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28-08-2012Medios y democracia en América Latina y la judicatura en defensa de una prensa libre
(InfoLatAm) En América Latina se ha perdido el consenso que existía en la década de los ochenta y noventa respecto de que aún gobiernos democráticamente elegidos deben respetar los límites establecidos por la Constitución, en particular, la independencia de las cortes de justicia y la más completa libertad de expresión.Por Javier Couso
Vivimos tiempos agitados para la democracia en América Latina. Si bien, por una parte, la mayor parte de la población acepta que la única forma aceptable de acceder al poder es mediante elecciones libres y competitivas, por la otra, se ha perdido el consenso que existía en la década de los ochenta y noventa respecto de que aún gobiernos democráticamente elegidos deben respetar los límites establecidos por la Constitución, en particular, la independencia de las cortes de justicia y la más completa libertad de expresión.
Rafael Correa rompiendo un periódico
En los últimos años se ha ido instalando en ciertos sectores la idea de que es aceptable –y quizá hasta necesario— introducir democracias con una fuerte concentración del poder en el Ejecutivo, de manera que éste pueda terminar con la injusticia social que caracteriza a la región. Donde este discurso ha tenido más acogida ha sido en Venezuela y Ecuador, países que han desahuciado la noción de que la judicatura debe ser independiente del poder político. La consecuencia más directa del control de la judicatura por parte del gobierno ha sido el silenciamiento o intimidación de los medios de comunicación opositores.
En efecto, una vez conseguido el objetivo de controlar las cortes de sus países, Hugo Chávez y Rafael Correa desplegaron estrategias dirigidas a acallar –o al menos amedrentar— a los medios de comunicación que consideraban hostiles a sus proyectos políticos. En el caso del último, en febrero de este año obtuvo del más alto tribunal de Ecuador un fallo que condenó a los directivos del diario ‘El Universo’ a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares por una columna de opinión publicada en dicho medio que Correa consideró ofensiva.
Esta grotesca sentencia judicial fue objeto de serios reparos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de protestas por parte de organizaciones no gubernamentales de todo el continente. Ante este escenario, Correa optó finalmente por ‘perdonar’ a los directivos del diario y dejar el asunto allí. El problema, claro está, es que a pesar de retroceder en su intento por silenciar definitivamente el diario en cuestión, el incidente dejó en evidencia el peligro que representa el publicar artículos o notas de prensa críticas al gobierno. Así, con una picardía criolla digna de mejor causa, el presidente ecuatoriano dejó instalado un ambiente altamente intimidatorio para la prensa, que muy probablemente genere niveles importantes de auto-censura entre periodistas y directivos de medios no alineados con el gobierno.
El episodio que relatamos aparece como una variante de la estrategia seguida en anteriormente por Hugo Chávez, quien también ha amenazado –y en ocasiones eliminado— a medios opositores, gracias al control que ostenta sobre las cortes de su país. Esto subraya la íntima relación que existe entre una prensa libre y una judicatura independiente. En efecto, de nada sirven las solemnes declaraciones de las constituciones de los países del continente que proclaman la más amplia libertad de expresión y derecho de acceso a la información si los órganos encargados de proteger tales garantías se encuentran, de hecho, en manos del gobierno. De ahí que una precondición para una prensa independiente es un poder judicial efectivamente independiente del ejecutivo. El problema, sin embargo, es que lograr esto último representa ‘una verdadera conquista cultural’, como lo expresó hace años el historiador británico E.P. Thompson.
El tópico es importante, ya que todo estado democrático depende decisivamente de una prensa genuinamente libre y pluralista. En efecto, aun en la era de las ‘redes sociales’ y la globalización de la prensa, el rol que juegan los medios tradicionales (diarios impresos, televisión y radio) en moldear la agenda pública e influir en la conformación del ‘sentido común’ de la población sigue siendo extraordinario, como lo reconoció el año pasado el director de ‘El País’, Javier Moreno, nada menos que en seno de un congreso de medios digitales.
Por cierto, dadas las condiciones actuales, es prácticamente imposible que la autoridad política logre esconder algún suceso que le perjudique. Pero lo que los gobiernos aún pueden hacer es lo que los anglosajones denominan ‘spinning’, esto es, ‘enmarcar’ la noticia, de forma que le ocasione el menor daño posible. En este escenario, en la medida que no existan medios tradicionales de comunicación que puedan contrarrestar la manipulación de los medios afines al gobierno, el ‘control de daños’ del ejecutivo tendrá más chance de ser exitoso.
Lo anterior explica que la prensa tradicional se encuentre hoy en la mira de los gobiernos latinoamericanos que exhiben una vocación de perpetuarse en el poder. Y, que, para poder hacer lo anterior con tranquilidad, antes se encarguen de ‘capturar’ a la judicatura. Conscientes del peligro que una prensa crítica e incisiva representa para sus objetivos, un número creciente de gobernantes de la región han seguido los pasos de Chávez y Correa en materia de políticas dirigidas a los medios de comunicación, para lo cual han introducido regulaciones que en ocasiones transgreden flagrantemente las garantías constitucionales a la libertad de expresión, en la tranquilidad de que los tribunales de justicia no cumplirán con su deber de declarar tales leyes como inconstitucionales, puesto que se encuentran bajo el control del Ejecutivo.
Como, en el caso que las cortes nacionales no cumplan con su rol de protección de la libertad de expresión suele intervenir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no debe sorprender que –precisamente la semana pasada— el Presidente Chávez haya ordenado el retiro de Venezuela del mismo, algo que podría ser imitado en el futuro por Ecuador, Bolivia y Nicaragua, cuyos gobernantes también piensan que dicho sistema puede representar un obstáculo para sus agendas de concentración y de perpetuación en el poder.
En síntesis, en el contexto actual, la libertad de expresión depende crucialmente de un poder judicial independiente y dispuesto a proteger las libertades públicas. En este contexto, es probable que –dada la independencia y asertividad que exhibe la judicatura en países como Argentina o Colombia— los intentos de los gobiernos de dichos países por controlar a los medios independientes fracasen. Desafortunadamente, la debilidad institucional de los tribunales de justicia en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua sugieren que en tales estados los medios de comunicación independientes podrían desaparecer o ser intimidados hasta el límite. Todo lo cual marcaría el comienzo del fin de la democracia en esos países, en lo que representaría una variante del tipo de ‘golpe blando’ ocurrido hace unas semanas en Paraguay.
Javier CousoJavier Couso es Abogado (Universidad Católica de Chile) y Ph.D. en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de California-Berkeley. Actualmente es Director del Programa de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales (en Santiago, Chile). Se desempeña adicionalmente como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC) y de la Corporación Expansiva.
Vivimos tiempos agitados para la democracia en América Latina. Si bien, por una parte, la mayor parte de la población acepta que la única forma aceptable de acceder al poder es mediante elecciones libres y competitivas, por la otra, se ha perdido el consenso que existía en la década de los ochenta y noventa respecto de que aún gobiernos democráticamente elegidos deben respetar los límites establecidos por la Constitución, en particular, la independencia de las cortes de justicia y la más completa libertad de expresión.
Rafael Correa rompiendo un periódico
En los últimos años se ha ido instalando en ciertos sectores la idea de que es aceptable –y quizá hasta necesario— introducir democracias con una fuerte concentración del poder en el Ejecutivo, de manera que éste pueda terminar con la injusticia social que caracteriza a la región. Donde este discurso ha tenido más acogida ha sido en Venezuela y Ecuador, países que han desahuciado la noción de que la judicatura debe ser independiente del poder político. La consecuencia más directa del control de la judicatura por parte del gobierno ha sido el silenciamiento o intimidación de los medios de comunicación opositores.
En efecto, una vez conseguido el objetivo de controlar las cortes de sus países, Hugo Chávez y Rafael Correa desplegaron estrategias dirigidas a acallar –o al menos amedrentar— a los medios de comunicación que consideraban hostiles a sus proyectos políticos. En el caso del último, en febrero de este año obtuvo del más alto tribunal de Ecuador un fallo que condenó a los directivos del diario ‘El Universo’ a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares por una columna de opinión publicada en dicho medio que Correa consideró ofensiva.
Esta grotesca sentencia judicial fue objeto de serios reparos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de protestas por parte de organizaciones no gubernamentales de todo el continente. Ante este escenario, Correa optó finalmente por ‘perdonar’ a los directivos del diario y dejar el asunto allí. El problema, claro está, es que a pesar de retroceder en su intento por silenciar definitivamente el diario en cuestión, el incidente dejó en evidencia el peligro que representa el publicar artículos o notas de prensa críticas al gobierno. Así, con una picardía criolla digna de mejor causa, el presidente ecuatoriano dejó instalado un ambiente altamente intimidatorio para la prensa, que muy probablemente genere niveles importantes de auto-censura entre periodistas y directivos de medios no alineados con el gobierno.
El episodio que relatamos aparece como una variante de la estrategia seguida en anteriormente por Hugo Chávez, quien también ha amenazado –y en ocasiones eliminado— a medios opositores, gracias al control que ostenta sobre las cortes de su país. Esto subraya la íntima relación que existe entre una prensa libre y una judicatura independiente. En efecto, de nada sirven las solemnes declaraciones de las constituciones de los países del continente que proclaman la más amplia libertad de expresión y derecho de acceso a la información si los órganos encargados de proteger tales garantías se encuentran, de hecho, en manos del gobierno. De ahí que una precondición para una prensa independiente es un poder judicial efectivamente independiente del ejecutivo. El problema, sin embargo, es que lograr esto último representa ‘una verdadera conquista cultural’, como lo expresó hace años el historiador británico E.P. Thompson.
El tópico es importante, ya que todo estado democrático depende decisivamente de una prensa genuinamente libre y pluralista. En efecto, aun en la era de las ‘redes sociales’ y la globalización de la prensa, el rol que juegan los medios tradicionales (diarios impresos, televisión y radio) en moldear la agenda pública e influir en la conformación del ‘sentido común’ de la población sigue siendo extraordinario, como lo reconoció el año pasado el director de ‘El País’, Javier Moreno, nada menos que en seno de un congreso de medios digitales.
Por cierto, dadas las condiciones actuales, es prácticamente imposible que la autoridad política logre esconder algún suceso que le perjudique. Pero lo que los gobiernos aún pueden hacer es lo que los anglosajones denominan ‘spinning’, esto es, ‘enmarcar’ la noticia, de forma que le ocasione el menor daño posible. En este escenario, en la medida que no existan medios tradicionales de comunicación que puedan contrarrestar la manipulación de los medios afines al gobierno, el ‘control de daños’ del ejecutivo tendrá más chance de ser exitoso.
Lo anterior explica que la prensa tradicional se encuentre hoy en la mira de los gobiernos latinoamericanos que exhiben una vocación de perpetuarse en el poder. Y, que, para poder hacer lo anterior con tranquilidad, antes se encarguen de ‘capturar’ a la judicatura. Conscientes del peligro que una prensa crítica e incisiva representa para sus objetivos, un número creciente de gobernantes de la región han seguido los pasos de Chávez y Correa en materia de políticas dirigidas a los medios de comunicación, para lo cual han introducido regulaciones que en ocasiones transgreden flagrantemente las garantías constitucionales a la libertad de expresión, en la tranquilidad de que los tribunales de justicia no cumplirán con su deber de declarar tales leyes como inconstitucionales, puesto que se encuentran bajo el control del Ejecutivo.
Como, en el caso que las cortes nacionales no cumplan con su rol de protección de la libertad de expresión suele intervenir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no debe sorprender que –precisamente la semana pasada— el Presidente Chávez haya ordenado el retiro de Venezuela del mismo, algo que podría ser imitado en el futuro por Ecuador, Bolivia y Nicaragua, cuyos gobernantes también piensan que dicho sistema puede representar un obstáculo para sus agendas de concentración y de perpetuación en el poder.
En síntesis, en el contexto actual, la libertad de expresión depende crucialmente de un poder judicial independiente y dispuesto a proteger las libertades públicas. En este contexto, es probable que –dada la independencia y asertividad que exhibe la judicatura en países como Argentina o Colombia— los intentos de los gobiernos de dichos países por controlar a los medios independientes fracasen. Desafortunadamente, la debilidad institucional de los tribunales de justicia en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua sugieren que en tales estados los medios de comunicación independientes podrían desaparecer o ser intimidados hasta el límite. Todo lo cual marcaría el comienzo del fin de la democracia en esos países, en lo que representaría una variante del tipo de ‘golpe blando’ ocurrido hace unas semanas en Paraguay.
