Por Matías Franchini

5 de abril de 2005

Sin lugar a dudas, el hecho que acaparó la atención pública en Latinoamérica durante el mes de marzo fue la crisis desatada en Bolivia tras la presentación de la renuncia del Presidente de Bolivia Carlos Mesa y que amenazó por momentos con revivir trágicos episodios del pasado cercano. Esta situación llevo a varios países de la región a expresar su preocupación y declararse en favor de la continuidad institucional del castigado país andino. Sin embargo, los movimientos políticos en Bolivia se desarrollaron sin tener que lamentar lesiones permanentes a las instituciones democráticas, al menos por el momento.

Otros episodios de relevancia, aunque de menor intensidad, ocurridos durante el último mes han sido el anuncio del gobierno brasileño de Lula Da Silva de no renovar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en momentos en que los mercados internacionales parecen comenzar a dar la espalda a las economías emergentes; las preocupaciones regionales en torno a una eventual carrera armamentista en la región motivada por la decisión del Presidente venezolano Hugo Chávez de renovar el armamento de las fuerzas armadas y finalmente,  la profundización de las disputas hacia el interior de la gobernante Concertación chilena de cara a las presidenciales de diciembre de 2005, tras las polémicas declaraciones del Presidente Lagos en favor de la precandidata socialista Michele Bachelet (ver Isern Pedro, "Soledad Alvear: La moderación y sensatez al poder" en esta edición de Paper).

Crisis en Bolivia: un capítulo más

Cercado por una serie de medidas de fuerza (cortes de ruta, bloqueos) llevadas adelante por sus principales opositores y argumentando que bajo las imperantes condiciones no podía seguir gobernando, el presidente Carlos Mesa anunciaba el domingo 6 de marzo su decisión de someter su continuidad en el cargo al congreso, presentando a la consideración de los legisladores su renuncia. "He decidido presentar al país, presentar a la consideración del país, a la consideración de ustedes ciudadanos y ciudadanas de Bolivia como me manda la Constitución, mediante el Congreso Nacional mi renuncia al cargo de Presidente Constitucional de Bolivia". Daba inicio así a un nuevo capitulo en la turbulenta historia reciente de Bolivia.

El detonante de la renuncia fue el anuncio del líder opositor Evo Morales (Movimiento Al Socialismo: MAS) de que daría inicio a una serie de bloqueos de rutas en el centro del país, como forma de presionar para la aprobación de una polémica ley de hidrocarburos (ver adelante). A esto se sumaba el ya vigente paro de actividades en la localidad del Alto, liderada por otro referente de la oposición, el presidente de las juntas vecinales de El Alto Abel Mamani . El presidente Mesa fue claro en su discurso: llegaba al límite de su trabajo, en su estancia en el poder había atendido mas de 800 conflictos, "por todo el momento que estamos viviendo, y porque como persona tengo que ser consistente éticamente, tengo que decir que yo no voy a gobernar en función de las locuras que me plantee cualquier sector". El mandatario no dudó en identificar a estos grupos, al reprochar duramente el comportamiento de Evo Morales, Abel Mamani, los cívicos cruceños y el empresariado en general. Más claras aun fueron las palabras del canciller Juan Ignacio Siles "El gobierno ha estado 16 meses permanentemente chantajeado por distintos grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, lo que ha significado un bloqueo total de la gestión presidencial, de la gestión gubernamental".

No parece haber dudas a esta altura de que la intención primera del mandatario al anunciar tan drástica decisión no era propiamente abandonar el poder, sino ampliar su espacio político tras la ratificación del congreso y despejar algo el desolador panorama descrito por su propio canciller. Razones no le faltaban para aventurarse a semejante empresa: nacido de las cruentas revueltas populares que terminaron con el mandato de Sánchez de Lozada, el gobierno de Mesa nació débil, carente de estructura política propia y de base alguna de apoyo en el Congreso. Debió enfrentar casi permanentemente la presión de grupos que buscaban la nacionalización de los recursos energéticos o el aumento de las regalías por su explotación; hacer frente a las reivindicaciones de autonomía de ciertas regiones como Santa Cruz de Sierra y lidiar con los bloqueos y movilizaciones de los lideres de la localidad del Alto para lograr la rescisión de un millonario contrato con una empresa francesa de aguas. Sumergido en este escenario debía avanzar a su vez con la agenda de gobierno comprometida en octubre de 2003, consistente en la sanción de una nueva ley de hidrocarburos y la convocatoria a una asamblea constituyente. Dos temas por demás polémicos y sobre los que no parece existir el más mínimo consenso (nisiquiera el referéndum de julio de 2004 {ver Alles Santiago, "Política e hidrocarburos en días convulsionados" en "Paper No. 15"} fue capaz de arrojar luz sobre la cuestión energética). En definitiva, la apuesta del  presidente Mesa parece haber sido la de forzar al congreso a reconocer su liderazgo y a los distintos grupos sociales a buscar soluciones de compromiso, amenazando con el caos que su renuncia probablemente desataría.

En un principio, la estrategia parecía arrojar los resultados esperados. Por un lado, el mandatario fue ratificado en forma unánime por el congreso. Incluso los representantes del MAS, alguna vez aliados del gobierno pero ahora en la oposición, votaron por su continuidad. Quedaba claro que en las vigentes circunstancias, y más por ausencia de reemplazos que por virtudes propias, el único capaz de mantener un mínimo de gobernabilidad en Bolivia era el Presidente Mesa. A su vez, se lograba articular una mínima agenda de gobierno con las principales fuerzas políticas. El primer mandatario firmaba un acuerdo con seis de las ocho fuerzas con representación parlamentaria (con excepción del MIP y el MAS, que mantuvo irreductible su posición frente a la cuestión de hidrocarburos). El mismo giraba alrededor de cuatro puntos: la sanción de una nueva ley de hidrocarburos, el establecimiento de una agenda electoral que contemplara la convocatoria a una asamblea constituyente y elecciones regionales, convocar a un "Acuerdo Nacional" y la adopción de medidas contra los bloqueos.

Envalentonado con el rechazo de su renuncia y por las muestras de apoyo popular que se vieron durante el transito legislativo de su dimisión, Carlos Mesa llamó a la población a manifestar públicamente su rechazo a los cortes como mecanismo de presión política. "No a los bloqueos, sí a la paz", pediría mas tarde el presidente desde el balcón presidencial.

Sin embargo, y casi inmediatamente, los avances logrados fueron desdibujándose. En primer lugar, el diputado Evo Morales, haciendo caso omiso del pedido presidencial y estrenando alianza con sectores sindicales, universitarios y agrupaciones indígenas, anunciaba el recrudecimiento de las movilizaciones y bloqueos como forma de protesta al acuerdo alcanzado por la dirigencia política, especialmente en el tema energético. "Mientras el Parlamento no apruebe esta ley (de hidrocarburos), las movilizaciones continuarán" desafiaba Morales. Si las esperanzas del mandatario para disuadir a estos grupos estaban centradas en la manifestación a la que el mismo había convocado se equivocó, ya que la misma, si bien concentró gente en varias ciudades del país, distó de ser una movilización multitudinaria. Fracasó asimismo un intento de acercamiento que ensayaron Mesa y Morales al reunirse para discutir los puntos en conflicto. El diputado socialista abandonaba la reunión ratificando los bloqueos y llamando a extender los cortes de ruta. Días más tarde, otra cumbre convocada en Cochabamba por organizaciones de defensa de derechos humanos naufragaba por la inasistencia del gobierno, que justificó su decisión en la negativa de la Iglesia Católica y "otras instituciones fundamentales de la sociedad" a formar parte de las discusiones. Pero el golpe final a las conquistas oficiales la dió la Cámara de Diputados al dar media sanción a la ley de hidrocarburos, en una versión nociva a los intereses del gobierno y que lo llevo a denunciar la violación del acuerdo alcanzado apenas días antes.

Cabe en este punto detenerse sobre la controvertida ley de hidrocarburos, que ha sido eje del conflicto en estas últimas semanas y promete seguir siéndolo en el futuro próximo. La sanción de la misma ha estado en el centro de la agenda de gobierno de Mesa desde sus inicios. Este compromiso, tomado casi forzadamente en aquellos complicados días de octubre, y su difícil solución, llevó al gobierno a someter los principales lineamientos de la política energética a un referéndum allá por julio de 2004. A través de este mecanismo, las tesis oficiales fueron respaldadas por la población, frente a los grupos más radicales que intentaron incluso hacer naufragar su realización.  Sin embargo, la consulta no fue suficiente para dar acabada solución a la cuestión energética, sobre todo porque el gobierno, en busca de un consenso que no existía, fue lo suficientemente amplio en sus interrogaciones como para dar lugar a la ambigüedad. Esto es especialmente claro en el caso del ítem 5, en el que se le preguntaba a la población si estaba de acuerdo con que Bolivia cobrara impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país. La falta de definición a este respecto, originó una pugna en el seno del congreso entre dos proyectos alternativos. El oficial, que establecía el pago de regalías (que se cobran en boca de pozo) por 18% y 32% en impuestos, aunque de forma progresiva y deducibles del total por diversos conceptos.  Y el impulsado por Morales, que proyectaba el cobro de 50% de regalías y que el gobierno consideraba de imposible aplicación. Dado que de ser sancionado, violaría derechos adquiridos por parte de las compañías explotadoras y generaría una masa de indemnizaciones imposibles de ser adsorbidas por el estado boliviano.

Tras el acuerdo alcanzado con la cúpula del congreso, parecía que se impondría una versión más cercana a la posición del presidente Mesa. Sin embargo, los legisladores optaron por sancionar un proyecto que, pese a establecer 18% de regalías y 32% de impuestos, de hecho era prácticamente igual al planteado por Morales.

El presidente Mesa respondió al desaire de la cámara de diputados con otra medida drástica: tras afirmar que no promulgaría una ley que considera "suicida e inviable", propuso al congreso anticipar las elecciones generales para poder así abandonar el cargo antes de su término legal, en agosto de 2007. A su vez, afirmó que la ilegitimidad del congreso, compuesto por partidos desacreditados, hacia imposible seguir gobernando el país. Mientras en la cede legislativa se deliberaba sobre la proposición del presidente, circulaban rumores de que este presentaría su renuncia irrevocable si los legisladores no hacían lugar a su pedido. Finalmente, el congreso declaró "inaceptable la solicitud del presidente de la república para que este Poder Legislativo dicte una ley interpretativa del artículo 93 de la Constitución Política del Estado, por carecer la misma de toda base legal y por ser contraria a la Constitución". No faltaron en este punto duras críticas enderezadas contra Mesa, acusándolo de querer forzar un proceso eleccionario que eventualmente podría dejarlo en mejor situación, si se presentara como candidato.

Lo cierto es que pese a un nuevo revés, el presidente decidió continuar en el cargo, argumentó que "una sucesión constitucional en el actual contexto no resuelve el problema esencial que planteé cuando propuse un proceso electoral", a su vez y aludiendo al levantamiento de los bloqueos de las rutas por parte de la oposición tras la aprobación de la ley en diputados declaró "esta situación de un país que hoy está totalmente desbloqueado es una situación que tenemos que tomar y recuperar rápidamente para establecer un escenario en que todas aquellas dificultades que se nos plantean sean superadas". Volvió a reafirmar asimismo los cuatro puntos basales de su programa de gobierno, una adecuada ley de hidrocarburos, la convocatoria a la asamblea constituyente, la elección de autoridades regionales por el voto popular y la realización de un referéndum sobre autonomías.

Da la impresión que Mesa se encuentra en el mismo sitio en que se encontraba antes de presentar su renuncia. De que todo lo hecho (y deshecho) desde la primera semana de marzo no redundó en beneficios políticos claros. Los acontecimientos hablan por si mismos, Mesa no pudo generar un movimiento de presión popular sobre aquellos sectores que expresan sus demandas a través de bloqueos y paros, tampoco logró acercar con ellos posiciones; no le fue posible ampliar la base de apoyo legislativo, el acuerdo al que arribó con las principales fuerzas políticas fue efímero. Tampoco pudo evitar el trámite de una ley de hidrocarburos que considera negativa. El espacio acotado político con el que contaba antes de la crisis no se vio ampliado, por el contrario, hay analistas que se atreven a decir que se ha reducido, en parte por la mala impresión que causó en el congreso al acusarlos de incapaces de representación popular y en parte porque las encuestas estarían mostrando un declinio en su popularidad (su principal activo político) en virtud de sus marchas y contramarchas con respecto a la continuidad de su mandato. "Si un presidente que ha recibido un rechazo unánime a su carta de renuncia no tiene autoridad, es imposible pensar que alguien pueda gobernar en condiciones mejores que ésa", con esta frase intentaba Mesa llamar a Evo Morales a recapacitar sobre sus posiciones, sin embargo, parece haberse convertido en un acertado diagnostico de su propia situacion.

En el convulsionado escenario boliviano parece haber solamente una certeza, y es que el conflicto en rededor del tema energético lejos esta de haber sido superado. La cámara de senadores tiene en sus manos la polémica ley de hidrocarburos y se especula que su tratamiento demandará algunas semanas. El presidente Mesa ya ha anunciado que, en las actuales condiciones, no esta dispuesto a promulgar el proyecto votado por diputados. Habrá que ver si la cámara alta es más sensible a la posición oficial. Pero en el hipotético caso de que esto suceda, Bolivia seguramente deberá enfrentar la reacción de los grupos ya movilizados a favor de la iniciativa aprobada.

A su vez quedan aun por zanjar otra serie de importantes cuestiones al margen del ítem hidrocarburos. La discusión sobre las autonomías regionales, que ya generó sobre principios de año una crisis en Santa Cruz de la Sierra, promete ser especialmente otra fuente de desencuentros para la fragmentada dirigencia política boliviana y pone sobre la superficie las enormes diferencias sociales y económicas entre el oriente y el occidente del país. Es en este debate donde algunos analistas ver el mayor peligro no solo para la estabilidad democrática del país mas pobre de Sudamérica sino para su propia supervivencia a nivel estatal.

Fuentes:
González Urrutia, Edmundo, "Solo una tregua", en www.nuevamayoria.org, 29 de marzo de 2005.
Molina, Fernando, "Hidrocarburos: la manzana de la discordia" en www.nuevamayoria.org , 21 de marzo de 2005.
Diario La Nacion y El Clarín, de Buenos Aires; Diario La Razón, de La Paz; Diario Los Tiempos, de Cochabamba; www.bbcmundo.com; www.elnuevoerald.com.

Brasil camina con sus propias piernas

"Mis amigos y mis amigas, Es con gran satisfacción, que en nombre del Presidente Lula, comunico en este momento al pueblo brasileño, un hecho de mayor relevancia. Después de tantos años dependiendo de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país finalmente ha conseguido equilibrar sus cuentas y su balanza de pagos, colocando su economía en orden y no precisando más la ayuda del FMI. El próximo jueves 31 de marzo, se cierra nuestro último compromiso. Y ya informamos al Fondo que el mismo no será renovado". Con estas palabras, pronunciadas a través de la red nacional de televisión el lunes 28 de marzo, el ministro de economía Antonio Palocci, anunciaba la decisión del gobierno brasileño de no renovar el acuerdo que regía las relaciones con el fondo desde fines de 2002. El mismo había sido firmado en momentos en que el país atravesaba difíciles momentos de inestabilidad financiera y política y había puesto a disposición de las autoridades brasileñas, una línea de crédito cercana a los U$S 40.000 millones.

En el mismo discurso el ministro de Hacienda esbozó las razones de semejante decisión: la mejora del perfil del endeudamiento público, así como el desempeño favorable de la mayoría de los indicadores económicos, "Nuestros indicadores son los mejores en 20 años. Tuvimos el mayor crecimiento en 10 años, la producción industrial está en el mejor nivel en 18 años". "Pero no hay que olvidar que si conseguimos todo eso fue con gran esfuerzo y responsabilidad fiscal". Y aquí es donde introdujo una cuestión central: "Por lo tanto, el control del presupuesto y de los gastos públicos será hecho con disciplina y transparencia. Y eso garantizará la continuidad del equilibrio económico necesario para que Brasil crezca". El ministro aprovechó toda oportunidad para dejar fuera de toda duda que la no renovación del acuerdo no significaba relajar la política fiscal: en una audiencia publica de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, Palocci advirtió "tenemos que ser muy cautelosos con los gastos ahora que no estamos más con el Fondo. Podemos gastar mucho mas de aquí en adelante, pero creo que eso seria errado". Momentos antes un grupo de senadores había pedido al ministro que apoyase la creación de un nuevo fondo de educación (Fundeb). 

El presidente Lula también se refirió al significado de tan crucial medida "hoy, al comunicar al comunicar al fondo que no vamos a hacer un acuerdo más, lo hacemos con las serenidad y la tranquilidad de un gobierno que conquistó con el sacrificio de todo el pueblo brasileño, el derecho de andar con las propias piernas". De todos modos, y tras afirmar "que se está en condiciones de cuidar a Brasil siguiendo orientaciones propias", refrendó el compromiso de su administración con la responsabilidad fiscal, preocupación compartida con su ministro: "nadie precisa decirnos que tenemos que ser responsables con los gastos públicos. Eso lo aprendemos dentro de casa".

Tanto en las declaraciones del presidente, como en las del ministro de economía, se destacaron frases de agradecimiento al papel del Fondo en la economía brasileña de los últimos años, gesto impensado de parte de hombres del PT apenas unos años atrás. Palocci afirmó que "no podríamos, entretanto, jamás dejar de reconocer la gran importancia de la ayuda del FMI en momentos muy difíciles de la historia de nuestro país". Menos directo en su reconocimiento, Lula aseguro que "aunque no fuimos nosotros los que hicimos los acuerdos, todo el mundo sabe que Brasil quebró tres veces y que el Fondo dio sustentabilidad al país". Antes, había dicho que "si pensáramos como hace 10 o 15 años, conozco gente aquí en el plenario y en mi gobierno que estaría gritando en la calle: Fuera FMI".

También se cuidaron las autoridades económicas de dejar claro que la no renovación del acuerdo no significa una ruptura con el Fondo y a que su vez, se dejaba abierta la puerta para eventuales nuevos entendimientos en el caso de ser necesarios. "Nuestra relación con el Fondo es bastante positiva" dijo Palocci. Brasil continúa en negociaciones para la creación de una línea de créditos de emergencia para socorrer a países en situación de crisis y participando de un proyecto piloto para la exclusión de inversión pública productiva del cálculo del déficit fiscal. A este respecto, cabe decir que circularon rumores de que la decisión de Brasil de no renovar habría estado motivada en la negativa del fondo a ampliar este dispositivo, versión que fue terminantemente negada por el titular de economía.

De todos modos vale resaltar que la resolución de terminar el acuerdo no fue sorpresiva. Las discusiones en el ámbito del gobierno sobre la cuestión datan de largo tiempo, así como la intención de despegarse del fondo. Incluso en septiembre de 2003 el acuerdo estuvo cerca de no ser prorrogado, aunque finalmente las autoridades económicas se inclinaron con un entendimiento preventivo. El ministro Palocci recordó que él mismo había asegurado por aquellos días que ese acuerdo seria el último firmado y por lo menos desde septiembre de 2004 venia afirmando que no habría renovación.

Quizás por ello la reacción al anuncio, tanto en el ámbito interno como externo, fue moderada cuando no positiva. El mercado financiero local tomó la noticia con tranquilidad, estimulado asimismo por las señales de Palocci de que el rumbo económico se mantendría pese a todo. El Director Gerente del FMI, Rodrigo de Rato, afirmó que la decisión de Brasil con respecto al organismo que preside "refleja los resultados impresionantes, generalmente mas allá de las expectativas, de la estabilización macroeconómica de Brasil y de las políticas de reforma apoyadas por el acuerdo actual". Por su lado, el Secretario de Tesoro de los Estados Unidos, John Snow, mostró su entusiasmo "fue una noticia extraordinaria, una marca de realización financiera para el país y el gran crédito va para el Presidente Lula por este éxito". En Europa y en América Latina también se hicieron escuchar voces de apoyo a la decisión brasileña, especialmente desde Argentina, que negocia por estos días un difícil acuerdo con el Fondo.

Como suele suceder en estos casos, la decisión brasileña en torno a su relación con el fondo admite varias lecturas. Entre quienes defienden la medida se argumenta que se ha entrado en un periodo de mayoría de edad administrativa, en el que el propio Brasil es el ejecutor y auditor de sus propias políticas. Sería una forma demostrar que el compromiso con el rumbo hasta ahora adoptado (sobre todo en materia fiscal) no es producto de una imposición externa sino de una convicción interna. Por otro lado, las mayores críticas a la medida se han basado en una cuestión de oportunidad, muchos analistas se preguntan si es conveniente prescindir de la ayuda financiera de fondo, en momentos en que la situación financiera internacional parece estar mudando en perjuicio de las economías emergentes. Interrogado a este respecto, el ministro Palocci afirmó que las condiciones de la economía brasileña para hacer frente a dificultades externas son mucho mejores ahora de aquellas de los últimos 4 o 5 periodos en que se debió acordar con el Fondo.

En la opinión del ex Jefe de la División del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, "las ventajas (de la no renovación) están más en la política interna, de poder decir que el país no necesita más del Fondo. Las desventajas pueden manifestarse en el mercado de capitales delante de cualquier señal de relajación de la política económica, lo que significa que, sin el aval del Fondo, Brasil tendrá que demostrar de manera aun más fuerte su compromiso con la políticas que viene ejecutando". Este parece ser el eje central de la cuestión al margen de los análisis e interpretaciones que se puedan hacer.

Fuentes.
Fleischer, David, Brasil Focus Weekly Report, 1 de abril de 2005.
Diario La Nación y Clarín, de Buenos Aires; Diario Folha y Estado, de Sao Paulo; Jornal O Globo; www.bbcmundo.com; www.elnuevoherald.com.

Las armas de Chávez

Los cruces de declaraciones entre las administraciones del Presidente Bush y el Presidente Chávez forman ya casi parte de la cotidianeidad del paisaje latinoamericano. No es poco frecuente escuchar críticas del gobierno norteamericano sobre la situación y marcha de la democracia venezolana o al mandatario sudamericano denunciar complots políticos en contra de su continuidad organizados o alentados desde los Estados Unidos (en los últimos tiempos ha agregado al menú un presunto plan para liquidarlo). Sin embargo, en las últimas semanas, parece haber habido una escalada en el enfrentamiento, motivada principalmente en la preocupación del gobierno de Bush por el anunciado plan de Chávez de renovar el equipamiento militar de sus fuerzas armadas.

En efecto, el mandatario venezolano ha dado a conocer la adquisición de 100.000 fusiles AK-47 y 40 helicópteros rusos (se especuló inclusive con la posibilidad de que Rusia vendiera a Chávez algunos de los sofisticados MIG-29). Ha anunciado a su vez haber entrado en negociaciones con el gobierno brasileño para la compra de aviones "Súper Tucanos" de la empresa Embraer. Mas aún, en la ultima semana de marzo, y teniendo como escenario la cumbre de la que participaron los mandatarios de Brasil, Colombia, Venezuela y España, Chávez cerró con el premier ibérico Rodríguez Zapatero un acuerdo de U$S 1.700 millones para la adquisición de 4 patrulleras de vigilancia costera, 4 corbetas oceánicas, 2 buques tanqueros, 10 aviones de transporte y 2 aviones de vigilancia.

La administración republicana teme que la campaña de rearme de Chávez se convierta en un foco de inestabilidad para la región o en el puntapié inicial para una carrera armamentista en Latinoamérica. A través de declaraciones de varios de sus funcionarios ha dejado clara su posición: "No puedo imaginar para qué necesita Venezuela 100.000 fusiles AK-47", afirmó el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld en visita a Brasil sobre fines de marzo, "Tampoco puedo imaginarme que eso sea bueno para América latina", agregó. Semanas atrás, en declaraciones al británico Finantial Times, otro funcionario, Roger Pardo Maurer, subsecretario de Defensa adjunto para América Latina, había mostrado la preocupación norteamericana de que Chávez pueda subvertir a países de la región a través del apoyo a grupos radicales. Chávez está empleando una "estrategia de hiena", advirtió. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ya había acusado en enero a Venezuela de "ejercer una influencia desestabilizadora en Latinoamérica".

La preocupación por el rearme de Chávez ha encendido las alarmas no solo en los Estados Unidos, sino también en parte de la castigada oposición venezolana y en sectores políticos colombianos. Los primeros acusan a Chávez de militarizar la sociedad venezolana y crear milicias populares con el objetivo único de sostener su poder. Mientras que los segundos, o bien desconfían de las intenciones del mandatario venezolano (no son pocos los que aseguran la existencia de vínculos cercanos entre la administración chavista y por ejemplo, las FARC) o bien temen que las armas caigan en poder de grupos que podrían atentar contra el gobierno y la sociedad colombiana, otra vez las FARC. La propia canciller colombiana, Carolina Barco afirmó "Muy importante es tener claro qué se hace con las armas que van quedando en desuso. La preocupación que se tiene es cuando las armas salen de uso quién se va a hacer cargo". A idéntico blanco apuntaron las palabras del Presidente Álvaro Uribe, cuando pidió a sus colegas en el marco de la cumbre ya apuntada que se tenga cuidado "para evitar que a los terroristas colombianos lleguen armas nuevas o viejas".

Por su parte, el Presidente Chávez, ha afirmado el derecho de Venezuela como estado soberano de renovar sus fuerzas armadas y ha negado ha negado que esto represente un peligro para la estabilidad regional o el inicio de una carrera armamentista en Latinoamérica. Refiriéndose específicamente al acuerdo con España declaró que los elementos adquiridos "se utilizarán para fortalecer la capacidad de custodia, de patrullaje, de vigilancia, de lucha contra tantos vicios como el narcotráfico, la delincuencia internacional el contrabando". "No son armas para la guerra, son equipos para la paz" aclaró.

En los gobiernos latinoamericanos no parece haber habido especial preocupación por el plan de rearme de Venezuela o por lo menos esta no se ha hecho pública (al margen de las declaraciones de las autoridades colombianas). El Presidente Lula por ejemplo, en el marco de la cumbre arriba referida, expreso su solidaridad a Chávez a la vez que afirmó que "no aceptamos difamaciones contra compañeros. Venezuela tiene derecho a ser un país soberano". Sin embargo, se supo que tanto a la administración del Partido de los Trabajadores, como a la del Presidente Kirchner en Argentina les ha sido transmitida la preocupación del Presidente Bush por la situaron venezolana y se les ha pedido que contengan a Chávez y contribuyan así a la estabilidad de la región. Habrá que ver que rumbo toman.

Fuentes:
Fleischer, David, Brasil Focus Weekly Report, 1 de abril de 2005.
Diario La Nación y Clarín, de Buenos Aires; O Estado de Sao Paulo; www.bbcmundo.com; www.elnuevoherald.com.

 

Matías Franchini

Consejero Académico

Es Profesor Principal de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Buenos Aires. Fue investigador visitante en la Woodrow Wilson School de la Universidad de Princeton. Es autor de varias publicaciones en inglés, portugués y español en las áreas de gobernanza global, estudios latinoamericanos y política internacional del cambio climático.