(Prensa y Expresión) El discurso anti medios y sobre que la democracia sería mejor sin ellos, como repite Rafael Correa, es bueno y convincente, pero solo una treta para acallar y restarle credibilidad a la prensa. Si estos gobiernos no creerían en los medios, no estarían comprándolos a través de testaferros o allegados como sucede con Nicolás Maduro, Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner o con familiares como hace Daniel Ortega en Nicaragua.

Por Ricardo Trotti

(Prensa y Expresión) Las amenazas a la libertad de prensa en las Américas son cada vez más intensas y sofisticadas, pero tan grotescas como siempre. Así lo estoy comprobando en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa que se celebra este fin de semana en Denver, Colorado.

Un dato sobresale y contrae el corazón. Catorce periodistas han sido asesinados en este último semestre en Brasil, Guatemala, Haití y Paraguay, entre otros países, por denunciar los abusos del poder político y económico o tocar los intereses de los narcotraficantes, abusos e intereses que muchas veces van de la mano. La violencia se incentiva por el alto grado de impunidad, producto de poderes judiciales débiles, ineficientes o subyugados al poder, lo que permitió que 17 casos de asesinatos de periodistas prescribieran en Colombia y México después de 20 años sin justicia.

No poder resolver la corrupción, la inseguridad y la miseria es un problema que aqueja a gobiernos de todas las ideologías. Pero varios de ellos, en especial en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, prefieren culpar a los medios privados, a los que acusan de ejercer oposición política y estar enquistados en las oligarquías que golpean las puertas de los cuarteles.

El discurso anti medios y sobre que la democracia sería mejor sin ellos, como repite Rafael Correa, es bueno y convincente, pero solo una treta para acallar y restarle credibilidad a la prensa. Si estos gobiernos no creerían en los medios, no estarían comprándolos a través de testaferros o allegados como sucede con Nicolás Maduro, Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner o con familiares como hace Daniel Ortega en Nicaragua. El grave problema de que posean medios, es que los convierten en vehículos de propaganda, para apoyar actos políticos, cambios constitucionales y procesos electorales que les permitan eternizarse en el poder.

Además de la compra directa, los gobiernos también siguen acosando a la prensa con otros mecanismos económicos de vieja data con la intención de que los medios mueran por sí solos, como producto de sus equívocos financieros, y así los presidentes pueden salvar sus apariencias democráticas. En muchos países los medios menos críticos son favorecidos con publicidad oficial, no así los díscolos, creando problemas de competencia desleal.

En Argentina el gobierno incentiva a los supermercados a crear un boicot publicitario y en Venezuela se retacea divisas a los periódicos para que no puedan comprar papel y otros insumos que no se fabrican en el país, por lo que varios ya debieron dejar de publicarse. Mientras tanto, en Brasil, Colombia, Panamá y Perú, los funcionarios públicos acusados de corrupción han encontrado más fácil hacer que los medios se autocensuren luego de demandarlos judicialmente con indemnizaciones millonarias, que responder a la justicia por sus fechorías.

Pero de todas, la peor amenaza contra la libertad de prensa y la democracia, es la cultura del secreto que todavía persiste en todos los países de las Américas. La excusa de la seguridad nacional sigue siendo las más usada como lo demostró el gobierno de EE.UU. El presidente Barack Obama, quien había prometido transparencia al principio de su mandato, es el que más abusó en clasificar información y en procesar a delatores del gobierno, pese a una ley que protege a quienes denuncian irregularidades en la administración pública. La inseguridad pública fue la excusa para la vigilancia indiscriminada, en una versión similar a la que se utilizó durante la Guerra Fría.

En El Salvador y Paraguay, pese a leyes y órdenes judiciales que obligan a la transparencia, los mismos legisladores niegan dar información sobre sus patrimonios, salarios y asesores, como si trabajaran en el sector privado. No todos los países tienen leyes de acceso y transparencia; pero donde existen, como en Canadá, cada vez con mayor facilidad se impone el sello de “información clasificada” a documentos gubernamentales, para negar su difusión.

Esta opacidad, de negar información a los ciudadanos tras solicitudes legales o no ofrecerla a los periodistas, ni siquiera en conferencias de prensa, es sin dudas el mayor irrespeto a la ciudadanía, una forma eficiente de gobernar de espaldas que, lamentablemente, suele pasar inadvertida.

Fuente: Prensa y Expresión (Miami, Estados Unidos)

Ricardo Trotti

Consejero Consultivo

Director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, donde trabaja desde 1993 habiéndose desempeñado como director del Instituto de Prensa y de Libertad de Prensa. Es periodista de origen argentino, nacionalizado estadounidense, especialista en libertad de prensa y ética periodística. Fue asistente del director de El Nuevo Herald, Miami y jefe de Redacción de El Liberal en Santiago del Estero, Argentina; fue redactor y fotógrafo en publicaciones de Washington y columnista sindicado sobre libertades de prensa y expresión en numerosos medios de América Latina y EE.UU. Es autor de varios libros y recibió premios nacionales e internacionales por su labor profesional. Fue fellow en Harvard University del Centro Weatherhead sobre Asuntos Internacionales en 2013-2014. Dicta conferencias y seminarios sobre ética periodística y libertad de prensa, temas que refleja en su actividad como artista plástico.