Artículos
19-10-2012México: La hora de la verdad para Enrique Peña Nieto empieza el 1 de diciembre
(El País) Una vez que asuma su cargo, Enrique Peña Nieto deberá demostrar que el PRI de 2012 nada tiene que ver con la formación autoritaria que gobernó México durante 71 años, hasta 2000. Tendrá también que lidiar con una izquierda que no le reconoce como presidente legítimo y con la oposición de una parte de la sociedad civil.Por María José Martínez Vial
(Blog Alternativas / El País) El 31 de agosto el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México rechazó por unanimidad la impugnación del resultado electoral que el Movimiento Progresista (PRD, PT, CM), encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, había reclamado formalmente el 12 de julio. De este modo el próximo 1 de diciembre se trasladará a Los Pinos, residencia presidencial, Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México (alianza del Partido Revolucionario Institucional y los ecologistas del PVEM) que ganó con un 38,2% de los votos las elecciones a la presidencia del pasado 1 de julio, dejando en segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador, con un 31,6% de los sufragios y en tercer y cuarto lugar, respectivamente, al oficialista Partido Acción Nacional (PAN) que obtuvo el 25,4% y Nueva Alianza, con un magro 2,3%. Peña Nieto gobernará hasta el 30 de noviembre de 2018.
Primera minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el partido de Enrique Peña Nieto se verá en la necesidad de negociar la aprobación de cada una de las reformas que quiere llevar a cabo (laboral, fiscal y energética). En la Cámara de diputados la coalición PRI-PVEM cuenta con 241 escaños (208 y 33 respectivamente), el PAN con 10 y el PRD con 100. Entre los analistas existe consenso, por cierto, en que las reformas que no se realicen durante el primer año de gobierno de Peña Nieto, quedarán pendientes para el próximo sexenio.
A finales de septiembre la Cámara de Diputados aprobaba la reforma laboral propuesta el 1 de septiembre por el aún presidente de México, Felipe Calderón (PAN), no sin modificaciones. Enrique Peña Nieto había declarado que impulsaría la medida, y eso a pesar de que en la legislatura pasada diputados de su propia formación, el PRI, rechazaron una propuesta de reforma laboral planteada por el PAN. La iniciativa de Calderón, autodenominado “presidente del empleo”, tenía carácter de “iniciativa preferente”– una prerrogativa presidencial que obliga al Congreso a aprobar o rechazar el texto en un plazo no superior a treinta días naturales– de ahí su rápida tramitación.
Reformar la Ley Federal del Trabajo de México, que no ha sido modificada sustancialmente en cuatro décadas, es tarea espinosa. Además de medidas encaminadas a flexibilizar la contratación con mecanismos como los contratos de capacitación inicial (formación) o para el trabajo de temporada; el proyecto de ley aborda la subcontratación (outsourcing) para evitar que el empresario evada beneficios para los trabajadores. Pero el meollo de la cuestión, que afecta directamente a la formación de Enrique Peña Nieto, tiene que ver con los intereses de los sindicatos, aliados históricos del PRI. Y parece haber quedado claro, antes aun de que el presidente electo asuma su cargo, que el ala dura del próximo partido gobernante tiene poder suficiente para decidir sobre proyectos clave.
En México los trabajadores realizan aportes obligatorios a sus sindicatos, que no tienen la obligación de informarles del destino de sus contribuciones, algo que el proyecto de reforma laboral pretendía revertir. Por las manos de los sindicatos más poderosos, como el de maestros o el de trabajadores petroleros –dirigido, por cierto, por el senador priísta Carlos Romero– pasan cada años verdaderas fortunas, sin que sus dirigentes tengan que informar del destino de los fondos. Los duros debates en la Cámara de Diputados parecen indicar, según algunos analistas, que el PRI no respaldará ninguna iniciativa contraria a sus intereses corporativos. Así, la reforma aprobada ignora la parte de la iniciativa original para que los sindicatos estén sujetos a auditorías y ventilen sus finanzas, además de que los jefes sindicales, que pueden instalarse en sus cargos durante décadas, sean elegidos mediante voto secreto.
La reforma, actualmente en tramitación en el Senado, fue aprobada en lo general por la Cámara Baja con 351 votos a favor y 130 en contra. El PRD no apoya el proyecto de reforma. El PAN lo apoya, aunque pide –y lo hizo con pancartas, en el Congreso– más democracia sindical.
Poco se sabe de la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto. De momento, el presidente electo ha declarado que apostará por la aplicación de impuestos progresivos y buscará ampliar la base de contribuyentes del país; sin embargo, no ha explicado cómo. Los expertos consideran urgente aumentar la recaudación fiscal y controlar la gestión del gasto, aunque son conscientes de que las medidas que podrían aplicarse, subir el IVA o extenderlo a alimentos y medicinas (exentos en México), no serían bien recibidas por la opinión pública. También se encuentran entre las prioridades reducir la dependencia de los ingresos petroleros, impulsar la inversión, reducir el gasto corriente y mejorar la gestión tributaria. El objetivo, aumentar la inversión, y contar con salud y seguridad social universal. En su libro, México, la gran esperanza. Un Estado eficaz, Peña Nieto plantea, entre otras cosas, reducir al máximo los privilegios y las exenciones fiscales, porque “son las que debilitan la capacidad del gobierno de generar ingresos. Los recursos que se dejan de percibir por estas exenciones, son cercanos al 4% del PIB, casi un 40% de los ingresos tributarios actuales, según datos de la SHCP (Ministerio de Hacienda). Una cifra similar al costo aproximado de implementar la seguridad social universal. De acuerdo con estimaciones del (Instituto) Tecnológico de Monterrey, esta cifra podría elevarse hasta un rango de entre el 8.5% y 9.5% del PIB”, explica el presidente electo, que continúa: “En México, la recaudación de impuestos directos tiene un gran potencial que no ha sido debidamente aprovechado. Los impuestos al ingreso de personas físicas y empresas en nuestro país ascienden a sólo el 23% de los ingresos tributarios, un porcentaje considerablemente menor al promedio de la OCDE, que se ubica en 34%, y muy inferior al de Estados Unidos, que se sitúa en 43%”. También afirma que debe ser revisado el IVA, ya que solo asciende al 3,9% del PIB cuando la media de la OCDE es del 11%. Otras propuestas, aún sin resolver, son la unificación del ISR (Impuesto sobre la Renta) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), para que exista un único impuesto al ingreso, y “ejercer un gasto público eficaz y transparente”, que reduzca la desigualdad.
En cuanto a la reforma energética, antes siquiera de que un borrador de texto ronde el Congreso, el sindicato petrolero ya ha advertido a Peña Nieto de que la injerencia de un actor externo en Pemex (la poderosa estatal, Petróleos de México) “vulneraría la soberanía del Estado”. Por su parte. El presidente electo, apunta a la necesidad de una mayor apertura a la inversión privada en extracción, exploración y refinación de la compañía. Un sacrilegio para los acólitos de Pemex. En un viaje realizado a Brasil durante la tercera semana de septiembre Peña Nieto pidió a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que le permitiera conocer en detalle la reforma a la que se sometió la compañía brasileña en su apertura al capital privado. El futuro presidente considera la modernización de Pemex como una de las llaves fundamentales hacia el desarrollo del país y “el fortalecimiento de las políticas económicas y sociales, especialmente las de lucha contra la pobreza”. La reforma energética es, a todas luces, la que menos posibilidades tiene de salir adelante.
No son los únicos retos que deberá afrontar Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre. Con una población superior a los 112 millones de habitantes, un índice Gini cercano al 0,5, un nivel de empleo informal superior al 30% y la pobreza en aumento, México tiene grandes retos por delante. Por no hablar de la inseguridad: a él corresponderá decidir si continúa con la política de asociación con Estados Unidos y de enfrentamientos militares con el narco, que tan pocos resultados le ha dado a Felipe Calderón, o si alcanza algún tipo de inconfesable entente cordial con algunos de los actores del crimen organizado, que le faciliten la gobernabilidad, mientras combate la ilegalidad. Según un estudio realizado por el Semanario Zeta, 71.000 personas habrían fallecido en condiciones de violencia, producto de la inseguridad provocada por los cárteles de la droga, durante el sexenio que ahora termina.
No es todo. Una vez que asuma su cargo, Enrique Peña Nieto deberá demostrar que, como quiso dejar claro durante su campaña, el PRI de 2012 nada tiene que ver con la formación autoritaria que gobernó México durante 71 años, hasta 2000. El calendario electoral mexicano tiene una peculiaridad de eficacia discutida y discutible: entre el día de las elecciones y la toma de posesión del presidente electo pasan cinco largos meses, durante los cuales el vencedor nombra un equipo de transición, que convive con el gobierno del país. Algunos medios de comunicación, como la Revista Proceso, de izquierda, ya han denunciado la presencia de históricos dinosaurios del PRI en el equipo de transición de Peña Nieto.
El próximo presidente tendrá también que lidiar con una izquierda que no le reconoce como presidente legítimo, porque le considera "surgido de violaciones graves a las leyes", según palabras de Andrés Manuel López Obrador, y con la oposición de una parte de la sociedad civil.
María José Martínez Vial
(Blog Alternativas / El País) El 31 de agosto el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México rechazó por unanimidad la impugnación del resultado electoral que el Movimiento Progresista (PRD, PT, CM), encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, había reclamado formalmente el 12 de julio. De este modo el próximo 1 de diciembre se trasladará a Los Pinos, residencia presidencial, Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México (alianza del Partido Revolucionario Institucional y los ecologistas del PVEM) que ganó con un 38,2% de los votos las elecciones a la presidencia del pasado 1 de julio, dejando en segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador, con un 31,6% de los sufragios y en tercer y cuarto lugar, respectivamente, al oficialista Partido Acción Nacional (PAN) que obtuvo el 25,4% y Nueva Alianza, con un magro 2,3%. Peña Nieto gobernará hasta el 30 de noviembre de 2018.
Primera minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el partido de Enrique Peña Nieto se verá en la necesidad de negociar la aprobación de cada una de las reformas que quiere llevar a cabo (laboral, fiscal y energética). En la Cámara de diputados la coalición PRI-PVEM cuenta con 241 escaños (208 y 33 respectivamente), el PAN con 10 y el PRD con 100. Entre los analistas existe consenso, por cierto, en que las reformas que no se realicen durante el primer año de gobierno de Peña Nieto, quedarán pendientes para el próximo sexenio.
A finales de septiembre la Cámara de Diputados aprobaba la reforma laboral propuesta el 1 de septiembre por el aún presidente de México, Felipe Calderón (PAN), no sin modificaciones. Enrique Peña Nieto había declarado que impulsaría la medida, y eso a pesar de que en la legislatura pasada diputados de su propia formación, el PRI, rechazaron una propuesta de reforma laboral planteada por el PAN. La iniciativa de Calderón, autodenominado “presidente del empleo”, tenía carácter de “iniciativa preferente”– una prerrogativa presidencial que obliga al Congreso a aprobar o rechazar el texto en un plazo no superior a treinta días naturales– de ahí su rápida tramitación.
Reformar la Ley Federal del Trabajo de México, que no ha sido modificada sustancialmente en cuatro décadas, es tarea espinosa. Además de medidas encaminadas a flexibilizar la contratación con mecanismos como los contratos de capacitación inicial (formación) o para el trabajo de temporada; el proyecto de ley aborda la subcontratación (outsourcing) para evitar que el empresario evada beneficios para los trabajadores. Pero el meollo de la cuestión, que afecta directamente a la formación de Enrique Peña Nieto, tiene que ver con los intereses de los sindicatos, aliados históricos del PRI. Y parece haber quedado claro, antes aun de que el presidente electo asuma su cargo, que el ala dura del próximo partido gobernante tiene poder suficiente para decidir sobre proyectos clave.
En México los trabajadores realizan aportes obligatorios a sus sindicatos, que no tienen la obligación de informarles del destino de sus contribuciones, algo que el proyecto de reforma laboral pretendía revertir. Por las manos de los sindicatos más poderosos, como el de maestros o el de trabajadores petroleros –dirigido, por cierto, por el senador priísta Carlos Romero– pasan cada años verdaderas fortunas, sin que sus dirigentes tengan que informar del destino de los fondos. Los duros debates en la Cámara de Diputados parecen indicar, según algunos analistas, que el PRI no respaldará ninguna iniciativa contraria a sus intereses corporativos. Así, la reforma aprobada ignora la parte de la iniciativa original para que los sindicatos estén sujetos a auditorías y ventilen sus finanzas, además de que los jefes sindicales, que pueden instalarse en sus cargos durante décadas, sean elegidos mediante voto secreto.
La reforma, actualmente en tramitación en el Senado, fue aprobada en lo general por la Cámara Baja con 351 votos a favor y 130 en contra. El PRD no apoya el proyecto de reforma. El PAN lo apoya, aunque pide –y lo hizo con pancartas, en el Congreso– más democracia sindical.
Poco se sabe de la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto. De momento, el presidente electo ha declarado que apostará por la aplicación de impuestos progresivos y buscará ampliar la base de contribuyentes del país; sin embargo, no ha explicado cómo. Los expertos consideran urgente aumentar la recaudación fiscal y controlar la gestión del gasto, aunque son conscientes de que las medidas que podrían aplicarse, subir el IVA o extenderlo a alimentos y medicinas (exentos en México), no serían bien recibidas por la opinión pública. También se encuentran entre las prioridades reducir la dependencia de los ingresos petroleros, impulsar la inversión, reducir el gasto corriente y mejorar la gestión tributaria. El objetivo, aumentar la inversión, y contar con salud y seguridad social universal. En su libro, México, la gran esperanza. Un Estado eficaz, Peña Nieto plantea, entre otras cosas, reducir al máximo los privilegios y las exenciones fiscales, porque “son las que debilitan la capacidad del gobierno de generar ingresos. Los recursos que se dejan de percibir por estas exenciones, son cercanos al 4% del PIB, casi un 40% de los ingresos tributarios actuales, según datos de la SHCP (Ministerio de Hacienda). Una cifra similar al costo aproximado de implementar la seguridad social universal. De acuerdo con estimaciones del (Instituto) Tecnológico de Monterrey, esta cifra podría elevarse hasta un rango de entre el 8.5% y 9.5% del PIB”, explica el presidente electo, que continúa: “En México, la recaudación de impuestos directos tiene un gran potencial que no ha sido debidamente aprovechado. Los impuestos al ingreso de personas físicas y empresas en nuestro país ascienden a sólo el 23% de los ingresos tributarios, un porcentaje considerablemente menor al promedio de la OCDE, que se ubica en 34%, y muy inferior al de Estados Unidos, que se sitúa en 43%”. También afirma que debe ser revisado el IVA, ya que solo asciende al 3,9% del PIB cuando la media de la OCDE es del 11%. Otras propuestas, aún sin resolver, son la unificación del ISR (Impuesto sobre la Renta) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), para que exista un único impuesto al ingreso, y “ejercer un gasto público eficaz y transparente”, que reduzca la desigualdad.
En cuanto a la reforma energética, antes siquiera de que un borrador de texto ronde el Congreso, el sindicato petrolero ya ha advertido a Peña Nieto de que la injerencia de un actor externo en Pemex (la poderosa estatal, Petróleos de México) “vulneraría la soberanía del Estado”. Por su parte. El presidente electo, apunta a la necesidad de una mayor apertura a la inversión privada en extracción, exploración y refinación de la compañía. Un sacrilegio para los acólitos de Pemex. En un viaje realizado a Brasil durante la tercera semana de septiembre Peña Nieto pidió a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que le permitiera conocer en detalle la reforma a la que se sometió la compañía brasileña en su apertura al capital privado. El futuro presidente considera la modernización de Pemex como una de las llaves fundamentales hacia el desarrollo del país y “el fortalecimiento de las políticas económicas y sociales, especialmente las de lucha contra la pobreza”. La reforma energética es, a todas luces, la que menos posibilidades tiene de salir adelante.
No son los únicos retos que deberá afrontar Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre. Con una población superior a los 112 millones de habitantes, un índice Gini cercano al 0,5, un nivel de empleo informal superior al 30% y la pobreza en aumento, México tiene grandes retos por delante. Por no hablar de la inseguridad: a él corresponderá decidir si continúa con la política de asociación con Estados Unidos y de enfrentamientos militares con el narco, que tan pocos resultados le ha dado a Felipe Calderón, o si alcanza algún tipo de inconfesable entente cordial con algunos de los actores del crimen organizado, que le faciliten la gobernabilidad, mientras combate la ilegalidad. Según un estudio realizado por el Semanario Zeta, 71.000 personas habrían fallecido en condiciones de violencia, producto de la inseguridad provocada por los cárteles de la droga, durante el sexenio que ahora termina.
No es todo. Una vez que asuma su cargo, Enrique Peña Nieto deberá demostrar que, como quiso dejar claro durante su campaña, el PRI de 2012 nada tiene que ver con la formación autoritaria que gobernó México durante 71 años, hasta 2000. El calendario electoral mexicano tiene una peculiaridad de eficacia discutida y discutible: entre el día de las elecciones y la toma de posesión del presidente electo pasan cinco largos meses, durante los cuales el vencedor nombra un equipo de transición, que convive con el gobierno del país. Algunos medios de comunicación, como la Revista Proceso, de izquierda, ya han denunciado la presencia de históricos dinosaurios del PRI en el equipo de transición de Peña Nieto.
El próximo presidente tendrá también que lidiar con una izquierda que no le reconoce como presidente legítimo, porque le considera "surgido de violaciones graves a las leyes", según palabras de Andrés Manuel López Obrador, y con la oposición de una parte de la sociedad civil.
