si la situación económica se tuerce debido a la caída de las exportaciones, ahora que el crecimiento de China, primer socio comercial del país, se ha ralentizado, no es inverosímil que Humala vuelva a girar a la derecha. La ruptura con la izquierda ha dejado a Humala sin sus aliados más importantes. Si se descuentan tecnócratas, independientes, aliados coyunturales y el círculos íntimo de la pareja presidencial, al partido Nacionalista del gobierno poco le queda entre las manos.
Y aunque la derecha le aplauda en ocasiones, está lejos de ser su aliado. Si Humala tiene problemas, no dudará en dejarle caer. La pérdida de cuatro congresistas del ala más izquierdista del nacionalismo fue una señal indicativa de la soledad de Humala. Hoy el bloque oficialista Gana Perú se ha quedado con 42 congresistas, de un total de 130. Y el segundo grupo es el fujimorismo; si Perú Posible de Toledo le abandona, Humala podría caer –literalmente- rendido en sus brazos. Como recuerda Steven Levitsky en La República, un presidente aislado, como ha demostrado el caso de Fernando Lugo en Paraguay, es una receta segura para una crisis política.
Luis Esteban González Manrique Analista de política y economía internacionales en Estudios de Política Exterior, Madrid.
(Infolatam) Con la designación como nuevo primer ministro de Juan Jiménez Mayor, un jurista especializado en derechos humanos, en sustitución del militar retirado Óscar Valdés, Ollanta Humala ha enviado una clara señal de que va a intentar recuperar al electorado que lo llevó al poder, en lo que representa el último avatar de su metamorfosis política. Y que probablemente tampoco será la última.
A las puertas de su primer un año en la presidencia, Humala necesitaba un cambio de imagen urgente, aunque no está claro aun si el nuevo gabinete supondrá más un giro en las formas que en el fondo de las políticas del gobierno. El año pasado, Humala recibió el respaldo de sectores izquierdistas y liberales -entre ellos Mario Vargas Llosa y el ex presidente Alejandro Toledo- porque ofreció un manejo responsable de la economía e “inclusión social” de los postergados por el Estado.
Sin embargo, el nombramiento de Valdés en sustitución de Salomón Lerner Ghitis en diciembre del año pasado supuso un giro hacia posiciones comprensivas con los sectores que reclamaban “mano dura” contra quienes protestaban contra los proyectos mineros por su coste medioambiental. Después de 15 muertes causadas por la represión policial, los resultados fueron claramente contraproducentes: la aprobación de Humala cayó al 36% por su creciente desconexión con los sectores sociales que prometió defender en su campaña.
En una celebrada caricatura en el diario La República, Carlín, el mejor humorista gráfico del país, dibujó a Valdés mostrando como prueba de que los pobladores de Cajamarca y Cusco eran “radicales violentos” por el hecho de que el 76% de ellos votó por Humala.
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, contribuyó a la radicalización cuando en un mitin pidió a la población echar al presidente porque “traicionó” sus promesas. En respuesta, la presidencia del Congreso exigió procesar a Santos por “apología a la rebelión”.
Embarcado en ese rumbo, el gobierno corría el riesgo de convertirse en un altavoz de las teorías conspirativas difundidas por los servicios de inteligencia, con sus simplistas explicaciones de “planes y redes subversivas” que supuestamente estarían detrás de todos los movimientos de protesta.
Lo cierto es que las muertes de civiles se habían hecho demasiado frecuentes en las confrontaciones callejeras entre manifestantes y policías. Las reglas de enfrentamiento de las fuerzas de seguridad parecían privilegiar exclusivamente el uso de fusiles de asalto Kalashnikov y Galil. Desde 2006, las balas de la policía han matado a unos 80 manifestantes y heridos a otros 800, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En comparación, según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en ese país desde esa fecha han muerto 28 personas en circunstancia similares.
En 2011, nueve policías chilenos, incluido un general, fueron destituidos por el gobierno debido a la muerte, por herida de bala, de un estudiante de 16 años durante una manifestación en Santiago. En el Perú, ni un solo policía ha sido sancionado por uso indiscriminado de la fuerza ni las víctimas han recibido compensación alguna del Estado.
Si su gobierno mantenía ese rumbo, Humala podía quedar atrapado en un viejo dilema político peruano: dado que anteriores gobiernos democráticos derivaron en crisis políticas y estancamiento económico, mientras que los regímenes autoritarios impulsaron el crecimiento y derrotaron a la subversión, amplios sectores de la población caen fácilmente en la tentación de creer que el “progreso” solo puede alcanzarse con la mano dura de un dictador benévolo.
Como ministro de Justicia, Jiménez ya jugó un papel importante para empezar a destrabar la crisis de Cajamarca al nombrar al obispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, facilitador del diálogo en ese departamento, lo que indica que Humala es consciente de que en la resolución del conflicto se juega su credibilidad política y su presidencia.
Las mayores movilizaciones se han registrado en Cajamarca contra el proyecto de Conga, en el que la minera Yanacocha, propietaria de la norteamericana Newmont y la peruana Buenaventura, planea invertir unos 4.800 millones de dólares. Pero la oficina del Defensor del Pueblo contabiliza 245 conflictos sociales abiertos a lo largo del país, la mayoría debido al temor de los pobladores rurales de que la minería acabe con sus escasos recursos hídricos y contamine su entorno.
La minería representa el 60% de las exportaciones peruanas y produjeron ingresos por valor de 21.700 millones de dólares en 2010. Pero la explotación aurífera legal apenas emplea directamente a unos cuantos miles de trabajadores. Un estudio de peritos internacionales respaldado por el gobierno ha abierto una vía de solución al proponer la construcción de varios reservorios de agua que compensen la desecación de dos lagunas cercana a Conga.
Pero Santos no da su brazo a torcer y asegura que la lucha contra el proyecto seguirá hasta que se logre su cancelación definitiva. Humala ha dicho que Conga seguirá adelante, pero solo con la condición de que el suministro de agua de la zona no se vea afectado. Las explotaciones mineras requieren cantidades ingentes de agua para extraer y procesar los minerales y abastecer a las instalaciones, un factor siempre conflictivo en zonas en las que la principal actividad económica de la población es la agricultura.
El vice presidente de Newmont, Carlos Santa Cruz, ha prometido que la compañía invertirá 49 millones de dólares en un fondo de obras sociales, pero también ha advertido que si no logra pronto un acuerdo, podría llevar la inversión de Conga a otras operaciones similares en Australia, Ghana o Indonesia.
Un problema añadido es la escasa credibilidad de Newmont. En 2000, el gobierno peruano impuso a la compañía una multa por valor de medio millón de dólares por
un derrame de mercurio que produjo miles de casos por envenenamiento en Cajamarca. En Indonesia, la empresa fue enjuiciada por 133 millones de dólares en 2004 por cargos de contaminación. En 2009 en Ghana se la acusó de derramar cianuro accidentalmente y contaminar el agua de varios ríos.
Si Conga no va, puede caerse una inversión minera indispensable en cualquier escenario futuro. Y si continúa, los grupos que se oponen al proyecto utilizarán el avance de las obras para crear una situación de inestabilidad permanente. Las posturas anti-mineras a ultranza no admiten la realidad de un país en crecimiento que debe imponer estándares medioambientales, pero que obtiene la mayor parte de su renta de las industrias extractivas y cuyo potencial agrícola tiene límites que le impiden sustituir a la minería como principal fuente de ingreso, por lo que debe intentar alcanzar un modelo de desarrollo que concilie los intereses de ambos sectores.
Debido a la conflictos sociales, hoy están en riesgo alrededor de 20 proyectos mineros por valor de 24.000 millones de dólares, una cifra que se multiplica varias veces más si se tiene en cuenta la cadena de valor que genera la minería: transporte, metalmecánica, puertos, aduanas, constructoras, hostelería, consultorías… Pero no todo está perdido si el gobierno articula las alianzas necesarias y mejora los planes de desarrollo locales, los controles ambientales y la participación de las comunidades locales en la renta minera.
Los nuevos miembros del gabinete van a intentar sacar adelante importantes políticas públicas que están pendientes desde hace mucho. Al mismo tiempo, la continuidad del ministro de Economía, Miguel Castilla, aleja los temores de los empresarios y los inversores extranjeros. El crecimiento promedio de 6% en la última década ha sido uno de los mayores del mundo. Gracias a la estabilización y la apertura económica, las empresas se volvieron más competitivas y no han dejado de aumentar la inversión, el consumo y los ingresos fiscales.
El Perú moderno, es decir, la parte del país más similar a Chile, avanza rápidamente: las empresas líderes crecen por encima del 10% anual, las oportunidades de empleo y de crédito proliferan mientras que la acelerada construcción de edificios y centros comerciales confirma esa percepción. En cambio, en el Perú rural, la parte más parecida a Bolivia, los ingresos han mejorado pero todavía son modestos, con el agravio añadido de que sus habitantes saben que las explotaciones mineras alimentan el crecimiento de las ciudades.
Según el vicario de la prelatura de Sicuani (Cusco), Eduardo Adelmann, los recientes conflictos sociales reflejan “prejuicios ancestrales de la capital contra las provincias”.
En cualquier caso, el balance del primer año de Humala es positivo. El presidente se ha comportado como un político pragmático que ha subordinado sus preferencias ideológicas, si las tenía, a conservar el poder midiendo los costos y beneficios de sus acciones y buscando evitar acciones que lo pusieran en riesgo. Un ejemplo elocuente de ese pragmatismo ha sido su política exterior, que ha buscado un equilibrio entre la promoción de Unasur y la integración de la Alianza del
Pacífico, que articula a los principales aliados de EE UU en la región: México, Colombia y Chile.
Los analistas en Lima creen que lo más probable es que Humala siga, en términos muy generales, el rumbo de Lula da Silva, manteniendo el modelo macroeconómico pero acompañado por una inversión sostenida en las políticas sociales redistributivas.
Pero si la situación económica se tuerce debido a la caída de las exportaciones, ahora que el crecimiento de China, primer socio comercial del país, se ha ralentizado, no es inverosímil que Humala vuelva a girar a la derecha. La ruptura con la izquierda ha dejado a Humala sin sus aliados más importantes. Si se descuentan tecnócratas, independientes, aliados coyunturales y el círculos íntimo de la pareja presidencial, al partido Nacionalista del gobierno poco le queda entre las manos.
Y aunque la derecha le aplauda en ocasiones, está lejos de ser su aliado. Si Humala tiene problemas, no dudará en dejarle caer. La pérdida de cuatro congresistas del ala más izquierdista del nacionalismo fue una señal indicativa de la soledad de Humala. Hoy el bloque oficialista Gana Perú se ha quedado con 42 congresistas, de un total de 130. Y el segundo grupo es el fujimorismo; si Perú Posible de Toledo le abandona, Humala podría caer –literalmente- rendido en sus brazos. Como recuerda Steven Levitsky en La República, un presidente aislado, como ha demostrado el caso de Fernando Lugo en Paraguay, es una receta segura para una crisis política.
