Inspirado en la legislación de países europeos, el texto prevé no penalizar la interrupción del embarazo. Las diferencias internas que se evidenciaron en casi todos los partidos uruguayos no hacen otra cosa que demostrar que estos asuntos no necesariamente deben tener una solución política.

Por Alvaro Giz

En los últimos días el Parlamento uruguayo dejó casi aprobado un proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación bajo determinadas condiciones y sustituye otro aprobado en diciembre de 2011 por el Senado, promovido por el gobernante Frente Amplio (FA), pero que fracasó por la oposición de uno de sus propios legisladores.

El texto fue aprobado en la madrugada del miércoles 26 por la Cámara de Diputados tras casi 14 horas de intenso debate por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, en una votación que se realizó ante decenas de personas que desde las barras se manifestaron a favor y en contra del proyecto.

El paso siguiente es la aprobación en el Senado, donde puede transformarse en ley tan sólo con los votos del oficialismo ya que en esa Cámara el partido de gobierno no presenta fisuras.

Además de los 49 votos positivos del Frente Amplio (sólo un miembro del partido votó en contra), se contó con el apoyo del diputado Iván Posada, del Partido Independiente y, así, se llegó a los 50 votos de 99 posibles. Todos los diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado votaron en contra, aunque en esta última colectividad un legislador se retiró de sala y dejó ingresar a su suplente para no desoír el mandato de los dirigentes partidarios.

Inspirado en la legislación de países europeos, el texto prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que desee abortar se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo a la maternidad o de adopción.

Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo se coordinará el procedimiento.

Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.

La ley vigente, de 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con este y con dos a ocho años a quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada.

Nadie puede desconocer que el aborto clandestino constituye un grave problema tanto en lo relativo a la salud pública como en lo atinente a los derechos humanos. En Uruguay, su práctica en condiciones de ilegalidad e inseguridad, afecta severamente la vida y la salud de muchas mujeres y sus familias y un ejemplo de ello es que no pocas han fallecido como consecuencia de prácticas abortivas ilegales. Y esta situación, lamentablemente, se reitera en casi todos los países de nuestro continente, fundamentalmente entre las clases menos favorecidas.

Más allá de la postura que individualmente cada uno de nosotros pueda sostener en torno a este tan espinoso tema que implican cuestiones filosóficas y por qué no religiosas muy profundas, lo cierto es que las diferencias internas que se evidenciaron en casi todos los partidos uruguayos no hacen otra cosa que demostrar que estos asuntos no necesariamente deben tener una solución política.

No se puede ignorar que hay organizaciones sociales que desde hace muchos años impulsaban la inclusión del aborto en la agenda legislativa, así como tampoco se puede desconocer a quienes se identifican con el pensamiento de la Iglesia Católica y de otras de extracción cristiana, que expresan su ferviente rechazo a esta ley.

Por tanto y a la luz de la inquietud y la preocupación que un tema de estas características genera en todos los habitantes de una sociedad –en este caso la uruguaya, pero le cabe a cualquiera-, cabría preguntarse si un asunto tan importante no debería finalmente ser resuelto por todos los ciudadanos del país a través de una consulta popular ya que, más que nada, se trata de un tema de consciencia y no de un asunto político para el que se ha concurrido a las urnas a elegir representantes.

Sólo por esta vía quienes proponen leyes tan polémicas como la de permitir el aborto, podrán decir si cuentan o no con el aval de la mayoría de los ciudadanos.

Alvaro Giz