(El Agente de CIPOL) La provisión de servicios policiales por parte de estas fuerzas ha cambiado notablemente el perfil organizativo. Sería conveniente que la actual gestión de seguridad pública a nivel nacional repiense el marco legal en el que se atienden las demandas de actores emergentes, y que es también aquél en el que la GNA y la PNA no sólo vigilan nuestras fronteras y ríos, sino también nuestras ciudades.

Por Facundo Salles Kobilanski

(El Agente de CIPOL) A diez días de la emergencia de la protesta, los gendarmes y prefectos retornaron a sus puestos de trabajo. Con la recomposición de la cadena de mando -vital para estas fuerzas intermedias con principio de jerarquía militarizada- el gobierno parece haber superado exitosamente el conflicto con los agentes en huelga. No obstante, la protesta no se ha resuelto cabalmente, y por lo tanto, surgen a futuro inquietudes sobre el modo en que se gestionó la seguridad pública durante la mayor parte de los gobiernos kirchneristas. Desde abajo, persiste el reclamo de los sectores subalternos por la habilitación de una vía sindical para representar legalmente sus intereses. Desde arriba, la remoción de las cúpulas es otro dato del desgaste del modelo de conducción que actualmente tienen las fuerzas de seguridad federales: los directores reemplazados acompañaron la transformación de estas fuerzas en una herramienta fundamental del gobierno nacional para responder ante la epidemia de inseguridad en algunas ciudades del país. Ante esta coyuntura, propongo una reflexión en torno a lo que la protesta nos dejó.

Por una parte, las demandas por el derecho a la agremiación de gendarmes y prefectos se han constituido en uno de los rasgos más novedosos del reciente conflicto laboral. Pero esta problemática, que ciertamente ha cobrado relevancia federal con esta protesta, no es ninguna novedad a nivel subnacional. Desde hace varios años, en muchas provincias argentinas se han ido constituyendo organizaciones cuasisindicales que, aunque carecen de reconocimiento de personería gremial, si existen fácticamente y se arrogan la representación del malestar laboral que cunde entre los suboficiales de varias fuerzas policiales del país. Este año hubo una serie de movilizaciones de agentes policiales en distintas provincias que dan cuenta de que existe la posibilidad de contagio, incluso en las fuerzas de seguridad federales. No hay que remontarse mucho en el tiempo para recordar la retención de servicios del Comando Radioeléctrico de la policía santafesina en Rosario de semanas atrás, o las tensiones que se dieron en algunas provincias patagónicas durante este último semestre del año. Cabe destacar que, más allá de que pudiesen haber existido o no disparadores políticos, la irrupción de estos movimientos reintroducen el debate sobre la sindicalización policial. Aunque difícilmente esto ocurra en un futuro próximo, permitir canales de diálogo con los sectores subalternos podría prevenir que el malestar escale y afecte la provisión de seguridad pública. De lo contrario, estos focos de insurgencia policial pueden seguir recurriendo a un repertorio de tácticas propio de una organización informal.

Por otra parte, la protesta puso en blanco sobre negro la transformación institucional y funcional que han sufrido ambas fuerzas de seguridad en su despliegue en contextos urbanos. La provisión de servicios policiales por parte de estas fuerzas -en deliberada competencia con la Policía Federal y las policías provinciales- ha cambiado notablemente el perfil organizativo de las fuerzas. Esta transformación no se originó con los gobiernos kirchneristas, pero sí cobró auge a partir de 2003 y especialmente con los planes de seguridad pública lanzados por el gobierno nacional en 2009 y, más recientemente, a fines de 2011. Tampoco es únicamente un resultado de los intereses del gobierno nacional. Ante el aumento de la percepción de la inseguridad, ya no son sólo los gobernadores los que solicitan la intervención de los gendarmes para reforzar la seguridad pública en sus territorios, sino también directamente los mismos intendentes. Desde hace algún tiempo, las demandas se multiplican: tanto desde el AMBA como también desde otras ciudades como Rosario se reiteran las tramitaciones para que dichas fuerzas se hagan presentes en sus jurisdicciones. Las administraciones de Héctor Schenone en la GNA y de Oscar Arce en la PNA estuvieron fuertemente comprometidas con la adaptación de las fuerzas a tareas y entornos no tradicionales. Su reemplazo parece demostrar, como vimos en la protesta, que esta transformación ha generado en los agentes nuevas expectativas respecto a su condición laboral y su relación con los mandos superiores.

Al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, durante la gestión del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, se lanzó el Plan Integral de Seguridad. Este plan se caracterizó por tener metas de modernización y un mayor control civil de las fuerzas de seguridad federales, así como también una mayor coordinación con las fuerzas provinciales. El Consejo de Seguridad Interior sirvió de ese modo como escenario para debatir la reorganización del sistema de seguridad interior y de las relaciones intergubernamentales en materia policial. Sería conveniente que la actual gestión de seguridad pública a nivel nacional recupere algunas de estas discusiones, repensando el marco legal en el que se atienden las demandas de actores emergentes como los sectores subalternos de las fuerzas policiales, y que es también aquél en el que la GNA y la PNA no sólo vigilan nuestras fronteras y ríos, sino también nuestras ciudades.

Fuente: (El Agente de CIPOL)

Facundo Salles Kobilanski