(InfoBAE) ¿Se habrán preguntado alguna vez los responsables de la política económica de esos diez años cúantas viviendas con toda su infraestructura urbana, cuántos hospitales, escuelas y universidades, cuántas autopistas, aeropuertos y puertos se podrían haber construido con esos u$s100.000 millones que huyeron atemorizados de ser expropiados y los más de u$s50.000 millones que generaron el impuesto extraordinario sobre las exportaciones de soja y de petróleo?

Por Daniel Sticco

(InfoBAE) Pocas horas antes de que decidiera si participaba o no de la Asamblea Anual del FMI y Banco Mundial, en Tokio, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, destacó que “la crisis financiera internacional demostró las limitaciones de la metodología de análisis que aplican las calificadoras de deudas” soberanas  y de empresas.

Además, Lorenzino volvió a cuestionar la efectividad de las evaluadoras internacionales al sostener que para esas calificadoras “en la Argentina todo siempre está por entrar en crisis, pero sin embargo hace diez años consecutivos que crecemos y cumplimos con nuestras obligaciones financieras”.

Y avanzó un poco más, al destacar que “en la Argentina  el proceso ha sido el inverso al que tuvo Grecia, que llegó a la categoría de grado de inversión”.

Sin embargo, la decisión de Moody’s de fines de septiembre de pasar de estable a negativa la perspectiva de la deuda argentina, que se mantiene en un muy bajo nivel por la persistencia de la cesación de pagos con un grupo de países al que se los identifica como el “Club de París” y la subestimación de la renta de los bonos ajustables por la inflación, quedó ampliamente justificada con la deshonra del pago del cupón en dólares por parte del gobierno del Chaco, que debió hacerlo en pesos, al negarse el Banco Central a venderle las divisas al cambio oficial.

No se trata de un caso aislado. “Las emisiones locales en moneda extranjera de una jurisdicción (provincia) bajo legislación nacional y para residentes nunca tuvieron un código específico para acceder al mercado único y libre de cambios, por lo que deberán pagar con dólares ya ahorrados o en pesos al tipo de cambio oficial”, habían justificado fuentes del Banco Central primero y, luego corroborado por un comunicado telefónico de la autoridad monetaria.

Una vez más, la interpretación ad hoc de un funcionario echa por tierra los convenios entre el sector público (provincias) y privado (ahorristas o inversores) al momento de suscribir un bono de deuda que prometió honrarse en moneda extranjera pero se lo paga a un cambio que no posibilita adquirir el equivalente en divisas, por crecientes restricciones que se invita a no definirlas de “cepo”.

De este modo, la Argentina, aun cuando gracias a la soja y su efecto multiplicador pueda retomar la senda del crecimiento a tasas superiores a 3% en 2013, dio un paso más hacia atrás que compromete esa expectativa, porque no sólo la aleja de los mercados internacionales que están ávidos de que les abran las puertas para las inversiones productivas de largo plazo, y en los que se siguen refugiando los ahorros de residentes que temen sufrir más expropiaciones, sino porque desalienta aún más las decisiones de ahorro, clave para tonificar la inversión.

Las propias cuentas del Banco Central muestran cómo trimestre a trimestre esos fondos se acrecientan lejos de los alcances de la autoridad monetaria y suman más del equivalente a u$s200.000 millones, de los cuales casi la mitad se acumularon en la última década.

¿Se habrán preguntado alguna vez los responsables de la política económica de esos diez años qué hicieron para intentar revertir ese comportamiento de sus connacionales? ¿Por qué, pese a la bonanza de los precios internacionales de las materias primas que más vende la Argentina no se vieron seducidos a volcar parte de esos recursos para obtener rentas siderales nunca antes imaginado, al menos en más de 70 años?

¿No será el momento de replantear la estrategia y de comenzar a cambiar la política de confrontación, de precios administrados, de tarifas virtualmente congeladas, de precios que se los incentiva a subir por el ascensor y paridad cambiaria y tasas de interés que suben por la escalera, para que se pase de una economía de hiperconsumo selectivo y pobre calidad de inversión, a otra de crecimiento sostenido pero sustentable, con boom de inversiones y crecimiento genuino del empleo productivo?

¿Se habrán preguntado alguna vez los responsables de la política económica de esos diez años cúantas viviendas con toda su infraestructura urbana, cuántos hospitales, cuántas escuelas y universidades, cuántas autopistas, aeropuertos y puertos, usinas eléctricas, cuántos centros de investigación como el Balseiro y centros tecnológicos de escala mundial, se podrían haber construido con esos u$s100.000 millones que huyeron atemorizados de ser expropiados, como ocurrió a comienzos del año con las acciones de Repsol en YPF, y los más de u$s50.000 millones que generaron el impuesto extraordinario sobre las exportaciones de soja y de petróleo?

Ya una semana atrás los analistas de Moody’s que visitaron Buenos Aires me habían explicado que a ellos no les preocupaba el modelo o la política del Gobierno sino sus modos de aplicarlo.

La decisión del gobierno del Chaco de alterar las reglas de pago de la deuda pública, que amenaza con repetirse en otras jurisdicciones y también en empresas, fue lo que anticipó Moody's dos semanas atrás.

Economía y el Banco Central fueron los responsables de que se cumpliera la profecía del no pago de los compromisos asumidos, y también quienes deberían explicar por qué la Argentina fue uno de los países que más desaceleró su tasa de crecimiento en un año y el que acusa una drástica caída de la inversión bruta interna.

Fuente: (InfoBAE)

Daniel Sticco