(El País / Uruguay) Una nación, donde los principios básicos sobre la que se sustenta el Estado de Derecho están cuestionados, cuando no deteriorados, proyecta hacia el futuro un panorama de incertidumbre y, más allá de si la bonanza económica seguirá o no, si continuará disimulando por momentos esas rajaduras, a la hora de decidir (votar) pegará fuerte.

Por Washington Beltrán Storace

(El País / Uruguay) Para la senadora Topolansky, un tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio "no está en riesgo". Como primera senadora y primera dama de la administración Mujica, no podía decir otra cosa. Pero el tema no pasa por sus palabras, por lo que diga o deje de decir, sino por lo que piensan los ciudadanos del gobierno actual, de su gestión y de qué tipo de expectativas tienen para el futuro. Las opciones vienen por varios caminos, pero todas tienen un tronco común que se ha ido paulatinamente abandonando y hoy es uno de los mayores desafíos que aparecen: el de la calidad institucional de nuestro país.

Una nación, donde los principios básicos sobre la que se sustenta el Estado de Derecho están cuestionados, cuando no deteriorados, proyecta hacia el futuro un panorama de incertidumbre y, más allá de si la bonanza económica seguirá o no, si continuará disimulando por momentos esas rajaduras, a la hora de decidir (votar) pegará fuerte.

Es que el Estado se asienta en determinadas reglas básicas, y si ellas tambalean, peligra la seguridad jurídica y las certezas de un país. Veamos algunos ejemplos de desviaciones que afectan la calidad institucional.

-Fue la misma senadora Topolansky que hizo pública la muy "republicana" idea de que las Fuerzas Armadas deben ser "fieles" al programa político del Frente Amplio, y agregó que le gustaría que "todos los militares" se integren a la coalición de izquierda. Por suerte no explicó para qué.

-Acaban de rematarse, por segunda vez, y ahora con estricto cumplimiento de las normas, la planta e instalaciones de Paylana. Pero la ocasión anterior tuvo que ser anulada porque no se permitió el ingreso de algunos oferentes a la subasta. Ello no impidió que el presidente Mujica se trasladara a Paysandú y festejara con los empleados como si todo hubiera sido normal y ya estuviera la planta en su poder. La Justicia le dijo no -y Mujica sabía que el tema estaba en la Justicia-, por lo que no se sabe si esa visita fue un acto de carnaval electoral o una sutil presión al Poder Judicial que no prosperó. Ojalá fuera lo primero.

-Entre los disparates manejados para explicar la suspensión de Paraguay del Mercosur y el ingreso de Venezuela, Mujica sostuvo que "lo jurídico tiene que estar al servicio de lo político", en lo que su siempre bien dispuesto canciller Almagro calificó de "realpolitik".

Esas afirmaciones reflejan un brutal menosprecio por el Estado de Derecho y abren la puerta para pasar por arriba de todas las normas jurídicas, simplemente porque el Poder Ejecutivo lo estime políticamente conveniente.

- Se le quitó al Poder Judicial y se le dio al INAU la facultad de analizar y sancionar a los medios que se considere que violan disposiciones sobre identificación de menores. La libertad de expresión y su garante no puede estar en manos de funcionarios administrativos dependientes del Poder Ejecutivo.

-El secretismo en el Ministerio del Interior: se informa solo lo que se quiere y cómo se quiere y el resto es materia reservada por razones de seguridad. Ese secretismo llegó a los partes policiales (una reseña de los hechos delictivos ocurridos en el día), que se manipulan y censuran bajo estrictas indicaciones del Ministerio. Solo se difunden un par de noticias de poca monta -algo tiene que ocurrir- a efectos de que no impacten en la sensación de inseguridad de la ciudadanía. Se ha elegido la falta de información y transparencia como forma de combatir el delito: si el pueblo no tiene ni idea de lo que pasa, tal vez piense que el delito no ocurre. Y el objetivo, cada vez más visible, es extender ese control a los medios de comunicación.

-Pero sin lugar a dudas que el episodio más grave -y del cual no hay la mínima señal de arrepentimiento- fue todo lo que rodeó a la anulación o lo que sea de la Ley de Caducidad, al punto de que se celebró un acto solemne en el mismísimo Palacio Legislativo cuando ello ocurrió. Con Tabaré Vázquez y el ministro Almagro negando validez a los pronunciamientos de las mayorías en materia de derechos humanos, y callándose la boca cuando el que intervino y decidió sobre el tema fue una ínfima minoría llamada Plenario del Frente Amplio. Enmendándole la plana a dos plebiscitos realizados con 20 años de distancia y poniendo en duda, por consiguiente, la validez futura de las consultas populares.

¿Qué puede pasar con el plebiscito sobre la imputabilidad de los menores? Están las firmas y todo parece indicar que estarán también los votos pese a la oposición del FA.

Con el antecedente de lo ocurrido con la Caducidad, si el Frente logra su tercer mandato como dice Topolansky ¿se respetará la decisión popular o se la hará inaplicable? ¿Se votará una ley anulatoria del plebiscito por mandato del Plenario? Con el deterioro actual del Estado de Derecho, con la filosofía de que lo político está por encima de lo jurídico, con el prontuario que exhiben en materia de plebiscitos adversos, los cambios aprobados, ¿entrarán plenamente en vigor o no pasarán de ser un holograma?

Está visto que solo aplican las normas que les agradan y no les molestan. No todas las normas. Y en ese tobogán de deterioro va nuestra institucionalidad. El tercer mandato sería letal.

Fuente: (El País / Uruguay)

Washington Beltrán Storace